Aprobado: 7 de febrero de 2026

publicado: 16 de abril de 2026

 

INTRODUCCIÓN

El discurso como campo de batalla geopolítico

La imagen internacional de Cuba ha sido históricamente un terreno de disputa simbólica. Este artículo sostiene que el Parlamento Europeo se erigió en un actor central en esta contienda, produciendo una narrativa hegemónica que trascendió lo descriptivo para volverse constitutiva de la relación política bilateral. La pregunta de investigación es precisa: ¿cómo logró el PE, a través de un corpus específico de resoluciones (1994–2024), construir una representación de Cuba que no solo reflejara, sino que activara y legitimara las sucesivas posturas de la UE, desde la punitiva Posición Común (1996) hasta la condicionalidad encubierta del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (2016)?

La respuesta exige una triple articulación metodológica: 1) un análisis crítico del discurso que lea las resoluciones como actos de habla performativos; 2) una genealogía política de la composición interna del PE, que rastree cómo la incorporación de nuevos Estados miembros y el ascenso de fuerzas de derecha transformaron la dirección y el tono del discurso; y 3) una teorización del poder normativo no como difusión de valores, sino como construcción hegemónica que produce al sujeto objeto de la política (Cuba) de una manera específica y administrable.

Estudios recientes de autores cubanos como Eduardo Perera Gómez (2017), Leyde Ernesto Rodríguez Hernández (2021), Antonio Romero (2022) y Raynier Pellón Azopardo (2022), han analizado la tensión entre cooperación y condicionalidad en la política UE-Cuba, sobre todo a partir del nuevo escenario tras la firma del ADPC; así como los retos y las oportunidades que entraña este. Esos aportes complementan la perspectiva crítica aquí adoptada.

Se parte de una premisa teórica fundamental: el discurso político no es un velo que oculta la realidad, sino una práctica social material que crea sujetos, define problemas y delimita lo políticamente pensable (Fairclough, 1992). Las resoluciones del PE son, en este sentido, actos de habla performativos (Austin, 1962) con consecuencias geopolíticas tangibles. A través del análisis diacrónico de 22 documentos, —cuya selección responde a criterios de inclusión: se trata de todas las resoluciones sustantivas sobre Cuba aprobadas en sesión plenaria por la Eurocámara, entre 1994 y 2024 (ver anexo 1)— este trabajo rastrea la gramática de poder inscrita en estos textos, revelando cómo una retórica aparentemente fundada en valores universales —derechos humanos (DD.HH.), democracia— operó en realidad como un dispositivo de gobernanza normativa asimétrica (Zureik, 2016), donde la representación del “Otro” cubano justificó políticas de intervención blanda.

El argumento central es que el PE elaboró un relato cuya eficacia residió en dos operaciones complementarias: la sobrerrepresentación de ciertos marcos (autoritarismo, represión) y la supresión sistemática de otros (bloqueo, logros sociales, soberanía). Esta construcción binaria (Europa democrática vs. Cuba autoritaria) no fue un error cognitivo, sino la condición de posibilidad discursiva para la materialización de políticas concretas.

En este sentido, el estudio se propone los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar los encuadres dominantes en las resoluciones del PE sobre Cuba.

2. Analizar los silencios estructurales y su función en la narrativa hegemónica.

3. Examinar la materialización política de estos discursos en hitos bilaterales.

DESARROLLO

Marco teórico–conceptual: una triangulación crítica para deconstruir la hegemonía narrativa

Este artículo integra tres líneas teóricas. Primero, retoma el concepto de poder normativo (Manners, Normative power Europe: A contradiction in terms? , 2002) para deconstruirlo desde una perspectiva postcolonial (Mignolo, 2003). La UE no solo exporta normas, sino que lo hace desde una posición de superioridad epistémica que construye al interlocutor (Cuba) como un espacio de carencia y objeto de reforma según cánones eurocéntricos. Segundo, emplea el ACD para examinar las resoluciones parlamentarias como prácticas sociales que construyen realidad, prestando especial atención a los silencios estructurales como indicadores de hegemonía. Tercero, integra un análisis político-institucional que considera al PE no como actor monolítico, sino como un campo de batalla donde distintas fuerzas (populares, socialistas, conservadores, verdes, liberales, etc.) y bloques geopolíticos disputan la narrativa sobre Cuba.

• Del poder normativo a la infraestructura discursiva: Partiendo de Manners (2002), se argumenta que la “normatividad” de la UE no reside solo en sus valores, sino en su capacidad para institucionalizar marcos de inteligibilidad que ordenan la realidad internacional. A la luz de una crítica postcolonial (Bhambra, Postcolonial and decolonial dialogues, 2014) (Mignolo, 2003), la UE no “difunde” normas: las impone desde una autoridad epistémica que universaliza su experiencia histórica. El discurso sobre Cuba funciona como espejo colonial (Bhabha, 2004), reactivando una lógica de tutelaje que actualiza la condicionalidad.

• El ACD como genealogía del presente: Desde el constructivismo crítico (Hopf, The Promise of Constructivism in International Relations., 1998), las estructuras de significación (p. ej., “autoritarismo”) preceden y condicionan la acción. El análisis de encuadres (Entman, Framing toward clasification of a fractured paradigm, 1993) permite diseccionar selección y saliencia: qué problemas define el PE, a qué causas los atribuye, qué juicios morales emite y qué soluciones promueve. La “infraestructura discursiva” designa el conjunto de narrativas, categorías y silencios que, al repetirse institucionalmente, naturalizan una forma de ver el mundo y delimitan lo pensable en política exterior. El corpus de resoluciones del PE constituye una infraestructura de este tipo para el “caso Cuba”; el ACD (Fairclough, 1992) (Van Dijk, Ideología y análisis del discurso, 2005) articula texto, práctica discursiva y contexto social. (Ver en el Anexo 2 las categorías para el ACD).

• El PE como campo de batalla político: Lejos de ser homogéneo, el PE condensa tensiones ideológicas y geopolíticas (por ejemplo, el anticomunismo de sectores de Europa del Este frente a enfoques más realistas en Europa Occidental). La evolución del discurso sobre Cuba refleja esa correlación de fuerzas y el impacto de los procesos de ampliación de la UE.

Metodología y corpus: una cartografía diacrónica

Este artículo estudia 22 resoluciones sustantivas del PE dedicadas a Cuba entre enero de 1994 y diciembre de 2024. El análisis se estructura en tres ejes interrelacionados:

• Eje diacrónico: organización en seis periodos legislativos (IV–IX), correlacionados con hitos bilaterales, para mostrar la materialización geopolítica del discurso.

• Eje político–institucional: análisis de autoría y apoyos políticos, con atención al impacto de las ampliaciones de 2004, 2007 y 2013 en la composición de los grupos parlamentarios (Grupo Popular Europeo —PPE—, Socialistas y Demócratas —S&D—, Conservadores y Reformistas —ECR—, Identidad y Democracia —ID—).

• Eje analítico-textual: codificación de encuadres dominantes (p. ej., “régimen autoritario”, “transición democrática”) (ver en el anexo 3 la matriz de encuadres dominantes), silencios estructurales (temas sistemáticamente ausentes) y estrategias léxicas y retóricas de legitimación (metáforas, nominalizaciones, apelación a valores universales, victimización de actores contrarrevolucionarios, condicionalidad).

Contexto bilateral y transformación del discurso parlamentario

Las relaciones Cuba-UE han transitado por tres fases, en las que el discurso del PE jugó un papel legitimador clave. Cada giro político fue precedido o acompañado por una consolidación narrativa en la Eurocámara.

Fase de ambivalencia (1994–1996) e instalación de la condicionalidad

Tras el derrumbe del campo socialista europeo, la UE adoptó una posición cautelosa hacia Cuba, oscilando entre compromiso y crítica. Las primeras resoluciones post-Guerra Fría (B4-1521/94, B4-0106/95) son ambivalentes, pero instalan el principio semántico de la condicionalidad: se pasa de “preocupación” a subordinación de la “cooperación económica” al “progreso” en derechos humanos. La Resolución B4-1521/94 (Parlamento Europeo, 1994) critica la situación de DD.HH., pero rechaza explícitamente el bloqueo estadounidense.

Este equilibrio se rompe entre 1995 y 1996. Un bloque liderado por el PPE y sectores liberales, en coordinación con actores políticos estadounidenses y con organizaciones de la diáspora cubana radicadas en Miami (con incidencia en la agenda sobre Cuba), impulsa un giro narrativo: se abandona el lenguaje de “preocupación” por el de “condición indispensable”, construyendo el encuadre que legitima convertir la cooperación en “premio” tras una transición política.

En ese periodo, Cuba atravesaba su mayor crisis económica en tiempos de paz (Periodo Especial) por la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), agravada por el recrudecimiento del bloqueo (Ley Torricelli, 1992; Ley Helms-Burton, 1996). Sectores conservadores del PE esperaban la caída del socialismo en la isla y se alinearon con la política de máxima presión de Estados Unidos (EE. UU.).

La Resolución B4-0980/96 (Parlamento Europeo, 1996) es performativa: no describe, prescribe la política al “instar al Consejo a adoptar una posición común”. Esta resolución, impulsada por el PPE y liberales, crea el hecho discursivo de que una política más dura es la respuesta lógica y necesaria. Ocho meses después, el Consejo adopta la Posición Común 96/697/PESC (diciembre de 1996), subordinando la relación bilateral al “progreso” cubano según estándares europeos. El discurso creó el consenso mínimo para institucionalizar la condicionalidad como eje de la relación.

La infraestructura discursiva demostró su potencia: había definido el problema (“falta de libertades”) y la solución (“presión política vinculada con la cooperación”), y el órgano ejecutivo actuó en consecuencia.

Fase de condicionalidad reforzada (1996–2016)

Este periodo, el más extenso, consolida la primacía de la Posición Común. Las resoluciones de las legislaturas VI a VIII (1999–2014) fijan la narrativa de “régimen represivo”, legitimando sanciones diplomáticas y suspensión de cooperación.

Las detenciones de la primavera de 2003 (75 opositores, según clasificación europea) y la ejecución de tres secuestradores de una embarcación civil sirvieron como pretexto para intensificar el encuadre autoritario sobre Cuba. La Resolución P5_TA(2003)0318 (Parlamento Europeo, 2003) no solo condena, sino que instaura un léxico de “represión brutal” y “régimen totalitario”.

Este discurso tuvo una consecuencia material inmediata: el Consejo suspendió la cooperación para el desarrollo e institucionalizó la interlocución con actores “opositores” cubanos. El PE otorgó tres Premios Sájarov a cubanos: Oswaldo Payá Sardiñas (2002), Damas de Blanco (2005) y Guillermo Fariñas (2010).

Las ampliaciones de 2004 y 2007 incorporaron eurodiputados de Europa del Este (Polonia, República Checa, Estados bálticos) con fuerte anticomunismo y estrecho alineamiento atlántico, según lo evidencian sus votaciones y declaraciones públicas. Integrados principalmente en el PPE y luego en el ECR, operaron como emprendedores normativos de la línea dura. Su influencia se refleja en:

• ritualización de resoluciones con condenas más detalladas;

• listas de “presos políticos” y redefinición de “sociedad civil” como “oposición anticastrista”;

• personalización de casos; construyendo un relato de “víctimas-héroes”

• expansión de agenda (libertad de internet, multipartidismo) como condiciones explícitas.

El discurso perdió matices y ganó intensidad ideológica, naturalizando la condicionalidad como sentido común y definiendo la “normalidad política” deseada para Cuba.

Fase de diálogo institucionalizado (2016–2024) y persistencia del imaginario hegemónico

El proceso de transformaciones al modelo económico y social cubano, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos y la bilateralización de vínculos con Estados miembros de la UE facilitaron la firma del ADPC (2016). Este Acuerdo derogó la Posición Común, pero no modificó sustantivamente el discurso del PE, que actuó como guardián de la ortodoxia narrativa.

Junto a la luz verde para su implementación provisional, el PE aprobó otra resolución que recordaba la posibilidad de suspender el Acuerdo ante supuestas violaciones de DD.HH., manteniendo términos como “régimen totalitario”. La Resolución P8_TA(2017)0092 (Parlamento Europeo, 2017) sobre el fallecimiento de Fidel Castro reafirmó estereotipos, omitiendo avances en el diálogo.

Las protestas del 11 de julio de 2021 reactivaron el encuadre autoritario con intensidad, demostrando la persistencia de las representaciones hegemónicas más allá de los cambios formales. Resoluciones como P9_TA(2021)0386 (Parlamento Europeo, 2021) no solo profundizaron la narrativa de “crímenes de lesa humanidad” y “represión brutal”, sino que cuestionaron la continuidad del ADPC y solicitaron explícitamente aplicar el “régimen de sanciones Magnitsky” de la UE, introduciendo la “responsabilidad extraterritorial” para promover el “cambio” en Cuba.

La infraestructura discursiva demostró mayor resiliencia que los instrumentos jurídicos. El ADPC no la desmontó, la reconfiguró como dispositivo de vigilancia y condicionalidad dentro del diálogo, evitando que deviniera en engagement incondicional.

Los silencios estructurales: pilares ocultos de la infraestructura discursiva

La solidez de esta infraestructura se sostiene tanto en lo que dice como en lo que omite sistemáticamente. A lo largo de todos los períodos —con ciertos matices en la primera fase—, tres silencios estructurales resultan constantes (ver anexo 4): 1) la casi total invisibilización del bloqueo estadounidense como factor determinante de la realidad cubana; 2) la ausencia de referencias a los logros sociales (salud, educación) a partir de 1999; y 3) una lectura eurocéntrica que omite la agencia cubana y la presión geopolítica externa. Estas omisiones no son accidentales, sino constitutivas de un discurso que presenta a Cuba como un problema de valores, justificando la condicionalidad impuesta por la UE.

• Bloqueo estadounidense: tras menciones aisladas en los 90, desaparece del corpus desde los 2000. Esta omisión permite construir la economía cubana como un fracaso autóctono del socialismo y presentar las dificultades como argumento para el cambio político, exonerando la dimensión coercitiva externa y la complicidad tácita de actores occidentales. La “casa de la democracia” europea invisibiliza además los costos extraterritoriales del bloqueo para ciudadanos y empresas europeas.

• Logros sociales: salud, educación y cooperación médica internacional quedan fuera del relato desde 1999, deshumanizando el proyecto político cubano y negando fuentes de legitimidad alternativas a la democracia liberal. Es particularmente significativa la omisión, por ejemplo, del servicio que brindaron brigadas médicas cubanas en países europeos, durante la crisis sanitaria ocurrida en medio de la pandemia provocada por la Covid-19.

• Contexto geopolítico y soberanía: el discurso opera en un presente perpetuo, amputado de historia de agresiones, legado colonial y principio de autodeterminación. Cuba aparece como objeto de política, no sujeto con narrativa propia; la “soberanía” se presenta como retórica gubernamental, no como principio legítimo de las relaciones internacionales.

Estos silencios no son descuidos; son condiciones de posibilidad del relato maniqueo de la “transición pendiente”.

Estrategias de legitimación

• Autorización: apelación constante a figuras de autoridad incuestionable (derechos humanos universales, derecho internacional, “valores europeos”).

• Moralización: léxico binario (bueno/malo, víctima/victimario) que despolitiza el conflicto y lo eleva a un plano ético absoluto.

• Racionalización: la condicionalidad se presenta como lógica causal inevitable: si hay “represión” (diagnóstico), deben aplicarse “sanciones” y “apoyo a la oposición” (tratamiento).

Materialización del poder discursivo y crítica al excepcionalismo normativo europeo

La imagen de Cuba en el PE se revela como construcción hegemónica al servicio de la política exterior de la UE. Al delimitar lo decible y lo pensable, la infraestructura discursiva reduce el campo de lo posible para el Consejo, la Comisión y los Estados miembros. La Posición Común de 1996 fue la única opción legitimada discursivamente.

El discurso de la Eurocámara y la política del Consejo/Comisión operan como instrumentos de una misma estrategia: el PE fija el horizonte normativo (“transición democrática” como meta), y el ejecutivo gestiona el diálogo y la cooperación dentro de esos límites. El ADPC conecta ambos: permite cooperación bajo vigilancia discursiva de condicionalidad.

Ante necesidades pragmáticas de diálogo, la infraestructura muta: de presión externa a mecanismo de vigilancia interna. La materialización del poder discursivo se observa en su capacidad para:

1. constreñir el espacio de maniobra prodiálogo dentro de la UE;

2. proveer legitimidad para respuestas punitivas en crisis (2003, 2021);

3.institucionalizar premisas en acuerdos jurídicos (ADPC), asegurando su continuidad.

Más que “benigno”, el poder normativo europeo se muestra performativo y disciplinario, produciendo discursivamente la alteridad. Cuba es el “Otro autoritario” que refuerza la identidad normativa de la UE. Los silencios estructurales son el mecanismo clave: al omitir el bloqueo —particularmente sus efectos extraterritoriales, con énfasis en los impactos negativos para los intereses de empresas y ciudadanos europeos—, y logros sociales, se naturaliza la condicionalidad como respuesta “lógica” y “moral”. Más que hipócrita, el discurso es coherentemente hegemónico: normaliza un orden mundial donde el poder de definir problemas y soluciones reside en Occidente.

CONCLUSIONES

Este artículo ha demostrado que, entre 1994 y 2024, el Parlamento Europeo construyó una imagen hegemónica de Cuba mediante encuadres selectivos y silencios estructurales. Esta representación operó como dispositivo de poder que legitimó y materializó la política de condicionalidad de la UE, sobrevivió a mutaciones jurídicas (del fin de la Posición Común al ADPC) y se sostuvo por su función identitaria europea. La omisión estructural del bloqueo, los logros sociales y la soberanía no fue un descuido, sino una condición para producir una representación descontextualizada y patologizante, propia de una visión eurocéntrica y colonial de las relaciones internacionales.

La contribución teórica es triple: integra ACD y teoría de Relaciones Internacionales para mostrar cómo el lenguaje parlamentario deviene poder geopolítico; cuestiona el poder normativo europeo desde una crítica postcolonial que revela silencios y asimetrías; y ofrece una metodología aplicable al estudio de imágenes país en contextos de relaciones asimétricas. El caso Cuba-UE demuestra que las batallas por la representación son centrales para la legitimidad de la acción exterior. En un mundo en transición multipolar, la preservación de marcos interpretativos hegemónicos sigue siendo un recurso de poder fundamental. Deconstruirlos es el primer paso hacia relaciones internacionales poshegemónicas.

El análisis diacrónico del corpus completo y la genealogía política del PE muestra que la intensificación y radicalización del discurso se vinculan con hitos políticos, con la derechización relativa del Parlamento y con el peso creciente de eurodiputados de Europa del Este, cuyo anticomunismo y alineamiento atlántico transformaron el tono y la ambición de las resoluciones.

 

 

 

Este estudio se ha centrado en las resoluciones del Parlamento Europeo, lo que permite identificar la lógica discursiva de esa institución, pero deja abierta la posibilidad de contrastar estos hallazgos con otros órganos comunitarios y con datos cuantitativos sobre votaciones y apoyos partidarios. Explorar esas dimensiones permitiría desarrollar líneas de investigaciones futuras.

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