INTRODUCCIÓN
El Gobierno de Estados Unidos de América —en lo adelante EE. UU.—, ha intentado desacreditar la obra de la Revolución, incluyendo su Sistema Nacional de Salud y la cooperación internacional en esa esfera (Kirk & Erisman, 2009; Kirk, 2016). No obstante, a partir de la primera década del 2000, y coincidiendo con el surgimiento de la exportación de servicios de salud y la obtención de divisas por esa vía, implementó una estrategia de boicot que se puso de manifiesto en todos los países con presencia de Brigadas Médicas Cubanas —en lo adelante BMC— (Rivera, 2022, 2024).
En México las acciones contra el convenio comenzaron desde 2020, después del anuncio realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador —en lo adelante AMLO—, de que un acuerdo con Cuba posibilitaría la llegada de médicos para incorporarse al enfrentamiento de la pandemia por COVID-19, y contrarrestar de esa manera la escasez de profesionales (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2020).
Las acciones contra el convenio entre Cuba y México se intensificaron e incluyeron a nuevos actores, después de su ampliación. Esto último permitió, superado el escenario de crisis sanitaria, que el Gobierno mexicano enviara a los lugares con mayores déficits de profesionales, a cientos de cubanos (Prensa Latina, 2020; Sheinbaum Pardo, 2020). Aquí ocurrió una doble oposición, y por ello se aumentó la cantidad de actores participantes, pues se articularon los que estaban contra el Partido Movimiento de Regeneración Nacional —el de AMLO y Claudia Sheinbaum —, y el Gobierno cubano y su Revolución.
Ni las acciones, ni los actores, fueron novedosos, sino que tuvieron elementos coincidentes con fenómenos ocurridos en países de América Latina con presencia de BMC. En todos hubo incidencia activa de las asociaciones gremiales médicas, de los medios de comunicación y de Organizaciones No Gubernamentales —en lo adelante ONG—, los que en su conjunto hicieron coberturas mediáticas negativas y la realización de eventos para denunciar la presencia cubana, entre otras acciones.
El presente trabajo determinó las principales manifestaciones de la estrategia de boicot del gobierno de EE. UU. al convenio médico entre Cuba y México en el periodo 2020-abril 2025. Para dar respuesta al objetivo, entre septiembre de 2024 y junio de 2025, se realizó un estudio cualitativo, con el empleo de métodos teóricos y empíricos.
DESARROLLO
Principales manifestaciones de la estrategia de boicot del gobierno de EE. UU. a los convenios médicos entre Cuba y países de América Latina que fueron cancelados o no renovados en el periodo 2018-2019
La llegada a la Casa Blanca de Donald Trump en 2017 permitió el perfeccionamiento de la estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos internacionales. Aunque los dos objetivos principales continuaron siendo la afectación de la imagen y limitar los ingresos obtenidos por esa vía, se jerarquizó poner fin a esos acuerdos, mediante su cancelación o no renovación. Esto se puso de manifiesto en el periodo 2018-2019, en países de América Latina como Brasil, El Salvador, Ecuador y Bolivia (Rivera, 2022, 2024).
El Programa Mais Médicos, vigente en Brasil entre 2013 y 2018, fue cancelado después de la decisión de la Isla de retirar la BMC, por el anuncio del presidente electo Jair Bolsonaro de cambiar las condiciones originalmente pactadas (Rivera, 2022, 2024). Fueron atendidos más de 113 millones de pacientes y 700 municipios tuvieron asistencia médica por primera vez (Cubadebate, 2018).
Los argumentos esgrimidos para cuestionar el acuerdo incluían que los profesionales estaban separados de sus familiares. Jair Bolsonaro había señalado en 2013 riesgos a la seguridad nacional por la llegada masiva de médicos cubanos y sus familiares (Diário da Câmara dos Deputados, 2013), lo que evidenció el carácter político y coyuntural de sus planteamientos. El nuevo Gobierno brasileño tenía estrechos vínculos y total identificación ideológica con la administración de Donald Trump (Rivera, 2022).
Los gremios médicos catalogaron de “esclavos” a los profesionales (Lissardy, 2013; Bezerra & Elias, 2017). Al unísono, varios cubanos que abandonaron el Programa, demandaron en tribunales a Cuba por “trabajo forzoso” (Darlington, 2018; Dubbin & Cuneo, 2020). El Gobierno de EE. UU. lo calificó como un esquema de “trata de personas”, exigió explicaciones a la Organización Panamericana de la Salud y realizó presión diplomática a los países receptores; también fueron promovidas acciones legislativas (U.S. Department of State, 2020a, 2020b).
El Programa Misión Milagro en El Salvador benefició a miles de salvadoreños entre 2015 y 2019 (MINSAL, 2019). La Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y el Colegio Médico, obstaculizaron la renovación del acuerdo (Ríos, 2019). Calificaron el programa como “político” y cuestionaron supuestos privilegios salariales de los cubanos frente a los médicos nacionales (Herrera, 2019). Se interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra los profesionales por ejercicio sin autorización, lo que provocó la salida de la BMC en 2019 (Prensa Latina, 2019b). La ministra de salud, Violeta Menjívar, denunció la criminalización del acuerdo por intereses políticos (Cornejo, 2019).
En Ecuador, la BMC suplía casi la mitad del déficit de especialistas desde 2006 (Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, 2015; CubaMinrex, 2019b). No obstante, hubo críticas de los gremios médicos (Solano, 2013), y después de la llegada al poder de Lenín Moreno, en 2019 fue anunciada la no renovación de los convenios por razones económicas. Esta decisión respondió a las presiones estadounidenses por la alineación de ese Gobierno a sus intereses (CubaMinrex, 2019b).
En Bolivia, desde 2006 la BMC realizó más de 73 millones de consultas (CubaMinrex, 2020). Cuba retiró a su personal en 2019 en el contexto de ruptura bilateral con el Gobierno interino de Jeanine Áñez (Granma, 2019), el que realizó detenciones arbitrarias, allanamientos y acusaciones de espionaje (CubaMinrex, 2019a). El Gobierno estadounidense celebró la salida de los profesionales y denunció el supuesto uso político de la misión médica (Rivera, 2022).
Acciones y papel de los actores involucrados contra el convenio médico entre Cuba y México en el periodo 2020-abril 2025
Las primeras acciones contra el convenio médico entre Cuba y México surgieron en 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19. En abril, el presidente AMLO anunció la llegada de un grupo inicial de 10 médicos para dar respuesta al déficit de personal sanitario (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2020). Esto se transformó en un convenio sanitario más amplio entre el Ministerio de Salud Pública de Cuba y el Instituto de Salud para el Bienestar del país azteca, lo que incrementó la presencia de profesionales cubanos (Prensa Latina, 2020; Sheinbaum, 2020).
De manera paralela se suscitó el rechazo de la oposición, la que utilizó estos hechos para atacar los gobiernos de AMLO y Claudia Sheinbaum. Entre el 7 de abril de 2020 y el 14 de abril de 2025, fueron identificadas al menos 84 acciones contra la BMC, que incluyeron la cobertura mediática, declaraciones públicas de condena, realización de eventos, presentación de informes y peticiones, envío de cartas, presentación de iniciativas parlamentarias, abordaje del tema en encuentros diplomáticos bilaterales y demandas en tribunales. Estas acciones fueron similares a las implementadas en otros países de América Latina como parte de la estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos internacionales.
Los principales actores involucrados no fueron novedosos e incluyeron asociaciones gremiales, congresistas estadounidenses y legisladores del país, medios de comunicación, ONG y grupos contrarrevolucionarios cubanos. Los roles desempeñados fueron diversos y complementarios. Un mismo actor, emitió declaraciones condenatorias sobre presuntas violaciones laborales, impulsó cobertura de prensa sesgada y difundió contenidos críticos.
Los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial en la difusión de narrativas negativas. Replicaron términos como “trabajo forzado”, “esclavitud moderna” y “trata de personas”, enfoque evidenciado en publicaciones de medios como Imagen Radio y The Wall Street Journal (Diario de Cuba, 2022; EFE Noticias, 2022; Imagen Radio, 2020; Infobae, 2022; O’Grady, 2020). Dieron cobertura al tema del presunto desplazamiento de los profesionales locales, omitiendo que los galenos cubanos atendían comunidades marginadas sin acceso a servicios médicos (Fisher, 2022). Esta línea discursiva se reforzó con investigaciones académicas, como la de Ramonfaur y Gómez-Dantés (2025) en The Lancet Salud Regional–Américas, y declaraciones de actores políticos, como la del director de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí, Ismael Francisco Herrera Benavente (Potosí Noticias, 2025a, 2025b), quienes criticaron el costo del convenio, cuestión que evidenció la sinergia entre medios y actores políticos en la oposición al programa.
Los gremios médicos mexicanos —al igual que en Brasil, El Salvador, Ecuador y Bolivia—, desempeñaron un papel principal. Se destacó la campaña en internet, en 2020, que recopiló más de 35 mil firmas para exigir la contratación de profesionales mexicanos y no cubanos (14ymedio, 2020; De la Rosa, 2020). Al unísono, doce organizaciones médicas expresaron a AMLO su “rechazo y profunda desaprobación” porque el convenio violaba la Ley General de Salud y desplazaba a los profesionales locales (Asociación Mexicana de Cirugía General A.C., 2020; Toche, 2020). En contraposición, el Gobierno demostró que los contratados trabajaban en zonas marginadas sin cobertura de profesionales locales (IMSS, 2022; Calvillo, 2024), por lo que se trataba de acciones con trasfondo político, más que sanitarias o administrativas.
Las ONG —con énfasis en Prisoners Defenders y Cuba Archive—, también tuvieron una participación destacada en la internacionalización del debate y la articulación de una red de actores políticos y mediáticos.
Prisoners Defenders organizó eventos clave, como la conferencia de prensa del 25 de agosto de 2022, en Ciudad de México, en la que presentó un informe sobre la “esclavitud moderna” y la presencia de profesionales “militares con credenciales médicas no verificadas” (Prisoners Defenders, 2022a, b, c). Un hito importante fue la creación de Prisoners Defenders América Latina, en 2022, para monitorear y combatir las “violaciones a los derechos humanos”, principalmente en la BMC (En Alta Voz, 2022).
Cuba Archive, el 30 de mayo de 2022, propuso al secretario de Salud de México contratar directamente a más de 400 médicos cubanos sin vínculo con su Gobierno, para fortalecer el sistema sanitario, lo que permitiría desmarcarse del modelo de “explotación laboral” de Cuba (Werlau, 2022).
Entre los actores políticos sobresalió el Partido Acción Nacional —en lo adelante PAN—, y el senador Julen Rementería del Puerto, coordinador de su bancada en el Senado. Este último presentó varias denuncias como la investigación denominada Cubagate, en 2021, en la que retomó líneas de mensajes empleadas en otros países, como la existencia de “fraude” en el pago a Cuba, la no verificación de los títulos y las posibles negligencias médicas (PAN Senado, 2021; Rementería, 2021).
Como evidencia de la vinculación de Rementería con la estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos internacionales, en septiembre de 2022, fue divulgado que recibía financiamiento de la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional —en lo adelante USAID—, por mediación de Margarita Guerra, directora de Programas de la Oficina para América Latina y el Caribe. Fue revelado también su vínculo con agrupaciones contrarrevolucionarias como la ONG Foundation For Human Rights in Cuba, la que tenía entre sus principales objetivos el ataque a las BMC (Arkonada, 2022; Cubadebate, 2022).
En el proceso eleccionario de 2024, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, representante de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México —conformada por el PAN, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática—, prometió cancelar la contratación de médicos cubanos si resultaba electa (EFE Noticias, 2024). Dijo que “la traída de médicos cubanos solo ha servido para simular el financiamiento de un régimen autoritario porque ni crean que les pagan bien” (EFE Noticias, 2024).
Uno de los actores externos destacados fueron los congresistas estadounidenses, encabezados por Marco Rubio y María Elvira Salazar. Intentaron atacar el Tratado entre México, EE. UU. y Canadá —en lo adelante T-MEC—, invocando la cláusula que prohíbe el trabajo esclavo. El 25 de abril de 2022, los mencionados, en unión de Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, enviaron una carta a Samantha Tate, responsable de la División de Monitoreo y Aplicación del T-MEC en la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales del Departamento de Trabajo (Salazar, 2022, 2023).
El 22 de marzo de 2023, la representante estadounidense María Elvira Salazar sostuvo un encuentro con AMLO, a quien planteó tres demandas: que los médicos cubanos recibieran pagos directos, que pudieran viajar con sus familiares y que gozaran de libertad (Salazar, 2023).
También el Gobierno de EE. UU. tuvo incidencia directa; desde 2021, el Departamento de Estado en su Informe Anual sobre Trata de Personas ha recomendado a las autoridades mexicanas que “desarrollen e implementen procedimientos para identificar proactivamente a las víctimas”, incluyendo a los profesionales médicos cubanos (U.S. Department of State, 2021, 2022, 2023, 2024).
Las acciones contra el convenio médico entre Cuba y México, y los actores participantes, tuvieron puntos coincidentes con lo sucedido en otros países de la región. El respaldo creciente a la presencia de la BMC provocó que los opositores intensificaran sus esfuerzos para obstaculizarlo, de conjunto con actores externos.
Principales elementos comunicacionales utilizados contra el convenio médico entre Cuba y México en el periodo 2020-abril 2025
El análisis del tema se dividió en dos momentos, en el contexto de la pandemia por COVID-19 y después de la llegada de una BMC permanente. En la etapa inicial las principales acciones incluyeron el abordaje del tema en medios de comunicación, iniciativas del gremio médico, eventos realizados por ONG y conferencias de prensa de diferentes actores como senadores. El discurso tuvo elementos coincidentes que incluyó líneas de mensajes referidas a los gobiernos de ambos países, al convenio médico y a los profesionales de la salud cubanos.
Ambos gobiernos, así como el convenio médico, fueron abordados con enfoque negativo. En el caso de Cuba se emplearon líneas habituales en el componente comunicacional de la estrategia de boicot (Rivera, 2022, 2024): quedó desprotegida la población por el envío de BMC al exterior; el Gobierno despojó a los profesionales de la mayor parte de su salario; los profesionales son usados como “herramienta política”, con fines “propagandísticos” y de “inteligencia”.
En referencia al Gobierno mexicano, el discurso incluyó los siguientes elementos: hace un “mal manejo” de los recursos humanos en salud y “privilegia” a los cubanos; “subsidia a una dictadura”.
Sobre el convenio médico las líneas de mensaje fueron: es “ilegal”, “fraudulento”, con “escasa transparencia”; “debe cancelarse”; “viola” la Ley General de Salud y constituye una “afrenta para médicos mexicanos”.
En el caso del profesional cubano, el abordaje fue más complejo y polarizado. Otra investigación había identificado que durante la administración de George W. Bush el tratamiento había sido negativo, lo que cambió en el Gobierno de Barack Obama al incluir predominantemente la victimización. En la etapa de Donald Trump se utilizaron los enfoques del profesional “agente” y “víctima” del Gobierno (Rivera 2022, 2024). Esto último coincidió con el hallazgo en México.
Como ha sido habitual en los últimos años, la principal línea de mensaje victimizó a los profesionales, quienes sufrieron las manifestaciones conexas de la trata de personas como el trabajo esclavo y forzado. Sin embargo, también fueron atacados en el entendido que al hacerlo también se desacreditaba a la gestión de ambos gobiernos. Sobresalieron las siguientes líneas: no están debidamente capacitados, ni certificados, algunos son “falsos médicos”; realizan “labor política”, de “inteligencia” y otras prácticas como “falsificar” datos estadísticos.
La materialización de un convenio entre ambos países que permitió la presencia permanente de una BMC, incrementó las acciones comunicacionales y de rechazo. Continuó la incidencia activa de actores como los medios de comunicación, las ONG y el gremio médico mexicano, e incluyó a otros como los políticos estadounidenses.
Fue llamativa la contradicción existente en el discurso de los actores al referirse a los profesionales cubanos. De manera paralela fueron presentados como “víctimas” de su Gobierno, con la complicidad del mexicano, además de “agentes” de inteligencia. Esta dualidad buscaba, por un lado, generar empatía a través de la victimización y, por otro, desacreditar su labor mediante acusaciones de espionaje. El discurso resultante fue uno para los profesionales que permanecían en la BMC —“espías” e “incompetentes”—, y otro para quienes la abandonaban —“esclavos”.
Otro aspecto contradictorio fue el de la voluntariedad de las personas para integrar las BMC, pues en los casos en que el abordaje era de victimización, se agregó que fueron obligados. Esto, lógicamente, no profundizó en la existencia del contrato entre el profesional y el empleador.
Hubo un énfasis marcado en desmentir que la prestación de servicios sanitarios tuviera un carácter humanitario.
En el caso del Gobierno mexicano y del convenio en particular, se reiteró un tema en el que tuvieron participación congresistas estadounidenses, al asegurarse que “violaba” uno de los elementos expresamente prohibidos por el T-MEC, la trata de personas. Este es un ejemplo claro de la articulación de los actores, evidenciado en la coincidencia discursiva, y la búsqueda de ejercer presión sobre el Gobierno mexicano para la cancelación del convenio.
La presentación negativa de los cubanos incluyó varias líneas de mensaje: “carecen de preparación” y “no tienen experiencia”, al extremo de ser “incapaces de realizar procedimientos básicos”; no certificaron adecuadamente su nivel profesional y en algunos casos son “falsos médicos”, porque “ni siquiera podemos afirmar que sean médicos” que actúan de manera “ilegal” por no contar con avales del gremio médico mexicano; “desplazan a los locales”; “gozan de privilegios”.
Estos aspectos dieron paso al abordaje de uno de los objetivos principales de la estrategia de boicot contra los convenios médicos cubanos, afectar los ingresos de Cuba (Rivera, 2022, 2024). Por eso fue reiterado el empleo de frases como México “subsidió”, “financió” e “inyectó dinero” a la “dictadura cubana”; y que los profesionales cubanos recibieron salarios “como científicos de la NASA”.
El tema de la cuestión militar y el espionaje fue promovido sobre todo por la ONG Prisoners Defenders. Las líneas de mensaje llegaron a ser tan específicas, que incluyeron la utilización de los “consulados en ciudades como Mérida y Veracruz como centros de operaciones”, y el empleo de “tácticas de la Guerra Fría, como transmisiones de radio de alta frecuencia y mensajes cifrados”. También fueron presentados como “criminales” y “delincuentes” que “engañan y roban al pueblo de México”.
El análisis evidenció que, más allá de las críticas al convenio, las acciones estuvieron dirigidas a afectar los ingresos de Cuba por exportación de servicios médicos —una de sus principales fuentes de divisas—, y presionar al Gobierno de México para alinearse con la política exterior estadounidense hacia la Isla. El discurso recicló líneas de mensajes ya divulgadas con relativo éxito en países como Brasil, El Salvador, Ecuador y Bolivia, aunque con una mayor articulación entre los actores locales e internacionales.
Acciones contra el convenio médico entre Cuba y México en el período 2020-abril 2025 como parte de la estrategia de boicot del gobierno de EE. UU. a los convenios médicos cubanos internacionales
Para lograr la cancelación o no renovación de convenios médicos cubanos en países de América Latina fueron implementadas acciones similares, con la participación de actores coincidentes. En esto tuvo un papel protagónico el Gobierno de EE. UU., con su estrategia de boicot (Rivera, 2022, 2024). En el caso de México, aunque no se logró el cierre del acuerdo sanitario —lo que fue perseguido—, también existieron coincidencias con lo ocurrido en esas naciones, como la articulación entre actores políticos, gremios médicos, ONG y medios de comunicación; y la cobertura mediática negativa.
La estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos internacionales se refiere al conjunto de acciones implementadas por el gobierno de EE. UU. y otros actores, contra esos acuerdos, con el objetivo de afectar su imagen y los ingresos obtenidos mediante la exportación de servicios de salud (Rivera, 2024). Con ese punto de partida se concluyó que las acciones implementadas contra el convenio médico entre Cuba y México, en el periodo 2020-abril 2025, formaron parte de dicha estrategia. Esto se demostró a partir de la determinación de los principales elementos del concepto: objetivos, principios, políticas, tácticas, componente comunicacional, patrón, actores, financiación y plan de acción.
Claramente, las acciones implementadas en México tuvieron varios objetivos, como lograr el descrédito del acuerdo, y el de ambos Gobiernos, además de afectar la captación cubana de divisas. Esto se alineó con la política estadounidense de debilitar económicamente a Cuba, utilizando herramientas diplomáticas, mediáticas y financieras para lograrlo.
Las acciones se sustentaron sobre la base de principios, los que también fueron reciclados. Por ejemplo, Cuba constituye una “amenaza a la seguridad nacional” de EE. UU., y por ende de México; “viola los derechos humanos” de sus ciudadanos y quien establezca pactos con la Isla es cómplice. Respecto a este último tema, el que fue vinculado con la presunta promoción de trata de personas, intentó tomarse como punta de lanza para afectar el importante acuerdo tripartito T-MEC.
Se puso de manifiesto la aplicación de políticas estadounidenses como la de sanciones contra Cuba y los países que establezcan relaciones comerciales con ella, y la de enfrentamiento a la trata de personas. Un ejemplo claro fue la táctica del envío de misivas a autoridades, como la carta enviada por congresistas estadounidenses a la jefa de la División de Monitoreo y Aplicación del T-MEC en el Departamento de Trabajo de EE. UU., en la que exigieron investigar el convenio médico entre ambos países; el tema tuvo mención en los Informes sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de EE. UU.
Según el componente comunicacional fueron realizadas acciones de manera permanente, con narrativas polarizadas que presentaban a los profesionales cubanos como víctimas de su gobierno y agentes. Se emplearon términos como “esclavitud moderna”, “trata de personas” y “falsos médicos”. Las líneas de mensaje ignoraron el contexto real, pues los miembros de la BMC fueron ubicados en áreas desatendidas con carencia de profesionales.
Se observó la existencia de un patrón en las acciones, el que a su vez coincidió con el puesto de manifiesto en otros países. Durante la fase de negociación del convenio, predominaron la cobertura mediática negativa y las declaraciones de actores clave. Después de su ampliación, fue incrementada la intensidad y alcance de las acciones. Ese patrón permitió prever que las acciones continuarán.
Los actores son claramente identificables e incluyeron gremios médicos, ONG, legisladores mexicanos, congresistas estadounidenses, medios de comunicación y grupos contrarrevolucionarios, cuyas acciones mostraron tener un estrecho vínculo. Esta red articulada siguió el esquema observado en otros países, donde actores locales e internacionales colaboraron para desacreditar las BMC.
La investigación reveló que para la realización de las acciones se contó con financiamiento de actores vinculados con organismos estadounidenses, como la USAID, y dicho respaldo económico facilitó la articulación de actores y acciones.
Como no fueron acciones aisladas, ni espontáneas, en los casos que no se trató de dar respuestas a determinados contextos, se contó con un plan de acciones. Estas últimas fueron de tres tipos: permanentes, periódicas y coyunturales.
En conclusiones, el análisis de las acciones contra el convenio médico entre Cuba y México en el periodo 2020-abril 2025, confirmó su integración a la estrategia de boicot impulsada por el gobierno de EE. UU. contra la exportación de servicios de salud. No obstante, el acuerdo sanitario no solo se mantuvo vigente, sino que logró ampliarse, debido al respaldo institucional del gobierno mexicano y a su impacto tangible en zonas históricamente marginadas, donde la presencia de los profesionales cubrió vacíos dejados por la carencia de personal nacional.
CONCLUSIONES
La cancelación y no renovación de convenios médicos cubanos en América Latina en el periodo 2018-2019 fue resultado del perfeccionamiento de la estrategia de boicot del Gobierno de EE. UU. tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que se inscribió en una política más amplia de presión económica sobre Cuba.
En el caso de las acciones contra el convenio médico entre Cuba y México en el periodo 2020-abril 2025, incluyeron cobertura mediática negativa; declaraciones públicas de condena; la realización de eventos; la presentación de informes e iniciativas parlamentarias; el envío de cartas a distintos destinos y abordaje del tema en encuentros bilaterales. Los principales actores involucrados fueron las asociaciones del gremio médico mexicano, congresistas estadounidenses y legisladores del país, medios de comunicación y ONG, los que desempeñaron roles diversos y complementarios, pero con elevados niveles de articulación.
Los elementos comunicacionales, de manera predominante, fueron negativos. Se dirigieron a la deslegitimación de los Gobiernos de Cuba y México; la criminalización del convenio; y la polarización de la imagen de los profesionales cubanos, presentados simultáneamente como víctimas y agentes de su país.
Las acciones descritas formaron parte de la estrategia de boicot del gobierno de EE. UU., lo que se evidenció al ponerse de manifiesto todos sus componentes. Se observó una clara articulación entre actores locales y extranjeros, alineados con los objetivos comunes de deteriorar la imagen del convenio y afectar la captación de divisas que Cuba obtiene a través de la exportación de servicios de salud. Fueron replicados patrones ya utilizados en otros países latinoamericanos.
El gobierno mexicano mantuvo su respaldo al acuerdo sanitario, lo que evidencia una voluntad política de sostener la presencia médica cubana.
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CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.
AGRADECIMIENTOS
No aplica.
FINANCIACIÓN
No aplica.
PREPRINT
No publicado.
CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:
Omar Stainer Rivera Carbó: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Supervisión, Redacción –revisión y edición.
Sahimy Monduy Mederos: Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Redacción –borrador original
DECLARACIÓN DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN
No aplica.
DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE DATOS
No aplica, ya que este es un estudio análisis bibliométrico.
DERECHOS DE AUTOR
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