Vulnerability factors of women to human trafficking in the southern border of Mexico (2012-2020)Lic. Karen Mendez Apezteguia*Licenciada en Relaciones Internacionales. Especialista del Ministerio de Relaciones Exteriores, La Habana, Cuba. kmaosn15@gmail.com 0000-0002-9731-0683Lic. Omar Enrique Salazar NoriegaLicenciado en Relaciones Internacionales. Especialista del Ministerio de Relaciones Exteriores, La Habana, Cuba. omargzlezn987@gmail.com 0000-0002-0327-9452*Autor para la correspondencia: kmaosn15@gmail.comCómo citar (APA, séptima edición): Mendez Apezteguia, K., & Salazar Noriega, O. E. (2025). Factores de vulnerabilidad de las mujeres a la trata de personas en la frontera sur de México (2012-2020). Política Internacional, VII (Nro. 2), 68-85. https://doi.org/10.5281/zenodo.15103759https://doi.org/10.5281/zenodo.15103759 Recibido: 14 de noviembre de 2024Aprobado: 15 de enero de 2025publicado: 7 de abril de 2025 RESUMEN La trata de personas es un delito grave que trasciende fronteras. Está caracterizado por la explotación forzada de los seres humanos y se considera dentro del crimen trasnacional organizado. Las mujeres constituyen el grupo poblacional más afectado y a su vez el más vulnerable a este delito por las condiciones de desigualdad en las que conviven. En México existe una fuerte presencia de redes delictivas organizadas, las cuales se dedican impunemente a este delito pese a las acciones que el gobierno ha realizado para atenuar los efectos del delito. La trata en la frontera sur mexicana persiste debido a varios factores relacionados con la situación socioeconómica de la región y las manifestaciones de desigualdad de género. La trata de personas es un delito que se mantiene en el tiempo, pese a los discursos de cooperación de los gobiernos mexicanos, pues se sostiene la criminalización de la migración y la militarización de la frontera sur.Palabras clave: Trata de personas, frontera sur, México, mujeres ABSTRACT Trafficking in person is a serious crime that transcends borders. It is characterized by the forced exploitation of human beings and is considered within organized transnational crime. Women constitute the most affected population group and, in turn, the most vulnerable to this crime due to the unequal conditions in which they live. In Mexico there is a strong presence of organized criminal networks which engage in this crime with impunity despite the actions that the government has taken to mitigate the effects of crime. Trafficking on the southern Mexican border persists due to several factors related to the region's socioeconomic situation and manifestations of gender inequality. Trafficking in persons is a crime that continues over time, despite the cooperation speeches of the Mexican governments, since the criminalization of migration and the militarization of the southern border are sustained.Keywords: Trafficking in person, southern border, Mexico, women. INTRODUCCIÓN La trata de personas (en lo adelante “la trata”) es un delito caracterizado por la explotación forzada de los seres humanos. El protocolo de Palermo lo define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esto incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas, incluida la sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos1. Está considerada dentro del crimen transnacional organizado, junto al tráfico ilícito de migrantes, el de armas y la producción y tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes controladas, con los cuales comparte elementos en común.La trata constituye un fenómeno de gran relevancia para el sistema internacional. Luego de la firma del protocolo de Palermo, comienza a incluirse esta temática en los debates internacionales, exaltando su base social pues se había enfocado, históricamente, como un problema meramente penal. Por otro lado, es objeto de regulación y seguimiento por el Derecho Internacional, por los mecanismos multilaterales de Derechos Humanos, y por foros bilaterales y regionales de diversa naturaleza. Además, la globalización y el desarrollo de las tecnologías de infocomunicaciones han hecho que el problema se complejice y resulte más difícil de combatir. El estudio y análisis de los factores que inciden en la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales a la trata resulta importante. Desentrañarlos, permite a los Estados sostener una actuación efectiva sobre ellos y, al mismo tiempo, evitar un ilícito que viola los derechos de las víctimas.Las mujeres representan el grupo poblacional más afectado por este delito, debido a su vulnerabilidad, en la que inciden, fundamentalmente, condiciones de pobreza, inseguridad y violencia de género (UNODC O. d., 2021)2. Estos factores las afectan de manera diferenciada respecto a los hombres. En consecuencia, las féminas se exponen con mayor probabilidad a ser víctimas de la trata de personas, principalmente, con fines de explotación sexual y laboral. En cifras de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) del 2020, las mujeres y niñas representaron el 70% del total de las personas sometidas a la trata con fines de explotación sexual (Portal de las migraciones, 2021). Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este grupo de población constituyó el 66% de las víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral a nivel mundial. Se estima que esta actividad reporta ganancias anuales a la economía ilícita privada de aproximadamente 236 000 millones de dólares, es decir, la cifra creció en un 37 por ciento desde 2014 (último informe presentado por la OIT) (OIT, 2024). Por tal motivo, constituye el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel global (UNODC O. d., 2021).A partir del año 2002, la trata de personas se convirtió en tema de mayor atención pública en México. Ello fue resultado de un incidente ocurrido en Cancún3, que despertó no solo el interés de los medios de comunicación nacional e internacionales, sino que puso de manifiesto entonces un sistema de complicidades entre empresarios hoteleros y funcionarios públicos, con una red internacional de pornografía infantil y crimen organizado.Por otro lado, en México existe, desde 2007, la Ley para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. Esta ley buscó integrar los elementos establecidos en la definición internacional de trata de personas, concluyendo con la adopción de la definición del Protocolo de Palermo en la ley mexicana. Sin embargo, en 2012, se perfeccionó la ley, dejando en desuso la legislación anterior, para adoptar una nueva visión contra la trata en el país. Esta incluye elementos que permiten diferenciar situaciones que concurren en la trata de personas de otras que no lo hacen. Unas de las razones principales detrás de esta reforma de 2012 fue lo sumamente difícil que resultaba para las autoridades y las víctimas probar el delito, justificando así los pocos resultados que se obtenían en el enfrentamiento, el enjuiciamiento a los culpables y en la protección a las víctimas. En específico, probar el sometimiento de una persona, por medio del engaño; la coacción; o cualquier otro elemento que la ley definía, dificultaba la labor4 de los órganos estatales pertinentes.En este contexto, el presente artículo se propone como objetivo explicar los principales factores que incidieron en la vulnerabilidad de las mujeres a la trata de personas en la frontera sur de México5 entre 2012 y 2020. El trabajo identifica que están estrechamente relacionados con la situación socioeconómica, las manifestaciones de la desigualdad de género, la actuación de las principales organizaciones delictivas de trata de personas y la respuesta gubernamental de México a la trata de personas, todos ellos en la frontera sur de México entre 2012 y 2020.DESARROLLOSituación socioeconómica en la frontera sur de MéxicoEl desarrollo histórico de las naciones latinoamericanas ha estado marcado por la dependencia y el subdesarrollo. Este último, ha provocado que estas naciones se hayan dedicado a la producción y exportación de materias primas. Esta ha sido la forma en que la región se ha insertado en la División Internacional del Trabajo. En el PIB de México la industria petrolera tiene gran influencia. Sin embargo, se observa una profunda desigualdad por regiones en el crecimiento del PIB, debido a que dicha industria no se presenta de la misma forma en todas las regiones. Además, se observa un mayor crecimiento del PIB en la región norte y una influencia casi nula de la región sur en el mismo. A pesar del crecimiento del PIB y su relación con la industria petrolera, persiste el desafío de elevar los indicadores socioeconómicos de país, pues aun, la pobreza, la marginación y la desigualdad, están presentes en la sociedad mexicana. La frontera sur de México ha experimentado en los últimos 30 años un proceso de transformación marcado por la complejidad y el dinamismo de movimientos poblacionales de diverso tipo. Estos están inscritos en dinámicas locales y regionales en un área geográfica donde es posible visualizar, crecientemente, nuevos problemas de carácter interméstico6. En correspondencia, se encuentran relacionados con el crimen organizado, la seguridad y los derechos humanos (Canto, 2011). Es por ello que la trata persiste en esta región, y no se ha podido disminuir la incidencia del delito debido a, entre otros factores, la situación socioeconómica. La economía de los estados del sur mexicano constituye la más débil del país, pues básicamente está vinculada al sector primario. Además, otras industrias importantes, como son el complejo automotor, las maquiladoras de exportación, la electrónica profesional y de consumo, equipo de comunicación e informática, agroindustrias, y recientemente la aeroespacial; se hallan ausentes de dicha área. La apertura comercial del modelo neoliberal agravó las asimetrías a lo interno del país. Entre 2012-2020, la región sur continuó siendo la más rezagada. No obstante, hubo Estados en los cuales persistieron las diferencias en el comportamiento del crecimiento económico, principalmente, en los que la producción petrolera era relevante: Tabasco y Campeche (Tabasco, 2019). También resaltan los que tuvieron presencia del sector de los servicios, esencialmente en el turismo, como fueron los casos de Quintana Roo y Yucatán7. Sin embargo, es importante señalar que, si a estos Estados se les restan estos sectores en la integración de su PIB, sus economías resultarían ser mucho más débiles. Lo anterior demuestra que mientras los Estados norteños y del centro tienen una economía sustentada en varios sectores estratégicos, la región sur se desarrolla prácticamente bajo una perspectiva monosectorial y con bajo valor agregado. Los Estados del sur-sureste del país concentraron en el periodo el 28.28% de la población total nacional, manteniéndose como la región más poblada del país. Además, hubo un acrecentamiento del grupo poblacional joven e infantil. En el caso específico del estado de Chiapas8, muestra una población mayoritariamente de origen guatemalteca. Lo anterior se debe al cruce de la frontera para trabajar en las fincas cafetaleras y en la construcción. En el caso de las mujeres se emplean, como trabajadoras domésticas. En ambos casos se convierten en migrantes laborales temporales y de ellos el 86% son varones (UNODC O.d, 2014), aunque en los últimos años el porcentaje de migrantes mujeres y niños no acompañados, ha ido en aumento.Las mujeres migran en busca de trabajo y oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, mientras que los niños lo hacen también por razones laborales o para reunirse con sus padres. Es, en este escenario, que se produce un aumento de la vulnerabilidad de las mujeres y los niños a ser captados por redes de delincuencia organizada dedicada a la trata y a ser explotados por dichas redes. En el Estado de Chiapas, por ejemplo, se registran casos de mujeres hondureñas y guatemaltecas que son atraídas con falsas promesas de empleo, o son contratadas originalmente como meseras en bares de localidades fronterizas para luego ser obligadas a ejercer el trabajo sexual.Como consecuencia de la pandemia de la Covid-199, la economía mundial profundizó tendencias negativas, así como un aumento de los índices de pobreza. México no estuvo exento de ello. La pandemia provocó un choque negativo en aquellas entidades y regiones del país orientadas a las actividades turísticas como Quintana Roo, debido al cierre de vuelos internacionales. Esta afectación en el sector turístico también trajo consigo un gran número de despidos, lo cual se observó mediante el impacto que tuvo en algunas regiones del sur donde se perdieron 1.1 millones de empleos formales entre marzo y junio de 2020, lo cual representó una cuarta parte de todos los empleos formales de la región (Esquivel, 2020). Esta pérdida de empleos provocó que las personas tuvieran que, para poder sustentarse, realizar cualquier tipo de actividad. En consecuencia, pudieron haber caído en situaciones de explotación, como son las derivadas de la prostitución o el trabajo forzado. La contracción de la actividad económica con la consiguiente pérdida de empleos se tradujo en una importante reducción de ingresos para amplios segmentos de la población. Esta situación afectó de manera importante a los trabajadores de aquellos sectores caracterizados por un mayor contacto entre vendedores y consumidores (como el consumo de alimentos en restaurantes) o a los de sectores que demoraron más tiempo en regularizarse (como el turismo, por ejemplo).La región sur, como se evidenció, constituyó económicamente la más regazada dentro de un país que mantiene una gran desigualdad. Aunque persistieron estados que tributaron significativamente al PIB de la nación, este aporte no fue suficiente para disminuir la pobreza, la desigualdad y las precarias condiciones de vida de la población. En este sentido, fueron las mujeres uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. Con la responsabilidad que poseían de sostener económicamente a su familia10 tuvieron que recurrir a aceptar empleos como trabajadoras domésticas o ejercer la prostitución.La desigualdad de género de las mujeres en la frontera sur de MéxicoLa equidad de género en México constituye un tema de especial atención y de difícil gestión por parte de las autoridades y la sociedad, pues supone un cambio en la mentalidad de las personas, lo cual va más allá de la promulgación de leyes y políticas. Los indicadores sociodemográficos de la frontera sur, entre 2012 y 2020, mostraron un alto nivel de vulnerabilidad a que las mujeres fueran captadas por las redes de trata. En 2015 se reportó el mayor número de mujeres víctimas de trata con 689 registros mientras que el 2018 fue el año de menor número de casos con 361 (Instituto de Información, 2020). No obstante, es necesario señalar que no se conocen la totalidad de las víctimas, debido a que la mayoría de ellas no tenían la posibilidad de denunciar su situación y por tal motivo, no constaron en las estadísticas. Los analistas del tema se refieren a esta situación como “la invisibilidad de las víctimas”, y constituye una peculiaridad de la trata de personas respecto a otros delitos que sí son comúnmente denunciados por las víctimas. Durante el primer semestre de 2020, a nivel nacional se registraron 307 víctimas del delito de trata, de las cuales, 213 fueron mujeres (69.4% del total) y 35 hombres (11.4%), mientras que para 59 víctimas no se especificó el sexo (19.2%) (Instituto de Información, 2020). Estas cifras demuestran que las mujeres se han mantenido en el tiempo como las mayores víctimas de este delito.Las desigualdades de género varían a lo largo del curso de la vida. Las mujeres y los hombres adquieren, mediante un complejo proceso de socialización, patrones de comportamiento específicos que los diferencian, basados frecuentemente y en muchas sociedades en relaciones de poder patriarcales y que implican discriminación multiforme. Los cambios generacionales, la prolongación de los años de vida, la maternidad y la crianza o la incorporación al mercado laboral, determinan diferentes configuraciones en términos de desigualdades de género en los distintos grupos de edad (Abascal y Bernal, 2019). En este sentido, las mujeres son colocadas en una posición de inferioridad y subordinación con respecto a los hombres, lo que provoca que sean vulnerables a situaciones de explotación, que pueden acabar en trata de personas. En el Estado mexicano, la igualdad de género entre 2012 y 2020 continuó siendo un tema con escasos progresos. No obstante, se lograron avances respecto a la participación de la mujer en la vida social, económica, política y cultural, contribuyendo a dejar atrás retrógradas ideas sobre el papel tradicional de la mujer en la sociedad (Navarro et al., 2014). Sin embargo, México no pudo lograr una completa igualdad de género ya que la inequidad, la falta de oportunidades, la violencia, la ignorancia, la pobreza y las muertes evitables, entre otras cuestiones relevantes, siguieron afectando a las mujeres mexicanas. En 2014, las mujeres representaron más de la mitad de la población total, en edad laboral, escolar y de mayor número de votantes registrados en el padrón electoral vigente. Es decir, las mujeres eran mayoría, en un país, como muchos otros en la región, de arraigadas tradiciones machistas. Por tal motivo persistían las desigualdades en cuanto a su participación en el mercado laboral, en la educación11, en el acceso a la salud, entre otras. También, en términos de pobreza, las mujeres representaron la mayoría. En este caso las entidades federativas de mayor grado de pobreza pertenecían a la región sur12 y eran las féminas las que predominaban. Estas situaciones se sostuvieron hasta el 2020. A esta desigualdad de género reflejada en indicadores socioeconómicos se le ha denominado “feminización de la pobreza” en diversos foros políticos y académicos. En la región sur, entre 2012-2020, la violencia contra la mujer se derivó de una múltiple discriminación. Es decir, el hecho de ser mujeres, pobres, indígenas, y en muchos casos niñas, las hizo ver por muchos hombres como inferiores respecto a ellos y, por ende, sustentó la idea de que creyeran tener el derecho a ejercer violencia sobre ellas. El encadenamiento de esta violencia, que pudo contener en su interior manifestaciones de trata (siempre que el fin último fuera la explotación), tuvo como base un ambiente de relativa impunidad, proporcionado por la violencia institucional. La insuficiente atención institucional formó parte del círculo de violencia vivido por las víctimas mujeres. Ello se explica porque en la mayoría de los casos, estas instituciones no les ofrecieron alternativas y las revictimizaron a través del tráfico de influencias y la protección de los agresores (CNDH, 2022). El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. (Consorcio Oaxaca)13 destacó que hubo impunidad por parte del Estado para hacer frente a las agresiones que sufren las mujeres de Oaxaca. También, se criticó la falta de compromiso del gobierno para combatir la violencia contra las mujeres, pues no hubo suficientes recursos del presupuesto gubernamental asignado a combatir este flagelo. Consorcio Oaxaca argumentó que, en los congresos federal y local, no se observó un aumento en el presupuesto destinado a mecanismos para el adelanto de las mujeres y sus figuras organizativas.En 2019, México presentó el índice Gini14 más alto, de conjunto con Chile, entre el grupo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)15. En cuanto al género, se ubicó en el lugar 52 entre los 57 países en materia de equidad de género mientras que, en la cuestión salarial, la brecha entre hombres y mujeres fue de 26% (Gaytán y Cantú, 2019).En la frontera sur, no solo las mujeres mexicanas fueron víctimas de desigualdad de género. En este escenario, coexistieron migrantes centroamericanas que en su afán por lograr mejoras económicas y/o para llegar a EE.UU. decidieron migrar a México. No obstante, ellas continuaron viviendo en la pobreza y la precariedad.Por otro lado, es perentorio señalar que las migraciones fueron el resultado de dinámicas relacionadas con las asimetrías internas y con la forma en que cada país se insertó en la economía globalizada. También, estos movimientos migratorios fueron el resultado de patrones de dominación política, explotación económica, violencia social o desastres, que obligaron a diversos grupos sociales, entre ellos las mujeres, a enfrentar peores condiciones de desigualdad.Es, en este sentido, que las mujeres migrantes se enfrentaron a discriminaciones en los mercados laborales, donde el capitalismo global logró generar elevadas ganancias a través del trabajo de las mujeres. Sin embargo, estas no recibieron toda la remuneración producto de su trabajo, debido, entre otros factores, a la desigualdad de género. Por otra parte, bajo el pretexto de la ilegalidad, para los empleadores, los migrantes irregulares no son merecedores de beneficios ciudadanos. Se les exige mayor flexibilidad ante condiciones desfavorables de trabajo, mayor esfuerzo, mejor comportamiento y una mayor fidelidad con sus empleadores, todo ello bajo la promesa, casi siempre incumplida de asegurar su permanencia. Con la declaración por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la enfermedad Covid-19 como pandemia global en 2020, en México, la violencia de género aumentó en más de un 20% y se registraron 946 feminicidios. También en materia de salud y derechos reproductivos se profundizaron los problemas que afectaron a las mujeres. En este sentido, hubo una concentración del sector sanitario para la atención de la Covid-19 que obligó a no priorizar los servicios de salud sexual, reproductiva y ginecológica para las mujeres. Ejemplo de ello fue que solo en un año se registraron 145 179 embarazos, de los cuales el 15% fueron embarazos adolescentes (García A. K., 2021).Por otro lado, en México, el cierre repentino de actividades económicas no esenciales durante 2020 provocó que muchos mexicanos perdieran su trabajo. Entre diciembre de 2019 a ese propio mes de 2020 la Población Económicamente Activa perdió 3.25 millones de personas. De ellas, el 54,4% fueron mujeres y el 45,6% hombres. También las mujeres trabajadoras en el sector informal fueron las más afectadas por la crisis sanitaria, lo que se evidencia con la caída en el número de trabajadoras informales el cual fue de (-) 12,1%, mientras que los trabajadores informales hombres disminuyeron en (-) 2,1% (Agudelo, 2021).Se constata que en el periodo entre 2012 y 2020, gran parte de las mujeres que habitaban la frontera sur de México fueron víctimas de desigualdad de género. Esta situación, que persiste en la sociedad mexicana, provocó que fueran rescatadas 620 víctimas de trata de personas solo en el 2020. La mayoría de estas víctimas eran mujeres.Organizaciones delictivas de trata de personas en la frontera sur de MéxicoLa delincuencia organizada constituye un fenómeno complejo en el cual coexisten integrantes que utilizan métodos violentos y de corrupción. Esos grupos actúan con un elevado nivel de profesionalización aprovechándose de los vacíos legales. A ello se suma, que son amparados por una interpretación sesgada de la normativa internacional y nacional. El delito de trata de personas en México se les acredita a las redes de tratantes. En su mayoría, están estrechamente relacionadas con organizaciones criminales dedicadas predominantemente a las drogas (Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C., 2011). La naturaleza y el elevado número de personas explotadas por estas organizaciones delictivas, provocó que el Estado persiguiera a estas redes criminales. Sin embargo, se ha sostenido en el tiempo, en gran medida, la impunidad del delito. Ello se debe a que en muchas ocasiones estas organizaciones delictivas han comprado a miembros de las instancias de seguridad desplegadas para evitar la trata de personas y el tráfico de drogas (UNAM,2016). Por su parte, el gobierno mexicano promulgó en 2011 una Ley de Migración, que suponía tener un efecto importante sobre la seguridad de la frontera sur de México y en especial sobre la migración indocumentada que cruza por esta región e intenta llegar a Estados Unidos (Correa-Cabrera, 2014). No obstante, fue insuficiente para disminuir la influencia de estos grupos delictivos sobre la región.La frontera sur mexicana presentó, en el periodo 2012-2020, una situación de alto riesgo. Por un lado, facilitó el abuso multisectorial hacia los migrantes indocumentados y, por otro, favoreció la realización y el encubrimiento de la trata de personas. En esta región se observó una presencia elevada de trata debido a que, entre otros factores, las redes eran más bien informales. En ellas se observaron la parte operativa del tráfico: los enlaces. Estos eran componentes primarios de la organización que tienden a especializarse (desarrollan una función en particular) e interrelacionarse con otros agentes para satisfacer necesidades individuales o de grupo (Casillas, 2011). Resultaban ser equipos que laboraban de manera empírica, subordinados a otras entidades que dominaban en el medio, como pudieran ser los cárteles de la droga. Es decir, la presencia era de grupos de delincuencia organizados (GDO)16 pertenecientes a los niveles uno y dos.La posibilidad de cometer acciones delictivas relacionadas con la trata por estas organizaciones criminales, se debió a diversos factores. Entre ellos, se observó la debilidad del Estado mexicano para combatir el crimen organizado17. A pesar del discurso político del gobierno mexicano en contra de la actividad ilícita de estas organizaciones, su lucha contra el delito generó un contexto de inseguridad en la región. Lo anterior estuvo agravado por la situación socioeconómica en la que se encontraba la frontera sur del país. En el año 2020, en la región sur y como consecuencia de la pandemia de Covid-19, hubo una disminución en el primer semestre de las personas que llegaban a la frontera sur. Aunque, a partir de julio se observó un incremento paulatino18. A pesar que el cierre de las fronteras prohibía la movilidad de las personas de un país a otro, las mujeres que, de manera cotidiana, cruzaban desde Guatemala a México a trabajar, lo continuaron haciendo. Las redes de trata mantuvieron sus actividades a pesar de la emergencia sanitaria pues, la necesidad de cruzar la frontera obligó a las personas a utilizar pasos irregulares. Las redes de tráfico empezaron a controlar las rutas de regreso a los países de origen e hicieron un negocio a partir de cobrar a quienes se vieron obligados a regresar a Centroamérica. Dichas personas en este escenario pudieron ser víctimas de trata. Por otro lado, la recesión inducida por la Covid-19 obligó a muchas personas a recurrir a la realización de trabajo forzoso o dedicarse a la prostitución. Las autoridades mexicanas identificaron al menos 550 víctimas de trata en 2020 y los Estados de Chiapas y Oaxaca registraron una de las tasas más elevadas de este flagelo. La principal modalidad de trata fue la explotación sexual de mujeres (Barrios y Asmann, 2021). Las redes de trata, que forman parte de la delincuencia organizada, constituyen un factor de riesgo en la frontera sur mexicana para las mujeres. Estas organizaciones delictivas mantuvieron sus actividades de compra y venta de personas en un ambiente de impunidad y corrupción. Lo anterior estuvo estrechamente ligado a los vacíos legales que permitieron desarrollar dichas actividades. Las mujeres, debido a la pobreza y la desigualdad de género, fueron colocadas en situaciones de vulnerabilidad a ser víctimas del delito. Por tal motivo, la delincuencia organizada continuó siendo un problema de seguridad y derechos humanos en la región sur mexicana.Respuesta gubernamental a la trata de personas en la frontera sur de MéxicoEn los años que abarca el periodo de estudio, México experimentó una crisis de seguridad. Esta estuvo marcada por un contexto de violencia, debido a la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el expresidente Calderón en 2006. A pesar del cambio del gobierno federal en diciembre de 2012, estas políticas de seguridad continuaron basándose fundamentalmente en la militarización y el uso de la fuerza (Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, 2014). La participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública se incrementó significativamente, pese de los reiterados pronunciamientos de instituciones, actores de la sociedad civil y mecanismos de derechos humanos, los cuales recomendaron que las labores policiacas fueran llevadas a cabo por autoridades civiles19. Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) En diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto resultó ganador de las elecciones presidenciales. A diferencia de su antecesor, Nieto explicó que no enfrentaría a las organizaciones criminales de manera frontal. Su gobierno trabajaría para reducir la violencia en base a seis líneas de acción: planeación, prevención, protección y respeto a los derechos humanos, coordinación, trasformación institucional y evaluación y retroalimentación.En materia de trata, continuó el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional e intergubernamental. Centró su objetivo en consolidar el marco para la protección legal de las mujeres, niñas y niños ante el delito. Además, impulsó importantes avances en materia de atención y reparación integral a víctimas. Todo ello, con la consolidación del marco legal y la creación de estructuras organizacionales de carácter público. Igualmente, mediante el Programa de Igualdad de Género20, atendió a connacionales víctimas de maltrato, trata de personas, situación de vulnerabilidad y mujeres privadas de su libertad. En este periodo se elaboró el Protocolo de Atención Consular para Víctimas Mexicanas de Trata de Personas en el Exterior, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones. En este contexto, México firmó convenios de cooperación con Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua a fin de actuar en coordinación como países expulsores de migrantes.Por otro lado, durante la participación en la “Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, en octubre de 2016, reflejó un país que abogaba por la paz. Este se sustentaba en una política de Estado en materia de seguridad y justicia. Sin embargo, pese a la posición oficial del gobierno mexicano, la trata se manifestó como un delito agravado y recurrente, teniendo, durante este periodo las cifras más elevadas de víctimas atendidas. Ello reforzó la idea de la impunidad del delito, el cual no solo necesitaba de leyes, protocolos y organizaciones que direccionaran el problema, sino que tuvieran utilidad práctica para disminuir la incidencia del delito en México.Durante ese sexenio fue aprobado el Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018, conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Este programa estableció las directrices y el trabajo que se debía realizar para lograr una migración legal, organizada y segura. Particularmente, se plasmó la diferencia que existía entre las fronteras norte y sur; así como la atención especial que merecía esta última. De esta manera, se refirió a la carencia de infraestructura en la frontera sur para el control de la movilidad internacional21. El gobierno de Peña Nieto estableció un plan para la frontera sur. Este fue confidencial, aduciéndose “razones de seguridad nacional” hasta su lanzamiento en junio de 201422. El Programa Integral de la Frontera Sur (PIFS) tuvo los objetivos generales de reordenar la franja limítrofe, garantizar flujos migratorios ordenados y seguros, respetando la integridad de los migrantes y sus derechos. Sin embargo, su realidad estuvo marcada por la búsqueda de estabilidad y gobernabilidad, enfocándose, esencialmente, en las condiciones de detención y la repatriación de migrantes. También se relacionó con la política de seguridad fronteriza de Estados Unidos, que se dirigió hacia la disuasión de migrantes a través de deportaciones y propagandas. De esta manera, trataban de disuadir a los centroamericanos para que no se dirigieran hacia México. El discurso del gobierno mexicano en el sexenio 2012-2018 en materia del PIFS y el PEM, con respecto al tema migratorio, fue tratarlo como un problema de seguridad nacional. De esta manera, redujeron el problema a las detenciones de los migrantes por parte de las autoridades policiales, y no abarcó el carácter multidimensional del fenómeno migratorio. Asimismo, el control de las fronteras constituyó un suministro económico ya que la industria de las migraciones tiene beneficios para todos los sectores de la sociedad (Pérez, 2019).Durante el gobierno de Peña Nieto se llevaron a cabo varios planes encaminados a mejorar, en teoría, las problemáticas que poseían los migrantes en la frontera sur. Esta situación los hizo, en algunos casos, víctimas de trata. Las mujeres, por su parte, al ser ubicadas como trabajadoras domésticas constituyeron las personas más vulnerables al crimen organizado y sus manifestaciones. En esencia, los programas creados por la administración Peña Nieto, no resolvieron los problemas vinculados a los derechos humanos de los migrantes y las víctimas de trata; sino que se enfocaron en la seguridad nacional del país, aumentando el control migratorio sobre su frontera sur.Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2020)23El gobierno presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició el 1ro. de diciembre de 2018, tras ser el ganador en las elecciones federales de México el 1ro. de julio de ese año. AMLO presentó una política migratoria basada en dos pilares: la defensa de los derechos de los migrantes y la promoción del desarrollo económico en las regiones de expulsión. Es decir, a diferencia de sus predecesores, su gobierno se enfocaría en la migración como una cuestión de derechos humanos y no de seguridad nacional como su antecesor24.Uno de los objetivos del Gobierno de la Cuarta Transformación25 era que las mujeres y los hombres en México vivieran en un entorno de bienestar e igualdad sustantiva. Los ideales de honestidad, justicia, legalidad y democracia, generarían las condiciones necesarias para que las mujeres se constituyeran como un eje central del cambio y de la transformación. El objetivo era lograr que todas las mujeres, particularmente las indígenas, rurales, afromexicanas y aquellas que vivían en situación de pobreza, participaran en condiciones de no discriminación, igualdad de oportunidades y de género en todos los ámbitos de la vida política, cultural, económica y social (México P. d., 2020).A pesar de esta política migratoria, México tuvo que continuar con las detenciones, producto de las amenazas de subida de aranceles realizadas por el gobierno estadounidense. En este escenario, el Estado se comprometió a tomar medidas para reducir los flujos migratorios irregulares, entre ellas desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur del país.En enero de 2019, se empezó aplicar el programa “Protocolos de Protección a Migrantes” (Migrant Protection Protocols o MPP), inicialmente conocido como “Quédate en México”. Mediante el MPP, los solicitantes de asilo en Estados Unidos eran devueltos a México para que residieran en este país durante el tiempo que durase su trámite de asilo ante alguna corte estadounidense (Cantalapiedra, 2020). Este programa no tenía como objetivo la protección de los migrantes, sino más bien de disuasión al migrante para evitar el flujo migratorio. El MPP puso en riesgo la integridad física y moral del migrante, el cual estuvo en condición de vulnerabilidad a ser víctima de todo tipo de delito. Ello, debido a que tenía que residir en ciudades fronterizas en condiciones vulnerables, con altos índices de violencia y homicidios. El proyecto de AMLO tuvo una intención más humanista en el manejo de la crisis. Sin embargo, no se consideró protagonista de la crisis migratoria, sino como un intermediario. En su discurso político reconoció la importancia del tema migratorio para las relaciones entre Centroamérica y México. Desde 2014, este ha sido tema recurrente en el discurso político de López Obrador (Solenzar y Brito, 2021), viéndolo como un asunto que requería de la cooperación para el desarrollo. Además, calificó la migración como prioridad de gobierno. Ello implicaba un área específica en la coordinación con países estratégicos y una oportunidad para la acción multilateral. Tales acciones se integraron con los objetivos regionales, como resultado del nuevo diálogo con América del Norte, en defensa de los mexicanos y la cooperación.El 2020 fue el año más violento de la historia reciente mexicana. En este sentido, hubo un aumento de los feminicidios26. No obstante, las feministas mexicanas consideraron entonces que solo la Cuarta Transformación podía dar respuesta a las demandas de este movimiento.A pesar de las expectativas y la voluntad de este movimiento, en los dos primeros años de la administración AMLO, la violencia contra las mujeres se multiplicó. Por tal motivo, las mujeres se movilizaron, realizaron foros y declaraciones. En esencia, en una sociedad de marcadas tradiciones machistas, la desigualdad de las mujeres se mantuvo, sin importar quien ocupase la presidencia en el gobierno. Es decir, un cambio presidencial no significó una transformación en la mentalidad de la sociedad. En última instancia, el gobierno contribuye con la elaboración de políticas públicas que, de ser efectivas, disminuirán la incidencia de los delitos que atentan contra los derechos humanos, como es el caso de la trata. Durante los dos años estudiados, el gobierno de AMLO se pronunció en contra del crimen organizado y sus manifestaciones. Sin embargo, mantuvo los programas desarrollados por sus antecesores, militarizando la frontera sur. CONCLUSIONESMéxico entre 2012 y 2020, se mantuvo como país de origen, tránsito y destino de trata de personas debido, fundamentalmente, a factores geográficos, sociales, políticos, económicos y culturales. Las mujeres, en el periodo objeto de estudio, han sido el grupo poblacional más vulnerable a la trata en la frontera sur de México y, a su vez, el más afectado. Esta vulnerabilidad femenina está determinada por las desigualdades de género, discriminación, falta de oportunidades, de empoderamiento, la aceptación social de la trata, así como en ocasiones la impunidad, ineficacia o la corrupción de las autoridades encargadas del enfrentamiento, enjuiciamiento y protección de las víctimas. La región sur en el periodo 2012-2020 mantuvo su rezago económico profundizando la pobreza, la desigualdad y las precarias condiciones de vida de la población, factores que tributan a la alta presencia del delito.La desigualdad existente en el país, agudizada en el sur, fue aprovechada por las redes de trata transnacionales como caldo de cultivo para identificar, someter y explotar a las víctimas, por lo que se mantuvo como un problema de fondo que obstaculizó la prevención y enfrentamiento al delito de trata.Durante el marco temporal estudiado, las organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas en la frontera sur mexicana coexistieron y actuaron en un ambiente de impunidad y corrupción, sustentado por los vacíos legales de las leyes mexicanas y la falta de voluntad o capacidad de respuesta del gobierno central y de los locales. La respuesta gubernamental al delito, por parte de las autoridades mexicanas en la administración Peña Nieto, estuvo dirigida al fenómeno migratorio y, a enmarcarlo como un problema de seguridad nacional. Dicha postura, lejos de atenuar los problemas vinculados a los derechos humanos de los migrantes y a las víctimas de trata, agudizó la incidencia e impacto de dicho delito. El gobierno de López Obrador, en sus dos primeros años de mandato, se pronunció en contra del crimen organizado y sus manifestaciones. Este gobierno mantuvo la igualdad de las mujeres como parte del discurso político, pero no se apreció una estrategia que involucrara a las organizaciones que rigen el tema en el país.Los factores que inciden en la vulnerabilidad de las mujeres en el período estudiado se prolongan en el tiempo. Se precisan leyes y políticas públicas, que logren concientizar a la población y lograr la percepción de riesgo sobre el delito de trata, sus formas y manifestaciones. Cualquier estrategia para enfrentar la trata de personas deberá enfocarse en la prevención, incidiendo particularmente en la situación socioeconómica de las regiones más vulnerables, en las desigualdades y discriminaciones que persisten y afectan especialmente a las mujeres. En la estrategia para enfrentar y prevenir la trata de personas deberá tenerse en cuenta también las operaciones de las redes delictivas que continúan desarrollando una economía ilícita que les reporta anualmente miles de millones de dólares y que, en muchos casos, está asociada a otros delitos transnacionales, como el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos y el tráfico de armas. notas1 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 20002 65% de las víctimas reportadas en 2020.3 A principios de los años 2000 el empresario Jean Succar Kuri lideraba una red de pederastia, por tal motivo fue apresado y condenado en 2006 a 94 años de privación de libertad.4 Por ejemplo, una persona captada en Puebla a través del enamoramiento, que aceptó trasladarse a la Ciudad de México con la persona que ella consideraba su pareja, una vez ahí fue sometida a través de amenazas con dañar a su familia en Puebla, para forzarla a la prostitución.5 Es la línea fronteriza que separa México de Belice y Guatemala. Desde el punto de vista estratégico denominamos región frontera sur a los cuatro estados que colindan con dicha frontera: Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, así como a los estados del sur Oaxaca, Guerrero y Yucatán (Hernández, 2004, 1).6 Superposición que se da entre asuntos internacionales y domésticos.7 Esta última con una economía más diversificada.8 El más pobre de la región.9 Pandemia mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020. No obstante, desde el 30 de enero de 2020 la OMS declaró a la Covid-19 como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. La enfermedad de la Covid-19 es causada por el virus del SARS-CoV-2 el cual se propaga rápidamente y ha provocado la infección de millones de personas a nivel mundial y el fallecimiento de centenares de miles de seres humanos en todo el mundo.10 El número de jefaturas femeninas de hogar creció de 2008 a 2018. Independientemente de su condición de pobreza, su incidencia aumentó de 25% a 30% (CONEVAL, 2020).11 A pesar del carácter gratuito, obligatorio y laico de la educación en México.12 Chiapas, Guerrero y Oaxaca (Navarro et al., 2014).13 El Consorcio Oaxaca es una organización feminista que reconoce y promueve el desarrollo de las redes de la sociedad civil y la incidencia en favor de los derechos humanos. Asimismo, ofrece formación en materia de violencia de género y derechos de las víctimas.14 Índice Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio, normalmente de un país. El valor se encuentra entre 0 y 1, siendo 0 la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene un solo ciudadano).15 El indicador de México y Chile fue de 0,46 mientras que el promedio entre los países integrantes de la organización fue de 0,32 (Gaytán y Cantú, 2019).16 Estos reconocen principalmente tres niveles de actuación: un primer nivel en el que intervienen los familiares de las víctimas y/o los parientes. Un segundo nivel en el que lo hacen grupos delictivos que operan principalmente en una región o territorio determinado y que pueden aprovechar nexos con redes locales y transnacionales (por ejemplo: ayuda de profesionales o ex funcionarios públicos) para llevar a cabo sus actividades delictivas. El tercer nivel de organización delictiva incluye a grupos que se dedican a otros negocios a escala transnacional, como el narcotráfico, el tráfico de armas o el tráfico ilícito de migrantes.17 Con debilidad del Estado mexicano se refiere a que las organizaciones criminales encontraron un espacio favorable para el acometimiento del delito. Es decir, para desarrollar sus acciones utilizaron como medios, la violencia y/o la corrupción de funcionarios locales. 18 Flujo de familias guatemaltecas completas que viajan a México debido al comienzo de la temporada de pizca de café (Morales, 2020).19 Se contó con un despliegue del 48.77%, del total del personal operativo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en operaciones en contra de la delincuencia organizada. Además, se priorizó los estados del país donde las actividades delictivas se incrementaron. 20 Consiste en dar a conocer la igualdad jurídica que debe haber entre hombres y mujeres (Chelminsky, 2018).21 A lo largo de los 1149 kilómetros de la línea fronteriza, solo existían 11 puntos de tránsito internacional terrestre, mientras que operaban hasta 370 lugares de tránsito informal. Mientras que, en los 3152 kilómetros de frontera con Estados Unidos, existían 48 puntos de tránsito internacional terrestre.22 En un contexto de crisis migratoria.23 Este periodo se enmarca dentro del sexenio 2018-2024.24 México otorgó, en marzo de 2019, un estatus legal a más de trece mil personas extranjeras, en referencia al otorgamiento de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) (Cantalapiedra, 2020).25 Un cambio verdadero de régimen que impulse un desarrollo sostenible del país y de sus instituciones. Es decir, constituye un modelo económico pos neoliberal que busca mayor igualdad de oportunidades, un ordenamiento político estable y una convivencia responsable entre los distintos sectores que conforman la sociedad (México, P.d, 2020).26 Entre enero y julio de 2020 fueron asesinadas 2240 mujeres; esta cifra representa un aumento del 7.7% en comparación con el mismo periodo de 2019 (Solenzar y Brito, 2021).REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASAbascal, I. E., y Bernal., Z. D. (17 de julio de 2019). Desigualdad social y género. Scielo. http://scielo.sld.cu/scielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS086434662020000400018 Agudelo, P. (2021, 22 de enero). Mercado laboral mexicano durante 2020. México, ¿cómo vamos? https://expansion.mx/opinion/2021/01/22/eldatodelasemanamercado-laboral-mexicano-durante-2020?_amp=true Barrios, C., y Asmann, P. (2021, 19 de agosto). Trata de personas en México se agudizó durante pandemia de Covid-19. 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Omar Enrique Salazar Noriega: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Administración del proyecto, Recursos, Software, Supervisión, Validación, Visualización, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición AGRADECIMIENTOS No aplica.FINANCIACIÓN No aplica.PREPRINT No publicado.DERECHOS DE AUTOR Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Política Internacional los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. 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