INTRODUCCIÓN
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) constituye una de las principales amenazas para la gobernanza de los ecosistemas marinos. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), define esta práctica como un conjunto amplio de actividades pesqueras que vulneran las normas nacionales o internacionales de conservación y gestión de los recursos marinos1. Se manifiesta en todos los niveles y modalidades de pesca, tanto en aguas bajo jurisdicción nacional como en alta mar, y puede vincularse en algunos casos con redes de delincuencia organizada transnacional (FAO, 2024).
La región de África Occidental2 es considerada actualmente epicentro mundial de este tipo de pesca, perpetrada principalmente por grandes flotas extranjeras asiáticas y europeas, las cuales agotan rápidamente las reservas de peces, con un costo anual multimillonario para las economías africanas. La corrupción local y la insuficiente capacidad de vigilancia y aplicación de la ley en los países de la región exacerban el problema, permiten que las flotas industriales exploten los recursos y socavan los medios de vida de los pescadores artesanales locales.
La crisis de recursos marinos derivada de la pesca INDNR no solo amenaza la seguridad alimentaria y el empleo, sino que también se vincula con el aumento de la migración irregular de jóvenes hacia Europa y los daños significativos provocados a los ecosistemas marinos. A pesar de ello, con el propósito de mitigar y revertir el impacto de este fenómeno se han implementado medidas a nivel internacional, regional y nacional que representan grandes avances en el enfrentamiento a este flagelo.
Sin embargo, a pesar del establecimiento de medidas de control a varios niveles, persisten desafíos vinculados con la corrupción, la falta de transparencia, la debilidad institucional y la falta de ratificación de acuerdos internaciones que posibilitan que las grandes pesqueras multinacionales continúen con la extracción de recursos vitales para sostener sus economías en detrimento del desarrollo de los países africanos, lo cual perpetúa patrones de dependencia económica.
Con el propósito de abordar esta problemática diversos estudios sobre la pesca INDNR en África Occidental han analizado el fenómeno desde diversas perspectivas académicas. Autores como Belhabib (2017) y Standing (2017) han documentado las dimensiones económicas y de seguridad humana, a partir de lo cual han evidenciado las pérdidas multimillonarias y los vínculos con redes criminales transnacionales. Desde un enfoque de gobernanza global, investigaciones como las de Paes (2022) y Martínez Bueno (2023) analizan la eficacia de los mecanismos institucionales y de cooperación regional para enfrentar la pesca ilegal.
Paralelamente, organizaciones como la FAO (2022, 2024) y la Financial Transparency Coalition (2021, 2022) han aportado datos empíricos cruciales sobre el impacto de la sobrepesca y la opacidad corporativa. Sin embargo, la literatura existente tiende a abordar de manera fragmentada las causas estructurales externas y su interrelación con las debilidades institucionales locales. El presente artículo busca llenar este vacío mediante un análisis integrador que vincula los impulsores globales de la pesca INDNR con sus manifestaciones regionales y las respuestas políticas implementadas entre 2000 y 2024.
Metodológicamente, esta investigación se basa en un enfoque cualitativo de tipo documental. Se realizó una revisión crítica de fuentes secundarias, seleccionadas conforme a los siguientes criterios: a) período de publicación comprendido entre 2000 y 2024, para abarcar un cuarto de siglo de evolución del fenómeno y las respuestas institucionales; b) tipología de fuentes, que incluye artículos académicos, informes de organismos internacionales (FAO, Banco Mundial, OMC), documentos de política (reglamentos UE, acuerdos internacionales) y reportes de organizaciones no gubernamentales especializadas (EJF, Greenpeace, Financial Transparency Coalition); c) relevancia temática directa con pesca INDNR en África Occidental. Como limitación metodológica reconocida a priori, se asume la dependencia de datos secundarios que pueden contener sesgos institucionales, así como la dificultad inherente para cuantificar con precisión actividades ilegales que, por su naturaleza, eluden los registros oficiales.
El presente artículo tiene como objetivo general analizar la pesca INDNR en África Occidental como un problema estructural a partir de sus causas, efectos y las respuestas institucionales existentes.
DESARROLLO
La pesca constituye un sector fundamental para la economía y subsistencia de los países costeros africanos dado su rol como una de las principales fuentes de alimentación y empleo. Sin embargo, la mayoría de quienes se dedican a la pesca en África Occidental son pescadores artesanales pertenecientes a comunidades costeras con recursos limitados, y su actividad representa una fracción relativamente pequeña de la flota pesquera mundial.
No obstante el reducido tamaño de la industria pesquera africana, el continente ha cobrado en los últimos años gran importancia como uno de los principales destinos de los barcos pesqueros de las flotas extranjeras más desarrolladas, principalmente China, Japón, Taiwán, Corea del Sur y países de la Unión Europea, puesto que la región se encuentra ubicada en la convergencia entre el océano Atlántico, alrededor de las Islas Canarias y el Golfo de Guinea, dos áreas de pesca especialmente productivas (Figura 1).
Figura 1. Zona 34 Atlántico Centro-Oriental que abarca las principales zonas pesqueras frente a la costa de África Occidental.
- Fuente: https://www.fao.org/fishery/en/area/fao:34/en
Según datos de la FAO (como se cita en Belhabib, 2017), estas flotas han incurrido en un saqueo a gran escala de los recursos pesqueros de la región, pues casi el 40 % del pescado capturado en África Occidental proviene de actividades pesqueras ilícitas, por lo que es considerada la región con los mayores niveles de pesca INDNR a nivel mundial. Además, se trata de una actividad compleja, puesto que involucra a gran cantidad de actores, es difícil de rastrear, no se limita a zonas concretas y existen vacíos legales respecto a su regulación, lo que dificulta en gran medida su control (Martínez Bueno, 2023, p. 10) y produce consecuencias devastadoras que se extienden mucho más allá de las pérdidas financieras, pues abarca también los ámbitos político, social y medioambiental.
Impulsores estructurales y métodos empleados
El interés de las compañías extranjeras en la pesca africana obedece principalmente a dos razones estructurales interrelacionadas. La primera es el progresivo agotamiento de los caladeros en sus aguas de origen. En Europa, pese a la Política Pesquera Común3, una proporción elevada de las poblaciones de peces permanece sobreexplotada, lo que limita el potencial de captura doméstico (Comisión Europea, 2023). De forma paralela, en Asia, la región de mayor consumo mundial, la intensa presión pesquera ha llevado al agotamiento de áreas clave en sus mares regionales (FAO, 2022). Esta escasez relativa impulsa a sus flotas, a menudo subsidiadas, a expandir sus operaciones hacia regiones con recursos aún explotables y capacidades de vigilancia limitadas, como África Occidental.
La segunda razón es la creciente industrialización del sector a escala global, particularmente el auge de la acuicultura (Figura 2). Este sector, que ya aporta más de la mitad del pescado para consumo humano, depende críticamente de la harina de pescado, para cuya producción se destina alrededor del 20% de las capturas marinas silvestres mundiales (Cottrell et al., 2021). África Occidental, rica en pequeñas especies de bajo valor comercial como la sardinella, se ha convertido así en un destino estratégico para abastecer esta cadena de valor global, lo cual ejerce una presión adicional e insostenible sobre sus ecosistemas marinos.
Figura 2. Aumento de la producción mundial de la acuicultura.
Fuente: https://doi.org/10.4060/cc0461es.
En ese orden, según FAO (2024), solo el 48,7% de las poblaciones de peces en la zona pesquera africana se explota de forma sostenible, mientras la mayor parte son objeto de la sobreexplotación. Sin embargo, la información de la que se dispone para ahondar en esta problemática se encuentra limitada, puesto que, aunque la mayoría de los países ha elaborado sistemas para recopilar y analizar estadísticas de pesca y acuicultura, el alcance y la frecuencia de la recopilación de datos aún constituye un desafío en cuanto al uso de procesos estandarizados y el logro de una mayor capacidad de recopilación, digitalización y análisis de datos (FAO, 2024).
A las dificultades que enfrentan los países africanos para proporcionar un mayor acceso a la información, se suma la falta de transparencia empleada como método por las compañías pesqueras extranjeras ante la necesidad de expansión tanto para proveer los mercados como para producir a escala industrial. Ello ha permitido que las flotas operen sin rendir cuentas y evadan las regulaciones locales.
En ese sentido, una de las herramientas empleadas ha sido el uso de estructuras corporativas complejas que impiden conocer a los beneficiarios reales de los buques. Así, los operadores recurren a empresas ficticias, subsidiarias interpuestas y sociedades registradas en paraísos fiscales para ocultar su identidad y disociarse de las actividades pesqueras ilegales (Standing, 2017). Esta arquitectura empresarial hace que, durante el registro o la concesión de licencias, solo figure el propietario legal del barco, una entidad instrumental, mientras que el verdadero propietario permanece fuera del escrutinio. El resultado es un sistema en el que los responsables últimos casi nunca pueden ser identificados ni sancionados.
Un segundo método consiste en el uso de banderas de conveniencia, es decir, el registro de buques en países distintos al de su propietario (Financial Transparency Coalition, 2022). Según (AEFJN, 2016), estas banderas suelen proceder de Estados con normativas laxas, bajos impuestos y escasa supervisión, lo que permite a los operadores evitar regulaciones estrictas, inspecciones y obligaciones financieras. Al navegar bajo estas banderas, los buques pueden ocultar su origen real y diluir la responsabilidad, lo que dificulta el rastreo y la aplicación efectiva de sanciones por parte de los países.
Un tercer mecanismo es el empleo de empresas fachada o intermediarias locales, especialmente en países como Ghana o Senegal. Las flotas industriales extranjeras establecen sociedades conjuntas opacas o utilizan compañías locales como frente legal para registrar sus embarcaciones como si fueran nacionales, de esta forma pueden eludir leyes que restringen la presencia de buques extranjeros en las zonas costeras (Seiyafa et al., 2025). Así, aunque las embarcaciones operen bajo bandera africana, la propiedad, el control técnico y los beneficios económicos pertenecen a compañías extranjeras, que permanecen ocultas tras las estructuras locales.
Finalmente, la falta de transparencia se refuerza mediante acuerdos opacos y documentación incompleta, lo que dificulta rastrear quién opera realmente los buques y en qué condiciones (Standing, 2017). Los acuerdos de acceso a recursos pesqueros, los términos de pago y la información operacional suelen mantenerse fuera del dominio público. Esta falta de claridad impide el escrutinio ciudadano, obstaculiza las auditorías y permite que los flujos financieros y de propiedad se mantengan ocultos, lo que impide procesar a los propietarios beneficiarios en casos de pesca INDNR.
Un caso ilustrativo constituye el acuerdo de pesca firmado entre Gabón y la Unión Europea en 2007, el cual, según (Caballero, 2025), permitió a flotas europeas, principalmente españolas, capturar hasta 32.000 toneladas de atún al año en aguas gabonesas. Aunque en 2021 se ratificó un protocolo con una inversión de 26 millones de euros para mejorar la gobernanza pesquera, el presidente Brice Oligui Nguema denunció que los beneficios para el país han sido mínimos frente a la riqueza extraída y señaló la falta de transparencia, ausencia de transformación local y riesgos de sobreexplotación. Por ello, Gabón ha pedido renegociar el acuerdo sobre bases más equitativas.
En definitiva, los impulsores estructurales y métodos operativos que sostienen la pesca INDNR en África Occidental revelan un entramado complejo en el que convergen el agotamiento de los recursos pesqueros en Europa y Asia y prácticas diseñadas para evadir los controles nacionales e internacionales. Este panorama evidencia que la pesca irregular no responde solamente a infracciones aisladas, sino a dinámicas sistémicas que desbordan la capacidad de respuesta individual de los Estados costeros.
Repercusiones de la pesca INDNR en África Occidental
Como resultado de la sobrepesca, los recursos de los cuales disponen los pescadores locales están siendo eliminados, lo que conduce en no pocas ocasiones al colapso de las pesquerías locales y la pesca a pequeña escala. Ello deviene en pérdidas anuales calculadas en más de 11.490 millones de dólares, una cifra aproximadamente ocho veces mayor que el monto que los países africanos reciben a cambio de los permisos otorgados a pesqueras internacionales para realizar esta actividad (Financial Transparency Coalition, 2021).
Se suma a la pérdida de ingresos, la destrucción de empleos y medios de vida, pues la sobreexplotación por flotas extranjeras reduce la oportunidad de los trabajadores locales de acceder al pescado. Por ello, se estima que las prácticas pesqueras ilegales han causado la pérdida de más de 300,000 empleos relacionados con la pesca artesanal (Belhabib, 2017). Esto, a su vez, produce la pérdida de un gran potencial de crecimiento para el país.
Además, como señala Standing (2017), la sobrepesca erosiona directamente la seguridad alimentaria en una región donde el pescado constituye una fuente irremplazable de proteínas y micronutrientes asequibles. El declive de las poblaciones de peces, por tanto, no solo amenaza el suministro de alimentos para las comunidades costeras, sino que pone en riesgo un pilar nutricional fundamental para millones de personas en África Occidental puesto que, aunque la región genere gran producción de pescado, la presencia de flotas extranjeras imposibilita en gran parte el consumo de este recurso por las comunidades costeras (Figura 3 y 4).
Figura 3. Producción pesquera por región.
Fuente: https://doi.org/10.4060/cc0461es
Figura 4. Consumo aparente de alimentos acuáticos por región.
- Fuente: https://doi.org/10.4060/cc0461es
Por ejemplo, la costa de Senegal, uno de los mayores caladeros de África, provee entre el 43% y el 70% de las proteínas animales que consume la población senegalesa, así como la de países vecinos como Burkina Faso y Malí (Environmental Justice Foundation, 2025). Allí, el pescado constituye el alimento básico, no obstante, para los pescadores resulta cada vez más complicado adquirirlo porque alrededor del 70% de las poblaciones de peces de sus costas se encuentran sobreexplotados y al borde del colapso a causa de la intensa actividad de los pesqueros europeos y chinos (FAO, 2015).
También, la presencia de flotas industriales extranjeras que a menudo, ilegalmente, se dirigen a zonas reservadas para los pescadores a pequeña escala, intensifica las tensiones y la criminalidad. En ese sentido, como expresa Klein (2021), las actividades pesqueras ilícitas facilitan delitos transnacionales como el tráfico de drogas, la violación de derechos humanos e incluso asesinatos, pues los buques pesqueros son utilizados frecuentemente para el contrabando de personas, drogas y armas de fuego y para realizar actos de piratería o ataques terroristas.
Además, en no pocas ocasiones la pesca INDNR ha provocado el aumento de accidentes y muertes, puesto que las incursiones de embarcaciones industriales en áreas reservadas a la pesca artesanal a menudo ocasionan colisiones en el mar que pueden ser mortales. En ese aspecto, según (Belhabib, 2017), al menos 250 vidas se pierden anualmente en países de África Occidental. Adicionalmente, la escasez de recursos obliga a los pescadores artesanales a aventurarse más lejos, por períodos más largos, lo cual los expone a mayores riesgos, como fallas de motor, mal tiempo, y una mayor amenaza de piratería en el mar.
La pesca irregular, además de las implicaciones económicas y sociales, tiene consecuencias medioambientales catastróficas que van más allá del simple agotamiento de las poblaciones de peces. Así, se afecta gravemente la biodiversidad marina, la calidad del agua y la integridad del ecosistema costero. Además, las embarcaciones pesqueras a menudo se dedican a la sobreexplotación de especies clave y esta extracción insostenible ha llevado a varias especies a la extinción, como la sardinella en Ghana y Costa de Marfil (Paarlberg, 2024).
En ese orden, los operadores industriales ilegales suelen utilizar métodos de pesca agresivos y destructivos. Entre las principales técnicas se encuentra la pesca de arrastre de fondo. Esta es considerada la forma más habitual y dañina de pesca ilegal en la región, pues los chalutiers (buques arrastreros) raspan los fondos marinos y destruyen los ecosistemas a su paso (AEFJN, 2016). Además, según (Drammeh, 2000) se utilizan métodos prohibidos como explosivos, venenos, productos químicos y redes con mallas mucho más pequeñas que el tamaño legislado, lo que contribuye a la captura indiscriminada de peces inmaduros y daña la vida marina.
Igualmente, desde la década de 1990, los buques industriales han practicado la monocaptura y desechado una parte considerable de lo extraído. En ese sentido, estudios científicos como el realizado por (Alverson et al., 1994), basados en estimaciones globales de captura incidental y descartes sugerían que entre aproximadamente 17,9 y 39,5 millones de toneladas de peces habían sido devueltas muertas al mar cada año, tendencia que se ha mantenido debido a métodos cuyo diseño intrínsecamente generan una captura incidental desproporcionada y un grave desperdicio de recursos.
También, como consecuencia directa de la inseguridad laboral, alimentaria, ciudadana y la degradación ambiental provocadas por la pesca INDNR se manifiesta un éxodo desesperado e irregular de las comunidades costeras que pierden sus medios de vida. En ese sentido, cientos de miles de personas de África Occidental han emigrado a países europeos en busca de trabajo, debido a la falta de oportunidades laborales y el acceso inadecuado a alimentos y servicios esenciales (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2015). De esta forma, la región ha diezmado en recursos naturales y fuerza laboral imprescindible para su desarrollo.
En tal aspecto, Cabo Verde, país insular cuya economía depende en gran medida de la pesca, las restricciones coloniales portuguesas impidieron el desarrollo del sector y provocaron crisis alimentarias que derivaron en una emigración masiva en la primera mitad del siglo XX. Tras la independencia, la industria pesquera se expandió, pero en 2022 operaban 207 embarcaciones de gran escala en aguas nacionales, de las cuales solo 127 eran de bandera caboverdiana, mientras que el resto pertenecían a flotas extranjeras, principalmente de Japón, España, Senegal y Francia (Expresso das Ilhas, 2024). A pesar del aumento de licencias, los ingresos por estas disminuyeron, lo que reflejó la limitada capacidad de negociación del Estado frente a actores internacionales Esta situación ha restringido el aprovechamiento de los recursos marinos y dificultado el retorno de una diáspora que, según estimaciones oficiales, supera en número a la población residente, cercana a los 500.000 habitantes (FAO, 2022).
Por consiguiente, la pesca INDNR socava los esfuerzos nacionales y regionales de sostenibilidad, distorsiona la competencia al perjudicar a los pescadores que operan legalmente, provoca la pérdida de empleos y la migración masiva e irregular, amenaza la biodiversidad marina y compromete tanto la seguridad alimentaria como los medios de vida costeros dependientes de los recursos pesqueros.
Por todo lo referido anteriormente, para los países costeros de África, la llegada de la industria pesquera ha venido de la mano de la explotación de los recursos marítimos del continente por parte de terceros países. Precisamente por ello, resulta imprescindible emprender esfuerzos a nivel internacional, regional y nacional orientados a contrarrestar estas causas estructurales para abordar las raíces del problema y no solo sus síntomas visibles.
Avances y desafíos en el enfrentamiento a la pesca INDNR
Las acciones emprendidas hasta el momento para combatir la pesca INDNR abarcan distintos niveles de intervención: internacional, regional y nacional. Estas se han propuesto regular el acceso a los recursos marinos, reforzar la gobernanza y reducir los incentivos económicos que sostienen estas prácticas. En el plano internacional, los esfuerzos se orientan a consolidar marcos jurídicos globales, aumentar la trazabilidad de las capturas y promover mecanismos de transparencia financiera que permitan identificar a los beneficiarios reales de las operaciones pesqueras.
En ese sentido, los acuerdos multilaterales han desempeñado un papel determinante. El Plan Internacional de Acción para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca INDNR (IPOA-IUU) fue aprobado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en marzo de 2001. Este constituye un punto de partida fundamental en la lucha contra la pesca INDNR, pues su propósito principal ha sido guiar a los Estados en la elaboración e implementación de sus estrategias y normativas nacionales contra esta práctica. Además, el IPOA-IUU ha promovido la necesidad de una fuerte cooperación y cohesión regional para crear normativas comunes para el acceso a la pesca (FAO, 2001).
Otra medida adoptada ha sido la Regulación INDNR de la Unión Europea (UE) (Reglamento No. 1005/2008), introducida en 2010 como una herramienta clave a nivel internacional que ha perseguido aumentar la trazabilidad de las capturas procedentes de fuera de las aguas comunitarias. Según la UE (2008), se ha utilizado esta normativa para verificar la legalidad de las capturas importadas a través de mecanismos como la "lista negra" de buques de pesca ilegales y de países no cooperativos, lo cual le permite imponer advertencias y sanciones a países que no demuestren abordar la pesca legal en sus aguas.
A estos instrumentos se suma el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (PSMA), adoptado en 2016 como el primer acuerdo internacional vinculante diseñado específicamente para combatir la pesca irregular, fortalecer los controles portuarios e impedir que las capturas ilegales accedan a los mercados globales. El PSMA ha permitido a los estados portuarios ejercer su autoridad para inspeccionar y denegar el acceso a los buques que tienen vínculos con la pesca INDNR. De esta manera, según (FAO, 2016; Jeffang, 2023), el acuerdo se reconoce informalmente como el "tratado para prohibir el funcionamiento de embarcaciones pesqueras ilegales" y actúa como un importante elemento disuasorio contra estas actividades.
Además, el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), finalizado en 2022 y aceptado por más de un centenar de miembros, se considera un paso histórico al ser el primer acuerdo del organismo que se refiere específicamente al medioambiente. Este prohíbe el financiamiento público a operadores vinculados con la pesca irregular o con poblaciones sobreexplotadas. No obstante, permite la concesión de ayuda si el propósito es reconstituir la población a un nivel biológicamente sostenible. Además, los países están obligados a proporcionar a la OMC datos sobre los buques que se benefician de subvenciones y a compartir la lista de operadores que practican la pesca INDNR, en un esfuerzo por limitar los subsidios perjudiciales que contribuyen a la sobrepesca y al agotamiento de los recursos marinos (OMC, 2022).
A nivel regional, los países de África Occidental han fortalecido su cooperación debido a que los patrones de pesca INDNR trascienden las fronteras nacionales y aprovechan la fragmentación normativa entre Estados vecinos. En este contexto, los gobiernos de la región han avanzado en mecanismos de coordinación institucional y armonización normativa que buscan reducir estas brechas y crear un frente común contra las prácticas ilegales. Memorandos de entendimiento entre organizaciones como la Comisión de Pesca del Golfo de Guinea (FCWC)4, la Comisión Subregional de Pesca (CSRP)5 y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS)6 buscan fortalecer la gobernanza compartida, facilitar el intercambio de información sensible y promover la aplicación conjunta de políticas pesqueras (Martínez Bueno, 2023).
En materia de vigilancia, la región ha desarrollado centros especializados, plataformas de monitoreo e intercambio de datos como el sistema YARIS y grupos técnicos que permiten coordinar operaciones marítimas, realizar patrullas conjuntas y mejorar la evaluación de riesgos mediante tecnología satelital (Paes, 2022). Asimismo, programas de asistencia técnica y de fortalecimiento institucional, como el West Africa Regional Fisheries Program (WARFP)8 financiado por el Banco Mundial, se ha propuesto ampliar las capacidades de los Estados costeros para monitorear sus aguas, registrar embarcaciones artesanales y mejorar la gestión de sus recursos marinos (World Bank, 2018). Estas iniciativas reflejan un esfuerzo colectivo por compensar las debilidades estructurales de la región y enfrentar un problema cuya escala supera cualquier respuesta nacional aislada.
En el ámbito nacional, los Estados africanos han comenzado a reformar sus marcos legales y reforzar la aplicación de sanciones para enfrentar la pesca INDNR. Países como Senegal y Ghana han endurecido sus códigos pesqueros, introducido vedas estacionales, establecido unidades especializadas de cumplimiento y publicados registros oficiales de embarcaciones autorizadas con el fin de mejorar la transparencia (Paes, 2022).
En otros casos, como Liberia, la imposición de multas significativas y la cooperación con organizaciones no gubernamentales ha permitido actuar de manera directa contra embarcaciones infractoras. Estas medidas se complementan con iniciativas orientadas a la protección de los ecosistemas y de los medios de vida locales, entre ellas la delimitación de zonas de exclusión para la pesca artesanal, el uso de sistemas electrónicos de monitoreo y aplicaciones de denuncia ciudadana, así como propuestas para restringir el uso de métodos de pesca altamente destructivos (Africa Progress Panel, 2014).
Sin embargo, a pesar de los avances logrados en la cooperación internacional, la armonización regional y la reforma de marcos nacionales, persisten profundos desafíos estructurales y de gobernanza que debilitan los esfuerzos para combatir la sobrepesca.
En el plano internacional, la efectividad de los marcos normativos aún es limitada debido a fallos en la ratificación y aplicación de instrumentos clave. El PSMA, todavía no ha sido ratificado por varios actores esenciales, incluido China, Nigeria y Guinea Bissau. (Martínez Bueno, 2023) Además, sin la participación activa de los Estados de abanderamiento, resulta prácticamente imposible controlar la operación de las flotas industriales que actúan en África Occidental. Además, la falta de responsabilidades claras entre Estados ribereños, Estados de abanderamiento y Estados del mercado perpetúa un ciclo de impunidad (Willima & Reva, 2021).
También, diversos estudios y organizaciones han señalado contradicciones en la aplicación del Reglamento sobre la pesca INDNR de la Unión Europea. Por un lado, el mecanismo sanciona a Estados africanos por su débil gobernanza pesquera, pero por otro, permite que flotas europeas operen en esas mismas aguas mediante acuerdos bilaterales opacos o bajo banderas de conveniencia, sin garantizar estándares de sostenibilidad ni transparencia por lo que ha sido calificado como de "doble rasero" (Greenpeace África & Changing Markets Foundation, 2021). Así, el reglamento, aunque valioso en su diseño, afecta directamente a las comunidades pesqueras locales que dependen del recurso para su subsistencia.
Asimismo, persisten lagunas legales y financieras que continúan incentivando la pesca INDNR. En ese sentido, las subvenciones pesqueras perjudiciales, particularmente aquellas que incrementan la capacidad de flotas de larga distancia, continúan como incentivos para sobreexplotación, a pesar de los acuerdos recientes en la OMC para restringirlas. Paralelamente, prácticas como el transbordo en alta mar y la utilización de contenedores para exportar pescado permiten mezclar capturas legales e ilegales y sortear inspecciones, especialmente en mercados como el europeo, donde persisten vacíos normativos (Martínez Bueno, 2023).
A nivel regional, pese a los avances tecnológicos y la expansión de mecanismos de vigilancia, las limitaciones de seguimiento, control y vigilancia (SCV) constituyen aún una barrera central pues, la escasez de recursos humanos, financieros y logísticos impide a muchos Estados costeros supervisar eficazmente sus vastas zonas pesqueras. Por ello, aunque la cooperación regional ha mejorado, la falta de armonización legal entre los países vecinos permite que los buques infractores se desplacen a aguas con menor control para evadir sanciones (Financial Transparency Coalition, 2022).
A nivel nacional, uno de los obstáculos más significativos es la corrupción, que permea múltiples niveles del sector pesquero y permite la continuidad de redes criminales vinculadas con la pesca INDNR (Africa Progress Panel, 2014). La falta de voluntad política, alimentada en muchos casos por conflictos de intereses entre élites locales y empresas extranjeras, obstaculiza la implementación efectiva de controles y facilita la evasión de regulaciones mediante el uso de empresas fachada o empresas conjuntas opacas.
Otro desafío estructural persistente es la falta de transparencia corporativa y financiera, que impide identificar a los verdaderos propietarios beneficiarios de los buques involucrados en actividades ilegales. Aunque se han creado marcos para mejorar la transparencia, la información sobre beneficiarios reales continúa sin recopilarse en la mayoría de los procesos de registro y licenciamiento. Esto provoca que las sanciones recaigan casi exclusivamente en capitanes o tripulaciones y deja impunes a quienes controlan los flujos financieros y se benefician económicamente de la pesca INDNR (Financial Transparency Coalition, 2022).
La falta de transparencia en los acuerdos de acceso a la pesca también se mantiene como un problema crítico, pues la mayoría de estos documentos se mantienen con estatus confidencial, lo que permite según (Reid, 2021), prácticas irresponsables y pérdidas millonarias en flujos financieros ilícitos para los países en desarrollo.
Los efectos de estos desafíos recaen de manera directa sobre las comunidades costeras y los ecosistemas marinos, pues la pérdida de empleos, la inseguridad alimentaria y el aumento de la migración forzada se profundizan cada vez más como resultado de las prácticas pesqueras ilícitas y la sobreexplotación de los recursos marinos.
Por tanto, estos desafíos muestran que, aunque los esfuerzos internacionales, regionales y nacionales han generado avances importantes, la lucha contra la pesca INDNR sigue condicionada por fallas sistémicas profundamente arraigadas. La corrupción, la opacidad financiera, la limitada capacidad institucional y los incentivos económicos globales debilitan la sostenibilidad de los recursos naturales y comprometen la vida de millones de personas en África Occidental.
CONCLUSIONES
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en África Occidental, constituye un fenómeno estructural que trasciende el ámbito sectorial y revela profundas limitaciones en el ejercicio efectivo de la soberanía de los Estados costeros. Lejos de ser una suma de infracciones aisladas, la pesca INDNR se inscribe en dinámicas globales de poder, asimetrías económicas y fallas de gobernanza internacional que permiten a actores transnacionales explotar los recursos marinos de la región con escasos niveles de rendición de cuentas.
Las consecuencias de la pesca INDNR son multidimensionales y afectan de manera directa a la seguridad humana. La pérdida de ingresos fiscales, la destrucción de empleos en la pesca artesanal, la erosión de la seguridad alimentaria y el deterioro de los ecosistemas marinos debilitan las capacidades estatales y agravan la vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades costeras. Estas dinámicas contribuyen, además, al aumento de la migración irregular, la criminalidad transnacional y los conflictos sociales, lo que posiciona a la pesca INDNR como un problema relevante para la estabilidad regional y la política internacional.
Los principales impulsores de la pesca INDNR en África Occidental no se originan únicamente en las debilidades internas de los Estados ribereños, sino también en factores externos vinculados con la economía política global. El agotamiento de los caladeros en los países industrializados, la demanda creciente de pescado y harina de pescado, las subvenciones pesqueras perjudiciales y la falta de transparencia corporativa constituyen incentivos estructurales que fomentan la expansión de flotas industriales hacia regiones con menor capacidad de control. En este contexto, prácticas como el uso de banderas de conveniencia, empresas fachada y acuerdos opacos de acceso a recursos operan como mecanismos clave para evadir la regulación y perpetuar patrones de dependencia y extracción de recursos.
Si bien se han registrado avances significativos en el plano internacional, regional y nacional como la adopción del Plan Internacional de Acción contra la Pesca INDNR, el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, la regulación INDNR de la Unión Europea y los mecanismos de cooperación regional en África Occidental, estos instrumentos han demostrado ser insuficientes para revertir el problema de manera sostenida. La persistencia de la corrupción, la falta de transparencia financiera, la limitada ratificación y aplicación de acuerdos internacionales clave y las debilidades en los sistemas de seguimiento, control y vigilancia socavan la eficacia de las respuestas institucionales.
En consecuencia, la lucha contra la pesca INDNR en África Occidental requiere un enfoque integral que aborde las causas estructurales del fenómeno y no únicamente sus manifestaciones visibles. Esto implica fortalecer la transparencia en la propiedad y el financiamiento de las flotas pesqueras, reforzar las leyes y reglamentos sobre pesca ilegal, eliminar las subvenciones perjudiciales que incentivan la sobrecapacidad y consolidar mecanismos de cooperación regional efectivos. Asimismo, resulta imprescindible situar a las comunidades costeras y a la pesca artesanal en el centro de las políticas públicas, así como reconocer el papel fundamental en la sostenibilidad de los recursos marinos y en la estabilidad social.
El caso de la pesca INDNR en África Occidental ilustra los límites de la soberanía estatal. Abordar este desafío no solo es crucial para la conservación de los recursos marinos y el desarrollo sostenible de la región, sino también para avanzar hacia un orden internacional más equitativo, en el que la gestión de los bienes comunes globales no reproduzca relaciones de dominación y dependencia, sino que contribuya a la justicia ambiental, la seguridad humana y el fortalecimiento del Estado.
Finalmente es preciso señalar que los resultados obtenidos se encuentran sujetos a ciertas limitaciones. En primer lugar, al tratarse de una investigación basada predominantemente en análisis documental y datos secundarios provenientes de organizaciones internacionales y no gubernamentales, los hallazgos pueden estar influidos por los enfoques institucionales y posibles sesgos de estas fuentes. En segundo lugar, la naturaleza ilegal y encubierta de la pesca INDNR dificulta la cuantificación precisa de sus dimensiones, por lo que las cifras económicas y de captura deben interpretarse como estimaciones basadas en la mejor evidencia disponible. En tercer lugar, el carácter cualitativo y de estudio de caso regional limita la posibilidad de generalizar los resultados a otros contextos geográficos con dinámicas políticas y económicas diferentes. Estas limitaciones, lejos de invalidar el análisis, subrayan la necesidad de continuar profundizando en la investigación empírica sobre este fenómeno.
notas
1 Este concepto agrupa prácticas que van desde la pesca ilegal (realizada sin permiso o en contravención de leyes nacionales e internacionales), la no declarada (capturas omitidas o reportadas de forma inexacta), hasta la no reglamentada (faenar en zonas o con especies sin medidas de conservación aplicables) (FAO, 2024.).
2 África Occidental: Benin, Burkina Faso, Chad, Costa de Marfil, Gambia, Gana, Guinea Bissau, Guinea, Liberia, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo (FAO, 2000).
3 La Política Pesquera Común (PPC) es el marco regulatorio principal de la Unión Europea para gestionar las flotas pesqueras europeas y conservar las poblaciones de peces de forma sostenible. Se establece formalmente en el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 (Comisión Europea, 2023).
4 El FCWC está integrado por los Ministros de Pesca de seis estados costeros: Benín, Costa de Marfil (Côte d'Ivoire), Ghana, Liberia, Nigeria y Togo. Busca mejorar la gestión sostenible y la coordinación de políticas pesqueras en su subregión (Willima & Reva, 2021)
5 La CSRP es una organización intergubernamental de pesca crucial en África Occidental, establecida con el objetivo de promover la gestión sana y sostenible de los recursos pesqueros en la región. Sus países miembros incluyen a Senegal, Gambia, Cabo Verde, Guinea-Bisáu, Mauritania, Sierra Leona y Guinea (Martínez Bueno, 2023).
6 ECOWAS es una organización regional que lidera los esfuerzos para proteger las perspectivas de la economía azul de África Occidental, busca establecer un marco de cooperación regional para mejorar el uso sostenible e integrado de los recursos oceánicos y desempeña un rol esencial en el enfrentamiento a la pesca ilegal (Willima & Reva, 2021).
7 YARIS (Yield Assessment and Reporting Information System): Sistema regional desarrollado por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la FAO, que centraliza datos sobre capturas, embarcaciones y licencias, facilitando la coordinación de patrullas y la evaluación de riesgos pesqueros (FAO, 2019).
8 WARFP (West Africa Regional Fisheries Program): Programa de cooperación financiado por el Banco Mundial, la CEDEAO y socios bilaterales, que apoya a los Estados costeros en la vigilancia de sus aguas, fortalecimiento institucional y gestión de recursos pesqueros artesanales (World Bank, 2018).
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