aprobado: 12 de marzo de 2026

publicado: 16 de abril de 2026

 

INTRODUCCIÓN

Cuando se trata de políticas sociales, y en particular de la protección social que cubre los riesgos asociados a la incapacidad laboral, la enfermedad, el desempleo y los bajos ingresos1, existen generalmente dos principios opuestos que condicionan el acceso a las prestaciones concedidas: la meritocracia y la universalidad. Estos principios reflejan concepciones muy diferentes del papel del Estado y de su relación con la sociedad y los individuos. El primero es defendido por los pensadores y políticos neoliberales. Para entender por qué, primero tenemos que examinar la forma en que el capitalismo actual considera las políticas sociales y el lugar que se concede a la intervención del Estado en estos ámbitos.

Hemos elegido aquí a dos grandes teóricos cuyas obras se encuentran en los orígenes mismos del neoliberalismo –aunque a veces se le describa como ultraliberal–: von Mises y Hayek. Estos autores, ambos de la escuela austriaca, son importantes, en particular, porque se encontraban entre las figuras que crearon la famosa Sociedad Mont Pèlerin para promover los “valores del liberalismo”.

La metodología empleada en este artículo consistirá en combinar el análisis de sus principales textos teóricos y recomendaciones políticas fundamentales y comparar estas últimas con la realidad práctica de la evolución del rol del Estado durante las décadas de aplicación del neoliberalismo, concretamente desde las décadas de 1980 y 1990. Esta comparación se realizará mediante el examen de datos claves proporcionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para los países más ricos del Norte, así como para algunos países latinoamericanos para los que se disponía de dichos datos.

El objetivo es demostrar cómo la retórica del "Estado minimalista" y la meritocracia se utiliza para legitimar la expansión del capital generador de intereses en sectores anteriormente gestionados por el público –definiendo aquí el capital generador de intereses, para simplificar, como lo que comúnmente se denomina “capital financiero”, pero que, de forma más rigurosa, en terminología marxista, resulta de la transformación del dinero en capital en el modo de producción capitalista y que, en particular a través del sistema de crédito, representa el principal componente del capital ficticio2.

Tras una breve contextualización histórica e internacional del tema, que permite comprender mejor los orígenes del neoliberalismo y su imposición global (Parte I), analizaremos más específicamente los fundamentos del neoliberalismo mediante el análisis de dos grandes autores de la escuela austriaca, Ludwig von Mises y Friedrich August von Hayek –el primero austro-estadounidense, el segundo austro-británico–, considerados como los que radicalizaron las posiciones de los partidarios de la forma neoliberal que adopta desde hace más de 40 años el sistema mundial bajo el control del capital portador de intereses (Parte II). A continuación, mostraremos hasta qué punto los argumentos de estos autores se alejan de la realidad de la aplicación de las políticas neoliberales, y lo que hay detrás de los ataques al gasto público, especialmente a la protección social (Parte III).

Breve contextualización histórica e internacional del tema

El neoliberalismo, es decir, la ideología que acompaña y apoya al poder de los dueños de los mayores oligopolios financieros del sistema mundial capitalista, surgió en un tiempo y lugar muy específicos, que ahora recordaremos.

Como es sabido, los finales de la década de 1960 marcaron el inicio de una crisis del sistema capitalista en los países centrales, particularmente evidente en el descenso de las tasas de ganancia registrado posteriormente en la mayoría de los principales países occidentales. Esta crisis se generalizó durante la década siguiente, provocando en la década de 1970 una completa conmoción del sistema global, caos monetario y financiero, desempleo masivo y una explosión de las desigualdades. Los cimientos del Estado de bienestar occidental –gracias a los cuales los salarios y la productividad habían aumentado simultáneamente-, que habían demostrado su eficacia durante tres décadas para garantizar la prosperidad de la posguerra, se habían vuelto inoperantes.

La convergencia de tres grandes acontecimientos, 1) del profundo cuestionamiento del modelo keynesiano de regulación capitalista en el Norte o “compromiso keynesiano” –desencadenado en la década de 1970 por la estanflación, el aumento del desempleo y los precios–, 2) los fracasos de los proyectos de desarrollo nacional-burgueses en el Sur –acentuados por la crisis de la deuda de la década de 1980– y 3) el colapso del bloque soviético en el Este –consumado a principios de la década de 1990– generaría, a escala global y en un plazo de unos quince años, una importante conmoción en las relaciones capital-trabajo.

Por lo tanto, solo en este nuevo contexto global de erosión de las posiciones conquistadas por los trabajadores del centro y los pueblos de las periferias, tras sus victorias conjuntas sobre el fascismo y el colonialismo, así como la posterior reorientación de las políticas económicas destinadas a consolidar el resurgimiento de las altas finanzas en Estados Unidos en la década de 1970, es posible comprender plenamente el despliegue globalizado de la ofensiva “neoliberal”3.

La ortodoxia neoliberal es bien conocida. A nivel nacional, consiste, en resumen, en aplicar una estrategia agresiva contra el Estado, que conduce a la privatización de las empresas públicas –es decir, al desmantelamiento del capital en favor del sector privado– y a recortes presupuestarios, junto con el desmantelamiento de la protección social; y en imponer la austeridad salarial, posibilitada por la eliminación de las rigideces sindicales, como piedra angular de la desinflación, que prima sobre todas las demás consideraciones, a saber, una distribución del valor añadido favorable al capital y el mantenimiento de altos tipos de interés reales.

Aplicados a escala global, los dogmas neoliberales buscan principalmente perpetuar la supremacía del dólar estadounidense sobre el sistema monetario internacional mediante la adopción de tipos de cambio flexibles –de ahí su contraparte europea, una moneda única que somete toda la política económica de los países miembros de la eurozona a su implacable ley, así como a los múltiples problemas que plantea a todos los demás países del mundo– y promover el libre comercio mediante la reducción de las barreras proteccionistas y la liberalización de las transferencias de capital.

La estandarización global de esta estrategia de “desregulación” de los mercados –es decir, de “re-regulación” de los mercados por parte del capital dominante a escala global– forma parte de las funciones del complejo formado por organizaciones internacionales (entre las que destacan el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio [OMC], etc.) y autoridades monetarias y financieras locales, empezando por los bancos centrales autoproclamados “independientes” (¿pero a quién responden si el poder político ya no los controla?), los ministerios de Finanzas y los servicios del Tesoro, etc.4

Todo este aparato está situado, hasta la fecha, bajo la hegemonía de Estados Unidos, cuyo componente militar garantiza, como último recurso, mediante la guerra si es necesario, la reproducción global de las condiciones de funcionamiento polarizadoras del sistema mundial capitalista5.

Los fundamentos del neoliberalismo y la meritocracia

Para comprender la importancia de la meritocracia en las políticas neoliberales, empecemos por examinar las tesis de Mises y Hayek, las más citadas por los think tanks6 encargados de difundir sus ideologías. La principal obra de Hayek, Premio Nobel de Economía en 1974, es The Road to Serfdom (El Camino hacia servidumbre), publicada en 1944; la de Mises es Human Action: A Treatise on Economics (La Acción humana: tratado de economía), publicada en 1949. En 1947, junto con otros liberales más o menos próximos a ellos, contribuyeron a fundar en 1947 la Sociedad del Mont Pèlerin, un grupo de políticos, filósofos y economistas de primera importancia deseosos de promover los “valores del liberalismo”.

Tanto Mises como Hayek partían de la idea de que el Estado tenía el monopolio de la coerción sobre los individuos. La existencia del Estado es un hecho que se les impone constantemente –tanto más, añadiríamos nosotros, porque es inseparable del capitalismo7. De ahí, según estos dos autores, la necesidad de buscar una intervención estatal “minimalista” en todas las actividades vitales para la sociedad, ya sean económicas, sociales o políticas. Esta coerción mínima sería la suficiente solo para hacer funcionar el mercado y, al mismo tiempo, garantizar la libertad individual como derecho fundamental inseparable del capitalismo. En su opinión, los derechos civiles y políticos inherentes a la persona humana, entre los que destaca el derecho a la propiedad privada, fueron conquistados inicialmente en los siglos XVII y XVIII, sobre todo en Inglaterra, frente al poder del Estado8.

Para Mises, el papel del Estado debe limitarse estrictamente a garantizar las condiciones de la “cooperación social [entre] empresarios creativos”, sin pretender intervenir más allá (Mises, 1998, pág. 49). Según Hayek, el Estado, ejerciendo una coerción mínima para defender la libertad individual y la propiedad privada, debería actuar de la forma más neutral posible, aplicando la ley a todos. No debe haber excepciones ni el más mínimo condicionamiento que justifique medidas o aplicaciones diferenciadas de la ley general, en relación con la situación socioeconómica de las personas, además de distinciones de género, color de piel o autoidentificación individual –como hay muchos ejemplos en la actualidad. Con Hayek, la intervención del Estado para hacer cumplir leyes “generales y abstractas” consistiría en hacer cumplir reglas que permitan a los individuos organizar su vida futura, proporcionándoles un marco normativo en el que desenvolverse, pero dentro del cual, en función de sus conocimientos y circunstancias, las decisiones dependerían de ellos mismos (Hayek, 1994, pág. 158).

La intervención minimalista del Estado se derivaría, pues, del requisito de un marco jurídico que garantice tanto la libertad individual y la propiedad privada como el funcionamiento del mercado. En esto, Mises y Hayek no difieren de la visión liberal tradicional9. Sin embargo, ambos llegaron a afirmar que una intervención excesiva del Estado, es decir, más allá de lo que ellos definían como el mínimo para el funcionamiento de la economía, incluidos los asuntos sociales, en particular con el objetivo de reducir las desigualdades, va en contra de la libertad de los individuos y tiene como consecuencia socavar directamente la democracia (por ejemplo, Hayek, 1960, primer punto de la primera parte). Estos autores llegan a establecer un vínculo lógico e inevitable entre la adopción de la planificación económica –más aún si se aplica en una sociedad en transición socialista– y la instauración de un Estado totalitario. Defender el socialismo equivaldría, pues, a aceptar un paso hacia la dictadura10.

Sobre el tema de la dictadura, cabe señalar de paso que, aunque von Mises y Hayek huyeron de su país de origen (Austria) tras la llegada de Hitler al poder en Alemania, se mostraron, cuando menos, ambiguos respecto a otros regímenes fascistas o neofascistas. En 1927, en su libro Liberalism (Liberalismo), Mises dijo, refiriéndose a Mussolini: “No se puede negar que el fascismo y todos los intentos similares de dictadura están llenos de las mejores intenciones y que su intervención ha salvado por el momento a la civilización europea [frente al peligro del comunismo]” (Mises, 1927). En cuanto a él, Hayek visitó Chile en dos ocasiones tras el golpe de Estado del general Augusto Pinochet –que le recibió en el palacio presidencial en 1977– y declaró en 1981 en una entrevista concedida a la prensa local: “Personalmente, prefiero un dictador liberal a un gobierno democrático desprovisto de liberalismo” (Hayek, 1981).

El mismo Hayek (1994, pág. 22) llevó la lógica de su razonamiento un paso más allá y rechazó el establecimiento del Welfare State o Estado del Bienestar. En efecto, atacó las medidas adoptadas en el Reino Unido por el gobierno del Partido Laborista, socialdemócrata y moderado, que acababa de ganar por primera vez las elecciones generales de 1945: “Lo que dije en este libro [El Camino hacia servidumbre], y lo que la experiencia británica me ha mostrado cada vez más claramente, es que las consecuencias imprevistas más inevitables de la planificación socialista crean un estado de cosas en el que, si persiste esta misma orientación, las fuerzas totalitarias acabarán dominando. (...) Pero el experimento de la planificación económica bajo el gobierno laborista ha impulsado este desarrollo hasta tal punto que ahora es dudoso que pueda decirse que el Estado de Derecho sigue prevaleciendo en Inglaterra”.

The Road of Serfdom fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente entre 1940 y 1943. Inicialmente, fue una respuesta al Informe Beveridge, cuyo autor, William Beveridge, era decano de la London School of Economics, donde el propio Hayek era profesor en esta época. Este Informe, que aún hoy es citado como referencia por investigadores de numerosas disciplinas, fue un paso decisivo en la construcción de la protección social en el Reino Unido. Incluía un estudio detallado de las distintas medidas de protección social vigentes en el país en aquel momento, y las comparaba con las de otros países. Observando que el Reino Unido se estaba quedando atrás, propuso una serie de medidas políticas que, cuando finalmente fueron aplicadas por el Partido Laborista en el poder, iban a dar forma al National Health System o Sistema Nacional de Salud. Las mejoras introducidas en el sistema, sobre todo en términos de eficacia y cobertura, debían servir de modelo y contribuir a la extensión gradual, en formas más o menos desarrolladas, de la protección social en Europa Occidental, consolidando así las bases de la acumulación de capital en esta parte del mundo.

De “contrainforme” de Beveridge, el libro de Hayek se convirtió rápidamente en un ataque simultáneo al nazismo y al socialismo, en la medida en que el autor sostiene que sus raíces son comunes y hay que buscarlas en el fortalecimiento del Estado frente al individuo y en una planificación centralizada de la economía que destruye la competencia. Reitera que cualquier injerencia del Estado más allá del mínimo estrictamente necesario para que la sociedad funcione garantizando la propiedad privada y la libertad individual conduce al totalitarismo. Escribe a continuación: “El poder descentralizador corresponde necesariamente a la menor suma absoluta de poder, y el sistema de competencia es el único capaz de reducir al mínimo, mediante la descentralización, el poder ejercido por el hombre sobre el hombre. (...) Si hemos fracasado en nuestro primer intento de crear un mundo de hombres libres, debemos intentarlo de nuevo. El principio rector de que una política de libertad para el individuo es la única que realmente conduce al progreso sigue siendo tan válido hoy como lo fue en el siglo XIX” (Hayek, 1994, pág. 147 y pág. 222).

En el mismo libro, Hayek (1994, pág. 58) ya había subrayado esta amenaza que supone para la competencia la planificación centralizada: “El uso adecuado de la competencia como principio de organización social excluye ciertos tipos de intervención coercitiva en la vida económica, pero admite otros que a veces pueden facilitar su funcionamiento, o incluso requerir formas específicas de acción estatal. Sin embargo, hay buenas razones para hacer hincapié en estos requisitos negativos, es decir, en los casos en los que no se debe recurrir a la coacción. En primer lugar, es necesario que, en el mercado, los agentes tengan libertad para comprar y vender al precio que consideren satisfactorio, y que cada cual sea libre de producir, vender y comprar lo que pueda. Y es esencial que el acceso a los empleos se garantice a todos [sin restringirlo] mediante el uso de la fuerza. (...) Cualquier intento de controlar los precios o las cantidades de mercancías impide que la competencia promueva una coordinación eficiente de los esfuerzos individuales, ya que la alteración de los precios no logrará registrar los cambios en las condiciones del mercado y dejará de proporcionar al individuo una información fiable para poder guiar sus acciones”.

De este modo, para Hayek, la competencia en el mercado, la primacía del individualismo y la “democracia de los consumidores” son inseparables. Su libro fue una mordaz denuncia de toda una época, la de esta realidad histórica de la posguerra que llevó al poder a socialistas e incluso comunistas en varios países capitalistas y exigió nuevas políticas económicas que se apartaran del laissez-faire para tener en cuenta las necesidades tanto de la reconstrucción como de la creación de zonas tampón contra el avance de la Unión Soviética en Europa Central y Oriental. La intervención activa del Estado en la esfera económica y social era entonces bienvenida y, por así decirlo, la norma. Además, un amplio abanico de pensadores y políticos, desde el economista Joseph Schumpeter hasta el general Charles de Gaulle, pasando por el sociólogo Karl Mannheim, estaban de acuerdo11. Sin embargo, en la era actual de dominio del capital portador de intereses, las ideas de Hayek se han vuelto mucho más acordes con los tiempos, y encajan cómodamente en la ideología neoliberal imperante.

En Human Action, von Mises (1998, pág. 824) expresa claramente su posición sobre el papel del mercado y la intervención del Estado en el capitalismo, así como sobre las consecuencias que se derivarían: “En una economía de mercado, el individuo es libre de actuar dentro de los límites que le impone la propiedad privada. Sus elecciones son definitivas. Sus conciudadanos deberán tenerlo en cuenta a la hora de decidir sus propias acciones. La coordinación de las acciones autónomas de todos los individuos se consigue mediante el funcionamiento del mercado. La sociedad no dice al individuo lo que debe o no debe hacer. Y no hay ninguna necesidad de hacer obligatoria la cooperación mediante órdenes o prohibiciones. La falta de cooperación se penaliza a sí misma. No hay conflicto entre adaptarse a las exigencias del esfuerzo productivo de la sociedad y perseguir los propios objetivos personales. Por lo tanto, no se necesita una institución estatal para arbitrar conflictos que no existen”. Y prosigue: “El sistema puede funcionar y cumplir su papel sin la interferencia de una autoridad que dicte prohibiciones u órdenes y castigue a quienes no los respetan. Fuera del ámbito de la propiedad privada y del mercado se encuentra el mundo de la coerción; es decir, las barreras que la sociedad organizada ha construido para proteger la propiedad privada contra la violencia (...); este es el reino de la coerción, distinto del de la libertad. Son las reglas que separan lo legal de lo ilegal, lo permitido de lo prohibido; son el aparato implacable compuesto por armas, prisiones, horcas y personas que las empuñan, siempre dispuestas a someter por la fuerza a quienes se atreven a desobedecer”. Poco antes, Mises (1998, pág. 821) había precisado: “El único propósito del aparato social de coerción es salvaguardar el funcionamiento regular de la cooperación social”.

Lógicamente, esto conduce a una interpretación restrictiva del papel del Estado. Este estrechamiento de los márgenes de intervención estatal se ve agravado por la idea de que el Estado es, por su propia naturaleza, ineficiente. Tomaremos aquí la fiscalidad, por ejemplo. Von Mises considera que “los impuestos son un medio adecuado para obtener los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado”, siempre que sean muy bajos para no distorsionar la producción y el consumo. Si son elevados, “se convierten en un instrumento de destrucción de la economía de mercado” (Ibid., pág. 841). Y Mises añadió: “El opio y la morfina son ciertamente drogas nocivas y adictivas, pero si aceptamos que es deber del Estado proteger al individuo contra su propia insensatez, no puede plantearse ninguna objeción seria contra otras intervenciones. No faltarían razones para justificar la prohibición del consumo de alcohol y tabaco. ¿Y por qué limitarse a proteger su cuerpo? ¿No es más grave el daño que un hombre puede infligir a su mente que el daño físico? ¿Por qué no impedirle que lea libros malos y vea programas malos? Las consecuencias causadas por ideologías nocivas son ciertamente más perniciosas, para el individuo y para la sociedad, que las causadas por el consumo de drogas” (Ibid., pág. 843).

Aquí, no se trata tanto del nivel de imposición como de la defensa de la no injerencia del Estado. En lo que respecta a la fiscalidad, la injerencia del Estado se tolera en la medida en que los recursos resulten necesarios para financiar su acción mínima, es decir, lo que es suficiente para garantizar el funcionamiento del mercado, como la propiedad privada y la libertad individual; en resumen, lo justo para preservar los fundamentos del sistema capitalista. Desde nuestro punto de vista, se trata de una concepción demasiado simplificada del capitalismo. Es innegable que uno de los pilares del capitalismo es la propiedad privada (la de los medios de producción por encima de todo) y que el mercado ha penetrado en todas las actividades, pero es muy discutible que, bajo el control del capital, los individuos sean plenamente libres. Para mantener la cohesión social, ¿no utiliza el Estado muchos medios represivos, además de los asociados a sus aparatos ideológicos?

Cuando se trata de cuestiones sociales, esta visión del lugar del Estado en la sociedad capitalista tiene el efecto de impedir el progreso de políticas sociales como las que tomaron forma tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Europa. Hayek (1994, pág. 19) no se contenta con considerar estas intervenciones estatales como paternalistas; las interpreta como trayendo, en última instancia, una alteración de lo que él denomina el “carácter del pueblo”: “Pero los cambios en el carácter del pueblo británico, no solo bajo el gobierno laborista, sino a lo largo del período mucho más prolongado durante el cual ha disfrutado de las bendiciones de un Estado del Bienestar, son obvios. Estos cambios no pueden demostrarse fácilmente, pero son percibidos profundamente por quienes viven en el país”.

¿Qué podemos deducir de todo esto? Que incluso si consideráramos únicamente las acciones estatales destinadas a las capas más pobres de la población, dejando de lado el establecimiento por el Estado de un sistema general de seguridad social, con acceso universal a los servicios de salud, se produciría una “acomodación” del individuo. Así, una vez satisfechas sus necesidades, ya no buscaría mejorar su posición en la sociedad12. La contrapartida de la libertad individual sería ofrecer a los agentes la capacidad de determinar su propio destino. Los individuos podrían, a través de sus méritos, dotarse de atributos que les permitieran obtener mejores salarios y, por tanto, acceder a lo que necesitan o desean. Entonces, al aplicar políticas sociales, el Estado convertiría a los individuos en dependientes de él y, en el fondo, en seres carentes de iniciativa. Estaría actuando en contra de una búsqueda esencial de los individuos para mejorar su suerte. Sin embargo, podemos ver que, en el argumento neoliberal, es inconcebible que el sistema capitalista genere estructuralmente desigualdades, ni mucho menos que éstas sean de todo tipo y representen un freno extremadamente poderoso que impide a los individuos, a pesar de sus esfuerzos, mejorar su posición en la sociedad.

Basándose en tal concepción del funcionamiento de la economía, Mises (1978, pág. 856) escribe: “Las supuestas ‘conquistas sociales’ obtenidas mediante la reducción del tiempo de trabajo no aparecen por la aparición inmediata de efectos que todos, y especialmente los que han perdido su empleo, consideran indeseables. Hoy en día, la función principal de los aranceles y otros dispositivos proteccionistas es ocultar los efectos reales de las políticas intervencionistas destinadas a elevar el nivel de vida de las masas. El nacionalismo económico es el complemento necesario de estas políticas populistas, que pretenden aumentar el bienestar material de los asalariados cuando en realidad lo reducen”.

La intervención del Estado, ya sea en el mercado de trabajo (mediante la reducción de la jornada laboral, la instauración de un salario mínimo, etc.) o a través de diversas políticas sociales, perturbaría el orden inmanente del mercado, por lo que tarde o temprano estas acciones se volverían en contra de sus beneficiarios debido a la disminución de la producción y el empleo que conllevarían. Los beneficios que pudieran reportar sólo serían temporales y, por tanto, ilusorios. A partir de entonces, la única forma de que un individuo alcanzara una situación mejor que la que ocupa sería a través del esfuerzo, es decir, del mérito personal. Si leemos bien a Mises y Hayek, comprenderemos la centralidad de la meritocracia en materia de política social. Y si seguimos a sus discípulos extremos (libertarios o anarcocapitalistas), el Estado ni siquiera debe tomar medidas; es solo por su propio mérito que el individuo debería cubrir los llamados riesgos de su vida.

De ahí sus defensas de la educación privada, la sanidad privada y los fondos de pensiones, entre otras cosas. La importancia concedida a la meritocracia también se observa en la concepción neoliberal de las políticas públicas de protección social. Por poner aquí solo un ejemplo: en la mayoría de los países del mundo, la afiliación al sistema público de pensiones se concede mediante una cotización que, para los trabajadores asalariados, consiste en una deducción de su salario. De ello se desprende que el acceso a las prestaciones, en este caso la pensión de jubilación, se basa, entre otros criterios, después de un determinado número de años cotizados. El mérito se vincula entonces a una cotización previa, lo que representa su materialidad –y de hecho se confunde con la forma de financiación del sistema. Así pues, los individuos que no cotizan no tienen ningún derecho –aunque en general se preste asistencia a las personas con ingresos escasos o nulos.

El Estado y la protección social en el neoliberalismo

Veamos ahora en qué medida las ideas neoliberales, inspiradas en particular por los dos autores considerados, se han aplicado en la práctica, especialmente en lo que se refiere al tamaño del Estado y al alcance de la protección social. Para nosotros, solo es posible comprender el neoliberalismo teniendo en cuenta las condiciones concretas de la reproducción del capital y de la lucha de clases en el momento en que se impuso. Sin ello, corremos el riesgo de quedar prisioneros de consideraciones superficiales, como durante la reciente pandemia de Covid-19, cuando muchos observadores creyeron que, finalmente, había llegado el fin del neoliberalismo porque los gobiernos de todas las tendencias políticas aumentaron masivamente el gasto público, incrementando así considerablemente el déficit del Estado. Otro error es limitar la crítica al neoliberalismo a la denuncia del agravamiento del desempleo, la pobreza y las desigualdades sociales como signos de su fracaso, dando a entender que la lucha contra estos problemas es su objetivo. Por supuesto que hay que insistir en ellos, pero también y, sobre todo, hay que reconocer que, aplicando tales políticas antisociales, guiadas únicamente por la satisfacción de los objetivos del capital portador de intereses, es imposible obtener otros “resultados” que no sean esos.

La ideología neoliberal solo se impuso cuando quedó claro que los cimientos sobre los que había funcionado la reproducción del capital durante los 30 años de posguerra se estaban desmoronando. Este desmoronamiento desembocó en la crisis capitalista de los años 70, cuando los aumentos de productividad se ralentizaron y la tasa de ganancia empezó a caer, en un contexto de casi pleno empleo y con los sindicatos de trabajadores todavía a la ofensiva en la lucha de clases. Tras varios intentos infructuosos de hacer frente a la crisis mediante políticas anticíclicas, hubo que redefinir los fundamentos de la reproducción ampliada del capital que existían hasta entonces. Fue en ese preciso momento cuando se inició el vasto movimiento de liberalización, lanzado en Estados Unidos y Gran Bretaña, y extendido después, en secuencias sucesivas, a los demás países capitalistas. La ola neoliberal afectó a todos los mercados, empezando por el sector financiero. El capital portador de intereses exigía para él una total libertad de acción. Sus ideólogos lograron hacer valer esta reivindicación al afirmar que hablaban también en nombre del capital productor de mercancías y del capital comercial –ambos todavía atacados por las altas finanzas.

El período del Estado de bienestar de posguerra fue, de hecho, el resultado de una combinación única –y, de hecho, excepcional– de factores políticos, sociales y económicos que es imposible rastrear13, pero que introdujo un cambio decisivo en relación con lo que se había observado desde el final del siglo XIX y la entrada del capitalismo en su llamada fase “imperialista”14. Este momento histórico estuvo marcado por lo que se llamó el “compromiso keynesiano”, consistente en un acuerdo alcanzado entre gobierno, empleadores y sindicatos, basado en la aceleración del crecimiento de la productividad mediante la adopción de nuevos métodos de trabajo. Esto dio lugar a aumentos concomitantes de la tasa de ganancia y de los salarios reales, así como al establecimiento o expansión de sistemas de protección social. El capital dedicado a la producción –el “capital industrial” de Marx (1978)– era todavía dominante en esa época, mientras que el capital portador de intereses vio su desarrollo restringido por los acuerdos de Bretton Woods, complementados por regulaciones nacionales15. Una vez agotado el ciclo anterior de reproducción del capital, basado en el aumento de la productividad y su reparto entre capital y trabajo, se rompieron los lazos del capital portador de intereses y, luego, en el campo ideológico, se atribuyó un lugar central al mercado competitivo y a un Estado no intervencionista, o “minimalista”. Fue a partir de ahí que las finanzas irían ganando cada vez más terreno hasta acabar ocupando una posición dominante en los mecanismos económicos de la sociedad capitalista.

Pero ¿qué significa exactamente un Estado minimalista? ¿Sería un Estado pequeño, o incluso muy pequeño, como dicen muchos pensadores y políticos neoliberales? Más bien, los hechos demuestran que, bajo el neoliberalismo, en la mayoría de los países capitalistas del Norte, el Estado ha seguido ampliando su presencia, y el gasto público expresado en términos tanto de nivel como de proporción del PIB ha seguido aumentando con mayor frecuencia, a pesar de los discursos respecto al Estado minimalista. Lo que propugnan los autores neoliberales no es tanto la reducción del gasto público, contrariamente a lo que a menudo se afirma, sino el abandono de la responsabilidad estatal en tantos campos de actividad como sea posible, en particular los sociales, para abrir más espacios al capital financiero para acumularse –incluso en diversas formas de capital ficticio. Como contrapartida, este proceso suele ir acompañado de una mayor presencia del Estado en otros ámbitos, especialmente los de la seguridad y la producción de armas. Incluso en los países que han fomentado una amplia privatización de sus empresas públicas y han reducido su participación en la organización y financiación de las cuestiones sociales, confiando la salud y la educación casi por completo al sector privado, no ha habido ninguna reducción del gasto público. Por el contrario, este último ha aumentado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)16 (Cuadro 1).

Si bien la tendencia claramente ascendente es común a todos los países estudiados (excepto Estados Unidos, que presenta una curva en forma de “campana”), las evoluciones registradas por cada país presentan especificidades relacionadas con sus estructuras económicas y las políticas presupuestarias y fiscales llevadas a cabo por sus respectivos gobiernos, cuyo análisis excede el alcance de este artículo e invita a una mayor exploración de este trabajo17.

Al igual que el gasto estatal, la deuda pública ha seguido aumentando (Cuadro 2). Cabe recordar que los títulos públicos constituyen uno de los principales componentes del capital ficticio, cuya rápida expansión comenzó en los años 1990. Para contener este crecimiento del gasto público, que corre el riesgo de hacer insoportable la carga de la deuda, los gobiernos han introducido varios mecanismos temporales o permanentes (Bova et al., 2015)18. Aunque la intención de los diseñadores de la política económica es reducir el nivel de deuda pública, los acreedores de esta actúan en la dirección opuesta, prefiriendo que esa deuda se renueve para recibir su servicio –es decir los intereses– hasta el infinito.

Un aspecto importante del proyecto neoliberal es la introducción en la conducción de los asuntos del Estado de ciertos criterios de gestión basados en la competencia y la búsqueda de excedentes, característicos de los métodos utilizados por las grandes empresas privadas. Las fronteras entre las esferas pública y privada se difuminan y, a veces, incluso se eliminan, con un sector mercantil que gana terreno en la prestación de misiones de servicios públicos. Uno de los principales objetivos de las ideologías y políticas neoliberales es no solo proporcionar espacios cada vez más extensos al capital para su acumulación, sino también transformar el Estado en una herramienta diseñada para servir lo más eficazmente posible, no tanto a los ciudadanos, como a los capitalistas más poderosos en su incesante búsqueda de ganancias. Así, las “reformas” neoliberales del Estado aplicadas en la mayoría de los países del sistema mundial capitalista en las últimas cuatro décadas han superpuesto dos procesos distintos pero conectados: por un lado, la privatización de las empresas públicas y, por otro, la adopción de principios hasta entonces antagónicos a la historia y el funcionamiento de sectores de actividad no mercantiles19.

Marques et al. (2021) especifican sobre este tema: “La introducción de los principios de la competencia y de las herramientas que los acompañan en el Estado se basa en la idea de que el sector público es ineficiente y (...) un lugar de baja productividad y elevados gastos. Un Estado con estas características sería un obstáculo o un lastre para la competitividad del capital en la globalización. (...) [L]os defensores de este nuevo Estado neoliberal no creen que los funcionarios sean capaces de aplicar los principios de eficiencia en sus prácticas laborales cotidianas. Por eso abogan por la creación de comisiones independientes, externas al Estado, que evalúen los programas públicos y recomienden si deben mantenerse o no. El objetivo (...) es lograr una mejor relación coste-beneficio, como si este método pudiera aplicarse a políticas dirigidas al conjunto de la sociedad y no existieran diferencias de naturaleza ni de objetivos entre las actividades del sector público y las del privado. La inadecuación de tales criterios se pone de manifiesto desde el momento en que los derechos sociales se consideran una expresión de la ciudadanía”.

Por lo que respecta a las políticas sociales, especialmente las relativas a la jubilación y la sanidad -pero también podríamos extender nuestra reflexión a las prestaciones por desempleo o al sector educativo, entre otros ejemplos20 –, el auge del neoliberalismo ha sido implacable, aunque haya diferido de una sociedad a otra y según los riesgos considerados (vejez, enfermedad, desempleo, etc.). Hay que subrayar, sin embargo, que muchas experiencias de privatización tuvieron que ser interrumpidas o incluso revertidas, como veremos.

Por lo que respecta a las pensiones, América Latina es una de las regiones donde más “reformas” se promovieron, sustituyendo total o parcialmente los regímenes públicos de reparto por sistemas privados de capitalización –en los que solo cotizan los asalariados. El primer experimento de este tipo tuvo lugar en Chile en 1981, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, y sirvió de modelo para los que siguieron21. Fuera de América Latina, también se han aplicado “reformas” en Europa Central y Oriental y en la antigua Unión Soviética22. En África, tales políticas también se han aplicado en Nigeria (2004) y Ghana (2010), en particular, después de que sus gobiernos se embarcaran en un giro neoliberal.

Un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018) mostró que, entre todos los países que habían “reformado” así sus sistemas de pensiones, 18 habían cancelado y luego revertido el movimiento de privatización, total o parcialmente23 –la mayoría de las veces después de los desastres causados por la crisis financiera de 2008. Este mismo estudio sugiere que los resultados de 30 años de privatización han sido, entre otros efectos, los siguientes: menores tasas de cobertura; deterioro de los montos de las prestaciones (de ahí una menor capacidad de sustitución en comparación con los ingresos recibidos durante la vida laboral); agravación de las desigualdades de ingresos (el sistema ya no siendo redistributivo), pero también las desigualdades de género; aumento de los costes y, por tanto, acentuación de las presiones presupuestarias ya de por sí fuertes; o incluso debilitación de la gobernanza al captar funciones de regulación y supervisión. “Esta captura”, podemos leer, “corresponde a la situación en la que una agencia reguladora, creada para la defensa del interés público, actúa en beneficio de ciertos grupos de interés económico en el sector que debería ser objeto de regulación” (Ibidem). El estudio concluye que es el sector financiero, y más precisamente los fondos de pensiones, los que han sabido disponer y beneficiarse de los ahorros para la jubilación de las poblaciones de estos países. Esta observación confirma el deseo del capital portador de intereses de entrar con fuerza en los “asuntos sociales” para ampliar su campo de actividades y tratar de encontrar allí oportunidades de obtener mayores ganancias.

Se sabe que hoy en día los fondos de pensiones constituyen uno de los inversores institucionales más poderosos dentro del capitalismo dominado por las altas finanzas24. Este poder proviene tanto de las masas de capital que manipulan como de su capacidad para moverlas con extrema rapidez tan pronto como se les presentan nuevas oportunidades de inversiones con alto rendimiento, sin preocuparse por las posibles consecuencias socioeconómicas que sus decisiones pueden causar. E incluso en países donde las “reformas” neoliberales solo afectaron los criterios de acceso o los montos de los beneficios, esta evolución terminó beneficiando al sector privado de pensiones. De hecho, algunos asegurados con ingresos elevados han buscado invertir parte de su dinero para complementar sus pensiones o para asegurarse de disponer de ingresos adicionales antes de la fecha límite legal para la concesión de su pensión pública.

En el ámbito de los regímenes de salud, el ascenso del sector privado se ha producido de diversas maneras. El emblema de la privatización de la salud pública es el caso de Chile durante la dictadura del General A. Pinochet. El acceso a los servicios de salud se estratificó de la siguiente manera: aquellos con mayores ingresos compraron planes de salud en el mercado; Las clases medias pudieron optar por modalidades de libre elección con servicios prestados por instituciones privadas, realizando copagos; y los trabajadores más pobres o desempleados recibían el servicio mínimo proporcionado por las unidades de salud estatales (cuando podían acreditar su condición de pobreza)25. Luego, en la década de 1990, le tocó a Colombia, entonces bajo gobiernos de derecha o de extrema derecha, privatizar su sector de salud.

Poco después, al otro lado del Atlántico, los países de Europa Central y Oriental y la antigua URSS hicieron lo mismo. Estos fueron a menudo ejemplos extremos. En otros lugares, el ascenso del sector privado y la lógica del mercado se han producido de diferentes maneras. En ocasiones, el deterioro de la capacidad financiera del sector público para prestar servicios de salud adecuados ha acelerado la promoción de planes de salud y seguros privados, principalmente para las clases sociales más privilegiadas. En otros casos, como hemos visto, se introdujeron criterios de gestión, asignación y evaluación de recursos basados en los utilizados por las grandes empresas privadas26. La integración de estos principios e indicadores por parte de los Estados capitalistas es tal que han sido calificados de gobiernos “corporativos”27.

En el caso del sector de la salud, además del rigor presupuestario que impone la prioridad dada al equilibrio de las cuentas públicas –o incluso al superávit de ingresos sobre gastos–, la adopción casi sistemática de estándares de eficiencia y análisis costo-beneficio en los diversos procesos de toma de decisiones internos a menudo llevan a perder de vista la dimensión colectiva de las misiones de servicio público e incluso a contradecir directamente el primer principio de las políticas públicas.

CONCLUSIONES

El alegato de Mises y Hayek en defensa de un Estado minimalista que intervenga solo para que funcione la sociedad, prevalezca la competencia y se garanticen la libertad individual y la propiedad privada es únicamente una faceta del discurso que el capital necesitaba. Por una parte, el capital portador de intereses estuvo bajo control durante mucho tiempo y luchó por ganar de nuevo su libertad de movimiento. Por otro lado, el capital dedicado a la producción de mercancías, en un intento por recuperar una tasa de ganancia considerada satisfactoria y orientada hacia arriba, necesitaba desregular el mercado de trabajo. El hecho es que sin duda ambos objetivos se han logrado. Es por esto que el discurso sobre la libertad no puede entenderse solo como un requisito individual, sino también como una necesidad de todos los ciudadanos que forman una nación y, más allá de ella, el mundo. En esta perspectiva, los intereses de clase, incluidos por supuesto los de las fracciones dominantes de las clases dominantes –las altas finanzas–, son presentados por los pensadores y políticos neoliberales actuales como inexistentes, dejando solo a una población indistinta.

Cuando domina el capital portador de intereses, el Estado no es pequeño y, menos aún, no intervencionista. Por lo tanto, en lo que se refiere a su tamaño, solo está aumentando y se está fortaleciendo claramente en ciertos ámbitos, especialmente los de los aparatos estatales de represión y destrucción (esencialmente, los llamados gastos de "orden público y seguridad interior"), " y producción de armas). Tiende a reducirse en áreas en las que el capital privado quiere entrar (o ya ha entrado), como la educación, la salud y las pensiones. Luego se refiere a los pensamientos de Mises y Hayek para justificar el acceso a bienes y servicios en estas áreas, utilizando el criterio del ingreso, que traduce la meritocracia de la manera más concreta posible. Este criterio no excluye, sin embargo, que el Estado tenga programas dirigidos a los más pobres (por ejemplo, en salud y educación básica), dado que es esencial para mantener la cohesión social y garantizar que estos individuos adquieran habilidades mínimas para su ingreso al mercado laboral y su vida social. Pero es en tales condiciones que dentro de las políticas sociales opera un fenómeno pernicioso de aniquilación del colectivo y de refuerzo del individualismo, en el que se apoyan, entre otros, los fondos de pensiones que presionan por la adopción de planes de capitalización, con contribuciones determinadas y beneficios indeterminados, como la de los planes de salud privados. Se están desarrollando entonces programas mediados por los ingresos individuales, en lugar de soluciones colectivas y solidarias.

Un tema particularmente interesante para trabajar en investigaciones futuras, entre muchas otras posibilidades, sería estudiar las oposiciones que pueden existir entre las diferentes corrientes del neoliberalismo, es decir, entre sus partidarios más o menos radicales, así como las relaciones que estos autores mantienen con las diferentes facciones contradictorias de las altas finanzas, principalmente en Estados Unidos.

notas

1 Se trata de una definición estrecha de protección social, que, en algunos países es mucho más amplia y abarca en particular la vivienda o la educación, entre otros sectores.

2 Marques y Nakatani (2009).

3 Herrera (2022a).

4 Herrera (2022b).

5 Un ejemplo, relacionado con Cuba: Herrera (2025).

6 Estos think tanks se han multiplicado en todo el mundo, especialmente desde la década de 2000 y 2010 (Vargas y Marques, 2021).

7 Hobsbawn (1999).

8 Solano (2009).

9 Dockès (2017).

10 En su discurso de aceptación del Premio Nobel de Economía en 1974, compartido con Myrdal, Hayek reafirmó que la planificación iría en contra de la libertad individual y que su persistencia conduciría inevitablemente al Estado a la dictadura.

11 Judt (2008).

12 En Brasil, después de 20 años del programa Bolsa Familia, algunos políticos todavía se oponen a él, al afirmar que sus beneficiarios prefieren no trabajar antes que recibir el salario que se les ofrece. En realidad, esto solo pone de relieve el nivel extremadamente bajo de remuneración que algunos todavía se atreven a ofrecer.

13 Marques (1997) y Herrera (2022).

14 Lenin (1945).

15 Marques y Nakatani (2009).

16 Véase: Marques et al. (2021). Este aumento del gasto público como proporción del PIB se explica por la voluntad del Estado de mantener la cohesión social, o incluso la soberanía nacional.

17 Herrera (2012).

18 En Brasil, esto se hizo realidad en restricciones presupuestarias decididas en la década de 1990 con la adopción de una enmienda constitucional que congeló el nivel de gasto durante 20 años. Este dispositivo entró en vigor en 2017, bajo el gobierno de Temer. La congelación incluyó el gasto social, pero excluyó los pagos del servicio de la deuda. El régimen presupuestario más flexible aprobado en el tercer mandato de Lula, que comenzó en 2023, permitió mayor margen de maniobra por el lado del gasto, pero exigió un equilibrio previo de las cuentas públicas, lo que redujo los presupuestos sociales e impidió compensar las pérdidas registradas en los gobiernos anteriores de Temer y Bolsonaro.

19 Dardot y Laval (2016, pág. 272) hablan sobre este tema de transformaciones externa e interna del Estado: la primera pone fin a su papel de productor; la segunda lo establece como regulador, pero “moviliza nuevos instrumentos de poder y, con ellos, estructura nuevas relaciones entre Estado y sujetos sociales”.

20 Sobre el mercado de trabajo, véase: Gazier y Herrera (2001). Sobre la educación: Herrera (2007).

21 Posteriormente hubo “reformas” en Perú en 1993 y en Colombia en 1994, introduciendo un régimen de capitalización privada en paralelo al régimen público, con contribuciones determinadas, pero beneficios indeterminados. El año 1994 también marcó la adopción de un sistema mixto en Argentina, seguido por Uruguay dos años más tarde. Luego fue el turno de Bolivia y México (1997), así como de El Salvador (1998), donde el régimen público fue reemplazado por la capitalización privada. La ola neoliberal terminó en la región en 2001 en Costa Rica (con un sistema mixto), 2003 en República Dominicana, 2004 en Nicaragua (pasando a la capitalización) y Ecuador (sistema mixto) y 2008 en Panamá. Brasil experimentó tres reformas, la más brutal de las cuales tuvo lugar bajo el gobierno de Bolsonaro en 2019.

22 1998: Hungría y Kazajstán; 1999: Croacia y Polonia; 2001: Letonia; 2002: Bulgaria, Estonia y Rusia; 2004: Lituania y Rumania; 2005: Eslovaquia; 2006: Macedonia (Norte); 2013: República Checa; 2014: Armenia.

23 Venezuela en 2000, Ecuador en 2002, Nicaragua en 2005, Bulgaria en 2007, Argentina y Eslovaquia en 2008, los países bálticos (Estonia, Letonia, Lituania) y Bolivia en 2009, Hungría en 2010, Croacia, Macedonia (Norte) y Polonia en 2011, Rusia en 2012, Kazajstán en 2013, República Checa en 2016 y Rumania en 2017.

24 Véase: Chesnais (2005), Marques y Nakatani (2009), Paiva Ramos et al. (2024).

25 Cortez et al. (2020).

26 Ferreira Ribeiro Jansen (2016).

27 Dardot y Laval (2016).

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CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.

AGRADECIMIENTOS

No aplica.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:

Rosa Maria MARQUES: Conceptualización, Curación de datos, Análisis Formal, Adquisición de fondos, Investigación, Metodología, Administración del proyecto, Recursos, Software, Supervisión, Validación, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y Edición.

Rémy HERRERA: Conceptualización, Curación de datos, Análisis Formal, Adquisición de fondos, Investigación, Metodología, Administración del proyecto, Recursos, Software, Supervisión, Validación, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y Edición.

FINANCIACIÓN

No existe financiamiento externo a los autores ni otros compromisos.

PREPRINT

No publicado.

DECLARACIÓN DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN

No aplica.

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