con dramática crudeza lo que deparaba a América Latina su asociación con la política anticubana del poderoso vecino. La invasión de la República Do-minica, realizada en virtud de la reaccionaria Doc-trina Johnson y con el pretexto de evitar una nueva Cuba en el hemisferio, generó honda preocupación e inquietud entre los gobiernos latinoamericanos y la protesta de muchos de ellos. Y si Washington logró finalmente el apoyo de la OEA a su aventu-ra guerrerista, esta fue, en rigor, su última victoria diplomática en el seno de la organización durante varios años, porque a partir de ese momento se fue transformando rápidamente en escenario de agu-das controversias con Estados Unidos.

Comenzó entonces una importante etapa en la vida del sistema regional, que estuvo caracterizada por un progresivo fortalecimiento de las posiciones la-tinoamericanistas frente a la ideología y la prácti-ca del panamericanismo monroísta, que venía sir-viendo de base a la actuación de la OEA y de las demás instituciones del sistema. En efecto, a fines del segundo lustro de los 60, en el contexto de una fuerte tendencia de carácter nacionalista propiciada en buena medida por cambios favorables en la co-rrelación internacional de fuerzas y particularmente por el descalabro de Estados Unidos en Vietnam y el correspondiente reflujo de su influencia mundial, surgió un amplio movimiento entre los países lati-noamericanos, que proponían una profunda trans-formación de las bases jurídicas, políticas y filosófi-cas del Sistema Interamericano, para hacerlo menos utilizable por Estados Unidos y más afín con los in-tereses de América Latina.

Las discusiones en torno a este problema se pro-longaron durante dos años y desembocaron en la aprobación de un protocolo de reformas que entró en vigor en febrero de 1970. Sin embargo, las mo-dificaciones adoptadas no satisfacían a muchos go-biernos del continente, cuyas propuestas chocaron con la resistencia de Estados Unidos y los regímenes dictatoriales, que seguían considerando el sistema como un instrumento para combatir la “expansión del comunismo”.

Luego del triunfo de la Unidad Popular chilena, cuyo gobierno restableció las relaciones con Cuba, y nuevos cambios progresistas en varios países del área, incluidos algunos de habla inglesa del Caribe, que también normalizaron sus vínculos con la Isla, se fortaleció la orientación latinoamericanista en la OEA y cobró nuevas fuerzas el movimiento en pro de la reestructuración de las organizaciones intera-mericanas.

La demanda de reconocer el pluralismo ideológico y levantar el bloqueo a Cuba, el apoyo a la justa cau-sa del pueblo panameño sobre su derecho al Canal y las críticas a Washington por su actitud negativa ante las medidas y exigencias de América Latina en defensa de sus recursos naturales, eran enton-ces los temas predominantes en las sesiones de la Asamblea General de la OEA, en las reuniones de la comisión encargada de estudiar la reestructuración del sistema y en las rondas del llamado “nuevo diá-logo”, propiciado por Estados Unidos para tratar de suavizar sus contradicciones con los vecinos del sur.

Fue precisamente en este ambiente, hacia media-dos de 1975 y luego de reiteradas gestiones, cuando una docena de países latinoamericanos consiguió la convocatoria de la XVI Reunión de Consulta de la OEA, celebrada en San José de Costa Rica, donde se aprobó por mayoría una resolución que dejó sin efectos las medidas anticubanas de 1964 y liberó a los estados miembros para conducir sus relacio-nes con Cuba. Se desplomó así definitivamente la pretendida fundamentación jurídica del aislamiento de la Isla, que Estados Unidos había creado con la ayuda del sistema regional.

Por aquellos mismos días terminó la redacción de un nuevo proyecto de reformas a la Carta de la OEA, las que nunca entrarían en vigor, pues fueron recha-zadas oficialmente por el gobierno norteamericano. Washington no aceptaba la demanda de América Latina de introducir en las relaciones interamerica-nas el mecanismo de seguridad económica colec-tiva y otros cambios que garantizaban la defensa de los intereses de los países de la región. Estados