INTRODUCCIÓN

El concepto de migración irregular, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la señala como un movimiento de “personas que se desplazan al margen de las normas de los países de origen, de tránsito o de acogida” (Portal sobre Migración, 2025), que tienen relación con diversos Estados internacionales.

La migración irregular ha aumentado en América Latina, el Caribe y otros países, significativamente en los últimos cinco años, impulsada por factores políticos, sociales y económicos que afectan a los países de origen. Este fenómeno adquirió relevancia en la agenda pública de los países involucrados durante el año 2025, a raíz del segundo mandato del presidente Donald J. Trump en Estados Unidos. Su administración impulsó una política antimigratoria que generó una crisis interna tanto en los países de destino como en los de retorno. Esta situación propició una respuesta de cooperación regional y la adopción de políticas migratorias con enfoque en los derechos humanos, especialmente dirigidas a los migrantes irregulares deportados por Estados Unidos.

Esta vinculación entre derechos humanos y migración es reciente. En cuanto al ámbito internacional, el debate sobre los derechos humanos cobró fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial; en la década de 1960 se introdujeron declaraciones y convenciones que reconocen los derechos inherentes a la persona más allá del poder del Estado; la inclusión de los derechos de las personas migrantes no tuvo lugar sino hasta los años 90. Con la firma de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en 1990, a partir de aquí, se han ido sumando instrumentos internacionales que fijan los derechos humanos como el marco apropiado para atender los asuntos relativos a la migración y los migrantes. Y es a partir de estos acuerdos que los estados firmantes se comprometen de facto a incorporar tales principios en su política y gestión de los procesos migratorios.

México es un país de tránsito, de destino y de retorno que comparte frontera con Estados Unidos, lo que lo convierte en el paso principal terrestre para llegar a Estados Unidos. Según el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, a partir de 2020 se registró un incremento en el número de la población migrante en situación irregular en el país, de personas que tenían la intención de llegar a Estados Unidos, debido a la situación económica, social, política y cultural de sus países.

Las entidades federativas de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz representan el espacio fronterizo de mayor control migratorio en la frontera sur del territorio mexicano. Es también el espacio en el que México, a través de instituciones como el INM, participa y define su posición estratégica como país de tránsito de migrantes con destino a Estados Unidos.

Sin embargo, desde el 2025 ha aumentado el número de deportados debido al endurecimiento del control fronterizo y de las políticas antimigratorias del presidente Donald J. Trump, que llevó a cabo desde su regreso a la presidencia de los Estados Unidos, dictando una serie de ordenes ejecutivas que violentan los derechos humanos de las personas migrantes irregulares en Estados Unidos, aumentó la detención por motivos migratorios, aceleró la deportación sin debido proceso, propuso la construcción de un muro en la frontera suroeste, se amplió al máximo permitido por la ley el uso de las fuerzas policiales estatales y locales para que asumieran funciones propias de los agentes migratorios, especialmente en tareas de investigación, aprehensión y detención de personas extranjeras en Estados Unidos. Esta medida desplazó parcialmente a las fuerzas armadas, que fueron empleadas para sellar las fronteras con el objetivo de preservar la soberanía y seguridad nacional, bajo el argumento de repeler formas de invasión, incluida la migración ilegal masiva. Además, se reactivó el funcionamiento de la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, como centro de detención para migrantes con antecedentes penales graves, y se utilizaron vuelos militares para ejecutar deportaciones (Frelick, 2025).

Ante el aumento de deportaciones impulsadas por la administración de Donald J. Trump, los países de América Latina y el Caribe enfrentaron una creciente preocupación y una crisis interna en cada región, debido al elevado número de personas deportadas que debían recibir. Este fenómeno adquirió relevancia en la agenda pública de los países de origen, tránsito, destino y retorno, generando una responsabilidad compartida y promoviendo la cooperación regional. Como respuesta, se comenzaron a adoptar políticas migratorias centradas en la protección de los derechos humanos de los migrantes, con el objetivo de garantizar que los programas de retorno y reintegración se conviertan en una realidad visible y digna. Estas acciones buscan construir un sistema migratorio justo, humano y sostenible para todas las personas involucradas.

En este sentido, el presente artículo plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo han respondido los países de América Latina y el Caribe a la crisis migratoria regional bajo el principio de responsabilidad compartida en la protección de los derechos humanos?

El estudio se basó en un enfoque cualitativo-descriptivo, utilizando textos clave y cifras de personas migrantes irregulares que se encuentran de paso por México, demostrando que es un país de tránsito, retorno y destino, destacando la responsabilidad compartida con los países de origen de las personas y la protección de los derechos humanos de estas al regresar a sus países.

Asimismo, este análisis abarca la evolución de los derechos humanos, se describe por qué México es un país de tránsito, se menciona que debe haber una responsabilidad compartida internacional entre los países involucrados en migración irregular, se indica que se deben priorizar los derechos humanos de los migrantes y, por último, se alude a lo que han hecho los países de América Latina y el Caribe para proteger y reintegrar a sus ciudadanos en retorno.

DESARROLLO

Derechos humanos

El derecho internacional intenta regular las relaciones entre los Estados, a través de principios, recomendaciones, instituciones y procedimientos que constituyen obligaciones para estos, que se materializan en acuerdos a través de convenios y tratados, entre los miembros de la comunidad internacional.

Los tratados o convenciones internacionales dan forma al derecho internacional, tal cual fue definido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969: “… un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional”. De esta forma, todo Estado parte se obliga a cumplir sus preceptos de buena fe (Convención de Viena, 1969, p. 1).

En el caso de que un Estado parte determine que el derecho interno prevalece sobre el derecho internacional, los compromisos adoptados no pueden anularse, ni ser invocados en contraposición a su derecho interno. Tal como lo estipula la Convención de Viena, no se pueden argüir disposiciones de orden interno para el incumplimiento de un tratado, a menos que viole normas internas de manera manifiesta y evidente. Los derechos humanos son uno de los temas más importantes del derecho internacional y se les atribuyen dos características:

1) su universalidad —no existiendo distinciones por motivo alguno, ya sea de raza, sexo, nacionalidad, orientación sexual o religión—;

2) y su indivisibilidad —principio que establece que los derechos humanos son un conjunto único, que debe protegerse sin distinción—. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 es el instrumento fundante de los derechos humanos. Los tratados internacionales de las Naciones Unidas establecen obligaciones jurídicas para todos los países que los ratifiquen, y cuando se adhieren a ellos, los gobiernos se obligan a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos: respetar significa no interferir bajo ningún modo en la capacidad de las personas de ejercer sus derechos; proteger consiste en administrar medidas contra los violadores de derechos; y garantizar implica emprender acciones legislativas, presupuestarias y judiciales para el ejercicio cabal de los derechos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948).

Así también existen protocolos, convenciones y pactos internacionales que tratan sobre la migración, los cuales son: La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención sobre Derechos del Niño (1989), la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965; 169 Estados), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966; 151 Estados), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966; 148 Estados), Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979; 174 Estados) y la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Para todo Estado, la protección de los derechos humanos constituye la condición de su legitimidad y credibilidad internacional. Por ello, los que no se adhieren a estos instrumentos se enfrentan a un ambiente de recelo y vigilancia por parte de la comunidad internacional. De allí que, en el proceso de institucionalización de los mecanismos de protección de los migrantes, sea muy importante que más Estados ratifiquen los instrumentos, generando nuevos espacios de garantía de los derechos humanos.

Tales espacios han adoptado dos niveles de organización: los llamados sistemas convencionales de las Naciones Unidas y los sistemas regionales, como el interamericano, que opera en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, se calcula que “281 millones de personas, aproximadamente el 3,6% de la población mundial, viven en la actualidad fuera de su país de origen, y muchos de ellos emigran de forma más o menos forzada” (ONU, 2025, p.1), se ven obligados a dejar sus hogares por pobreza, por falta de educación, agua, alimentos, vivienda, desastres naturales por el cambio climático, por guerras o conflictos armados en sus países.

Existe normatividad referente a la migración que es el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (A/RES/73/195); es el primer acuerdo de las Naciones Unidas que señala la migración internacional en derechos humanos de todo tipo de migrantes. Este se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en sus artículos lo siguiente: “art. 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica; Artículo 13: Toda persona tiene derecho a la libertad de circulación y de residencia en el territorio de cada Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14: Toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en caso de persecución.

Las acciones del Pacto Mundial son una guía para que los Estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, para reducir los riesgos y las debilidades que afrontan las personas migrantes en las diferentes fases de la migración y establecer escenarios propicios para los migrantes, los cuales son:

•Fortalecer la formulación de políticas basadas en la evidencia y en los derechos humanos y el discurso público sobre la migración;

•Minimizar los factores adversos de la migración, incluida la lucha contra la pobreza y la discriminación, y abordar el desplazamiento relacionado con el clima y los desastres;

•Garantizar el derecho de los migrantes a la información y a una identidad jurídica;

•Ampliar y diversificar la disponibilidad de vías para una migración segura, ordenada y regular, teniendo en cuenta las necesidades particulares de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad;

•Proteger el derecho al trabajo decente y otros derechos laborales de los migrantes;

•Abordar y reducir las vulnerabilidades y las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la migración;

•Proteger el derecho a la vida en el contexto de la migración;

•Combatir el tráfico y la trata de personas, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos de quienes han sido víctimas de tráfico o trata;

•Respetar los derechos humanos en las fronteras y realizar una evaluación, detección y derivación individualizada y basada en los derechos humanos de los migrantes;

•Proteger el derecho a la libertad y a no ser detenido arbitrariamente, incluso priorizando alternativas a la detención inmigratoria;

•Garantizar el derecho de los migrantes a acceder a servicios básicos, incluidos la salud, la educación y el apoyo social, sin discriminación;

•Eliminar la discriminación y combatir los discursos de odio y la xenofobia;

•Respetar las prohibiciones de expulsión colectiva y devolución para todos los migrantes, garantizando que los retornos sean seguros y dignos y que la reintegración sea sostenible (ONU, 2025, p.1).

En México, en el 2011 se llevó a cabo una reforma constitucional en materia de derechos humanos que colocó a los tratados internacionales sobre este tema al nivel jerárquico de la Constitución y de las leyes que emanan del Congreso, configurando un nuevo bloque de constitucionalidad de los derechos humanos y el régimen constitucional mexicano. Por ello, los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos configuran también la Ley Suprema de toda la Unión, al igual que la Constitución, de conformidad con los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustentándolo con lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se interpreta y orienta en la siguiente tesis aislada:

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO.

El Estado mexicano se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el veinticuatro de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el dieciséis de diciembre de 1998, mediante declaración unilateral de voluntad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de 1999. En ese sentido, los artículos 133 y 1. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen la vigencia de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico interno y establecen la obligación de las autoridades nacionales de aplicar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en nuestro país. Por lo anterior, la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos generan como consecuencia ineludible que las sentencias emitidas por dicho tribunal internacional, en aquellos casos en los cuales México haya sido parte en el juicio, resulten obligatorias para el Estado mexicano, incluidos todos los jueces y tribunales que lleven a cabo funciones materialmente jurisdiccionales. Esta obligatoriedad alcanza no solo a los puntos resolutivos de las sentencias en comento, sino a todos los criterios interpretativos contenidos en las mismas (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2025, p.1).

Las leyes encargadas de la migración en México son: La Ley de Migración, que señala los derechos de los migrantes, garantiza, independientemente de su situación, el acceso a protección jurídica, servicios de salud, educación, registro civil y estancia legal por razones humanitarias a las víctimas o testigos de algún delito cometido en territorio nacional. Brinda reconocimiento legal a los grupos de protección a migrantes (Grupos Beta), prevé un procedimiento especial para la atención de niños, niñas y adolescentes menores no acompañados y personas en situación de vulnerabilidad durante su alojamiento y repatriación (SEGOB, 2011).

La Ley y el Reglamento sobre Refugiados. Protección complementaria y asilo político. Se incluyen los principios de movilidad humana e interculturalidad para la inclusión social de personas refugiadas en el territorio nacional (SEGOB, 2023).

El Reglamento de la Ley de Migración trata sobre la regulación del ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en este, respetando el respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacional (art. 1 del Reglamento de la Ley de Migración).

A nivel internacional se encuentra la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que señala que la “movilización de personas de un lugar a otro es el derecho de libre circulación y que avala los derechos humanos de las personas en movilidad” (OIM, 2023, p. 1).

México, país de tránsito

México, como Brasil, Colombia y Chile, se ha tornado país de destino para personas migrantes. Esto debido a que representa un lugar atractivo donde vivir para personas de diferentes partes del mundo y ven oportunidades económicas en dichos países.

Existen tres grupos de personas migrantes; el primer grupo lo constituyen los extranjeros profesionales, que buscan oportunidades laborales en empresas multinacionales, que fungen como nómadas digitales que pueden trabajar remotamente y escoger dónde vivir. Para cierta clase media global, México es un país atractivo en este sentido, con niveles menores en cuanto al costo de vida en relación con sus países de origen y con grandes atractivos turísticos y naturales, como las ciudades coloniales y una cultura abierta y de buena acogida.

Históricamente, en México ha habido profesionales y pensionados que buscan residir permanentemente; la diferencia es que ahora se cuenta con la suficiente infraestructura para satisfacer las necesidades de estos grupos, entre los que se hallan servicios médicos de calidad, una banca interconectada con el mundo y un sistema de vuelos para viajar a cualquier parte del planeta, que han facilitado al extranjero medios para vivir bien en el país.

El segundo grupo es el de los mexicanos que han vivido largos periodos en el extranjero (sobre todo en Estados Unidos). Migrantes que regresan a México, en su mayoría con cónyuges o hijos nacidos fuera del país. En algunos casos, los que regresan lo hacen por necesidad al perder el empleo o ser deportados. Sin embargo, con las políticas migratorias de Donald J. Trump, están regresando por decisión propia, o fueron deportados.

En el tercer grupo se encuentran los centroamericanos, haitianos, cubanos, venezolanos, africanos, rusos y demás migrantes del hemisferio asentándose en México. Algunos han decidido quedarse en México como alternativa antes de llegar a Estados Unidos. Otros ya tenían la idea de vivir en México cuando salieron de su país. Tal es el caso de los venezolanos –quizás unos 100 000– que salieron de su país durante la última década y decidieron, por conexiones familiares o laborales, quedarse en México, construyendo pequeñas comunidades de connacionales en la Ciudad de México, Cancún, Monterrey, Saltillo, Ciudad Juárez y Tijuana, entre otras ciudades, las cuales empiezan a atraer a nuevos migrantes (Selee, 2025).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, ubicó entre enero y mayo de 2024 a 1 millón 393 mil 683 personas extranjeras que viajaban por el país en condición irregular, provenientes de 177 países de los cinco continentes.

De acuerdo con los procesos migratorios, 738 mil 270 hombres adultos transitaban solos, en tanto que 362 mil 979 eran mujeres adultas no acompañadas. Por separado, se ubicó a 154 mil 291 adultos que viajaban en núcleos familiares acompañados por 135 mil 151 menores; mientras que de menores no acompañados fueron identificados 2 mil 992.

Las personas extranjeras llegaron principalmente de: Venezuela (377 mil 401), Guatemala (209 mil 540), Honduras (144 mil 499), Ecuador (136 mil 699), Haití (107 mil 432), Colombia (70 mil 371), El Salvador (52 mil 636), Nicaragua (45 mil 364), Perú (28 mil 167), Cuba (27 mil 404), Senegal (20 mil 847), Guinea (19 mil 922), República Dominicana (16 mil 228), China (13 mil 780), Brasil (11 mil 058), Mauritania (9 mil 757), India (8 mil 914), y Angola (7 mil 037) entre otros.

Los menores no acompañados eran originarios de Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador, Colombia, Haití y Nicaragua (Gobierno de México, 2025, p .1).

De este 1,393,683 millones de personas irregulares en México en el 2024, “738, 270 fueron hombres adultos que transitaban solos, mientras que 362,979 eran mujeres adultas no acompañadas, 2,992 son niños no acompañados y 154,291 adultos que viajaban en núcleos familiares acompañados por 135,151 menores de edad” (Frances 24, 2025, p. 1).

Como se observa, México es un país de tránsito de población centroamericana, sudamericana, africana y asiática, con destino final a Estados Unidos. A partir del 2020 el aumento de la población irregular aumentó considerablemente de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) que tenían la intención de llegar a Estados Unidos, teniendo tres características de este sistema migratorio: 1) alta movilidad poblacional –privilegiadamente unidireccional de sur a norte, tanto de mexicanos como de centroamericanos y caribeños, que desean estar en Estados Unidos–; 2) posicionamientos y regulaciones migratorias que afectan a la región en su conjunto, pero que provienen esencialmente de Estados Unidos; y 3) la situación económica, social y cultural de cada país involucrado define la posición, acciones y reacciones particulares acerca de la movilidad y migración (Nájera, 2016 )

De acuerdo con el boletín de Estadísticas Migratorias para México, del primer trimestre del 2024, señala que se llevó a cabo un récord histórico de 360 146 personas durante ese periodo, donde el 60 por ciento correspondió a hombres adultos y el 28 por ciento a mujeres adultas. El porcentaje restante de niños, niñas y adolescentes se dividió por igual entre ambos sexos.

De estos el 70 por ciento provenía de Venezuela y el 30 por ciento se dividió entre ciudadanos de Honduras, Guatemala y Ecuador. El aumento fue de personas de Colombia y Nicaragua, con un 141 y 107 por ciento, y hubo una reducción de personas de Haití y Cuba, respectivamente, de acuerdo con su edad y sexo. Ingresaron entre enero del 2024 y mayo del 2025 hombres, 65 001 y 102 306; mujeres, en el 2024, 154, 871 y en el 2025, 30, 536; de 0 a 17 años, fueron 70, 818 y en el 2025, 11, 306 (Boletín de Estadística Migratorias para México del primer trimestre del 2024, 2025).

Las entidades de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz representan el espacio fronterizo de mayor control migratorio en la frontera sur del territorio mexicano; y es también el espacio en el que México, a través de instituciones como el INM, participa y define su posición estratégica como país de tránsito de migrantes con destino a Estados Unidos.

La movilidad humana aumentó considerablemente a nivel mundial y sobre todo en México a partir de los últimos cinco años. De acuerdo con la OIM, la migración se da desde los países de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras); se suman niveles sin precedentes de personas migrantes que llegan por tierra a México cruzando a través de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Haití, o incluso desde países de África, Asia y Europa (incluyendo Rusia y Ucrania). Entre los que se encuentran un gran número de mujeres (incluidas embarazadas y lactantes), niñas, niños y adolescentes separados/as y no acompañados/as, personas indígenas, personas con algún tipo de discapacidad y enfermedades crónicas, personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales y la comunidad LGBTQ+, y otras poblaciones que a menudo enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Responsabilidad compartida internacional y la cooperación regional

La migración irregular en los países de América Latina, el Caribe y otros países hacia Estados Unidos es un fenómeno multidisciplinario, impulsado por diversos factores como la pobreza, la violencia y la inestabilidad: son algunos factores que originan la migración irregular. Con la llegada de Donald J. Trump a la presidencia de Estados Unidos, se creó un escenario de una política dura para detener el flujo migratorio, ocasionando la vulnerabilidad de los migrantes.

La población de inmigrantes centroamericanos en los Estados Unidos, en 1980, era de 354,000, con una tendencia anual al incremento, y llegó en 2021 a 3,820,000; en 2023 residían en Estados Unidos 47.8 millones de migrantes.

El Instituto de Políticas Migratorias de Estados Unidos (MPI) señaló que los migrantes representaron en 2023 el 14,3% de la población estadounidense, integrada por 331,9 millones, cerca del récord del 14,8% registrado en 1890.

De ellos, "casi tres cuartas partes estaban en el país legalmente como ciudadanos naturalizados, residentes permanentes legales", es decir, con la famosa tarjeta verde, o con "visados temporales", precisa el MPI.

El grupo más numeroso era, por mucho, el nacido en México, con 10,9 millones de personas en 2023, o sea el 23% de la población migrante estadounidense, en comparación con el 29% en 2010.

Le seguían India y China (incluyendo Hong Kong y Macao), con el 6% y el 5% del total, respectivamente.

También destacaban países como Filipinas (4%); El Salvador, Cuba, Vietnam, República Dominicana y Guatemala (alrededor del 3% cada uno) y Colombia (2%) (DW, 2025, p. 1).

Según datos de la ONU, Estados Unidos es el país con más migrantes del mundo, por encima de Alemania, Arabia Saudita, Reino Unido y Francia.

Al llegar Donald J. Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el 20 de enero del 2025, dictó una serie de órdenes ejecutivas que violentan los derechos humanos de las personas migrantes irregulares en Estados Unidos, acelerando las deportaciones sin debido proceso, cerró sus fronteras en el sur, está construyendo muros en la frontera suroeste, se amplió el uso de la policía estatal y local hasta el máximo permitido por la ley, desplazó a las fuerzas armadas estadounidenses para sellar las fronteras y mantener la soberanía y la seguridad de Estados Unidos, expulsó a las personas que obtuvieron parole durante los últimos dos años (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela); estas acciones violentan el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018.

Así también, violan los acuerdos internacionales y los derechos humanos como el solicitar asilo, al debido proceso, protección del interés superior del niño, el derecho a la igualdad y a la no discriminación consagrados en tratados e instrumentos en los que Estados Unidos es parte y que, en algunos casos, ha ayudado a redactar.

Las políticas en contra de la migración no comenzaron con el gobierno de Trump, ni son solo de Estados Unidos. Desde enero de 2025, se ha visto un aumento en los discursos que discriminan y son racistas, lo cual es una tendencia alarmante que se repite en varios países y que constituye una violación directa a los acuerdos internacionales y a los derechos humanos, sino que también promueve la exclusión y la discriminación, erosionando los principios de convivencia global.

Estados Unidos ha amenazado con la aplicación de aranceles progresivos a los gobiernos de los países involucrados, si no intensifican los esfuerzos para contener la migración de su territorio, estrategia que resultó en la militarización de las fronteras y el aumento de las detenciones migratorias. Esto ha obligado a los países a participar en tareas de control migratorio y realizar programas para sus ciudadanos deportados. Esto indica que la responsabilidad del fenómeno migratorio no pertenece únicamente a los países de origen. De hecho, es una carga compartida que necesita una verdadera cooperación regional y la adopción de políticas que prioricen los derechos humanos de los migrantes.

De acuerdo con la Oficina del Censo de los EE. UU., la migración irregular en el período 2023-2024, impulsó el crecimiento de los estados, como se puede observar en la siguiente Tabla.

La migración internacional neta fue positiva para los 50 estados y el Distrito de Columbia; los estados que tuvieron un mayor crecimiento fueron Florida (411,322), California (361,057) y Texas (319,569), que asumieron los mayores aumentos debidos a la migración internacional. Sin embargo, estas cifras no detuvieron las redadas y deportaciones de los migrantes irregulares en el 2025.

Necesidad de asistencia en los destinos de retorno

Ante la creciente presión por las deportaciones de la administración de Donald J. Trump, los países de América Latina y el Caribe han realizado reformas, planes y programas específicos para proteger y reintegrar a sus ciudadanos, prevaleciendo su bienestar al retornar al hogar. Las soluciones que han hecho algunos países han sido las siguientes:

El Salvador reformó la Ley Especial de Migración y Extranjería en los artículos en los que se hace referencia a la Tarjeta Migratoria de Ingreso (TMI), eliminándolos. Existe un acuerdo con EE. UU. de "Tercer País Seguro” en el que los deportados de Estados Unidos de otros países sean llevados a El Salvador y desde ahí soliciten protección de asilo y no desde suelo estadounidense. El plan contempla también enviar a la cárcel de El Salvador a supuestos miembros de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, designados como "organización terrorista" (Asamblea Legislativa, 2025).

Honduras creó el programa “Hermano, vuelve a casa”, con el objetivo de garantizar un retorno seguro y digno para los hondureños deportados. Esta iniciativa busca ofrecer asistencia legal, visitas consulares a los centros de detención y apoyo humanitario a quienes se ven obligados a regresar. Adicionalmente, incluye la entrega de un bono solidario para los retornados, la provisión de alimentos durante su viaje de regreso y la implementación de un programa de empleo masivo que les permita reconstruir sus vidas en Honduras (Sedesol, 2025).

Guatemala implementó el plan “Retorno al hogar”, ‍atención humanitaria inmediata para garantizar condiciones básicas de bienestar, ofreciendo acceso a servicios y oportunidades que favorezcan su desarrollo, fomentando la participación en la construcción de planes de desarrollo local (Centroamérica 360, 2025).

En México se lleva a cabo el programa para migrantes mexicanos que sean deportados; se les entregará la “Tarjeta Bienestar Paisano”, que contará con 2.000 pesos para disponer de forma inmediata para cubrir los gastos del traslado a sus comunidades de origen, así como a algunos migrantes de otras nacionalidades que decidan regresar voluntariamente a su país. Contempla la inclusión de las personas repatriadas en los programas de la Secretaría del Bienestar y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), transporte a sus lugares de origen, acceso a comunicaciones telefónicas; los incorporan a los programas sociales como: Pensión para adultos mayores, Pensión para personas con discapacidad, Programa de apoyo a madres trabajadoras, Sembrando Vida, Pensión para mujeres de 60 a 64 años, Salud casa por casa, Jóvenes Construyendo el Futuro, Universidades Benito Juárez, La Escuela es Nuestra, Beca Universal Rita Cetina, Beca para educación media superior y superior, y apoyo a la vivienda.

Las personas repatriadas y sus familiares serán afiliados al IMSS “por motivos humanitarios y de solidaridad, acceso a los seguros que se contemplan en la ley del seguro social, como son Enfermedad y maternidad, Riesgos de trabajo, Invalidez y vida, Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, Guardería y prestaciones sociales” (González, 2025, p. 1).

La falta de recursos y la coordinación interinstitucional son obstáculos clave para abordar la creación de oportunidades reales de trabajo, salud, educación y vivienda; deben garantizar un trato digno y evitar la revictimización de las personas deportadas. Se requiere un enfoque sensible y eficaz, fortaleciendo la infraestructura y los servicios de sustento en entidades de origen. Se debe tener en cuenta que las personas deportadas, algunas regresan sin preparación; esto aumenta la necesidad de ayuda institucional.

Necesidad de cooperación regional

Los Estados de la región se han comprometido, a través del Pacto Mundial para la Migración y la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección; este es un acuerdo entre los países de América en el 2022, cuyo objetivo es promover la responsabilidad compartida, cooperación internacional, protección de los derechos humanos, regular las vías de migración, atención a personas vulnerables que soliciten refugio, asilo y apátridas, entre los países de las Américas frente a la migración y el desplazamiento forzado. La declaración se basa en principios como la solidaridad, la cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos, y busca mejorar la gestión de la migración y la protección de los migrantes, fortaleciendo la cooperación regional en materia migratoria. Estos compromisos se debilitan con Estados Unidos, como se ha demostrado de enero a agosto del 2025, la falta de asistencia en países de tránsito y destino.

Se observa también otra dinámica: los ciudadanos que regresan a sus países de origen, de norte a sur, y deciden establecerse en un país distinto al de su nacionalidad. Estas personas requieren acceso a entradas regulares y mecanismos de regularización en sus países de destino.

Por ello es necesario fortalecer la cooperación regional, con o sin EE. UU. Aunque muchos países de la región están bajo presión para firmar acuerdos bilaterales con EE. UU., los marcos regionales establecidos por la Declaración de Los Ángeles podrían servir para construir acuerdos regionales más sólidos, en lugar de respuestas fraccionadas. Esta declaración está más allá de EE. UU. y México, ya que el retorno abarca una gran parte del continente, como países de origen, tránsito y destino.

Análisis del impacto, efectividad y las limitaciones que enfrentan los derechos humanos.

La medición de la contribución a la protección de derechos humanos de migrantes en tránsito es un proceso complicado porque tiene que ver con la normatividad y la realidad que viven los migrantes. El análisis se debe enfocar en el acceso a la justicia de la población vulnerable.

Los métodos para medir esta contribución se pueden clasificar en tres ejes: el deber ser, el hacer y el ser, que se consideran principales:

1. El cumplimiento de la norma viene a ser el deber ser.

 

Este eje analiza si las normas en México están constituidas con los tratados y convenios internacionales en derechos humanos, de acuerdo con el siguiente cuadro.

Se puede observar que existen leyes, tratados y convenios referentes a la protección de los migrantes; sin embargo, en México no hay una voluntad para aplicar su protección al disminuir el presupuesto en el 2025.

2. Eje de Eficacia Operativa (El "Hacer")

 

Este eje se centra en la efectividad de los procesos y cómo se llevan a cabo las políticas públicas en la práctica.

De lo anterior se asienta que existe un proceso de asilo, hay serias deficiencias en el acceso pleno a servicios básicos limitados y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y justicia frente a delitos graves contra los migrantes.

3. Eje de impacto en la experiencia del migrante (El "ser")

En este eje se analiza cómo las políticas impactan la vida cotidiana de las personas, en base a:

Este último eje sugiere que las políticas migratorias actuales crean inseguridad y desconfianza en las autoridades, y son ineficaces para garantizar la dignidad y facilitar la integración socioeconómica de los migrantes en la vida cotidiana.

Frente a estos desafíos, la responsabilidad compartida es el eje de la contribución de México a la protección de los derechos humanos en el entorno migratorio; se evalúa en dos puntos: el cumplimiento de la norma y su aplicación efectiva en la realidad. En el marco de la Responsabilidad Compartida Internacional, la contribución de México se mide por su:

Cooperación: Se ve reflejada la voluntad de crear mecanismos seguros de retorno y regulado con Estados Unidos y países centroamericanos.

Liderazgo regional: Se basa en su capacidad para promover y proteger vías humanitarias en foros internacionales, buscando modelos de protección para toda Latinoamérica. La cooperación es efectiva cuando el migrante en tránsito puede acceder a la protección, la justicia y los servicios básicos sin ser criminalizado o revictimizado por el Estado mexicano.

Los obstáculos que impiden a México proteger eficazmente los derechos humanos de los migrantes en tránsito son:

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) operan con presupuestos limitados y personal escaso. Esto afecta contra la eficacia en la autorización de protección de acceso a refugio y asilo, y ocasiona rezagos significativos en las resoluciones emitidas.

La falta de capacitación adecuada en derechos humanos y perspectiva de género provoca deficiencias en excesivo uso de la fuerza y en la identificación de personas con necesidades de protección internacional.

Las estaciones migratorias son inadecuadas para recibir familias con niñas, niños y adolescentes, incumpliendo el principio de no detención. A pesar de los procedimientos de denuncia, la impunidad por delitos contra migrantes es constante, ya sea por fallas en la investigación o la resistencia de las autoridades a actuar contra la corrupción interna.

Al no ser resueltas la inseguridad, corrupción e impunidad, se da una brecha entre lo que establece la norma y la realidad, afectando la protección de los derechos humanos en México como país de tránsito.

La responsabilidad compartida también exige que países como Honduras, Guatemala y El Salvador aborden las causas de origen de la migración (violencia, desigualdad y corrupción) e inviertan en el apoyo a su población. Hay limitada voluntad política de estos países para una solución efectiva. Mientras no se aborden estas causas de fondo, el flujo migratorio continuará, haciendo ineficaces los acuerdos de "responsabilidad compartida" entre los países de destino y tránsito.

CONCLUSIONES

El objetivo central de esta investigación fue analizar la responsabilidad compartida internacional, al argumentar que la gestión de flujos migratorios y la protección de los derechos humanos no recaen solo en México y exigen la cooperación y el compromiso de los países de origen, tránsito y destino, para crear soluciones integrales y justas.

Se confirmó que la migración en la región requiere respuestas integrales, coordinadas y coherentes que impulsen un cambio de paradigma en las políticas humanitarias. Ahora más que nunca, los países de origen y tránsito de migrantes deben promover modelos de consolidación de la paz, cooperación y solidaridad internacional.

Los países de destino carecen de apoyo adecuado para la recepción y (re)integración de migrantes. Si bien algunos países han implementado iniciativas específicas como la "Tarjeta de Bienestar Paisano" en México, el programa "Hermanos y Hermanas Regresan a Casa" en Honduras o las medidas "Retorno a Casa" en Guatemala, estas suelen limitarse a los nacionales, dejando a quienes retornan a terceros países sin apoyo específico.

Para abordar las causas estructurales de la migración, se necesitan soluciones a largo plazo, como el acceso al empleo, la capacitación y las oportunidades de desarrollo en sus lugares de origen.

La migración irregular es un problema en todo el mundo que tiene muchas razones. Así que la responsabilidad no puede estar solo en los países de donde vienen las personas o por los que pasan. Se requiere cambiar la forma de pensar: en lugar de enfocarse solo en la seguridad y el control de las fronteras, se debe dar prioridad a los derechos humanos, trabajar juntos entre diferentes instituciones y crear oportunidades reales para las personas que tienen que migrar. Solo a través de una verdadera cooperación entre países y un fuerte compromiso con la dignidad humana se podrá encontrar una solución sostenible, justa y efectiva a este problema. Las políticas migratorias son cada vez más limitadas con discursos xenófobos y racistas que emanan del país del norte. Esto crea desafíos significativos en materia de derechos humanos, para las personas en tránsito y del mismo país.

Los Estados enfrentan la compleja tarea de incidir en los flujos migratorios que salen, transitan y llegan a sus territorios, mediante el desarrollo de políticas que atiendan las particularidades sociodemográficas de tales flujos y las características sociodemográficas, geopolíticas, económicas e ideológicas de las sociedades receptoras. Se deben crear políticas migratorias que atiendan a todos estos elementos, con perspectiva de derechos humanos, para poder dar solución o tratar de dar solución a las personas migrantes irregulares.

Existe una discrecionalidad de los Estados en el otorgamiento de asilo y refugio, la ausencia de mecanismos para promover asistencia humanitaria a los solicitantes, la excesiva duración de los trámites, la falta de provisiones para la integración social de los refugiados, asilados y la concentración en la misma autoridad en los procesos de concesión de la condición de refugiado y la apelación cuando esta es negada, esto hace más urgente atenderlo, ya que cada día aumenta el número de personas que sale de sus países por situaciones de violencia, desastres naturales, persecuciones o conflictos, lo que los hace sujetos de protección internacional, por ello es necesario hablar de una cooperación regional entre los Estados.

Se requiere avanzar de la igualdad abstracta a la igualdad concreta; hoy no basta tener programas y planes para acceder a servicios de salud, alimentación, dinero, sino que es necesario ejercer los derechos humanos de las personas migrantes irregulares que realizan el retorno y que se cumplan.

Desde una perspectiva académica, el artículo propone crear centros de recepción temporales (no centros de detención) en las principales rutas, dirigidos por la sociedad civil y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que brinden alojamiento, alimentación, atención médica y asesoría legal de forma inmediata.

Duplicar el presupuesto y el personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para reducir los tiempos de espera de solicitudes de refugio en las zonas fronterizas.

Para los migrantes que deciden permanecer en México, se debe crear un registro temporal ágil para migrantes y solicitantes de asilo que les dé acceso a salud y educación, sin requerir documentación migratoria completa, prevaleciendo el derecho.

Se debe promover la diplomacia y la cooperación regional para una gestión migratoria justa. Estableciendo fondos regionales, financiados por los países de destino y origen, para cubrir los requerimientos de asilo, refugio y las necesidades humanitarias de México y los países vecinos.

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CONFLICTO DE INTERESES

La autora declara que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.

AGRADECIMIENTOS

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PREPRINT

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