INTRODUCCIÓN

La relación de Estados Unidos con Cuba y Venezuela constituye uno de los espacios más densos para observar la disputa contemporánea por la soberanía, la legitimidad y el orden político en América Latina y el Caribe. En ambos casos, Washington ha articulado sanciones, presión diplomática, narrativas de democratización, gestión mediática de crisis y dispositivos jurídicos que exceden la lectura estrictamente bilateral. El problema no se reduce a diferencias ideológicas entre gobiernos, sino a la capacidad de una potencia para establecer los límites de lo aceptable dentro del hemisferio y para presentar esos límites como criterios universales de estabilidad, seguridad y responsabilidad internacional (Grandin, 2006; Panitch & Gindin, 2012; Smith, 2008).

El artículo se sitúa en la intersección entre teoría crítica de las relaciones internacionales, comunicación política internacional y análisis de discurso. Su punto de partida es que la política exterior no actúa solamente sobre territorios, mercados o gobiernos, sino también sobre regímenes de interpretación. Las sanciones no son únicamente instrumentos económicos; también producen narrativas sobre quién merece solidaridad, quién requiere corrección, qué soberanías son legítimas y qué proyectos deben ser reconducidos hacia un marco hemisférico compatible con la autoridad estadounidense (Cox, 1983; Foucault, 2007; Laclau & Mouffe, 1985).

El caso cubano permite observar una continuidad histórica singular. Desde la consolidación del proyecto revolucionario, Cuba ha defendido una posición soberana que desafía la subordinación regional y reivindica el derecho de los pueblos a decidir sus modelos políticos, económicos y diplomáticos. La persistencia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos revela una racionalidad disciplinaria que busca convertir la autonomía cubana en advertencia regional. Sin embargo, el respaldo sostenido de la Asamblea General de las Naciones Unidas a la necesidad de poner fin a ese bloqueo muestra que la narrativa unilateral estadounidense no logra convertirse en consenso internacional amplio (UN Geneva, 2024, 2025; UN Media, 2023).

Venezuela, por su parte, permite analizar una modalidad más reciente de presión, asociada a sanciones financieras, restricciones sectoriales, desconocimientos diplomáticos y producción de narrativas sobre transición, gobernabilidad y crisis. El objetivo de este trabajo no es evaluar internamente los procesos políticos de Cuba y Venezuela, ni reducirlos a una misma trayectoria. Se busca, en cambio, examinar la forma en que ambos países son inscritos en un repertorio hemisférico de disciplinamiento que combina coerción material y legitimación discursiva (Corrales & Penfold, 2015; Mijares & Nolte, 2018).

La comparación Cuba-Venezuela resulta pertinente no solo porque ambos gobiernos han mantenido tensiones con Estados Unidos, sino porque condensan dos temporalidades y dos formas de presión hemisférica. Cuba permite examinar la persistencia histórica de un bloqueo con alto rechazo multilateral; Venezuela permite observar una arquitectura sancionatoria más reciente, más financiera y más flexible, atravesada por recursos energéticos, disputa por reconocimiento y licencias administrativas. Nicaragua y Bolivia no se incorporan porque, aunque forman parte de debates regionales sobre autonomía, no reúnen en el mismo grado la combinación de larga duración, centralidad geopolítica, densidad normativa estadounidense y disponibilidad de indicadores multilaterales comparables que exige el diseño de este artículo.

La pregunta que guía el trabajo es la siguiente: ¿cómo se produce legitimidad internacional para medidas de presión estadounidense contra proyectos latinoamericanos que reivindican márgenes de autonomía frente al orden hemisférico dominante? A partir de esta pregunta, el artículo persigue tres objetivos: delimitar conceptualmente las categorías de hegemonía, legitimidad y disciplinamiento; comparar los casos de Cuba y Venezuela como formas diferenciadas de presión sobre la soberanía regional; y sistematizar algunos indicadores documentales y estadísticos que permiten observar la distancia entre el discurso de legitimación estadounidense y la recepción internacional de sus medidas.

La contribución del texto es doble. En términos teóricos, propone leer el disciplinamiento hemisférico como una práctica que articula coerción, discurso, institucionalidad y producción de sentido. En términos metodológicos, incorpora una clarificación conceptual inspirada en la filosofía analítica, no para abandonar la teoría crítica, sino para evitar que categorías como hegemonía, legitimidad o coerción se utilicen de manera excesivamente amplia. Esta combinación busca responder a una exigencia común en los estudios de política internacional: sostener una lectura crítica sin renunciar a la precisión conceptual, a la evidencia documental y a la delimitación explícita del corpus.

La laguna específica que el artículo busca atender se ubica en la separación frecuente entre tres literaturas: los estudios sobre sanciones y política exterior estadounidense, los trabajos sobre hegemonía e imperialismo en América Latina y los análisis de discurso sobre legitimación internacional. Buena parte de esa literatura estudia los casos de Cuba y Venezuela de manera aislada o privilegia la dimensión jurídica, económica o ideológica por separado. Este trabajo propone una lectura integrada que vincula evidencia multilateral, dispositivos normativos y producción discursiva de legitimidad, mostrando cómo la coerción material requiere marcos de sentido para presentarse como defensa del orden hemisférico.

Metodología y delimitación del corpus

El trabajo se formula como un artículo de reflexión con apoyo en revisión documental, análisis crítico del discurso y reconstrucción histórico-interpretativa. Esta decisión metodológica responde a la naturaleza del problema: la investigación no pretende medir causalidades lineales ni establecer una explicación cuantitativa total del comportamiento estadounidense. Su objetivo es identificar patrones de legitimación, categorías recurrentes y efectos políticos de sentido en torno a Cuba y Venezuela dentro del orden hemisférico contemporáneo.

El corpus de análisis se organiza en cuatro grupos de materiales. El primero está integrado por literatura teórica sobre hegemonía, imperialismo, diplomacia pública, propaganda y análisis del discurso. El segundo reúne instrumentos normativos y páginas institucionales vinculadas con sanciones y medidas coercitivas, en particular documentación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Código de Regulaciones Federales relativo a sanciones contra Venezuela (Electronic Code of Federal Regulations, 2026; Office of Foreign Assets Control, 2026). El tercer grupo incorpora registros de votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo contra Cuba, especialmente los datos de 2023, 2024 y 2025 (United Nations Digital Library, 2023, 2024a, 2025). El cuarto grupo incorpora votaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela y datos documentales de licencias generales OFAC, con el fin de equilibrar la comparación empírica entre ambos casos (OHCHR Search Library, 2019, 2020, 2024; United Nations Digital Library, 2022, 2024b).

La selección de Cuba y Venezuela responde a un criterio comparativo sustantivo y delimitado temporalmente. El período central de observación es 2015-2026, porque en 2015 se formaliza una parte importante de la arquitectura sancionatoria contemporánea contra Venezuela mediante la Orden Ejecutiva 13692, mientras que en el caso cubano ese tramo permite observar la persistencia del bloqueo en el sistema multilateral reciente. Cuba expresa una larga duración histórica de resistencia soberana frente a la arquitectura hemisférica estadounidense; Venezuela expresa una disputa contemporánea vinculada con recursos estratégicos, alianzas internacionales y reconfiguraciones regionales. La comparación no busca homogeneizar ambos procesos, sino identificar cómo una misma racionalidad de orden puede operar con instrumentos diferentes: bloqueo prolongado, sanciones financieras, presión diplomática, narrativas de crisis, dispositivos legales y circulación mediática de interpretaciones dominantes. Nicaragua y Bolivia quedan fuera del corpus porque su inclusión exigiría otro diseño comparativo y ampliaría el objeto más allá de la pregunta central sobre coerción, legitimidad y producción discursiva en torno a dos casos con alta densidad normativa y multilateral.

El procedimiento analítico siguió cuatro pasos. Primero, se delimitan los conceptos principales para evitar ambigüedad. Segundo, se identifican los repertorios de presión material y legitimación discursiva asociados a cada caso. Tercero, se sistematizan indicadores documentales y votaciones internacionales que permiten observar la recepción del bloqueo a Cuba. Cuarto, se discuten los hallazgos a la luz de la teoría crítica y de la comunicación política internacional. Las tablas incluidas no sustituyen el análisis cualitativo; funcionan como dispositivos de ordenamiento para hacer visible la relación entre categorías, evidencias y resultados.

DESARROLLO

Clarificación conceptual: una entrada analítica a un problema crítico

Una dificultad frecuente en los estudios críticos de política internacional es el uso expansivo de conceptos de alto rendimiento explicativo. Términos como hegemonía, legitimidad, coerción, disciplina o propaganda pueden iluminar procesos complejos, pero también pueden perder precisión si se emplean como etiquetas generales. Por ello, este trabajo introduce una breve clarificación conceptual de corte analítico. La finalidad no es reducir el fenómeno a definiciones cerradas, sino establecer condiciones mínimas de uso que hagan más controlable el argumento (Gallie, 1956; Sartori, 1970).

La filosofía analítica ha insistido en que muchos desacuerdos teóricos se originan en la falta de delimitación de los términos. En el campo político, esa exigencia no implica neutralidad absoluta, sino responsabilidad argumentativa. Definir qué se entiende por legitimidad, coerción o disciplinamiento permite distinguir entre descripción, evaluación y explicación. También permite evitar que el análisis se convierta en mera denuncia. En este artículo, la crítica a la política hemisférica estadounidense se sostiene sobre una premisa precisa: no toda influencia externa equivale a disciplinamiento, pero sí lo hace cuando combina asimetría material, presión normativa y producción de costos para desalentar alternativas soberanas.

La Tabla 1 sintetiza esta delimitación. El concepto de disciplinamiento hemisférico se reserva para prácticas que buscan orientar, limitar o corregir conductas estatales dentro de un espacio regional jerarquizado. La legitimidad se entiende como el proceso mediante el cual una medida se presenta como aceptable, necesaria o moralmente justificada ante públicos internos e internacionales. La coerción designa la producción de costos materiales, financieros, comerciales o diplomáticos. La narrativa de orden se refiere al conjunto de categorías que hacen inteligible una medida de presión como defensa de la democracia, la estabilidad o la seguridad.

Hegemonía, legitimidad y comunicación política internacional

La hegemonía, en sentido gramsciano, no puede reducirse a dominación directa. Supone la capacidad de una fuerza dirigente para convertir intereses particulares en horizonte general, articulando coerción y consenso en una misma arquitectura de poder (Gramsci, 1971). En política internacional, esta idea permite comprender que el liderazgo estadounidense en América Latina no se ha sostenido únicamente por recursos militares, financieros o comerciales, sino por la producción de narrativas que presentan su papel como garantía de estabilidad hemisférica.

La contribución de Cox (1983) resulta central porque trasladó la noción de hegemonía al campo de las relaciones internacionales. Un orden mundial hegemónico no se impone solamente por fuerza; se reproduce a través de instituciones, ideas, reglas y formas de conocimiento que vuelven natural una distribución desigual de poder. Desde esta perspectiva, Cuba y Venezuela no son únicamente objetos de una política exterior específica. Son casos que permiten observar cómo se construyen fronteras normativas entre proyectos políticos considerados aceptables y proyectos presentados como desviaciones que requieren corrección.

La comunicación política internacional cumple aquí una función estratégica. Las medidas coercitivas necesitan lenguajes que las vuelvan inteligibles y moralmente defendibles. Las sanciones se presentan como instrumentos de presión selectiva; el aislamiento aparece como exigencia democrática; la intervención discursiva se formula como acompañamiento a la sociedad civil; y la jerarquía regional se traduce como defensa de valores universales. Este desplazamiento convierte relaciones de fuerza en gramáticas de legitimidad (Entman, 2004; Herman & Chomsky, 1988).

La diplomacia pública permite ampliar esta lectura. Cull (2009) sostiene que los Estados buscan influir en públicos extranjeros mediante escucha, promoción, intercambio, radiodifusión y construcción de relaciones. Desde América Latina, Villanueva Rivas (2015) ha subrayado que la diplomacia pública es un espacio de disputa por reputación, reconocimiento e imágenes nacionales. En el caso estadounidense, la diplomacia pública hacia el hemisferio no solo comunica políticas: también ordena imaginarios sobre democracia, desarrollo, libertad, seguridad y amenaza.

El análisis crítico del discurso permite observar que esas categorías no son meramente descriptivas. Siguiendo a Foucault (2007), el poder produce objetos de saber: define problemas, clasifica sujetos, establece umbrales de normalidad y determina qué soluciones parecen razonables. Cuando Cuba y Venezuela son narradas como problemas de gobernabilidad regional, sus decisiones soberanas quedan desplazadas a un campo de sospecha permanente. La pregunta central no es si existen conflictos políticos internos en esos países, sino cómo esos conflictos son traducidos en justificación para presiones externas.

Cuba: soberanía, bloqueo y mayoría internacional

Cuba ocupa un lugar singular en la historia política del hemisferio. La Revolución Cubana abrió una posibilidad de soberanía nacional, justicia social y autonomía internacional que desbordó el marco de subordinación regional heredado de la Guerra Fría. Desde entonces, el país ha sostenido una posición de independencia diplomática que, más allá de sus dificultades materiales, ha funcionado como referente de resistencia para distintas tradiciones latinoamericanas y caribeñas (Grandin, 2006; LeoGrande & Kornbluh, 2014; Schoultz, 2018).

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos debe entenderse dentro de esa disputa de soberanía. Su persistencia no puede explicarse únicamente como desacuerdo bilateral. Funciona como una tecnología de límite regional: comunica que ciertos proyectos de autonomía pueden ser sometidos a costos prolongados, aunque no exista consenso internacional que respalde esa política. El resultado es una tensión entre unilateralismo coercitivo y legitimidad multilateral.

Los datos de la Asamblea General de las Naciones Unidas son particularmente relevantes. En 2023, la resolución contra el bloqueo obtuvo 187 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. En 2024, la votación repitió la relación de 187-2-1. En 2025, la resolución obtuvo 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. Aunque el respaldo cuantitativo disminuyó ligeramente en 2025, el resultado continuó expresando una mayoría internacional amplia contra la continuidad del bloqueo (United Nations Digital Library, 2023, 2024a, 2025).

La Tabla 2 presenta estos resultados y calcula el porcentaje de apoyo entre los Estados que participaron en la votación. El dato más importante no es únicamente numérico, sino político: durante tres años consecutivos, la posición favorable a poner fin al bloqueo se mantuvo como mayoría abrumadora. Esto debilita la pretensión de presentar la política estadounidense como expresión de un consenso internacional. Por el contrario, sugiere una brecha entre la narrativa de legitimación de Washington y la valoración ampliamente mayoritaria del sistema multilateral.

Estos resultados permiten formular un primer hallazgo: el bloqueo a Cuba aparece internacionalmente como una política crecientemente aislada en términos de legitimidad multilateral. Incluso cuando cambian alineamientos coyunturales o presiones diplomáticas, la mayoría de los Estados continúa rechazando la medida. En términos analíticos, esto obliga a distinguir entre capacidad coercitiva y legitimidad internacional. Estados Unidos conserva capacidad para sostener la política, pero esa capacidad no equivale a aceptación normativa global.

Desde la teoría crítica, el caso cubano muestra que la hegemonía no siempre se traduce en consentimiento pleno. También puede expresarse como persistencia de una práctica coercitiva frente a un desacuerdo internacional mayoritario. La permanencia del bloqueo no revela solamente la fuerza de Estados Unidos; revela también los límites del multilateralismo cuando se enfrenta a una potencia con capacidad normativa, financiera y jurídica para prolongar medidas unilaterales (Panitch & Gindin, 2012; Smith, 2008).

La defensa cubana de su soberanía, en este contexto, no puede ser reducida a un dato ideológico interno. Constituye una posición de derecho internacional y de autodeterminación que encuentra respaldo en una mayoría amplia de la comunidad internacional. Por ello, analizar Cuba como caso de disciplinamiento hemisférico implica reconocer que el conflicto central no es la falta de legitimidad del proyecto cubano ante el mundo, sino la voluntad estadounidense de mantener un dispositivo de presión pese al rechazo sostenido en foros multilaterales.

Venezuela: sanciones, recursos estratégicos y disputa por reconocimiento

Venezuela representa una modalidad distinta de tensión hemisférica. A diferencia de Cuba, cuya disputa con Estados Unidos tiene una larga duración desde el siglo XX, el caso venezolano se intensificó en el marco de los gobiernos bolivarianos, la centralidad de los recursos energéticos, la polarización regional y el desplazamiento del mapa geopolítico latinoamericano. La presión estadounidense se articuló a través de sanciones, medidas financieras, restricciones sectoriales, desconocimientos diplomáticos y narrativas sobre transición política (Corrales & Penfold, 2015; Mijares & Nolte, 2018).

 

La documentación normativa estadounidense muestra que las sanciones contra Venezuela se insertan en una arquitectura legal compleja. El Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos identifica prohibiciones asociadas a la Orden Ejecutiva 13692 de 2015 y a órdenes posteriores, incluidas las órdenes ejecutivas 13808, 13827, 13835, 13850, 13857 y 13884 (Electronic Code of Federal Regulations, 2026). La página de la Oficina de Control de Activos Extranjeros confirma, además, la existencia de licencias generales, guías interpretativas y mecanismos de autorización para operaciones que de otro modo estarían prohibidas, así como licencias vigentes y actualizadas hasta 2026 (Office of Foreign Assets Control, 2026).

La multiplicidad de instrumentos es importante porque evidencia que las sanciones no operan como episodios aislados. Constituyen un régimen de administración económica y financiera que condiciona transacciones, expectativas empresariales, acceso a recursos, circulación de activos y posibilidades de negociación internacional. Este régimen no solo produce restricciones materiales; produce también una gramática de reconocimiento. Determinados actores son habilitados como interlocutores legítimos, mientras otros son inscritos en un campo de bloqueo jurídico, sospecha financiera y aislamiento diplomático.

Para equilibrar la comparación con el caso cubano, la sección incorpora una contraparte empírica sistemática sobre Venezuela. En el plano multilateral, el Consejo de Derechos Humanos aprobó resoluciones sobre la situación venezolana con votaciones de 19-7-21 en 2019, 22-3-22 en 2020, 19-5-23 en 2022 y 23-6-18 en 2024. Estos resultados muestran apoyo suficiente para sostener mandatos internacionales de seguimiento, pero también niveles altos de abstención, lo que confirma que la presión normativa sobre Venezuela no opera como consenso unánime sino como campo de disputa diplomática. En el plano administrativo, la evolución de licencias generales OFAC muestra un régimen que no solo prohíbe, sino que administra selectivamente sectores, actores y tiempos de excepción.

 

Desde una lectura crítica, el problema no consiste en negar las tensiones internas del proceso venezolano, sino en observar cómo esas tensiones son utilizadas para legitimar una política externa de presión que incide sobre la soberanía. La narrativa de crisis puede funcionar como lenguaje humanitario, pero también como tecnología de aceleración política. Al transformar un conflicto complejo en evidencia de fracaso absoluto, se reduce el margen de inteligibilidad para soluciones negociadas, soberanas o regionalmente autónomas.

Esta evidencia permite matizar la sección venezolana. A diferencia del caso cubano, donde la Asamblea General exhibe una sistemática condena multilateral ampliamente mayoritaria al bloqueo, Venezuela muestra una escena más ambivalente: existen resoluciones de derechos humanos aprobadas por el Consejo, pero con apoyos menos homogéneos y una arquitectura de sanciones cuya aplicación depende de excepciones administrativas. Por ello, el punto analítico no es equiparar mecánicamente ambos casos, sino mostrar cómo la coerción estadounidense se legitima mediante instrumentos distintos: en Cuba, a pesar de una condena multilateral persistente; en Venezuela, mediante una combinación de presión normativa, sanciones financieras y licencias selectivas.

La comparación con Cuba permite identificar una regularidad: cuando un proyecto latinoamericano afirma márgenes de autonomía respecto a Washington, la respuesta estadounidense no se limita a la discrepancia diplomática. Suele incluir una combinación de instrumentos materiales y simbólicos destinados a elevar los costos de esa autonomía. La diferencia está en la forma: Cuba ha sido tratada mediante una política de larga duración centrada en bloqueo y excepcionalización; Venezuela mediante un repertorio más variable de sanciones financieras, presión petrolera y disputa por reconocimiento.

Resultados: tres hallazgos sobre legitimidad y disciplinamiento

El primer resultado es la existencia de una brecha entre capacidad coercitiva y legitimidad multilateral. La votación anual contra el bloqueo a Cuba muestra que Estados Unidos posee capacidad para sostener una política unilateral, pero no necesariamente para convertirla en consenso internacional. La diferencia es analíticamente central: la hegemonía puede persistir incluso cuando no logra plena legitimidad, siempre que conserve instrumentos materiales, jurídicos y financieros suficientes para mantener sus efectos.

 

El segundo resultado es que Cuba y Venezuela son construidas como casos de soberanía corregible. Esta formulación no describe una cualidad interna de esos países, sino una operación discursiva externa. El orden hemisférico dominante tiende a distinguir entre soberanías compatibles y soberanías problematizadas. Las primeras se integran al vocabulario de cooperación, mercado y gobernanza; las segundas son narradas mediante categorías de crisis, excepcionalidad, amenaza o transición. Esa diferencia condiciona la recepción internacional de medidas coercitivas.

El tercer resultado es la necesidad de precisión conceptual para fortalecer el análisis crítico. Si se afirma que toda política exterior estadounidense es disciplinaria, el concepto pierde fuerza. En cambio, si se muestra que el disciplinamiento aparece cuando se combinan presión material, jerarquización normativa y producción de costos para desalentar proyectos autónomos, el argumento gana especificidad. La incorporación de una matriz conceptual permite que la crítica no dependa solamente de valoración política, sino de criterios analíticos explícitos.

La Tabla 5 resume estos hallazgos. Cada resultado vincula evidencia, interpretación y contribución. Esta organización responde a la exigencia de mostrar cómo el argumento central se sostiene en materiales observables, y no únicamente en una reflexión teórica general.

Discusión: pedagogía hemisférica y gobierno de la percepción

Los resultados permiten proponer la noción de pedagogía hemisférica. Con esta expresión se designa la capacidad de una potencia para producir aprendizajes políticos regionales: qué modelos son premiados, qué alianzas son penalizadas, qué discursos son reconocidos y qué formas de soberanía son sometidas a presión. Esta pedagogía no funciona únicamente por amenaza. Funciona también por repetición narrativa, producción de categorías, circulación mediática y normalización institucional.

En Cuba, esa pedagogía se expresa en la continuidad del bloqueo como advertencia histórica. Aun cuando la mayoría internacional reclama su fin, la medida se mantiene como recordatorio de que la independencia política puede enfrentar costos estructurales. La resistencia cubana, por tanto, no es solo una posición nacional, sino un punto de referencia regional sobre la capacidad de un Estado pequeño para sostener soberanía frente a presiones desproporcionadas.

 

 

En Venezuela, la pedagogía opera de forma más dinámica. Las sanciones, licencias y reconocimientos selectivos organizan un campo de incentivos y castigos que busca orientar la conducta política y económica. Esto no significa que todos los problemas venezolanos sean producidos externamente, ni que los actores internos carezcan de responsabilidad. Significa que la presión externa modifica el terreno de posibilidades y se presenta como solución moral a una crisis cuya complejidad queda parcialmente reducida por los discursos dominantes.

La comunicación política internacional resulta decisiva en ambos casos. Las medidas coercitivas necesitan ser narradas como razonables. Para ello, se movilizan oposiciones morales: democracia frente a desviación, estabilidad frente a amenaza, ayuda frente a intervención, legalidad frente a desorden. Estas oposiciones pueden producir una apariencia de neutralidad, pero en realidad organizan jerarquías de interpretación. El análisis crítico del discurso permite revelar esa operación sin negar la existencia de conflictos reales en los países estudiados.

La dimensión mediática se conecta con el modelo de propaganda de Herman y Chomsky (1988), no en el sentido de una conspiración total, sino como convergencia estructural entre fuentes oficiales, intereses corporativos, rutinas informativas y marcos de política exterior. En ese contexto, ciertas crisis reciben visibilidad intensiva y otras permanecen en los márgenes. El problema no es solo qué se informa, sino cómo se estabiliza una lectura de la realidad que hace que algunas medidas parezcan inevitables.

Desde Foucault (2007), puede decirse que el poder produce campos de visibilidad. Cuba y Venezuela son observadas, medidas y clasificadas mediante informes, listas, sanciones, declaraciones y narrativas. La visibilidad no es neutral: selecciona problemas, define urgencias y orienta respuestas. La hegemonía contemporánea no necesita esconder siempre la coerción; muchas veces la muestra, pero la inscribe en un vocabulario de administración responsable.

Implicaciones para América Latina y el Caribe

El análisis tiene implicaciones para el estudio de América Latina y el Caribe. En primer lugar, muestra que la soberanía regional debe pensarse no solo como atributo jurídico, sino como práctica disputada. Los Estados pueden tener reconocimiento formal y, sin embargo, enfrentar dispositivos que restringen sus posibilidades de desarrollo, comercio, financiamiento o interlocución internacional. La soberanía, en este sentido, no es un punto de partida garantizado, sino un terreno de lucha permanente.

En segundo lugar, el artículo sugiere que la legitimidad internacional no se produce únicamente en organismos multilaterales. Aunque las votaciones de la Asamblea General ofrecen un dato fundamental, la disputa por legitimidad también se libra en medios, centros de pensamiento, discursos gubernamentales, informes técnicos y circuitos académicos. La política hemisférica se sostiene tanto por decisiones jurídicas como por relatos que enseñan a interpretar unas medidas como defensa del orden y otras como desafío inaceptable.

En tercer lugar, la comparación Cuba-Venezuela invita a revisar la relación entre recursos estratégicos y narrativas morales. En el caso venezolano, la centralidad petrolera no puede separarse de la intensidad de la disputa. En el caso cubano, la relevancia simbólica de la Revolución y de su política exterior soberana explica la persistencia de un conflicto que excede la economía inmediata. Ambos casos muestran que la materialidad y el sentido no son dimensiones separadas, sino componentes de una misma práctica de poder.

Finalmente, el artículo propone que una lectura latinoamericana de la política internacional debe resistir la naturalización del arbitraje estadounidense. Esto no implica negar debates internos, tensiones sociales o desafíos institucionales en los países de la región. Implica rechazar que esas tensiones se conviertan automáticamente en permiso para medidas coercitivas externas. La autodeterminación sigue siendo una condición fundamental para cualquier orden regional que aspire a ser verdaderamente plural.

CONCLUSIONES

El artículo ha analizado la política de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela como una articulación de coerción, legitimación y producción discursiva del orden hemisférico. A partir de una metodología cualitativa, una revisión histórico-interpretativa y una clarificación conceptual de corte analítico, se mostró que las medidas de presión no operan únicamente en el plano económico o jurídico. También producen significados, jerarquías y criterios de normalidad política.

El primer hallazgo es que existe una brecha persistente entre capacidad coercitiva y legitimidad internacional. Las votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas muestran un respaldo mayoritario a la necesidad de poner fin al bloqueo contra Cuba. Esta evidencia permite sostener que la continuidad de la política estadounidense no debe confundirse con aceptación multilateral. La fuerza de una medida no equivale a su legitimidad.

El segundo hallazgo es que Cuba y Venezuela son casos diferenciados de una misma racionalidad hemisférica. Cuba representa una larga duración de resistencia soberana y de rechazo internacional al bloqueo; Venezuela expresa una modalidad más reciente de sanciones, disputa por reconocimiento y presión sobre recursos estratégicos. En ambos casos, la autonomía regional es tratada como problema que debe ser gestionado, corregido o reconducido.

El tercer hallazgo es que la teoría crítica gana fuerza cuando se combina con precisión conceptual. La incorporación de una matriz analítica permite evitar ambigüedades y mostrar con mayor claridad cuándo una política exterior puede ser interpretada como disciplinamiento. Esta articulación entre crítica y delimitación conceptual fortalece el aporte del trabajo a los estudios de relaciones internacionales y comunicación política internacional.

Las limitaciones del estudio deben señalarse explícitamente. Primero, el artículo trabaja con un corpus documental y discursivo acotado al período 2015-2026, aunque incorpora antecedentes históricos indispensables para comprender el caso cubano. Segundo, la investigación no pretende medir causalmente todos los efectos económicos, sociales o humanitarios de las sanciones, sino interpretar su articulación con procesos de legitimación. Tercero, la comparación se concentra en Cuba y Venezuela, por lo que sus resultados no deben extrapolarse automáticamente a otros casos latinoamericanos sin un diseño empírico adicional. Finalmente, el análisis crítico del discurso conserva una dimensión interpretativa que exige transparencia en los conceptos, el corpus y los criterios de lectura.

Las investigaciones futuras podrían avanzar en tres líneas. La primera sería extender el análisis a otros casos regionales, como Nicaragua o Bolivia, para evaluar si la lógica de coerción y legitimación opera con la misma intensidad o con instrumentos distintos. La segunda consistiría en comparar narrativas mediáticas regionales e internacionales sobre Cuba y Venezuela, incluyendo medios latinoamericanos, estadounidenses y europeos. La tercera podría desarrollar indicadores cuantitativos más amplios sobre efectos económicos, licencias, sanciones sectoriales y votaciones multilaterales, con el fin de conectar análisis discursivo, economía política y recepción diplomática.

En síntesis, la política hemisférica estadounidense no se sostiene únicamente por sanciones, restricciones o instrumentos legales. Se sostiene también por una pedagogía internacional que busca definir qué proyectos políticos pueden ser considerados normales y cuáles deben ser presentados como excepciones problemáticas. Frente a ello, Cuba y Venezuela permiten observar la persistencia de la disputa latinoamericana por soberanía, autodeterminación y pluralidad en el orden internacional contemporáneo.

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CONFLICTO DE INTERESES

La autora declara que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.

AGRADECIMIENTOS

No aplica.

FINANCIACIÓN

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PREPRINT

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DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE DATOS

No aplica, ya que este es un estudio análisis bibliométrico.

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