INTRODUCCIÓN
Desde 2004, la exportación de servicios de salud se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos de divisas para Cuba (Pérez, 2008). A partir de este momento, el Gobierno de Estados Unidos de América —en lo adelante EE. UU.— implementó una estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos internacionales a fin de limitar la entrada de recursos económicos que esta actividad aportaba (Rivera, 2022).
Como parte del elemento comunicacional de la estrategia de boicot, hasta la primera década del 2000, se argumentó que los profesionales cubanos carecían de preparación, ocupaban las plazas de los nacionales y desarrollaban actividades de espionaje y promoción del comunismo (Rivera, 2022). Sin embargo, después de 2010, hubo un cambio en el enfoque y los convenios médicos fueron presentados como manifestaciones de esclavitud moderna y violadores de los derechos humanos de los integrantes de las Brigadas Médicas Cubanas —en lo adelante BMC—, con la complicidad de los Estados receptores (Rivera 2024c).
Las Organizaciones No Gubernamentales —en lo adelante ONG—, definidas ante la comunidad internacional como entes separados de los Gobiernos y sin fines de lucro, fueron uno de los actores de mayor protagonismo, y que mayor financiamiento recibieron para que documentaran violaciones de derechos humanos en las BMC. Las administraciones de Donald Trump y Joseph Biden, entre 2017 y 2024 destinaron siete millones de dólares a ese fin (Rivera, 2024a).
Los mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se convirtieron en escenario fundamental para presentar denuncias contra Cuba. Esto último es un proceso que permite a las personas, las comunidades, las organizaciones y los Estados pedir la prevención, la detención, la investigación o la adopción de medidas correctoras de violaciones de derechos humanos. La presentación de la denuncia inicia un proceso en el que las alegaciones son tramitadas por el mecanismo pertinente, que pueden ser los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, los Órganos de Tratados de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2025).
El presente trabajo analiza el modo en que las denuncias de violación de derechos humanos relativas a las BMC presentadas por ONG ante los mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contribuyeron a la estrategia de boicot del Gobierno de EE. UU. a los convenios médicos cubanos internacionales en el período 2017-2024. Para ofrecer respuesta al objetivo, entre septiembre de 2024 y junio de 2025, se realizó un estudio cualitativo, con el empleo de métodos teóricos y empíricos.
DESARROLLO
Evolución de las denuncias de violación de derechos humanos relativas a las BMC en el período 2001-2016
En el período 2001-2009, el Gobierno de EE. UU. acusó a Cuba de violación de derechos humanos en las instalaciones penitenciarias y limitaciones a las libertades políticas de los opositores. La administración Bush intentó estimular condenas en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y varios congresistas estadounidenses enviaron cartas al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para llamar la atención sobre la situación cubana. No obstante, no se estableció una asociación discursiva entre la violación de derechos humanos y las BMC (Rivera, 2024b).
Sobre los profesionales de la salud, los actores de la estrategia de boicot a los convenios médicos plantearon que desarrollaban actividades de inteligencia y adoctrinamiento comunista; no poseían la capacitación necesaria; y ocupaban las plazas de los nacionales. Eran vistos como agentes del Gobierno cubano. En el ámbito multilateral no fue emitida ninguna denuncia de violación de derechos humanos relativa a las BMC (Rivera, 2022).
Después de la aprobación del Programa de Admisión de Profesionales Médicos Cubanos —en lo adelante PAPMC—, en 2006, hubo una mención incipiente a los derechos humanos. Algunos profesionales emigrados, por primera vez, fueron presentados como víctimas de su Gobierno (Rivera, 2024a).
El tema de las misiones médicas no fue abordado en los Informes sobre Derechos Humanos de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), ni en los Informes Anuales sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de EE. UU. (U.S. Department of State, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), lo que sí ocurriría posteriormente. Hasta el cierre de 2009 la estrategia no contemplaba el discurso de violación de derechos humanos en las BMC, aunque ese Gobierno ejerció presión sobre los Estados receptores de BMC para la cancelación de los convenios (Rivera, 2022).
Desde esta etapa comenzó la vinculación de ciertas ONG con los objetivos de la estrategia de boicot, sobre todo en el ámbito comunicacional. Human Rights Watch (2005) cuestionó a Cuba por la separación familiar de los médicos que abandonaban los convenios. Asimismo, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (2007, 2012) —en lo adelante CADAL—, definió la exportación de servicios de salud como uno de los puntales de política exterior del Estado caribeño, que contribuía a generar percepciones positivas en los Gobiernos mediante la diplomacia médica.
El discurso contra las BMC hasta 2009 priorizaba aspectos políticos, pero aún no se había definido como línea de mensaje principal la violación de los derechos humanos de los profesionales. No obstante, la actividad de las ONG se enfocó en lograr mayor alcance para la difusión de temas vinculados con derechos humanos que desacreditasen los convenios médicos.
Durante la etapa 2010-2016 el Gobierno de EE. UU. reiteró la acusación de violaciones de derechos humanos de los opositores (Rivera, 2024b). En el caso de los convenios médicos, el presidente Barack Obama mantuvo activo el PAPMC, cancelado pocos días antes de su salida de la Casa Blanca. Un aspecto novedoso fue la sistematización de las denuncias de violación de derechos humanos relativas a las BMC como parte de la estrategia de boicot, lo que enriqueció el componente comunicacional y constituyó un salto cualitativo en el que el profesional fue presentado como víctima del Gobierno, y no agente.
Se defendió el criterio de que Cuba se enriquecía sobre la base de un sistema de esclavitud moderna. Ello estableció un contraste con la etapa precedente, pues los argumentos con enfoque político marcado —dirigidos explícitamente al Gobierno cubano—, dejaron de constituir las líneas de mensaje principales del discurso, y se reforzó una línea más humanitaria, centrada en los profesionales.
El año 2010 constituyó el punto de partida de la consolidación del componente comunicacional de la estrategia de boicot. En febrero, ocho profesionales acogidos al PAPMC demandaron a Cuba, Venezuela y a la empresa petrolera estatal venezolana, en Miami, por someterlos a trabajar en “condiciones de esclavitud moderna”, como pago por la deuda cubana con el Estado suramericano por el suministro de petróleo. Esta fue la primera alusión directa al término “esclavitud” en el caso de los convenios médicos (Rivera, 2022).
Un caso que por su relevancia debe ser mencionado es el Programa Mais Médicos en Brasil, vigente entre 2013 y 2018. En ese país la prensa y otros actores articularon líneas de mensaje que victimizaban a los profesionales, como consecuencia de un fenómeno en el que varios miembros de la BMC que abandonaron el convenio, demandaron a Cuba por trabajo esclavo (Rivera, 2022).
En el período, los actores discursivos incluyeron referencias a la Organización de Naciones Unidas para llamar la atención de dicho organismo sobre las supuestas prácticas de trabajo esclavo del Gobierno cubano y lograr una condena. El propósito de difundir las denuncias fue enriquecer el componente comunicacional de la estrategia de boicot. La difusión de los términos “trabajo esclavo”, “trata de personas” y “trabajo forzado” como nuevas formas de esclavitud emprendidas por Cuba y, en última instancia, como violación de derechos humanos, aseguró un elemento contundente que generaría la condena a nivel global.
Rol de las ONG con mayor incidencia en los mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la estrategia de boicot del Gobierno de EE. UU. en el período 2017-2024
Durante el primer mandato de Donald Trump se reconoció la importancia de que la estrategia de boicot contra los convenios médicos cubanos internacionales tuviera un componente comunicacional (Rivera, 2024a), y se apostó por establecer la matriz de opinión de “trabajo esclavo” asociada a las BMC (Rivera, 2022). En este contexto, las ONG se convirtieron en un actor fundamental.
Resulta válido analizar el enfoque que ofreció Vivanco (1994) sobre el rol de las ONG de derechos humanos en el contexto internacional. Este autor fungió como Director para Las Américas de la ONG Human Rights Watch durante 28 años (HiCue Speakers, 2025), vinculada con la estrategia de boicot. Presentó las ONG como asociaciones privadas que asumen voluntariamente la misión de fiscalizar en el entorno público el respeto de un Estado por los derechos humanos, cuyo resultado es presentado a la opinión pública nacional e internacional y a los procedimientos de defensa de derechos humanos previstos en los tratados internacionales, a nivel de las Naciones Unidas.
El Gobierno de EE. UU. financió la búsqueda de testimonios de presuntas violaciones a los derechos humanos de los profesionales de la salud para validar sus acciones contra Cuba. La importancia que otorgó a las ONG para el ejercicio de esta función se constató en el apoyo financiero brindado mediante la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional —en lo adelante USAID—, durante las administraciones de Donald Trump y Joe Biden. En conjunto destinaron siete millones de dólares a ONG reconocidas por su historial subversivo para documentar las presuntas violaciones de los derechos humanos en las BMC (Rivera & Jiménez, 2023a, 2023b).
La matriz de opinión que promovieron las ONG planteó que Cuba utilizaba los convenios médicos para obtener recursos económicos y prestigio a nivel global, mediante un “esquema de explotación laboral” en las BMC; y priorizaron la línea de mensaje de “trabajo esclavo”. Para validar su discurso referenciaron gran cantidad de fuentes, tanto oficiales cubanas, como de otros actores de la estrategia, y el contenido de la legislación internacional que aborda el tema fue utilizado para demostrar profundidad en el trabajo de búsqueda y análisis de la información. Los resultados de su investigación, en apariencia amplia y objetiva, trataron de legitimar el discurso de las ONG ante los organismos internacionales responsables de la protección de los derechos humanos.
Las ONG enviaron materiales a los medios de prensa, y el principal resultado fue la polarización de la opinión pública internacional respecto de la matriz de opinión creada. Si bien la línea de mensaje de “trabajo esclavo” coincidía en gran medida con la del Gobierno de EE. UU. y podía estar marcada por intereses políticos contrapuestos, una gran parte del público receptor confió en la presunta neutralidad de las ONG frente a temas de derechos humanos y, por tanto, no visualizó una subordinación de estas a intereses gubernamentales.
Las ONG se insertaron en la estrategia de boicot como mediadores de intereses hegemónicos de EE. UU. y no como actores independientes. Su rol fue enriquecer el componente comunicacional y elevar el nivel de articulación de los actores involucrados. Sus acciones fundamentales fueron la difusión de la línea de mensaje de trabajo esclavo asociado a las BMC en medios de comunicación y la presentación de informes de denuncia ante los mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de generar condenas a Cuba.
En particular, Prisoners Defenders emprendió la acción jurídica contra Cuba en Naciones Unidas sobre la base del supuesto interés por los derechos humanos de los profesionales de la salud. El propósito esencial fue criminalizar los convenios médicos y lograr que en esas instancias condenaran a Cuba por esta causa. Aportó argumentos para que la Isla fuera cuestionada por medios de comunicación, otras ONG, parlamentarios, académicos, funcionarios gubernamentales y el propio Departamento de Estado de EE. UU.
Entre las organizaciones que recibieron los informes de esta ONG y los referenciaron, se encuentran el Parlamento Europeo y su Servicio de documentación de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, las ONG Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como los medios de comunicación The New York Times y The Washington Post (Prisoners Defenders, 2025).
De manera especial se destaca la referencia en los Informes Anuales sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de EE. UU. (U.S. Department of State, 2022, 2023, 2024). Esto demostró una metodología de trabajo cerrada, en la que la ONG ofreció información al Gobierno de EE. UU. para la elaboración de sus informes anuales sobre Cuba, los cuales el actor gubernamental empleó para ejercer presión política sobre la Isla y Estados receptores de BMC para justificar las sanciones. Luego, la ONG proclamó el reconocimiento de su investigación por el Gobierno de EE. UU. y, como resultado, legitimó su trabajo ante la opinión pública internacional, a la vez que reforzó el criterio de que Cuba violaba los derechos humanos de sus profesionales de la salud.
Se demostró el vínculo de Prisoners Defenders con otros actores de la estrategia de boicot como Cuba Archive, Victims of Communism Memorial Foundation, The Global Liberty Alliance, el Instituto Fe y Libertad, Outreach Aid to the Americas, y Gremio Médico Cubano Libre, Human Rights Watch, Civil Rights Defenders, Organización de Estados Americanos, USAID, CADAL.
La ONG CADAL también desempeñó un rol esencial como parte de la estrategia de boicot del Gobierno de EE. UU. a los convenios médicos cubanos. Constituyó una fuente de financiamiento para el resto de las ONG mediante procesos de terciarización de fondos provenientes del Gobierno de EE. UU. Tomando en cuenta el alcance internacional de su labor y la capacidad de incidencia en mecanismos de protección de derechos humanos que ha logrado, representó un valioso canal de difusión de las denuncias contra los convenios y legitimó el contenido de estas.
Las interacciones con las ONG Civil Rights Defenders, El Toque, Human Rights Foundation, Human Rights Watch y Freedom House evidenciaron el nexo establecido entre diferentes actores que encauzaron su discurso contra el Gobierno cubano y los convenios médicos. Los aspectos más recurrentes en sus acciones conjuntas fueron las acusaciones por el tema de los presuntos presos políticos y las denuncias de violación de derechos humanos relativas a las BMC.
Otra ONG importante fue Cuba Archive, la que se insertó en la estrategia de boicot como un actor especializado en la recopilación de supuestas evidencias de violaciones de derechos humanos relativas a las BMC, para su posterior difusión en medios de comunicación. Fungió como ente compilador de información sobre Cuba, la que fue tributada al Departamento de Estado de EE. UU. para la elaboración de sus informes anuales y ante los mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sus informes fueron empleados como argumento para justificar las medidas agresivas de EE. UU. contra la Isla y para estimular la condena en ámbitos multilaterales por presunta violación de derechos humanos.
Cuba Archive potenció la línea de mensaje que presentó a las BMC como forma de esclavitud moderna y estimuló a los profesionales de la salud cubana en el exterior a acceder a tribunales de justicia para tramitar denuncias por este motivo e imponer sanciones contra el Estado cubano. En 2021, 2022 y 2023, presentó contribuciones para el Informe sobre Trata de Personas de la Oficina para el Monitoreo y la Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Estado de EE. UU. (Cuba Archive, 2023; Cuba Archive et al., 2022; Cuba Archive & Victims of Communism Memorial Foundation, 2021). En 2024, el Departamento de Estado de EE. UU. reconoció a Maria C. Werlau, su directora, como una de las heroínas del Informe de Tráfico de Personas 2024 por su trabajo sobre las BMC (Cubanet, 2024).
Evolución de las denuncias de violación de derechos humanos relativas a las BMC presentadas por ONG ante los mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el período 2017- 2024
En el periodo 2017-2024 el componente comunicacional de la estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos internacionales resultó esencial para la consecución de sus objetivos. La evolución de las denuncias de violación de derechos humanos relativas a las BMC, especialmente las presentadas por ONG ante las Naciones Unidas, demostró la articulación del discurso para lograr condenas por los mecanismos de Derechos Humanos. Doce ONG, con diferentes niveles de participación, presentaron once denuncias en esas instancias.
Se identificaron dos dinámicas clave en la evolución. En la dimensión cualitativa, se transitó de acusaciones generales contra el supuesto esquema de explotación laboral a documentos jurídicos estructurados y respaldados por una cifra creciente de testimonios. En lo comunicacional, se constató el tránsito desde denuncias breves y discretas hacia una campaña mediática para legitimar la narrativa de que Cuba violaba los derechos humanos de sus profesionales de la salud y, con ello, presionar políticamente a los Estados receptores de BMC.
En los primeros años del periodo, el Estado cubano fue denunciado por trata de personas y trabajo forzoso como nuevas formas de esclavitud. A partir de la articulación del discurso de las ONG y la especialización de Prisoners Defenders como actor que llevó a cabo las denuncias, se acusó a Cuba de la comisión de crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos contra sus profesionales en el exterior. Hubo un perfeccionamiento en el contenido de las denuncias por la profundización de los elementos jurídicos.
En 2017 las denuncias se centraron en acusaciones generales de trata de personas como forma de esclavitud moderna. Destacaron dos cartas enviadas por las ONG Cuba Archive y Human Rights Foundation (2017), y Foundation for Human Rights in Cuba (2017), a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las víctimas de trata de personas, especialmente mujeres y niños, María Grazia Giammarinaro, en el contexto de su viaje oficial al país. Aunque incluyeron referencias a las BMC, el enfoque principal fue el supuesto esquema de explotación laboral cubano. No emplearon testimonios de presuntas víctimas, no tuvo un enfoque jurídico y no se evidenció la coordinación entre ellas.
En 2018 no hubo denuncias ante los mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En mayo de 2019, la ONG Prisoners Defenders, creada en al año anterior, presentó la denuncia “Misiones de Internacionalización” relativa a las BMC ante la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas, como Comunicación para inicio de procedimiento especial en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Incluyeron testimonios de 110 presuntas víctimas de violación de derechos humanos (Prisoners Defenders, 2019), los que fueron ampliados en los años siguientes en tres nuevas denuncias.
Hasta el momento había sido frecuente en el discurso el cuestionamiento a la transparencia de los convenios como forma de cooperación y al aspecto solidario, mediante el abordaje de la presunta falsificación de estadísticas como parte de la corrupción en el trabajo para justificar la eficiencia de las misiones y su financiamiento. A partir de 2019 el tema fue relegado debido a que Prisoners Defenders priorizó los argumentos jurídicos.
Entre 2019 y 2021 las denuncias de violación de derechos humanos relativas a las BMC ante Naciones Unidas consolidaron su enfoque estratégico. Hubo mayor articulación entre los documentos y se adoptó como práctica la acumulación de evidencias y el crecimiento de las cifras de testimoniantes. Se sistematizó la narrativa sobre las BMC como forma moderna de esclavitud. Destacó la participación directa de las ONG en la generación de contenido, posteriormente utilizado en los Informes sobre Trata de Personas y de Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE. UU. Esto contribuyó a justificar las medidas coercitivas unilaterales de ese Gobierno contra la Isla y las acciones de la estrategia de boicot.
En 2021 seis ONG enviaron una carta de denuncia conjunta al Experto Independiente sobre Derechos Humanos y Solidaridad Internacional de Naciones Unidas, como respuesta a un informe que valoró positivamente la labor de las BMC durante la pandemia de COVID-19 (Rivera, 2022). A partir de este año, en coincidencia con el fortalecimiento de las denuncias de Prisoners Defenders y el cuestionamiento al componente solidario de las misiones médicas, el tema del control político y la represión en las BMC se consolidó como línea fundamental del discurso. Se mencionó el supuesto control ideológico de los profesionales, la vigilancia por coordinadores, la obligatoriedad de participar en actos políticos y las amenazas contra sus familias.
En 2022 se produjo un salto cualitativo en la articulación del discurso de las ONG. Se diversificaron los mecanismos receptores: Comité contra la Tortura, Comité de los Derechos del Niño y Relatores Especiales. Además, se incluyeron nuevas líneas de mensaje para ampliar las presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos, como la separación familiar forzada a la que el Gobierno cubano sometía a los profesionales y sus familiares.
Ocurrió un perfeccionamiento técnico en el discurso, que contribuyó a ampliar su aparente rigor. La mención a experiencias relacionadas con el abandono de los convenios tuvo un crecimiento escalonado, a medida que aumentó el número de testimonios en las denuncias. Los profesionales declararon haber sido sometidos a difíciles condiciones laborales y personales, y sanciones como la imposibilidad de regresar al país (Prisoners Defenders, 2020, 2022, 2024).
La recopilación de testimonios tuvo como finalidad personalizar la narrativa, generar empatía mediante móviles de compasión e incrementar la credibilidad del enfoque acusatorio mediante el uso de experiencias individuales. Se estableció mayor organización en la estructura jurídica de los documentos presentados en Naciones Unidas.
La criminalización y represión directa sobre los trabajadores de la salud que se organizaron, manifestaron o intentaron abandonar los convenios, fue un tema reforzado en las denuncias desde 2022. Esto aportó un argumento jurídico sólido para justificar el uso de términos como “represión” o “violación sistemática”. La importancia de este tópico estuvo determinada por el sustento que ofreció a la acusación de que las BMC no eran solo mecanismos de explotación laboral, sino que formaban parte de un sistema más amplio de represión del Gobierno.
Hacia 2024 se consolidó la narrativa sobre esclavitud moderna en las BMC y Prisoners Defenders emitió su cuarta denuncia como Comunicación para procedimiento especial. Resultó evidente la articulación de sus acciones y los testimoniantes fueron presentados como denunciantes.
El empleo de los mecanismos de Naciones Unidas para realizar las denuncias y la definición de marcos legales específicos otorgó un tono más técnico y profesional al trabajo de las ONG. Prisoners Defenders fue la organización que ofreció mayor peso a este enfoque. Se articularon los fundamentos jurídicos utilizados, incluyendo referencias a tratados internacionales, al Derecho Humanitario y a las definiciones de trabajo forzado y esclavitud moderna. El propósito fue proporcionar legitimidad jurídica internacional a los informes, presentar las denuncias como irrefutables y alinear el discurso con el lenguaje de los mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las alusiones en el discurso a contratos específicos considerados abusivos, fundamentalmente por el argumento de retención de salarios, tuvo un tratamiento discontinuo en el tiempo, pero significativo. Se intentó ampliar la red de responsabilidad con las prácticas de trabajo esclavo más allá de Cuba, involucrando a países receptores y organismos internacionales en el esquema supuestamente ilegal. El decrecimiento hacia los últimos años pudo haber estado asociado con el desplazamiento por otros temas con un enfoque jurídico más estructurado.
Los datos del análisis temático indicaron una evolución de las denuncias más formal que conceptual. Argumentos centrales como explotación laboral, control riguroso y separación familiar se mantuvieron, pero se presentaron cada vez de manera más enfática y profesional. Esta evolución se alineó con los propósitos de la estrategia de boicot, pues buscó construir una matriz de opinión sólida y creíble ante los mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que a su vez fuese reproducible por los medios de comunicación, entre otros actores.
El tránsito de las denuncias de lo testimonial hacia un enfoque técnico demostró la formalización del discurso —particularmente por Prisoners Defenders—, así como la instrumentalización jurídica y comunicacional de los documentos. Se evidenció, asimismo, la intención de ampliar la presión internacional mediante el lenguaje propio del Derecho de los Derechos Humanos.
CONCLUSIONES
Las denuncias contra Cuba por presunta violación de derechos humanos han sido una herramienta permanente empleada por el Gobierno de EE. UU. para justificar sus medidas de cerco económico. Hasta el 2010 este tema no había sido integrado al discurso de los actores de la estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos. Se priorizaba la difusión de las campañas de descrédito a las BMC mediante líneas de mensaje referidas a la incapacidad de los profesionales y sus supuestas funciones de adoctrinamiento comunista. La asociación entre trabajo esclavo y BMC fue iniciada en 2010, y los profesionales de la salud se convirtieron en víctimas de un esquema de explotación laboral.
Desde la primera administración de Donald Trump, las ONG fueron empleadas para documentar presuntas violaciones de derechos humanos relativas a las BMC. El rol fundamental que desempeñaron fue el enriquecimiento del componente comunicacional de la estrategia de boicot, el incremento de la articulación de los actores involucrados en esta y el estímulo a la separación de los profesionales de la salud de las BMC.
Las denuncias presentadas por ONG ante Naciones Unidas entre 2017-2024 demostraron un proceso de sistematización del discurso, determinado por el incremento de la cantidad de testimonios e informes, la articulación de los actores, la diversificación de los mecanismos ante los cuales se enviaron los documentos y una orientación jurídica cada vez más consolidada. Las acusaciones transitaron desde la trata de personas y el trabajo forzado como nuevas formas de esclavitud, hasta crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2001). Country Report on Human Rights Practices. Cuba. Obtenido de https://2009- 2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2001/wha/119155.htm
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2002). Country Report on Human Rights Practices. Cuba. Obtenido de https://2009- 2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2002/wha/119155.htm
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2003). Country Report on Human Rights Practices. Cuba. Obtenido de https://2009- 2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2003/wha/119155.htm
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2004). Country Report on Human Rights Practices. Cuba. Obtenido de https://2009- 2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2004/wha/119155.htm
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2005). Country Report on Human Rights Practices. Cuba. Obtenido de https://2009- 2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2005/wha/119155.htm
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2006). Country Report on Human Rights Practices. Cuba. Obtenido de https://2009- 2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2006/wha/119155.htm
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2007). Country Report on Human Rights Practices. Cuba. Obtenido de https://2009- 2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/wha/119155.htm
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2008). Country Report on Human Rights Practices. Cuba. Obtenido de https://2009- 2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2008/wha/119155.htm
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2009) Country Report on Human Rights Practices. Cuba. Obtenido de https://2009- 2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/wha/119155.htm
Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (2007). Relaciones internacionales de Cuba 2006. Obtenido de https://www.cadal.org/documentos/documento_67.pdf
Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (2012). Epidemias en Cuba, de eso no se habla. CADAL.ORG. Obtenido de https://www.cadal.org/prensa/?id=5233
Cuba Archive (2023). Forced/compelled labor (trafficking in persons) by the Cuban state in its “internationalist medical missions” Information for the 2023 Trafficking in Persons Report for the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons of the U.S. Department of State. Obtenido de https://cubaarchive.org/wpcontent/uploads/2023/02/2023-TIP-Information-Submission-FINAL-2.1.2023.pdf
Cuba Archive, & Human Rights Foundation (2017). URGENT SUBMISSION Cuba’s Human Trafficking Business: A Huge State-Run Enterprise. To the attention of: The UN Special Rapporteur on the human rights of victims of human trafficking, especially women and children, Maria Grazia Giammarinaro. Obtenido de https://docs.wixstatic.com/ugd/4a3a56_83430c53b8ba41209ae338c0b00af97e.p d
Cuba Archive, & Victims of Communism Memorial Foundation (2021). Forced/compelled labor (trafficking in persons): Cuba’s “internationalist medical missions” Information for the 2021 Trafficking in Persons Report Submission to the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons of the U.S. Department of State. Obtenido de https://cubaarchive.org/wp-content/uploads/2021/02/2021-TIP-Cuba-InformationSubmission-Final.pdf
Cuba Archive, Outreach Aid to the Americas & Victims of Communism Memorial Foundation (2022). Forced/compelled labor (trafficking in persons) by the Cuban state: The “internationalist medical missions” Information for the 2022 Trafficking in Persons Report for the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons of the U.S. Department of State. Obtenido de https://cubaarchive.org/wpcontent/uploads/2022/06/2022-TIP-Cuba-Information-Submission-Final.pdf
Cubanet (2024, junio 24). Gobierno de EE.UU. premia a María Werlau por su labor contra el tráfico humano. Cubanet. Obtenido de https://www.cubanet.org/gobierno-de-ee-uupremia-a-maria-werlau-por-su-labor-contra-la-trata-humana/
Foundation for Human Rights in Cuba (2017, abril 10). Carta abierta a la Sra. Maria Grazia Giammarinaro, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Trata de Personas, Especialmente en Mujeres y Niños | Foundation for Human Rights in Cuba. Obtenido de https://fhrcuba.org/es/2017/04/carta-abierta-la-sra-maria-graziagiammarinaro-relatora-especial-de-las-naciones-unidas-sobre-la-trata-depersonas-especialmente-en-mujeres-y-ninos/
HiCue Speakers (2025). José Miguel Vivanco | HiCue Speakers. Obtenido de https://hicuespeakers.com/es/conferencistas/jose-miguel-vivanco.html
Human Rights Watch (2005). Families Torn Apart. Human Rights Watch. Obtenido de https://www.hrw.org/report/2005/10/18/families-torn-apart/high-cost-us-andcuban-travel-restrictions
Office of the High Commissioner for Human Rights (2025). Notificación de violaciones. OHCHR. Obtenido de https://www.ohchr.org/es/reporting_violations
Pérez, O. E. (2008). La economía en Cuba: Un balance necesario y algunas propuestas de cambio. Obtenido de https://biblat.unam.mx/hevila/Nuevasociedad/2008/no216/5.pdf
Prisoners Defenders (2019). COMUNICACION PROCEDIMIENTO ESPECIAL NACIONES UNIDAS 3.0.pdf. Google Docs. Obtenido de https://drive.google.com/file/d/1HmBKCqdeSv7gQAi_M1YbrwJfXgU7gPs/view?usp=drive_open&usp=embed_facebook
Prisoners Defenders (2020). Complaint Case—622 Cuban Doctors vs the Cuban Government v5.0.pdf. Google Docs. Obtenido de https://drive.google.com/file/d/1UyLbvZOymrcNNRNHgd6ELA9AC6PGMT7u/view ?usp=drive_open&usp=embed_facebook
Prisoners Defenders (2022). Case 1111 Cuban professionals vs. Cuban Government— UN.pdf. Google Docs. Obtenido de https://drive.google.com/file/d/1a3OFTI1G_DjfaFaOfpIuuBXVTP9s4U2w/view?us p=embed_facebook
Prisoners Defenders (2024). Case 1402 Cuban professionals vs. Cuban Government— ICC&UN.pdf. Google Docs. Obtenido de https://drive.google.com/file/d/1FqjblW1h- 9d83pKT5jqObeiSVd9ALK1Z/view?usp=drive_link&usp=embed_facebook
Prisoners Defenders (2025). Sobre Prisoners Defenders. Obtenido de https://www.prisonersdefenders.org/sobre-prisoners-defenders/
Rivera, O. (2022). La Casa Blanca contra las Batas Blancas. La Habana: Casa Editorial Verde Olivo.
Rivera, O. (2024a). Acciones comunicacionales para el tratamiento de los convenios médicos cubanos internacionales en la Estrategia General de Comunicación del MINREX hasta 2026 [Tesis de Especialidad de Posgrado en Servicio Exterior 2da edición]. Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”.
Rivera, O. (2024b). Cuba El enemigo que no existe. Apuntes para entender la retórica anticubana de las administraciones estadounidenses. La Habana: Editorial Política Internacional.
Rivera, O. (2024c). Estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos en América Latina y el Caribe en el período 2001-2023 [Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Salud]. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Escuela Nacional de Salud Pública.
Rivera, O., & Jiménez, Y. (2023a). ¿Por qué Cuba no es considerada en la estrategia de salud de la administración Biden? Revista Política Internacional. Obtenido de https://rpi.isri.cu/index.php/rpi/article/view/443
Rivera, O., & Jiménez, Y. (2023b). Un nuevo proyecto estadounidense contra las brigadas médicas cubanas. Revista Cubana de Medicina Militar. Obtenido de https://remedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/22974/2220
U.S. Department of State (2001). Report on Human Trafficking. U.S. Department of State. Obtenido de https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2001/index.htm
U.S. Department of State (2002). Report on Human Trafficking. U.S. Department of State. Obtenido de https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2002/index.htm
U.S. Department of State (2003). Report on Human Trafficking. U.S. Department of State. Obtenido de https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2003/index.htm
U.S. Department of State (2004). Report on Human Trafficking. U.S. Department of State. Obtenido de https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2004/index.htm
U.S. Department of State (2005). Report on Human Trafficking. U.S. Department of State. Obtenido de https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2005/index.htm
U.S. Department of State (2006). Report on Human Trafficking. U.S. Department of State. Obtenido de https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2006/index.htm
U.S. Department of State (2007). Report on Human Trafficking. U.S. Department of State. Obtenido de https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2007/index.htm
U.S. Department of State (2008). Report on Human Trafficking. U.S. Department of State. Obtenido de https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2008/index.htm
U.S. Department of State (2009). Report on Human Trafficking. U.S. Department of State. Obtenido de https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2009/index.htm
U.S. Department of State (2022). Report on Human Trafficking. U.S. Department of State. Obtenido de https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-inpersons-report/cuba/
U.S. Department of State (2023). Report on Human Trafficking. U.S. Department of State. Obtenido de https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-inpersons-report/cuba/
U.S. Department of State (2024). Report on Human Trafficking. U.S. Department of State. Obtenido de h https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-inpersons-report/cuba/
Vivanco, J. M. (1994). LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS. En Estudios básicos de derechos humanos (pp. 275- 294). Obtenido de http://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/a12054.pdf
CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.
AGRADECIMIENTOS
No aplica.
CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:
Amanda Martínez Crespo: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Redacción – borrador original
Omar Stainer Rivera Carbó: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Supervisión, Redacción – revisión y edición.
FINANCIACIÓN
No existe financiamiento externo a los autores ni otros compromisos.
PREPRINT
No publicado.
DECLARACIÓN DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN
No aplica.
DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE DATOS
No aplica, ya que este es un estudio análisis bibliométrico.
DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Política Internacional los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.