INTRODUCCIÓN
El fenómeno extractivo contemporáneo debe ser comprendido en articulación con las transformaciones tecnológicas que lo sostienen. En las últimas décadas, la expansión de los mercados globales ha intensificado la demanda de minerales estratégicos como el oro, el coltán y el cobalto, impulsada tanto por el incremento en la demanda energética de países desarrollados y en desarrollo como por los avances tecnológicos aplicados a la minería. La pandemia global de COVID-19 alteró temporalmente estas proyecciones, generando una demanda irregular; no obstante, posteriormente se observó una recuperación que superó los niveles pre-pandémicos.
Este auge ha desencadenado una nueva ola de extractivismo en el Sur Global , caracterizada por dinámicas de ocupación territorial, explotación intensiva de recursos y conflictos socioambientales. Frente a esta expansión, emerge la necesidad de analizar no solo las dimensiones económicas, sino también los mecanismos estructurales de desposesión y violencia que configuran este modelo.
En este sentido, el presente artículo examina el concepto de extrahección, introducido por primera vez por Eduardo Gudynas y el equipo del Centro Latino Americano de Ecología Social en el artículo Extracciones, extractivismos y extrahecciones: un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales (2013). La extrahección constituye una categoría analítica que busca visibilizar las formas más extremas y violentas de apropiación de recursos naturales. Derivada del vocablo latino extrahere —compuesto por ex (“fuera”) y trahere (“quitar” o “arrastrar hacia sí”)—, la noción alude al acto de tomar o arrancar recursos, ya sea de las comunidades o de la naturaleza, mediante prácticas que implican violencia y quiebre de los marcos de derechos.
La extrahección representa el punto más agudo del gradiente de apropiación de recursos, caracterizado no como consecuencia, sino como condición necesaria para la ejecución de determinadas actividades. La propuesta de Gudynas no limita su aplicación al contexto latinoamericano ni al extractivismo tradicional, sino que contempla otros emprendimientos de gran escala —tanto para consumo interno como externo— que, por su intensidad y extensión, suponen violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de la naturaleza, incluyendo acciones ilegales y “alegales” que se amparan en vacíos normativos o en el cumplimiento meramente formal de la ley, pero cuyos impactos sociales y ambientales resultan claramente lesivos (Gudynas, 2013).
El término ha sido posteriormente retomado y desarrollado en distintos contextos geográficos y disciplinarios. Mosquera-Vallejo (2020), por ejemplo, lo emplea para analizar el Valle del Patía en Colombia, señalando cómo las extrahecciones derivadas de la minería ilegal y la acumulación de tierras han afectado a las comunidades negras, generando dinámicas de despojo y resistencia territorial. De igual forma, Pérez (2022) incorpora el concepto para examinar la minería en el Perú, enfatizando cómo este tipo de apropiación, al implicar violencia estructural y ruptura de marcos legales y éticos, se configura como una categoría útil para comprender fenómenos donde la extracción material está inseparablemente ligada a la vulneración de derechos. De esta manera, el debate teórico en torno a la extrahección pone en tensión las lecturas que separan la extracción de recursos de la cuestión de los derechos, evidenciando que, en determinadas escalas e intensidades, la violencia no es un efecto colateral, sino un requisito constitutivo del proceso extractivo.
Esta categoría se inscribe, además, en una tradición crítica que parte del concepto de acumulación por desposesión, formulado por David Harvey (2004), según el cual el capital no se reproduce exclusivamente por medio de la producción, sino también a través de procesos sistemáticos de expropiación, privatización y violencia estructural. En los márgenes del capitalismo global, tales procesos se manifiestan de forma aguda mediante políticas extractivas que fragmentan el tejido social, destruyen ecosistemas y consolidan estructuras de dependencia económica.
Este enfoque permite una lectura compleja del extractivismo, no como fenómeno unidimensional, sino como un conjunto de relaciones de poder articuladas en el orden global contemporáneo. Estas relaciones se reproducen en el Sur Global mediante dinámicas históricas, políticas y económicas que trascienden las fronteras nacionales y revelan patrones estructurales comunes. Dichas relaciones de poder se sostienen en una división internacional del trabajo que asigna a los países periféricos el rol de proveedores de materias primas bajo esquemas de subordinación extractiva (Baró Herrera, 2014), reforzando estructuras coloniales adaptadas al capitalismo neoliberal.
La expansión de empresas transnacionales, la financiarización de los recursos naturales, la imposición de marcos jurídicos favorables al capital y la militarización de territorios estratégicos constituyen mecanismos centrales de este proceso. Como advierte Álvarez Acosta (2011), la configuración de estos territorios como “zonas de sacrificio” no es fortuita, sino resultado de un diseño geopolítico que legitima el despojo mediante narrativas de desarrollo y progreso. Del mismo modo, Kabunda (2020) señala que, en África, al igual que en América Latina, la instrumentalización del Estado y su cooptación por élites extractivas permite la consolidación de una economía política del saqueo, en la que la violencia, la corrupción y la impunidad operan como tecnologías de gobernanza extractiva.
En este contexto, países como Colombia y la República Democrática del Congo (RDC) se han configurado como escenarios paradigmáticos. A pesar de la distancia geográfica, las profundas diferencias históricas y las especificidades sociopolíticas, ambos comparten una condición estructural como territorios ricos en minerales estratégicos, pero marcados por conflictos armados prolongados, crisis de gobernanza y procesos históricos de despojo. Esta convergencia no es fortuita, sino que plantea interrogantes sobre la existencia de patrones comunes en los procesos de extracción violenta de recursos naturales que trascienden lo local para inscribirse en dinámicas globales de poder. ¿De qué manera se articulan y reproducen, en Colombia y la RDC, mecanismos estructurales de extrahección minera que combinan despojo territorial, legitimación institucional de la violencia y vulneración sistemática de derechos humanos? ¿Qué elementos permiten identificar líneas convergentes en contextos regionalmente desconectados?
Esta investigación parte de la hipótesis de que el extraheccionismo constituye un patrón globalizado de acumulación por desposesión, cuyas expresiones locales, aunque diferenciadas, responden a una racionalidad común que subordina los territorios del Sur Global a los requerimientos del capital transnacional. Por tanto, se propone un diseño metodológico de tipo cualitativo y comparativo, centrado en el análisis de caso de Colombia y la República Democrática del Congo, con el objetivo de analizar comparativamente ambos procesos de extrahección minera, e identificar los patrones estructurales y mecanismos comunes que sustentan la apropiación de recursos en contextos marcados por debilidad estatal, conflicto armado y dependencia económica.
DESARROLLO
Explotación ilegal de recursos minerales en Colombia: conflicto armado, corrupción y limitaciones estatales
Colombia es un país caracterizado por su amplia dotación de recursos naturales y su alta diversidad biológica, siendo el segundo territorio más biodiverso del mundo después de Brasil. Según datos del Ministerio de Energía y Minas (2021), el país cuenta con reservas de carbón suficientes para los próximos 52 años, concentrando el 53 % de las reservas probadas de América Latina y el 0,6 % de las mundiales. En cuanto al oro, Colombia ocupa el puesto 18 a nivel global y el cuarto en la región sudamericana en términos de producción (Agencia Nacional de Minería, 2023). No obstante, la elevada rentabilidad derivada de la explotación de estos recursos ha convertido al sector en un foco de interés para diversos grupos armados.
Tras la creación del Frente Nacional en 1957, que estableció la alternancia en el poder entre los partidos Liberal y Conservador, limitando la participación política de otros actores, surgieron en el país grupos guerrilleros inspirados tanto en procesos revolucionarios de la época como en experiencias continentales. A partir de la década de 1980, el incremento del precio de la marihuana y la cocaína en el mercado estadounidense favoreció el fortalecimiento del narcotráfico, el cual comenzó a establecer alianzas estratégicas con las diferentes facciones del conflicto armado. En algunas regiones, los narcotraficantes llegaron a acuerdos con las guerrillas para proteger el desarrollo de esta economía ilícita (Concepción Martínez, 2025). En dichas zonas, guerrilleros y grupos paramilitares imponían impuestos sobre la producción y exportación de coca, obteniendo así una fuente alternativa de financiación.
Con la posterior intervención de Estados Unidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la caída en el precio de la coca, los grupos armados comenzaron a interesarse en la explotación ilegal de recursos minerales como el oro, el carbón, los diamantes y las esmeraldas. Esta incursión estuvo también vinculada a la crisis de la industria algodonera y al contrabando, particularmente en disputas por el control de corredores estratégicos . El carbón, en especial, ha adquirido relevancia por su papel en la industria nacional y regional, su vulnerabilidad a la extorsión, las altas rentas que genera a las administraciones locales mediante regalías y el efecto especulativo que ejerce sobre la tierra, factores que lo han convertido en un objetivo prioritario para los actores armados.
Figura 1: Disposición geográfica de los principales recursos minerales y zonas de conflicto en Colombia.
- Fuente: Dibujo y composición por Domingo Hernán Carrazo para SINTRAMINERCOL (2017). Encuentro Megaproyectos y Minería (https://encuentromegaproyectosymineria.blogspot.com/).
La explotación minera ilegal se ha constituido en una fuente esencial de financiación para la expansión de estos grupos, tal como lo señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante la presentación del informe Situación de Derechos Humanos de la Población Minera Colombiana (Defensoría del Pueblo, 2024). Se estima que cerca del 60 % del territorio nacional presenta algún tipo de actividad extractiva bajo control de grupos armados (Leal Esper, 2019). De acuerdo con Maristela Svampa (2019), entre 2001 y 2011, aproximadamente el 25 % de los conflictos en el país estuvieron relacionados con el petróleo, el oro y el carbón.
Si bien el marco legal colombiano reconoce como ilícita la explotación minera realizada al margen de la ley, la ubicación remota y de difícil acceso de muchas zonas mineras dificulta la acción estatal, creando vacíos de control que favorecen el negocio ilegal. A ello se suman la extorsión, la apropiación de regalías y la falta de denuncias, motivada en ocasiones por la dependencia económica de las comunidades locales hacia estas actividades. En contextos de ausencia de oportunidades laborales formales, parte de la población se vincula directamente con estos grupos armados.
En el caso del oro, un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló que en 2019 el 66 % de la explotación de oro de aluvión con maquinaria en tierra se realizaba de forma ilegal, escenario que facilita la intervención de estructuras armadas en esta actividad (Cajiao, 2021). Según datos de la Policía Nacional, 306 municipios en 23 departamentos del país se ven actualmente afectados por esta práctica, lo que representa una disminución del 5 % respecto a 2024 (Pardo, 2025).
La participación de las guerrillas en la extracción ilegal de oro adopta dos modalidades: directa e indirecta. En la primera, los grupos controlan la actividad minera, adquieren maquinaria y equipos, contratan mano de obra local y participan en la comercialización a través de empresas fachada, compraventas y otros mecanismos (Cajiao, 2021). Esta modalidad se da principalmente en zonas donde han consolidado su dominio territorial. En la segunda, la relación es indirecta, y los grupos armados se benefician del cobro de impuestos sobre la cantidad extraída , así como de pagos por permitir la operación de minas, la entrada de maquinaria o la apertura de nuevos frentes mineros .
Este tipo de explotación genera graves impactos socioambientales: intimidación de la población, explotación laboral, daños ecosistémicos, aumento de la criminalidad y vulneración de los derechos humanos. El uso de sustancias tóxicas como cianuro y mercurio en el proceso de extracción libera contaminantes que, a través del ciclo hídrico, terminan en cuerpos de agua, afectando tanto a la fauna como a las comunidades que dependen de ella.
Un caso emblemático es el departamento del Chocó, donde la minería ilegal afecta de manera recurrente a comunidades indígenas y afrodescendientes, históricamente marginadas y, por tanto, más vulnerables a estas economías criminales. Según Leal Esper (2019), estos grupos enfrentan inseguridad, violencia, prostitución, consumo de alcohol, altos niveles de deserción escolar, trabajo infantil y explotación sexual infantil.
Un aspecto fundamental en el análisis de la extrahección en el caso Colombia es la limitada capacidad del Estado colombiano para regular de manera efectiva las actividades extractivas. Esto se evidencia en la expansión sostenida de los títulos mineros desde los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002–2010), proceso que no solo se incrementó durante sus dos mandatos, sino que también se mantuvo durante las administraciones posteriores de Juan Manuel Santos e Iván Duque (Gallego Castro, 2020). Este fenómeno ha estado acompañado de la criminalización de la pequeña minería y de una persistente relación entre la producción de oro y el conflicto armado, incluso después de la desmovilización de las FARC.
A esta problemática se suma la corrupción estructural que permea el sector, tal como señala Montes Cortés (2018), para quien la Oficina de Transparencia priorizó la vigilancia de la industria extractiva debido a que, sin sobornos, muchos de estos emprendimientos no se habrían concretado. En línea con este análisis, Gudynas, en un estudio para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), identifica al sector extractivo como el principal foco de corrupción en negocios internacionales, registrando prácticas como sobornos, cohecho para la aprobación de informes ambientales fraudulentos, tráfico de influencias para otorgar concesiones mineras o petroleras que vulneran derechos territoriales de comunidades indígenas y campesinas, y encubrimientos destinados a ocultar impactos ambientales.
Figura 2: Disposición geográfica de los principales recursos minerales y zonas de conflicto en la RDC.
- Fuente: AFP Photo/Dario Ingiusto (2014). Imagen obtenida de Fudger-Galvez, L. (2020, 10 de julio). Your smartphone could have contributed to devastation in the DRC. Business, Environment, Politics & Foreign Affairs, Society.( https://impakter.com/your-smartphone-could-have-contributed-to-devastation-in-the-drc/)
En el marco del evento Un pacto por la Paz Urbana, realizado en Medellín el 21 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre la expansión de la minería en áreas de reserva del sur de Antioquia, particularmente en el municipio de Jericó. Señaló que la gestión minera en el departamento ha favorecido la entrega de títulos no a pequeños mineros, sino a actores vinculados a intereses políticos, redes criminales y empresas multinacionales, entre ellas Anglo Gold Ashanti, cuya operación habría sido prorrogada irregularmente por una exfuncionaria de su gobierno. Petro anunció posibles medidas administrativas para frenar esta explotación y exhortó a la compañía a retirarse de la zona. Asimismo, destacó la recuperación por parte del Ejército Nacional de un túnel de la mina de Buriticá, anteriormente bajo control del Clan del Golfo, así como la operación militar en Zaragoza (Antioquia) que, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afectó a la subestructura Uldar Cardona Rueda de dicho grupo armado, privándola de ingresos estimados en 5.435 millones de pesos.
En cuanto a los mercados internacionales, la viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, Juliana Coronado, informó que en 2025 la minería ilegal de oro en Colombia abastecía al menos 11 países, entre ellos Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, China, Suiza, India y España (Pardo, 2025). El mineral se transporta por vía aérea, terrestre o fluvial hacia países fronterizos y hacia Turquía. Asimismo, se reporta la existencia de 185 compraventas de oro registradas en el país, de las cuales al menos 19 estarían directamente vinculadas al lavado de activos.
Minerales estratégicos y violencia estructural: el extractivismo en la RDC
La República Democrática del Congo (RDC) alberga una de las mayores concentraciones de recursos minerales del planeta. Se estima que posee el 80 % de las reservas globales de coltán, un mineral crucial para la industria tecnológica, además de aproximadamente 80 millones de toneladas métricas de cobre, lo que lo posiciona como el cuarto país con mayores reservas de este recurso (U.S. Geological Survey, 2025). Asimismo, la RDC lidera la producción mundial de cobalto, concentrando en 2021 alrededor del 74 % del suministro global (Statista, 2023). Esta riqueza mineral se complementa con un vasto potencial hidroeléctrico, tierras cultivables extensas y la segunda selva tropical más grande del mundo.
No obstante, esta abundancia coexiste con una crisis persistente de índole social, económica y de seguridad.
Esta aparente contradicción refleja una paradoja estructural inscrita en el modelo de desarrollo del país, cuya explicación radica en la articulación histórica entre violencia, fragmentación estatal y extracción. Desde su conversión en propiedad privada del rey Leopoldo II tras la Conferencia de Berlín (1885), y su posterior colonización por Bélgica en 1908, el Congo ha sido objeto de un saqueo sistemático legitimado por prácticas coloniales de extrema violencia. La administración belga desarticuló las estructuras sociales tradicionales e impuso divisiones étnicas funcionales al poder colonial. Tras su independencia en 1960, el país atravesó una sucesión de crisis, incluyendo el asesinato de Patrice Lumumba y la instauración del régimen autoritario de Mobutu Sese Seko, respaldado por potencias occidentales en el contexto de la Guerra Fría, consolidando un modelo económico centrado en la extracción y el despojo.
Durante la década de 1990, el colapso del régimen de Mobutu, sumado al impacto regional del genocidio de Ruanda, desencadenó dos guerras consecutivas. La Segunda Guerra del Congo (1998–2003), conocida como la “Primera Guerra Mundial Africana”, involucró a diversos actores regionales y corporaciones multinacionales que se beneficiaron de la explotación ilegal de minerales estratégicos, como el coltán y el oro. Este conflicto institucionalizó una economía política del saqueo, donde el control de los recursos se convirtió en motor de la guerra, profundizando la fragmentación estatal.
Todo esto ha derivado en que la extracción minera en la RDC ocurra predominantemente en condiciones precarias, atravesada por redes informales y sin garantías ambientales, laborales ni de derechos humanos. En este sentido, el país constituye un caso paradigmático del fenómeno de la extrahección.
Esta situación se inscribe en una debilidad estructural del Estado, producto de un proceso fallido de construcción nacional. La coexistencia forzada entre estructuras tradicionales basadas en identidades étnicas y modelos administrativos impuestos por el colonialismo ha generado tensiones que han sido instrumentalizadas por actores internos y externos para mantener la inestabilidad y garantizar el acceso irrestricto a los recursos. En contraposición a las narrativas occidentales que explican estos conflictos desde claves étnicas o religiosas, lo que se observa es una lucha estructural por el control de recursos, inserta en un sistema capitalista global que perpetúa la subordinación del continente africano a través de mecanismos de dominación económica y geopolítica.
La región oriental de la RDC, en particular las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, ejemplifica esta articulación entre minería, violencia y desposesión. Según el Grupo de Expertos para la RDC de la ONU (2020), se estima que más del 70% de los minerales extraídos en dicha zona provienen de territorios controlados por grupos armados que imponen tributos ilegales a los trabajadores y comerciantes, muchas veces con la complicidad de autoridades estatales y conexiones directas con redes transnacionales (Mbembe, 2006). Por su parte, un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2024) señala que el grupo M23 consolidó su control sobre la zona minera de coltán cercana a Rubaya, territorio de Masisi, que se calcula que produce más del 15 por ciento del suministro mundial de tantalio. El grupo armado estableció un impuesto sobre la producción, que se estima generará unos ingresos mensuales de 300 000 dólares. A pesar de los elevados niveles de actividad minera observados en los yacimientos, su producción no se incluye en las exportaciones oficiales congolesas, lo que pone de manifiesto un grave riesgo de contrabando transfronterizo. La minería, así, no solo financia la violencia, sino que configura formas paralelas de soberanía.
Lejos de representar una disfunción del sistema, esta economía de guerra constituye una condición funcional para maximizar beneficios bajo lógicas neoliberales de acumulación. Como plantea Jean Omasombo Tshonda (2013), la perpetuación de la inseguridad responde a una “estrategia de rentabilidad” orientada a impedir la estabilización institucional y preservar el control informal de los recursos por redes ilícitas.
En este escenario, el Estado congoleño ha operado no como un ente regulador, sino como facilitador del modelo extractivista. La decisión del gobierno de reducir en 2023 los límites del Parque Nacional de Okapi —reserva de biosfera protegida por la UNESCO— para otorgar concesiones a empresas extranjeras, constituye un ejemplo de cooptación estatal a favor del capital transnacional. Al flexibilizar normativas ambientales, se consolida un régimen de impunidad estructural y de precarización del territorio.
La corrupción estructural es un eje central de este entramado. Como señala Trefon (2011), el Estado funciona como un “sistema de negociación informal” donde cargos públicos son utilizados para distribuir concesiones mineras sin fiscalización ni transparencia . Por ejemplo, la ONG Global Witness denunció en 2017 que entre 2013 y 2015 se desvió del tesoro público al menos 750 millones de dólares en ingresos del sector extractivo, equivalente a una sexta parte del presupuesto nacional (Global Witness, 2017).
En este contexto, las corporaciones transnacionales —muchas de ellas con sede en China, Canadá, Suiza y Estados Unidos— juegan un rol determinante como beneficiarias de la descomposición institucional. Operan a través de filiales locales o alianzas con élites políticas y militares, facilitando prácticas como la subvaloración de minerales, evasión fiscal y violaciones sistemáticas de derechos laborales. Según el autor congoleño Nzongola-Ntalaja (2002), esta articulación entre actores locales e internacionales ha impedido la consolidación de una economía nacional soberana, convirtiendo al subsuelo congoleño en una zona de sacrificio para la acumulación global.
La ausencia de mecanismos efectivos de trazabilidad permite que los recursos minerales extraídos en la República Democrática del Congo se incorporen a las cadenas de suministro globales, alimentando una economía internacional sustentada en el trabajo infantil, la devastación ambiental y formas extremas de explotación laboral. En este contexto, la economía política de la extracción en la RDC representa un caso paradigmático de lo que Achille Mbembe (2006) denomina necropolítica: un régimen de acumulación donde la vida humana, los cuerpos y los territorios son gobernados a través de la violencia, la precarización y la desposesión. Este poder soberano, ejercido por el Estado, actores armados y corporaciones transnacionales, no se limita a la producción de muerte física, sino que también implica la anulación simbólica y social de sujetos considerados prescindibles, consolidando una lógica de exclusión estructural y deshumanización.
CONCLUSIONES
Patrones comunes y lógicas convergentes de la extrahección en Colombia y la República Democrática del Congo
El análisis comparativo de los casos de Colombia y la RDC permite identificar una serie de patrones estructurales que responden a una misma lógica de extrahección en donde el extractivismo se configura como un régimen de apropiación y gestión territorial basado en la articulación de actores armados, estructuras estatales cooptadas, mercados internacionales y prácticas de explotación social y ambiental.
La explotación de minerales estratégicos se articula con la presencia de actores armados no estatales que ejercen un control efectivo sobre territorios de alto valor geoeconómico. Esto ha derivado en formas de soberanía no estatales vinculadas a la extracción de minerales, dando lugar a lo que podría denominarse micro soberanías extractivas, formas localizadas de poder que desplazan al Estado en su rol de garante de derechos y justicia territorial.
Estos regímenes de facto, sustentados en la violencia y la necesidad económica, permiten la operación continua de economías extractivas paralelas, que se articulan con redes internacionales de comercio ilegal o legalizado. De este modo, el control del territorio por actores armados no es una disfunción del sistema, sino un componente estructural de la arquitectura de la extrahección global.
En ambos países, las limitaciones institucionales para fiscalizar y regular las actividades extractivas no se reducen a la ausencia de capacidad técnica o logística, sino que en múltiples ocasiones se traducen en la actuación del Estado como facilitador de la expansión extractiva ilegal.
Esta dinámica se evidencia en la asignación de concesiones a actores con vínculos políticos o corporativos, en la flexibilización de normativas ambientales y en la permisividad frente a redes ilícitas de comercialización. La corrupción, por tanto, se convierte en un elemento constitutivo de la gobernanza extractivista, articulando intereses de élites nacionales con corporaciones transnacionales y garantizando la reproducción del modelo en contextos de impunidad estructural.
La dimensión transnacional constituye otro eje convergente. En Colombia, el oro de procedencia ilícita abastece a mercados de múltiples países a través de exportaciones directas, contrabando y operaciones de lavado de activos. En la RDC, minerales estratégicos como el coltán y el cobalto ingresan a cadenas de suministro de la industria tecnológica global sin mecanismos efectivos de trazabilidad. Este patrón confirma que la ilegalidad no excluye la integración al mercado internacional, sino que en ocasiones la potencia al facilitar esquemas de comercialización que maximizan rentas y minimizan controles.
El análisis de ambos casos confirma que la explotación ilegal de recursos minerales constituye un mecanismo de acumulación por desposesión que opera a través de la apropiación violenta del territorio, la mercantilización de bienes naturales, la exclusión y precarización de poblaciones, la cooptación de estructuras estatales y la articulación funcional con el capitalismo global.
Si bien existen particularidades históricas —como la impronta colonial y la guerra regional prolongada en la RDC o la configuración de un conflicto armado interno prolongado en Colombia—, en ambos escenarios la violencia estructural, la precarización de la vida y la degradación de los ecosistemas no son externalidades, sino condiciones estructurales de un modelo de gobernanza extractivista inscrito en la economía política internacional contemporánea.
La convergencia de los mencionados factores pone de manifiesto un patrón global: la competencia por el acceso y la hegemonía sobre los recursos naturales se ha consolidado como eje central en las agendas geopolíticas internacionales. Este fenómeno no se limita exclusivamente a los Estados soberanos, sino que también involucra ahora a grupos armados que participan en conflictos contemporáneos, comprometiendo así la estabilidad y la dinámica de las relaciones internacionales actuales.
Frente a este panorama, las políticas gubernamentales deben robustecer los marcos regulatorios que fortalecen la trazabilidad de los minerales estratégicos desde su extracción hasta su inserción en las cadenas globales de valor, acompañados de mecanismos de verificación independientes, sanciones efectivas y políticas nacionales de desarrollo alternativo para reducir la dependencia estructural de las comunidades hacia economías ilegales. Esas regulaciones o prácticas luego se conjugan en un concepto global que armonice estándares de producción responsables y fomente la transparencia en los contratos de concesión.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Agencia Nacional de Minería. (2023). Determinación de minerales de interés estratégico para Colombia. Obtenido de https://www.anm.gov.co/sites/default/files/Documento_Determinacio%CC%81n_de_Minerales_Estrate%CC%81gicos.pdf
Álvarez Acosta, M. E. (2011). África subsahariana: Sistema capitalista y relaciones internacionales. En África y el “nuevo orden mundial” (Cap. de libro). CLACSO. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20120312123734/6.Africayel_.pdf
Ángel, D. Q. (2013). Minería a gran escala y conflicto armado en Colombia: El caso del carbón. Bogotá: Séptimo Congreso Latinoamericano de Ciencia Política.
Baró Herrera, S. (2014). Los inciertos caminos de la integración africana. Revista Cubana de Economía Internacional, 1(3).
Betancur Betancur, M. S. (2019). Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia. Retos y recomendaciones para la protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Bogotá: Heinrich-Böll-Stiftung, Instituto Popular de Capacitación -IPC-, Germanwatch Broederlijk Delen. Obtenido de https://drive.google.com/file/d/1qxYD8aG6Cs_NbDOBThRHGyZX8UQKlPVE/view
Cagni, H. (2012). Literatura, colonialismo y genocidio en África. Universidad Nacional de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/200148
Cajiao, A. (2021). ¿Cómo se relacionan los grupos armados con la minería de oro? Fundación Ideas para la Paz. Obtenido de https://ideaspaz.org/publicaciones/opinion/2021-07/como-se-relacionan-los-grupos-armados-con-la-mineria-de-oro
Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz. (2016). Ambiente, minería y posconflicto en Colombia: los casos de Catatumbo y Sur de Bolívar. Bogotá: FESCOL. Obtenido de https://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20161004111746/29161001_catatumbo.pdf
Concepción Martínez, C. (2025). Internacionalización del conflicto en Colombia: el papel de Estados Unidos (2001-2022). Revista Política Internacional, VII(2), 56-67. doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15103752
Defensoría del Pueblo. (12 de abril de 2024). Minería ilegal es el nuevo ‘combustible’ para la expansión de los grupos armados ilegales. Defensoría del Pueblo. Obtenido de https://www.defensoria.gov.co/-/miner%C3%ADa-ilegal-es-el-nuevo-combustible-para-la-expansi%C3%B3n-de-los-grupos-armados-ilegales
Encuentro Internacional Megaproyectos y Minería. (2011, October). Mapa de minería, petróleo y violación de derechos en América Latina [Blog post]. Obtenido de: http://encuentromegaproyectosymineria.blogspot.com/2011/10/mapa-de-mineria-petroleo-y-violacion-de.html
Gallego Castro, J. C. (2020). La violencia es más fuerte en los departamentos que producen oro. Agencia de Prensa IPC. Obtenido de https://hacemosmemoria.org/2020/01/30/la-violencia-es-mas-fuerte-en-los-departamentos-que-producen-oro/
Gudynas, E. (2013). Extracciones, extractivismos y extrahecciones: Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales. Observatorio del Desarrollo, (18). https://ambiental.net/wp-content/uploads/2015/12/GudynasApropiacionExtractivismoExtraheccionesOdeD2013.pdf
__________. (2014). Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinámicas. Revista Ciencias Sociales, (27), 79–115. https://www.researchgate.net/profile/Jose-Esteban-Castro/publication/311668139_Integracion_y_Democratizacion_en_America_Latina_y_El_Caribe_Cuestiones_de_la_Ecologia_Politica/links/5853400708ae7d33e01ab696/Integracion-y-Democratizacion-en-America-Latina-y-El-Caribe-Cuestiones-de-la-Ecologia-Politica.pdf#page=79
Global Witness. (2017, 21 de julio). Regime cash machine. Global Witness. https://globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/regime-cash-machine/
Harvey, D. (2004). The New Imperialism: Accumulation by dispossession. Socialist Register (edición del 2004). https://socialistregister.com/index.php/srv/article/download/5811/2707/7738
Kabunda Badi, M. (2020). Extractivismo, conflictos y ecocidio en África: el caso de la cuenca del río Congo (República Democrática). Estudios Críticos del Desarrollo, 19, 123. Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. https://estudiosdeldesarrollo.mx/estudioscriticosdeldesarrollo/wp-content/uploads/2022/02/ECD19-4.pdf
Mbembe, A. (2006). Necropolítica. En “Necropolitique”, Traversées, diasporas, modernités, Raisons politiques, 21, 29–60. Presses de Sciences Po. Traducción y edición de Elisabeth Falomir Archambault. https://aphuuruguay.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/achille-mbembe-necropolc3adtica-seguido-de-sobre-el-gobierno-privado-indirecto.pdf
Nzongola-Ntalaja, G. (2002). The Congo from Leopold to Kabila: A People’s History. Zed Books. https://dokumen.pub/the-congo-from-leopold-to-kabila-a-peoples-history-3rd-impression-2007nbsped-1780329407-9781780329406.html
Omasombo Tshonda (dir.), J. (2013). La Décentralisation. De la Première à la Troisième République (RD Congo). Éditions Le Cri; Musée royal de l’Afrique centrale; Buku éditions (Colección: Monographies des provinces de la République démocratique du Congo). Tervuren–Bruxelles–Kinshasa.
Naciones Unidas. (2020, 23 de diciembre). Informe de mitad de período del Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo (S/2020/1283). Consejo de Seguridad. https://docs.un.org/es/S/2020/1283
______________. (2024a, 4 de junio). Informe final del Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo (S/2024/432). Consejo de Seguridad. https://main.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1533/panel-of-experts/expert-reports
______________. (2024b, 20 de septiembre). Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo: Informe del Secretario General (S/2024/689). Consejo de Seguridad. https://docs.un.org/es/S/2024/689
Trefon, T. (2011). Congo Masquerade: The political culture of aid inefficiency and reform failure. Zed Books. https://www.ascleiden.nl/Pdf/PaperTrefon.pdf
Kabunda, M. (2009). La République Démocratique du Congo postcoloniale: Du scandale géologique au scandale des guerres à répétition. En C. Nkuku Khonde, Kabunda M., G. Ngoie Tshibambe, T. Jiménez Luque, D. Bondia García & D. Querol Sánchez (Eds.), La République Démocratique du Congo: Les droits humains, les conflits et la construction/destruction de l’État (pp. 30-57). Fundació Solidaritat UB & Inrevés. https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/68368/1/Republique_Democratique_Congo_droits_humains_fra.pdf
Laude, Norbert. (1951). El plan decenal del Congo belga. Cuadernos de estudios africanos, ISSN 0214-218X, Nº16,1951, pág. 9. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2495862.pdf
Leal Esper, Y. E. (enero-junio de 2019). Minería ilegal, conflicto armado y vulneración al medio ambiente. Revista Infométrica, 2(1), 21-44. Obtenido de https://www.infometrica.org/index.php/ssh/article/view/44/42
Mendívil, A. C. (2010). Congo ex belga: Medio siglo de tragedias. Letras Internacionales, (94-4). https://revistas.ort.edu.uy/letras-internacionales/article/view/1534/1516
Ministerio de Energía y Minias. (2021). Minería de carbón en Colombia. Bogotá. Obtenido de https://www.minenergia.gov.co/static/mineriaco/src/document/documento%20carbon.pdf
Mori, Lorenzo. (2025) Bélgica y la administración colonial del Congo. Tesis. Licenciatura en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Università degli Studi di Padova. Idioma original: italiano https://thesis.unipd.it/retrieve/d4e405ad-4d61-4841-b3d6-8d30d3c819e7/Tesi%20Lorenzo%20Mori%20n2006292.pdf
Mosquera-Vallejo, Y. (2020). Territorios de la negridad en Colombia: de las expoliaciones, extrahecciones a las reexistencias en el valle del Patía. Revista de Geografía Norte Grande, (76), 9-29. https://doi.org/10.4067/S0718-34022020000200009
Ngoie Tshibambe, G. (2009). La République Démocratique du Congo postcoloniale: la faillite de l’État et la tutelle dans les relations interafricaines. En C. Nkuku Khonde, M. Kabunda, G. Ngoie Tshibambe, T. Jiménez Luque, D. Bondia García & D. Querol Sánchez (Eds.), La République Démocratique du Congo: Les droits humains, les conflits et la construction/destruction de l’État (pp. 58-73). Fundació Solidaritat UB & Inrevés. https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/68368/1/Republique_Democratique_Congo_droits_humains_fra.pdf
Nkuku Khonde, C. (2009). Droits de l’homme au Congo colonial: Exposé et analyse de quelques faits et témoignages des abus. En C. Nkuku Khonde, M. Kabunda, G. Ngoie Tshibambe, T. Jiménez Luque, D. Bondia García & D. Querol Sánchez (Eds.), La République Démocratique du Congo: Les droits humains, les conflits et la construction/destruction de l’État (pp. 10-29). Fundació Solidaritat UB & Inrevés. https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/68368/1/Republique_Democratique_Congo_droits_humains_fra.pdf
Noguera, M. (2021, 10 de mayo). La República del Congo y el colonialismo. ESCI UPF News. Recuperado el 4 de abril de 2025 de https://www.esciupfnews.com/2021/05/10/la-republica-del-congo-y-el-colonialismo/
Pardo, J. (6 de mayo de 2025). Ministerio de Defensa reveló cuáles son los 11 países del mundo a los que llega el oro ilegal colombiano: alcanza a tres continentes. Infobae. Obtenido de https://www.infobae.com/colombia/2025/05/06/ministerio-de-defensa-revelo-cuales-son-los-11-paises-del-mundo-a-los-que-llega-el-oro-ilegal-colombiano-alcanza-a-tres-continentes/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20funcionaria%2C%20estas%20operaciones%20suelen%20apro
Pérez, I. J. (2022). La extracción, el extractivismo y la extrahección en la minería. ResearchGate. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21962.03526
Salazar, H. (17 de noviembre de 2010). El oro también financia a la guerrilla en Colombia. BBC Mundo. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/11/101117_colombia_guerrilla_oro_financiacion_jg#:~:text=El%20oro%20tambi%C3%A9n%20financia%20a%20la%20guerrilla%20en%20Colombia%20%2D%20BBC%20News%20Mundo&text=EE.,UU.
Sandoval, L. E., Marín, M., & Almanza, A. M. (2016). Explotación de recursos naturales y conflicto en Colombia. Revista de Economía Institucional. Obtenido de https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/5083/6616#toc
Sandoval, L. M. (noviembre de 2017). Explotación de recursos naturales y conflicto en Colombia. Revista de Economía Institucional., 19(37), 201–225. doi: https://doi.org/10.18601/01245996.v19n37.11
Statista (s.f.). Cobalt-producing countries distribution [Distribución de países productores de cobalto]. Statista. Recuperado de https://www.statista.com/statistics/270446/cobalt-producing-countries-distribution/
Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos sociambientales, giro ecoterriotorial y nuevas dependencias. Guadalajara: CALAS. doi: https://chooser.crossref.org/?doi=10.14361%2F9783839445266#:~:text=https%3A//doi.org/10.14361/9783839445266
Toussaint, E. (2020). Los crímenes de la Bélgica colonial en el Congo. Artículo del sitio web “El Salto”. Recuperado el 2 de abril de 2025 de: https://www.elsaltodiario.com/belgica/eric-toussaint-crimenes-liopoldo-ii-colonial-congo
Universidad Externado de Colombia. (2023). La corrupción en el sector ambiental como medio de degradación del patrimonio natural colombiano. Observatorio de Derecho Ambiental.
Recuperado de https://medioambiente.uexternado.edu.co/la-corrupcion-en-el-sector-ambiental-como-medio-de-degradacion-del-patrimonio-natural-colombiano/#:~:text=Por%20%C3%BAltimo%2C%20el%20cap%C3%ADtulo%20concluye,Bogot%C3%A1:%20Universidad%20Externado%20de%20Colombia
U.S. Geological Survey. (2025, 31 de enero; versión 1.2, marzo 2025). Mineral commodity summaries 2025 (Mineral Commodity Summaries 2025; informe No. 2025) [Informe]. U.S. Geological Survey. https://doi.org/10.3133/mcs2025
CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.
AGRADECIMIENTOS
No aplica.
CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:
Laura Elízabeth Martínez Galindo: Conceptualización, Curación de datos, Investigación, Validación, Visualización, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.
Camila Concepción Martínez: Conceptualización, Investigación, Metodología, Supervisión, Visualización, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.
FINANCIACIÓN
No existe financiamiento externo a los autores ni otros compromisos.
PREPRINT
No publicado.
DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Política Internacional los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.