Recibido: 7 de noviembre de 2025

Aprobado: 8 de diciembre de 2025

publicado: 13 de enero de 2026

 

INTRODUCCIÓN

El estudio del sistema político estadounidense es siempre un tema de especial interés, si consideramos la relevancia de ese país y la influencia que sus instituciones y procesos políticos tienen sobre la organización y funcionamiento de sus homólogos a nivel global. Ello explica la abundancia de trabajos publicados, tanto por autores estadounidenses como de otras partes del mundo, que abordan aspectos diversos en ese campo.

Entre el cuarto y quinto lustro del siglo XXI se produjeron eventos que indicaron el cuestionamiento de esas mismas instituciones por una parte significativa de la población de ese país, inclusive de discursos desde figuras políticas del más alto nivel. El ejemplo más claro de esto fue el asalto al Capitolio federal en Washington el 6 de enero de 2021, asociado con la negativa de Donald Trump de aceptar como válidos los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Esos acontecimientos reflejaron una pérdida significativa de credibilidad, al menos para una parte del público, de las instituciones formales amparadas en la Constitución, y el conjunto del cuerpo legislativo de ese país.

Dentro de esos marcos, se produjeron cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial, tradicionalmente concebido —al menos a los ojos del público— como una rama primariamente técnica y relativamente “apolítica”. Las críticas se acentuaron a partir de la anulación por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS, por sus siglas en inglés) en 2022, del precedente establecido en 1973 en el caso Roe vs. Wade que declaraba como derecho el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto fue interpretado por una parte de la ciudadanía como el uso de la Corte para desmontar derechos. Esto coincide con la existencia del llamado movimiento legal conservador, que se propone el uso del sistema judicial para avanzar su agenda, en respuesta a lo que percibieron como una estrategia liberal exitosa en décadas anteriores (Teles, 2008).

La rama judicial se vio inmersa en la dinámica de contradicciones y conflictos políticos observados en el escenario estadounidense en las décadas iniciales del siglo XXI. Esto indica una pérdida de su capacidad para actuar como mecanismo legítimo de control para el sostenimiento del modelo de democracia estadounidense. De ahí el interés por su estudio desde las ciencias políticas, en la que los aspectos técnico-jurídicos se entienden como instrumentos más que esencias.

El sistema judicial de los Estados Unidos es sumamente complejo, debido a la extensión del país y a las características de su modelo federal, que se configuran como 51 sistemas judiciales –el federal más el de cada uno de los 50 estados- interconectados, pero autónomos. Un estudio completo requeriría de una investigación muy extensa por un amplio equipo de trabajo. Por ello centramos la atención en la Corte Suprema, que es el órgano principal dentro de ese sistema, y el que más polémicas suscita, además de ser el más integrado en los procesos políticos a nivel nacional.

Las decisiones de la Corte sobre las armas de fuego, la interrupción del embarazo, las elecciones, el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, entre otras, han tenido gran relevancia política y han generado intensos debates diarios en las redes sociales. A su vez, esas decisiones se enmarcan dentro de un contexto de crecientes contradicciones, en el que se señala una notable intensificación de la polarización política (Moskowitz, Rogowski y Snyder, 2019).

Esto apunta a una conexión entre el funcionamiento de la Corte Suprema estadounidense, la influencia política de sus decisiones y la polarización. Nuestro estudio partió de preguntarnos cuál es el carácter de esa relación. Nos planteamos dos objetivos. Primero, determinar la existencia y la naturaleza, en caso de existir, de una tendencia consistente en las decisiones que tuvieron relevancia política en el período 2017-2022. Segundo, evaluar la existencia y posible impacto de polarización política dentro de la Corte.

La influencia política del máximo órgano judicial ha sido estudiada desde diversas perspectivas, si bien en menor cuantía y menos sistemáticamente de lo que sería de esperar, si consideramos la relevancia del tema. Algunos de los trabajos de mayor interés para nuestra investigación dibujan un cuadro con importantes matices comunes, pero también con algunas conclusiones que es necesario reconsiderar.

Dichio y Somin (2023) estudiaron las decisiones de la Corte, desde 1789 hasta 2016, y concluyeron que estas no tuvieron el impacto centralizador (en el sentido de hacer valer la legislación federal por encima de la estadual) que se les ha querido atribuir a través del tiempo. Utilizando un modelo que los autores denominaron tradicional, el 57% de los casos revisados centralizaban, pero bajo el modelo revisado que ellos propusieron, el 48% mantuvo el statu quo que hubiera prevalecido de no haberse realizado revisión judicial. También concluyeron que la Corte en ese lapso fue neutral, y consecuentemente tuvo poca influencia en el sistema federal. Esta conclusión parece dudosa, al menos para el período más reciente.

Yates y Whitford (1998) estudiaron 32 casos entre 1949 y 1993, referidos a temas de interés para los respectivos presidentes elegidos en cada etapa. Hallaron que las decisiones estuvieron condicionadas por los índices de aprobación de dichos líderes políticos, unidos a una mayor preferencia por fallar a favor de tópicos relacionados con la política exterior o militar, y la poca lealtad al presidente que nombró al juez supremo durante ese período. Este último resultado cambió con los jueces de distrito, cuya lealtad fue mayor, debido a las posibilidades de ascenso. Es significativo que los marcos temporales de su investigación incluyeron el período que se considera de menos intensa polarización política, particularmente de menos intensa polarización de élites en la historia del país (Moskowitz, Rogowski y Snyder, 2019; González Delgado, 2022). Resultó plausible que la observada poca lealtad constituyera una manifestación de la baja polaridad que predominó durante varias décadas. Sobre la polarización política, su definición y comportamiento profundizamos más adelante.

Ballingrud (2022) realizó un estudio parecido, que abarcó de 1946 a 2016, en el que detectó que las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente influyeron directamente sobre las decisiones de la Corte. Su estudió encontró que la SCOTUS tiende a mostrar una deferencia hacia el ejecutivo como litigante, condicionada por el involucramiento del presidente. La Casa Blanca está en condiciones, de acuerdo con esta investigación, de aproximar su punto ideal al de la Corte. En su criterio, este comportamiento amenaza la credibilidad de la Corte como protectora de los derechos ciudadanos.

Weiden (2011) y Corley, Sommer y Artemus (2010) concluyeron que mientras más politizada es la Corte, más ideologizado será su voto, y más difícil será llegar a consenso. Por su parte, Epstein, Segal y Victor (2002), en otro estudio que abarcó desde 1946 hasta 1992, concluyeron que, a mayor homogeneidad ideológica de la Corte, menores son los impactos de las presiones del Congreso. Al mismo tiempo, señalaron que, a menor homogeneidad, la Corte prefiere tomar más casos de índole constitucional, y menos de interpretación estatutaria.

Casper (1976), por su parte, realizó un estudio que abarcó desde 1958 hasta 1974, donde escogió los casos en que se declararon inconstitucionales a leyes federales, consideradas como formas de intervención en la agenda política gubernamental. Su trabajo indicó que para los actores políticos resultó atractiva la posibilidad de influir en las áreas legislativa, ejecutiva o administrativa a través de la Corte, porque se trató de convencer a solo nueve jueces, lo cual resultó más fácil que intentarlo con otras instituciones del sistema, que las superan en número, excepto por la figura del Presidente.

De esta breve revisión de la literatura pudimos extraer un corolario: existe evidencia de la influencia que tienen otras ramas del sistema de gobierno sobre las decisiones de la Corte, lo cual va a contrapelo de la función prevista por la Constitución y de la supuesta independencia del órgano frente al ejecutivo y el legislativo. A su vez, hay evidencia de que el aparato judicial puede ser utilizado para influir sobre las otras ramas. Es decir, la literatura muestra una relación bidireccional en la que la SCOTUS actúa como un cuerpo político más. Esto hace más interesante estudiar una etapa más reciente, no cubierta por los trabajos anteriores, durante la cual se percibe el debilitamiento de la legitimidad del sistema institucional.

Para el diseño metodológico, se seleccionó el período (2017-2022), que correspondió con la etapa de agudización de las polémicas en torno al máximo órgano judicial, como parte de los conflictos políticos observados en el país, entre la elección de Donald Trump y los meses que antecedieron a la elección de medio término de 2022. Los límites precisos están determinados por los ciclos de la Corte, que no coinciden con los años calendarios ni con los períodos legislativos o los mandatos presidenciales, por lo que el ciclo 2021 en realidad llega hasta octubre de 2022. Nuestro trabajo continúa, complementa y profundiza resultados de las investigaciones anteriores referidas.

En algunos puntos ampliamos el marco temporal para ofrecer una perspectiva más completa de los fenómenos estudiados. Esto fue un recurso para poder identificar tendencias relativamente sostenidas, para las cuales los cinco años de la etapa seleccionada no serían suficientes. Determinar esas tendencias permitió delinear con mayor precisión las condiciones dentro de las que se desarrolló el período 2017-2022.

En la investigación utilizamos una diversidad de fuentes, que permitieron abarcar el conjunto de la actuación de la Corte Suprema. En primer lugar, se examinaron todas las decisiones tomadas por la Corte en el período antes mencionado, incluyendo todas las opiniones emitidas por los jueces. Además, utilizamos los datos sobre el funcionamiento de la Corte, recogidos y publicados por la Harvard Law Review y en el sitio web de la Corte. La idea fue evaluar la totalidad de la información disponible, para evitar sesgos introducidos por la selección de muestras, particularmente por la dificultad de alcanzar la necesaria representatividad en este caso, dado el valor que puede tener una sola decisión de ese tribunal para el sistema político y el conjunto de la sociedad estadounidense.

DESARROLLO

Resultados. Composición y funcionamiento de la Corte Suprema

La Corte Suprema de los Estados Unidos es la máxima expresión del poder judicial. Fue creada en 1789 por el artículo III de la Constitución. Está compuesta actualmente por 9 jueces, de los cuales uno es el Juez Jefe (Chief Justice), y 8 son jueces asociados (justices). Esta cifra no está fijada en el texto constitucional, y el número de jueces ha variado en el tiempo, desde los 6 que formaron la primera Corte liderada por John Jay, hasta los 9 establecidos por la Ley de Sistema Judicial de 1869, con un máximo de 10 jueces y un mínimo de 5 en distintos momentos de ese período. Los cargos son vitalicios, pero puede renunciarse a estos o solicitarse el retiro. Al producirse una vacante, el presidente en ejercicio propone un candidato, que debe ser confirmado por el Senado federal (Supreme Court of the United States, 2013), si bien la primera audiencia congresional fue incluida en el proceso de aprobación de 1925.

Dados los tecnicismos presentes en la actividad de la Corte, consideramos útil presentar brevemente algunos términos utilizados en los documentos relevantes, según se definen en sus Reglas (2013) y en otras fuentes especializadas:

1. Opiniones: son las razones para tomar decisiones (Gifis, 2010: 375), se refiere a las opiniones individuales de los jueces, que pueden estar de acuerdo o no con todo o parte de la decisión final tomada por la Corte.

2. Decisiones: es la forma de la Corte de disponer de los casos (Regla 4). Estas pueden ser per curiam, cuando no tienen autor definido; por mayoría de jueces; por pluralidad, cuando la opinión –argumento para la decisión- no obtiene la mayoría, pero la decisión sí (Gifis, 2010: 376), o unánime.

3. Quórum: de los 9 jueces que componen la Corte, se alcanza con 6 (Regla 4).

4. Término: lapso de tiempo en el que se desempeñan las actividades de la Corte, se cuentan desde el primer lunes de octubre de un año, y culminan el día antes del primer lunes de octubre del año siguiente (Regla 3).

Nuestra investigación se centró en las decisiones y opiniones emitidas por la Corte, a lo largo de los términos comprendidos en nuestro marco temporal, que tuvieron influencia sobre el sistema político. De nuestro procesamiento excluimos las denegaciones, es decir, las negativas de la Corte a considerar casos que se le presentaron. Esta decisión se debe a dos razones fundamentales. Primero, en la práctica, se trata de un número muy elevado, en el orden de varios miles cada año, lo cual hizo efectivamente inviable el procesamiento de sus contenidos. Segundo, las decisiones y las opiniones asociadas tienen una mayor visibilidad, y son las que introducen cambios en la interpretación de la ley y el funcionamiento de las instituciones, por lo que son las de mayor importancia.

Esto no implica que las denegaciones sean irrelevantes. Algunas pueden tener repercusiones notables, como la negativa a tomar el caso Merrill v. Caster (Supreme Court of the United States, 2022), donde se alegaba que en Alabama se estaba aplicando incorrectamente la Voting Rights Act (Ley de Derechos al Voto), para impedir que las minorías negras votaran por un candidato demócrata. El efecto de esta denegación fue equivalente a respaldar al estado sureño en su interpretación de la ley. Aquí se optó por la inacción, lo cual es de hecho una forma de hacer política pública, en su definición más general (Dye, 2017: 3), pero pertenece a otra categoría dentro del funcionamiento de la SCOTUS, generalmente de menor impacto que las decisiones.

Típicamente, más del 98% de los casos que se presentan a la Corte son denegados (gráficos 1, y 2). Por ejemplo, entre 2012 y 2020 se presentaron desde 5 mil hasta más de 7 mil anuales. Los datos, sin embargo, muestran una tendencia sostenida a la reducción del número de casos presentados a lo largo de esos años (gráfico 1). Los 5257 del término 2020 —el valor más bajo en esta serie— representó una caída del 31,3% respecto al de 2012, que tuvo el número más alto.

El comportamiento del porcentaje de casos aceptados no aumentó de manera sostenida, pese a la caída del total de apelaciones (gráfico 2). El año 2020 tuvo el valor más alto, con 1,4%, pero esto fue solo un crecimiento de 0,2 puntos porcentuales con respecto a 2012. La tendencia observable fue hacia una estabilidad relativa del porcentaje, con fluctuaciones en torno a la línea de 1,2%. En cuanto al total de casos aceptados, este valor osciló entre los 60 de 2019 y los 72 de 2020.

La actividad de cada juez durante ese período fue otro dato de interés, pues permitió identificar las figuras que tienen más o menos impacto en las sentencias que emite la Corte. La relevancia de estos textos fue considerable, ya que, además de la decisión misma y el antecedente que esta crea, se introdujeron en ellas las líneas argumentales, enfoques teórico-doctrinales e incluso las posibles agendas a seguir por el sistema judicial. Todo esto emitió señales para el resto del sistema político que impactaron sobre las estrategias y comportamientos de otros actores.

En el período 2012-2022, es decir, hasta el cierre de nuestro período, esos nueve puestos en la Corte fueron ocupados por 12 jueces, ocho de ellos nominados por presidentes republicanos y cuatro nominados por presidentes demócratas (tabla 1). En 2022, el presidente demócrata Joe R. Biden nominó a Ketanji Brown-Jackson en sustitución de Stephen Breyer, pero Brown-Jackson inició su trabajo durante el término siguiente, no incluido en nuestro estudio.

Un punto de interés para esta investigación fue el promedio de decisiones redactadas por cada juez (gráfico 3). Este dato fue significativo, pues permitió identificar liderazgos en toma de decisiones, y por consiguiente en la conformación de políticas en el órgano judicial.

En los 10 términos incluidos, el promedio general fue de 14,8 decisiones anuales por juez. Se observó claramente que a lo largo de ese período existió un núcleo de jueces particularmente activos, con números anuales por encima de la media: Thomas —ampliamente el más activo—, Alito, Sotomayor, Scalia y, en menor medida, Breyer. El resto estuvo por debajo del promedio, con casos particularmente poco activos como Kennedy, Roberts, Kagan y Barrett. Lo que se aprecia es una asimetría interna en la Corte, con algunos liderazgos claros, que no dependen de la jerarquía nominal.

Como parte de la explicación de este comportamiento se debe considerar la antigüedad de los jueces en el cargo, pues los tres con más alto promedio de decisiones son parte de los cuatro con más experiencia entre los activos entre 2012 y 2022. Scalia, fallecido en 2016, y Breyer, retirado en 2022, se contaban entre los de mayor producción y también de mayor antigüedad. Barrett, la de menor antigüedad entre los incluidos, es también la de menor promedio de decisiones elaboradas. Las excepciones en este caso fueron Kennedy (fallecido en 2018), Kagan y Roberts, quienes a pesar de su antigüedad clasificaron entre los de menor producción.

A primera vista, este comportamiento estuvo en contradicción con la condición de Roberts de Chief Justice. Explicar este comportamiento no es un objetivo de nuestra investigación. No obstante, y considerando lo interesante de esa peculiaridad, es posible plantear una hipótesis como base para una respuesta: Roberts, en la composición de la Corte que dirige, se ubica en una posición relativamente intermedia en el espectro de preferencias y posiciones ideológicas de los jueces, lo cual lo convierte en un voto pendular en la toma de decisiones. Por ello, es poco probable que tome el liderazgo en la elaboración de decisiones que pueden tener orientaciones claramente definidas hacia uno u otro lado de ese espectro. El examen del comportamiento individual de los jueces que desarrollamos más adelante permitió verificar esta hipótesis.

Por tanto, la composición de la SCOTUS y sus reglas de funcionamiento crearon un considerable potencial para la influencia de magistrados individuales con años en el cargo y preferencias diferenciadas. Dada la natural relevancia de los casos sobre los cuales se pronunció la Corte, ello significó que un grupo muy pequeño de individuos en puestos vitalicios, tuvieron y tienen la capacidad de moldear las principales instituciones estadounidenses. Por otra parte, el predominio de jueces nominados por presidentes republicanos generó potencialidades para una inclinación hacia posiciones ideológicas, alineadas con las preferencias predominantes en ese partido.

Tendencias en las decisiones de impacto político

El siguiente punto a abordar en la investigación fue la determinación de cuáles decisiones tuvieron un impacto político directo. En este punto nos centramos en los términos 2017 a 2021, que concluyeron en el año calendario 2022. Estos constituyeron un período no cubierto por los estudios anteriores, pues incluso en los trabajos que abarcan lapsos más extensos, el número real de casos considerados fue menor que el nuestro, pues trabajaron con muestras relativamente reducidas. Durante nuestra investigación examinamos 358 decisiones, que representan el total de los casos decididos en los términos de 2017 a 2021. Cada término se identificó por el año de introducción de los casos para su consideración por ese órgano, aunque la decisión se produjo como norma en el año calendario siguiente.

Para identificar las decisiones de impacto político directo, partimos del hecho de que la Corte Suprema es parte integral del sistema político. Este último es complejo, como todo sistema humano. Esa condición implica que una misma decisión puede influir en varias áreas a la vez, lo cual fue fundamental para el procesamiento. Sobre esa base, tomamos como referente cinco grupos de componentes del sistema político, que la literatura identifica como claves, y que constituyen la guía para estudiar el entramado de influencias mutuas y factores condicionantes de la actuación de la Corte.

1. Las relaciones entre los componentes ejecutivo, legislativo y judicial (Jillson, 1999; Singh, 2003; Hartley, 2013; Arana Araya y Guerrero Valencia, 2020; Downey y Myers, 2020).

2. El sistema electoral y sus resultados (Jillson, 1999; Lowi et al., 2014; Peele et. al., 2022; Long, 2022).

3. Las relaciones entre el gobierno federal y los estados (Lowi et. al., 2014; Hackett, 2022; Dichio y Somin, 2023).

4. Los actores no gubernamentales (lobbies, comités de acción política, partidos) (Farazmand, 2001; Clinton et. al., 2012; Baka et al., 2020; Young, 2022).

5. Temas sociales donde existe un notorio debate político: racismo (Legal-Miller, 2022), género (Sapiro, 2022), control de armas (Spitzer, 2022), reforma de salud (Oberlander, 2022), política social y pobreza (Weir, 2022) e inmigración (Wroe, 2022).

Al procesar las 358 decisiones, se filtraron utilizando estos cinco indicadores. Del total, 72 fueron consideradas directamente influyentes en el sistema político (gráfico 4), equivalente al 20,1% del total de las sentencias emitidas durante esos cinco términos.

De aquí pudimos extraer varios puntos de interés. El primero es el número mismo. Si bien 72 decisiones es una cifra aparentemente baja, el hecho de que representa una de cada cinco del total durante el período demuestra el alto grado de interés por temas de implicación política directa. Segundo, entre los cinco ciclos incluidos, dos (2019 y 2021) destacaron por incluir más del doble de decisiones de este carácter que el promedio de los otros tres. Tercero, esos dos ciclos fueron los de menor número total de decisiones del período. Cuarto, son años directamente relacionados con las elecciones presidenciales de 2020 y las elecciones al Congreso de 2022. Estos datos indicaron un alto grado de activismo político por parte de la Corte Suprema, con al menos una correlación y posiblemente una relación directa con los ciclos electorales en un período notablemente conflictivo en la historia política estadounidense.

Sobre el contenido de las decisiones identificadas como relevantes, resultó interesante el comportamiento en el tiempo de los temas sobre los que se pronunció la Corte. Flemming et. al. (1997) condujeron un estudio que abarcó desde 1947 hasta 1992, en el que trabajaron con 31 decisiones de implicación política que ellos consideraron “significativas”, en cinco temas determinados como importantes en aquella época, usando como guía los fallos de la Corte cubiertos por los medios audiovisuales. Al comprar esa etapa con las decisiones del período 2017-2021 (tabla 2) salta a la vista el desplazamiento de los temas hacia algunas áreas no incluidas en el primer estudio, y la completa ausencia de otros.

Llamó la atención la mayor diversidad de temas decididos por la Corte entre 2017 y 2021: 11 en nuestra clasificación, de los cuales solo dos coincidieron con los cinco identificados por Flemming et. al. (1997). En el estudio anterior los temas más repetidos fueron la desegregación escolar y la relación Iglesia-Estado, con el 71% del total. Los relacionados con la religión ocuparon la primera posición en nuestro listado, seguidos de los laborales, electorales y migratorios, estos tres últimos ausentes en la clasificación anterior.

Esto indicó un cambio de prioridades: la desegregación en particular desapareció en la medida que el problema en cuestión fue resuelto, al menos a nivel formal; la religión se mantuvo, particularmente a partir de la fuerza adquirida por los grupos evangélicos. Es necesario apuntar que el estudio de Fleming et. al. pudo haber estado condicionado por algún sesgo introducido por la prensa, dado su método de selección. Solo trabajos que analicen el universo completo de esa etapa pueden verificar este punto.

 

No obstante, asumiendo como válidos los resultados de Fleming et. al., una explicación plausible para el comportamiento observado la propone la teoría de la evolución de temas, desarrollada por Carmines y Stimson (1986; 1989). Según su modelo, los políticos profesionales introducen temas desde su ubicación en el sistema de élites, a la vista del público. Este último les presta atención a algunos temas y a otros no, en una especie de proceso de selección “natural”, que los políticos no controlan per se. Siguiendo este criterio, los tópicos identificados como recurrentes lograron resaltar y “prender” en el interés del público, mientras otros decayeron.

El modelo de Carmines y Stimson tiene la virtud de señalar el carácter dinámico de los temas, que a su vez reflejan el carácter igualmente dinámico del sistema político. Aquí habría que considerar dos factores adicionales: las élites que rodean a la clase política y los mecanismos de formación de opinión. Las interacciones entre los políticos profesionales y grupos empresariales, jerarquías militares y otros grupos de influencia social influyen en la introducción de objetivos políticos que impactan en la toma de decisiones. Por otro lado, los medios de comunicación, figuras públicas, instituciones educativas y culturales transmiten y legitiman propuestas, participando en la conformación de opiniones y en la selección de temas políticos y definiciones. Estos factores influyen sobre las posiciones adoptadas respecto a los temas políticos.

Es decir, la teoría de la Issue Evolution, interpretada desde la perspectiva de sistemas complejos y con la consideración de los sectores participantes con una distribución asimétrica de poder (Gilens, 2012; Gilens y Page, 2014) sugiere que los temas que toman el centro de la atención resultan de las interacciones complejas entre los diversos componentes del sistema político, y de estos con su contexto social, de forma históricamente condicionada. Ello genera demandas que pueden convertirse en casos judiciales, a la vez que la decisión de la SCOTUS de darle curso está condicionada por los mismos factores generales.

Nuestro siguiente paso fue determinar el carácter de las decisiones. En este sentido fueron posibles varias clasificaciones. Para nuestro trabajo preferimos recurrir a una clasificación binaria según el eje liberal-conservador típico de la política estadounidense. Esta es una simplificación, pues en ese espectro existen gradaciones y matices, por lo que ninguna de las dos categorías clave puede ser considerada representativa de un bloque homogéneo, pero en este punto nos interesó la orientación general y no una medición estricta.

Para ello utilizamos el sistema de referencia que utiliza el Pew Research Center (2019: 9) para sus encuestas sobre posicionamiento ideológico. Estas se basaron en una selección de 10 temas que se consideraron medulares en la construcción de las identidades ideológicas y partidistas contemporáneas: eficiencia del gobierno, regulación de la economía, seguridad social, papel del gobierno en la vida social (“tamaño” del gobierno y política fiscal), relaciones interraciales, inmigración, política exterior y seguridad nacional, beneficios empresariales (impuestos), política ambiental y tratamiento de los homosexuales. Para cada uno de esos temas se identificó una posición típica liberal y una posición típica conservadora. En nuestro trabajo, las decisiones se clasificaron a partir de su mayor cercanía a uno de los criterios tipo. Casos fuera del segmento delimitado por esos pares de posiciones eran teóricamente posibles, pero no se encontró ninguno en el universo estudiado.

Los criterios conservadores típicos fueron:

-el gobierno es ineficiente y derrochador;

-la regulación de los negocios hace más daño que bien;

-los pobres tienen una vida fácil porque pueden obtener beneficios sin trabajar;

-el gobierno no puede financiar más ayuda a los necesitados;

-los negros que no pueden progresar en Estados Unidos es por su propia responsabilidad;

-los inmigrantes actuales son una carga porque se apoderan de los empleos, las viviendas y la cobertura de salud;

-la mejor manera de asegurar la paz es mediante la fuerza militar;

-la mayor parte de las corporaciones tienen ganancias razonables;

-las leyes y regulaciones ambientales más estrictas cuestan muchos empleos y dañan la economía;

-la homosexualidad debe ser desalentada por la sociedad.

Las posiciones liberales tipo fueron:

-el gobierno frecuentemente hace un mejor trabajo que lo que se le reconoce;

-la regulación de los negocios es necesaria para proteger el interés público;

-los pobres tienen vidas difíciles porque los beneficios distribuidos por el gobierno no son suficientes;

-el gobierno debe hacer más por ayudar a los necesitados, aunque eso signifique endeudarse;

-la discriminación racial es el principal motivo por el que muchos negros no pueden progresar en la actualidad;

-los inmigrantes fortalecen el país con su trabajo duro y sus talentos;

-una buena diplomacia es la mejor manera de asegurar la paz;

-las corporaciones obtienen ganancias demasiado grandes;

-leyes y regulaciones ambientales más estrictas justifican el costo;

-la homosexualidad debe ser aceptada por la sociedad.

 

Al aplicar estos criterios, el balance arrojó 62 decisiones de carácter conservador, 9 de carácter liberal, y una con doble carácter (liberal y conservador), al incluir dos partes de distinta orientación. Esta última la consideraremos como dos decisiones, de manera que el total se elevó a 73, de las cuales 63 fueron conservadoras y 10 liberales. Es decir, el 86,3% de las decisiones tomadas se ubicaron en el ala conservadora del espectro.

La distribución por términos de esas decisiones (gráfico 5) también resultó interesante. En la parte final de la etapa estudiada, el porcentaje de decisiones conservadoras se incrementó de manera considerable. Si bien en los dos primeros términos se mantuvo en 75%, a partir del término 2019 superó el 80%, y llegó a ser del 100% en el término 2020.

Esto indicó una tendencia al conservadurismo en el funcionamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el período, acentuada en sus años finales. Esta tendencia tuvo dos efectos posibles: más conservadurismo en el del orden institucional, en la medida en que las normas fueron interpretadas en ese sentido; la movilización de la ciudadanía, tanto a favor como en contra de las decisiones tomadas en la Corte, en la medida en la que las decisiones se insertaron en el debate político.

La polarización en la Corte

¿Qué factores condicionaron el comportamiento de la Corte Suprema? Lo primero que observamos fue una presencia mayoritaria de jueces nominados por presidentes republicanos. Para que la asociación original de los justices con los partidos fuera un buen predictor de su actuación, se necesitó un alineamiento ideológico a nivel de partido. Pero para que esto a su vez se tradujera en el balance neto de las decisiones, se requirió que las votaciones de los jueces se distribuyeran también según ese clivaje.

Esto llevó a hipotetizar un nivel significativo de polarización política en la Corte Suprema. La presencia de este fenómeno representó una contradicción, pues por diseño se supone que la Corte no esté influida por las corrientes ideológicas, las filiaciones partidistas ni las dinámicas políticas coyunturales. Ese es el sentido del carácter vitalicio de la posición de los jueces, pues se supone que implica la ausencia de compromisos con los actores políticos que los promueven, al no depender de ellos para mantenerse en sus puestos.

Para poder abordar este problema, primero fue necesario explorar el concepto de polarización política. Algunos autores niegan la existencia del fenómeno en sí mismo, aunque con argumentos diferentes: la ausencia de un desplazamiento a los extremos en el público estadounidense (Fiorina et. al., 2006; 2008), o la ausencia de una diferencia de clase entre los sectores políticamente opuestos (Hernández, 2022). Otros afirman la existencia de la polarización política tanto en la población (Abramowitz y Saunders, 2008; Abramowitz, 2010; Abramowitz y McCoy, 2019), como en instancias de gobierno, particularmente en el Congreso federal (Moskowitz, Rogowski y Snyder, 2019; González Delgado, 2022).

Un factor clave de la polémica fue la ausencia de una definición de consenso. Una breve mirada a los trabajos que aceptaron o rechazaron el fenómeno demostró el impacto de la imprecisión conceptual sobre los estudios del tema. La complejidad del campo teórico en este punto fue notable. Bramson, Patrick y Holanl (2017) propusieron una taxonomía con nueve tipos de definiciones, identificadas por el tipo de población al que se refieren, y por la relación entre los polos y los extremos de las distribuciones.

Para nuestra investigación, utilizamos la definición propuesta por Domínguez López (2022: 31): como “proceso de organización del sistema y los procesos políticos, o algunos de sus ámbitos, según polos diferenciados, en torno a los cuales se aglutinan las posiciones y preferencias políticas de los diversos sujetos participantes.” Para el caso estadounidense, y considerando una distribución unidimensional, se refirió a la aglutinación de preferencias en un eje liberal-conservador, según las definiciones estadounidenses. Los polos fueron los puntos de ese eje que, por la relación entre el sistema de ideas y valores que representaron, y las preferencias y comportamiento de la población en cuestión, atrajeron de manera relativamente consistente a un número elevado de sujetos (relativo al total de la población). Los polos no tienen que ser dos, aunque normalmente se observa en la forma de bipolarización. Es importante hacer notar que los polos no tienen que estar muy distantes entre sí, solo tienen que ser distinguibles (Domínguez López, 2022: 27).

De aquí se extrajeron dos corolarios. Primero, la polarización es un proceso, no una estructura, por lo que su intensidad y expresiones varían en el tiempo. Segundo, las distribuciones típicas son resultado de la síntesis de los comportamientos de los sujetos en las múltiples dimensiones que en realidad tiene el espacio de preferencias políticas. Al menos existen tantas como temas objeto de debate, y la ubicación en un eje político-ideológico se obtiene de la combinación de las preferencias y acciones en todos ellos.

El tema de la polarización política no se agota con esto. Existen diferentes tipos. Siguiendo a Hetherington (2009), consideramos la existencia de tres tipos básicos: polarización de masas o popular, polarización de élites, y polarización partidista. Aquí es necesario hacer algunas observaciones. Las dos primeras formas se diferencian por la población cuyas preferencias y comportamientos se distribuyen a lo largo del eje correspondiente, mientras que la tercera se refiere al factor identitario que actúa como predictor de esos comportamientos, es decir, la diferenciación partidista como factor en la conformación de los polos. Esto lleva a considerar que en realidad se trata de dos tipologías diferentes observadas de forma empírica.

En el tema que nos ocupa, de existir la polarización se trataría claramente de polarización de élites, considerando que estamos hablando del núcleo del poder judicial, con un número muy reducido de sujetos participantes. La polarización de élites en los Estados Unidos ha sido estudiada mayormente en relación con el Congreso federal (González Delgado, 2022; Moskowitz, Rogowski y Snyder, 2019; McCarty, Poole y Rosenthal, 2006), donde la existencia del fenómeno se observa a través de las votaciones de los legisladores, según los cuales la polarización se traduce en la mayor consistencia de los votos de grandes grupos, dentro de las cámaras con modas diferenciadas en el espectro ideológico.

El caso de la Corte ha sido tratado por un número de autores en períodos diferentes, normalmente a través del estudio de casos resueltos. Galston (2019) estudió 35 casos que van desde 1878 hasta 2015; Bartels (2015) lo hizo desde 1946 hasta 2012; Gooch (2015) desde 1970 hasta 1993; Carubba, Friedman y Vanberg (2012) desde 1953 hasta 2005. Por su parte, Sennewald, Manning y Carp (2017), desarrollaron una interesante investigación sobre las cortes federales de Distrito, entre 1934 y 2008. Armaly y Enders (2022), investigaron también la polarización afectiva entre la población que apoya a la Corte, tema un tanto alejado de los objetivos de nuestra investigación, pero que demostró que la Corte fue sensible a la influencia de actores políticos no judiciales, así como a eventos que impulsaron y aceleraron las divisiones partidistas dentro de su propia actividad, como parte de los motivos para tomar decisiones de corte a favor de una u otra ideología. Todos hallaron que la polarización se había intensificado con el tiempo, que los republicanos cada vez votan de forma más conservadora, y los demócratas de manera más liberal.

Sin embargo, en comparación con otras áreas de investigación, el problema de la polarización política en la Corte ha sido relativamente poco trabajado. Las razones para ello pueden ser muchas. Por ejemplo, la baja confiabilidad de la estadística basada en los datos “duros” que pueden obtenerse de los registros oficiales, al estilo de los que están disponibles en relación con el Congreso, por el relativamente bajo número de puntos procesables. Por otro lado, es difícil obtener datos “blandos” sobre las preferencias de los jueces, quienes normalmente no son encuestados o entrevistados sobre esos temas estando en el cargo. También puede impactar en este sentido la tradicional consideración que se le tiene a la institución judicial, cuyo poder se basa en el prestigio, ya que carece de un aparato coercitivo que le permita implementar sus decisiones por su cuenta. Cualquiera sea la razón, este un tema que amerita ser explorado a profundidad.

Por tanto, se nos plantea una interesante problemática. Por una parte, es posible seguir el comportamiento de cada juez durante un período prolongado, lo cual permite ganar en precisión utilizando siempre datos “duros”. Al mismo tiempo, el bajo número de jueces y decisiones hace que la estadística sea un instrumento limitado. La solución, en nuestro criterio, está en entender la polarización, en este caso como la tendencia a la mayor coincidencia de votos liberales o conservadores de cada juez a lo largo del tiempo.

La distinción entre republicanos y demócratas tiene un correlato ideológico, en la medida en que el GOP ha tendido a concentrar a los sectores conservadores, y el Partido Demócrata ha tendido a concentrar a sectores denominados liberales en el lenguaje político estadounidense. Ambos partidos han tendido hacia un mayor grado de homogeneidad ideológica, y una reducción sostenida de las zonas de solapamiento entre simpatizantes y políticos profesionales de las dos formaciones (Pew Research Center, 2019; González Delgado, 2022).

Es decir, la mayoría republicana en la Corte implica, en el contexto contemporáneo, una mayoría conservadora. Los jueces no se declaran públicamente por ningún partido, pero su alineamiento con uno u otro se expresa en sus acciones. La tendencia que observamos es la coincidencia entre el partido del presidente que los nomina, y la orientación de la acción de los jueces, según la asociación liberal/demócrata vs. conservador/republicano. Según Long (2022: 157), los mandatos presidenciales se han aprovechado para nombrar jueces federales, incluyendo a los de la Corte Suprema, y así obtener sentencias favorables a los intereses de su partido. Esto justifica el uso del eje liberal-conservador como equivalente a demócrata-republicano en este caso. Los efectos de este balance los observamos en el acápite anterior, con el predominio de decisiones de corte conservador.

Desde esta perspectiva, examinamos las votaciones de la SCOTUS. En este punto, además de las decisiones generales, consideramos también las votaciones separadas por partes de la decisión que se sucedieron en algunos casos. Al mismo tiempo, excluimos las decisiones per curiam, porque en esos casos no se reportó el voto individual de los jueces. Lo primero que observamos fue la distribución de votaciones finales (gráfico 6). Destacó que el resultado más repetido fue 5-4, si bien se produjo un número considerable de votos unánimes.

Si retornamos a la tabla 1, podemos observar que, durante los primeros términos incluidos en nuestro estudio, en la Corte se encontraron 5 jueces nominados por presidentes republicanos, y 4 nominados por demócratas. Pero esto cambió con la designación de la jueza Barrett en reemplazo de la fallecida jueza Gingsburg, lo que llevó a 6 el número de justices nominados por mandatarios republicanos. La revisión de las votaciones a partir de ese momento (gráfico 7) mostró una variación en la moda de esta distribución. Aunque el total fue por supuesto más pequeño, al ser una fracción de todo el período, fue visible que el valor 6-3 fue el más repetido en ese segmento, mientras las decisiones unánimes mantuvieron el segundo lugar. Es decir, la moda de la distribución de los resultados de las votaciones de la Corte, replicó la composición de ese cuerpo judicial según el partido de los presidentes que nominaron a los jueces. Esto indicó que esa relación inicial resultó ser un buen predictor de la actuación posterior de los magistrados.

Seguidamente, estudiamos los votos individuales de los jueces para clasificarlos según el espectro ideológico liberal-conservador, de acuerdo con las posiciones tipo descritas anteriormente. Esto lo complementamos con el análisis de las opiniones concurrentes y disidentes emitidas por diversos jueces en una parte de esos casos, y el apoyo expresado por otros magistrados. Esto amplió el número de puntos, y abrió la puerta a posiciones neutras, según el balance de posiciones tipo en cada texto específico. Asignamos a las posiciones liberales el valor -1, y a las conservadoras el valor 1, asignamos a cada voto a favor el valor correspondiente al carácter de la decisión, y a cada voto en contra el valor opuesto, y asignamos el valor 0 a los apoyos a opiniones neutras.

Posteriormente, promediamos las actuaciones de cada juez por el número de veces que votaron o apoyaron una opinión, lo cual arrojó una distribución de sus posiciones ideológicas promedio (gráfico 8) que resulta muy elocuente: todos los jueces designados por presidentes republicanos se ubicaron en el lado conservador del espectro y todos los designados por demócratas se ubicaron en el lado liberal. También es visible que los jueces conservadores, ubicados en el rango de 0,45 a 0,76, están más cercanos a las posiciones tipo de ese lado del espectro, que lo que están sus contrapartes liberales de las posiciones tipo de referencia, pues el rango de estos últimos va de -0,33 a -0,54.

Como en el caso de los resultados de las votaciones, hicimos un corte adicional a partir de 2020 (gráfico 9). En este caso se observó un desplazamiento de los votos hacia el ala conservadora, aunque se mantuvo el valor predictivo de la filiación partidista.

 

Es notorio que en ambos lados del espectro encontramos jueces más cercanos a posiciones intermedias que el resto. Entre los conservadores, ese es el caso del Chief Justice Roberts, quien en múltiples ocasiones se alineó con los liberales. Entre estos últimos, Kagan fue la más cercana a las posiciones de sus contrapartes. Ellos dos fueron además los de menor participación en la redacción de decisiones entre los jueces de mayor experiencia, lo cual sustentó la validez de la hipótesis planteada en el epígrafe anterior en este sentido.

Las opiniones, tanto concurrentes como disidentes, se concentraron sobre todo en las decisiones divididas, lo cual fue consistente con su uso como mecanismo y expresión de las diferencias y debates políticos dentro de la Corte. Las opiniones se redactan aparte de la sentencia, exponiendo los criterios por separado de sus firmantes; la práctica es que un juez lleva igualmente la redacción central, y varios colegas pueden decidir unirse o no a dicha concurrencia o disidencia, las cuales pueden estar argumentadas en opinión aparte. En el 64,8% de las decisiones el redactor fue uno los jueces nominados por presidentes republicanos. Por tanto, la mayoría de las opiniones concurrentes (68,3%) fueron de corte conservador, frente a 31,7% de corte liberal. Las opiniones disidentes, por el contrario, fueron dominadas por los jueces de tendencia liberal, con un 65,4%. Esto fue consistente con el predominio de los jueces conservadores, tanto en número dentro de la Corte como en las decisiones que se tomaron. Solo en 30 casos (42,3%) votaron liberales y conservadores juntos, mientras que en el resto solo votaron a favor los conservadores, excepto uno.

Para explorar este tema en más detalle, utilizamos las estadísticas de Harvard Law Review, que incluyeron los términos de 2017 a 2021. En particular nos resultaron útiles los datos sobre los porcentajes de coincidencia en todas las decisiones tomadas. Promediamos los porcentajes de coincidencia entre jueces a lo largo del período. Realizamos tres cruzamientos: entre jueces conservadores, liberales con conservadores, y entre liberales (gráfico 10). La tendencia observada en las votaciones de los jueces fue a coincidir primariamente con aquellos que fueron nominados por presidentes del mismo partido. Los dos grupos de jueces tuvieron un comportamiento similar en este sentido: votaron más frecuentemente en línea partidista que de manera bipartidista. La diferencia en los porcentajes de coincidencia con respecto a los votos bipartidistas fue de 23,2 puntos para los conservadores y 26,6 para los liberales. Es importante significar, que esto no se refiere a los porcentajes de las votaciones finales por tendencia de las decisiones resultantes, sino a los porcentajes promedio de coincidencias entre los jueces individuales.

Al desagregar estos datos las tendencias se hicieron aún más visibles, así como las diferencias entre jueces individuales. Los rangos formados por el menor y el mayor valor de cada cruzamiento tomaron la forma siguiente: entre conservadores fue del 63,3% al 90,1%, mientras que entre los liberales fue de 76,8%-83,1%. El cruzamiento conservador-liberal se movió en el rango 38,3%-71%.

Aquí se extrajeron dos ideas: primero, la menor variación entre los liberales indicó que son menos propensos al compromiso, lo cual puede ser explicado por la necesidad de mantener un frente lo más unido posible para poder avanzar su agenda y perspectivas, al encontrarse en minoría; segundo, existen jueces “bisagra”, es decir, jueces que tienden a votar menos en línea partidista, y que, en condiciones de un reparto 5-4, como era el caso hasta 2020, pueden ser decisivos, si pertenecen a la mayoría. Esta función la cumplió el Juez Jefe Roberts. Sin embargo, la composición de 6 conservadores y 3 liberales prácticamente anula la influencia del juez bisagra, en particular uno como Roberts, fundamentalmente conservador en su actuación. La jueza Kagan no clasifica como “bisagra”, por ser parte de la minoría liberal, de manera que no cumple esa función.

Estos datos son expresión, en nuestro criterio, de la polarización partidista de la Corte, lo cual pone en entredicho su imparcialidad. Actualmente, la filiación partidista de los presidentes que nominaron a los jueces es un buen predictor de sus votaciones, particularmente en casos de relevancia política o que tocan temas polarizantes, como los identificados por el Pew Research Center (2019). Ello incluyó decisiones a contrapelo de factores técnicos supuestamente apolíticos. Como vimos antes, esta tendencia y esa composición han hecho que las decisiones tomen un matiz marcadamente conservador, y que los jueces liberales crecientemente se vean reducidos a disentir de las sentencias y opiniones mayoritarias.

CONCLUSIONES

El estudio del comportamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos durante una etapa reciente de alto nivel de conflictividad política en ese país demostró el alto nivel de involucramiento político de ese órgano. Fue notorio el peso de las decisiones con capacidad para impactar sobre el sistema político, tanto a través de interpretaciones normativas referidas al funcionamiento de instituciones y procesos políticos, como referidas a temas claves en el debate político contemporáneo.

Fue posible identificar una reducción sostenida de las apelaciones aceptadas por la Corte, que en los años estudiados se unió a un incremento de las decisiones sobre temas de relevancia política. Estas decisiones tuvieron un carácter conservador, que se intensificó en el segmento final del período estudiado. Los temas más tratados por la Corte Suprema se corresponden con los principales puntos del debate político contemporáneo, a los cuales esta le da una respuesta predominantemente conservadora. Es decir, la SCOTUS se colocó como un actor político de clara inclinación conservadora.

Esto estuvo relacionado directamente con la filiación política de los presidentes que nominaron a los jueces, lo cual a su vez constituyó un fuerte indicador de la perdurabilidad de las preferencias y compromisos formados antes de asumir los cargos correspondientes. La moda de la distribución de resultados de las votaciones reprodujo la composición partidista de la Corte. Por tanto, el estudio de las votaciones colectivas e individuales de los jueces reforzó el valor de esa filiación política de los presidentes que nominaron, como predictor de la actuación de los magistrados. Sus votaciones individuales demostraron la presencia de la polarización política dentro de la Corte Suprema según una línea partidista. Esto indica un definido clivaje ideológico entre los jueces a lo largo del eje liberal-conservador.

Nuestro estudio cubre un período breve, que incluye los ciclos legislativos de 2017 a 2022. SI bien esto permite estudiar el universo de fallos y opiniones en su totalidad, al mismo tiempo limita nuestra capacidad para identificar tendencias de mediana y larga duración. Se trata de un compromiso que favorece la precisión de la descripción y explicación de esa etapa. Se necesitan estudios de más larga duración, particularmente hacia el futuro, para determinar el sostenimiento o no de algunos de los fenómenos estudiados.

Otro desarrollo posible de este trabajo en futuras investigaciones es la incorporación del análisis de los casos rechazados por la Corte. Como comentamos en el texto, estos rechazos pueden tener impactos políticos significativos, en tanto que implican mantener el statu quo. Tanto en este punto como en el anterior, se requieren de recursos materiales y humanos considerables para llevar adelante esta tarea.

Estudios de plazos mayores que abarquen la totalidad del universo de decisiones, en condiciones materiales adecuadas, mejorarían la calidad del análisis estadístico. Simultáneamente, la continuidad de este estudio pude —y debe— incluir análisis cualitativos que profundicen en la filosofía judicial de la que son portadores los jueces y la imperante en el campo jurídico, así como en los factores contextuales, incluyendo comparaciones con períodos anteriores. Esto permitiría resolver algunas de las limitaciones observadas en algunos de los trabajos precedentes. Nuestro trabajo apunta varias líneas relevantes, pero más investigaciones son necesarias en este sentido.

Uno de las limitaciones comunes en las investigaciones judiciales es la dificultad, o práctica imposibilidad de acceder a información sobre las motivaciones de los jueces, las posibles negociaciones u otros mecanismos de influencia entre los jueces y sobre los jueces. Esta es una de las razones que llevan a la decisión de utilizar un eje ideológico simplificado en nuestro estudio. Futuras investigaciones se beneficiarían de desarrollar una escala multidimensional, aun cuando la información sobre estos puntos es limitada y típicamente proveniente de fuentes indirectas.

Nuestra investigación demostró que, durante el período estudiado, la Corte Suprema de los Estados Unidos fue un órgano que participó de manera directa en los procesos políticos de ese país, con preferencias predecibles según posicionamientos ideológicos que contradijeron el carácter fundamentalmente técnico y políticamente independiente que se le presupuso. Esto debilitó su capacidad para producir legitimidad dentro de ese sistema, así como su credibilidad. A su vez, tendió a debilitar su capacidad de acción a largo plazo, en la medida en que no contó con instrumentos para hacer cumplir sus decisiones, lo cual ha quedado a cargo de la rama ejecutiva, por lo que es concebible una ruptura entre ellas, en condiciones de conflicto agudizado entre ramas del gobierno.

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CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.

AGRADECIMIENTOS

No aplica.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:

Seida Barrera Rodríguez: Conceptualización, Curación de datos, Análisis Formal, Adquisición de Fondos, Investigación, Metodología, Software, Validación, Visualización, Redacción –borrador original, Redacción –revisión y edición.

Ernesto Domínguez López: Conceptualización, Curación de datos, Análisis Formal, Adquisición de Fondos, Investigación, Metodología, Software, Validación, Visualización, Redacción –borrador original, Redacción –revisión y edición.

FINANCIACIÓN

No existe financiamiento externo a los autores ni otros compromisos.

PREPRINT

No publicado.

DECLARACIÓN DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN

No aplica.

DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE DATOS

No aplica, ya que este es un estudio análisis bibliométrico.

DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Política Internacional los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.