Aprobado: 17 de junio de 2025

publicado: 7 de julio de 2025

 

INTRODUCCIÓN

El gobierno provisional del presidente Ramón Grau San Martín fue una excepción en la historia cubana entre 1902 y 1959. El contexto de auge revolucionario del que fue resultado, la incorporación de figuras de diversas corrientes políticas, desde algunas de las más revolucionarias hasta otras conservadoras; las profundas contradicciones entre sus diferentes facciones, y la oposición que recibió de los sectores más reaccionarios del país y de Estados Unidos fueron algunas de sus principales características. En poco más de tres meses ese gobierno promovió cambios en la sociedad cubana que abarcaron, en cierta medida, su política exterior.

Los estudios sobre este último aspecto han sido limitados. Por lo general, se han concentrado en el no reconocimiento por parte de Estados Unidos y en la actuación cubana en la VII Conferencia Panamericana de Montevideo.

Este artículo se propone ofrecer una valoración más abarcadora de la política exterior de este gobierno que no se restrinja a estos dos sucesos. Abordará también las concepciones generales de esa política, los esfuerzos del gobierno por superar los obstáculos impuestos por Estados Unidos a su inserción internacional y la postura asumida por otras potencias mundiales y países de la región hacia la Isla.

DESARROLLO

El ascenso al poder de Ramón Grau San Martín el 10 de septiembre de 1933 fue el resultado de los esfuerzos revolucionarios de amplios sectores populares cubanos que se habían enfrentado a la dictadura de Gerardo Machado. Su gobierno emergió de la alianza ocasional entre los sargentos del ejército que se amotinaron el 4 de septiembre y sectores estudiantiles. Estos últimos otorgaron un carácter de reivindicación nacional a un movimiento que, inicialmente, no superaba cuestiones de índole moral y material que afectaban solamente al ejército (Fernández, 1980).

El alzamiento de los sargentos derrocó al gobierno de Carlos Manuel de Céspedes. Este había asumido el poder pocas semanas antes, como resultado de la mediación del Embajador estadounidense en La Habana, Benjamin Summer Welles, en contubernio con los partidos tradicionales.

La Junta Revolucionaria o Pentarquía, resultado inmediato de la revuelta del 4 de septiembre y que duró solo seis días, fue un intento de organizar un modelo de gobierno colectivo que consolidara el apoyo de los diversos grupos que se habían sumado a los sargentos. Esta fue un reflejo de las dinámicas de la situación revolucionaria cubana y su propia debilidad e inoperancia dio paso a la presidencia del Doctor Ramón Grau San Martín, propuesto directamente por el Directorio Estudiantil Universitario, dando inicio al Gobierno de los Cien Días.

Raúl Roa García evaluaba a este gobierno en los siguientes términos:

“El gobierno de Grau San Martín no fue, ni podía ser, por su estructura, composición y objetivos un gobierno revolucionario. Ni siquiera consigue expresar la relación de poder, la unidad de fines y la coherencia de métodos que dimanan de su propio carácter nacional-reformista. La verdad monda y lironda es, sin embargo, que ha sido hasta hoy el único gobierno cubano que intentó remover la estructura colonial de la república” (Roa García, 2010).

En lo fundamental este gobierno contó con apoyo popular, con el respaldo del ejército representado en Fulgencio Batista, de representantes estudiantiles, de grupos de izquierda y sectores moderados que se opusieron a Machado, así como a la mediación estadounidense. Por otra parte, contó con la oposición de los partidos tradicionales, las élites económicas estadounidenses y locales, la embajada de Estados Unidos, sectores reaccionarios como el ABC y sectores de izquierda como el Partido Comunista de Cuba y la Central Nacional Obrera de Cuba (CNOC).

Analizar la política exterior de este gobierno es complejo debido a la multiplicidad de actores que lo compusieron, a los intereses usualmente contradictorios de estos y al caótico proceso de toma de decisiones entre sus principales figuras. Para lograr una mejor comprensión de ella es necesario identificar algunas concepciones generales que marcan el surgimiento de este gobierno y, por consiguiente, su desempeño internacional. Para ello es útil acudir a declaraciones de sus principales figuras, a documentos fundacionales y a evaluaciones de sus propios protagonistas.

Enrique Fernández, quien se desempeñó como subsecretario de Gobernación de ese gobierno, identificó un elemento central para la política de este periodo que influyó directamente en su desempeño internacional. En su evaluación afirma:

“que la Revolución perseguía un propósito mucho más vasto que la caída de Machado, que consideraba como nuestro verdadero problema el problema de la ocupación económica de Cuba por el capital extranjero y el subsiguiente desplazamiento del nativo por ese capital. Qué para la Revolución, la injerencia norteamericana se ejerce en beneficio exclusivo de esos intereses que agarrotan y explotan a Cuba” (Fernández, 1980, 20).

Esta percepción, surgida como rechazo a las políticas implementadas tanto por Estados Unidos como por las élites cubanas en los 30 años previos, sentó las bases para el principal obstáculo a la inserción internacional de este. El enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos, y con su representante en La Habana, fue más allá de la percepción de Fernández y estuvo presente, de una u otra forma, en los actos del nuevo gobierno y en sus documentos fundacionales. Al tomar posesión ante el pueblo y negarse a jurar frente a los magistrados del Tribunal Supremo, el presidente Grau San Martín desconoció la Constitución de 1901 y su apéndice constitucional, la Enmienda Platt. De esta forma Cuba se declaraba independiente y rompía con el yugo impuesto en 1902 (Pichardo, 1980).

Los estatutos para el gobierno provisional publicados el 14 de septiembre de 1933 establecieron que el gobierno:

“afirmará y mantendrá por sobre todos los intereses e ideas, absoluta e inmaculada la Independencia de la Patria” (…).

Consecuencia necesaria de la precedente fundamental declaración, es la de que el Gobierno Provisional observará como línea invariable de política internacional para con todos los pueblos libres de la tierra, a quienes brinda su buena voluntad y amistad, la de procurar y obtener una mejor armonización y un más perfecto ajuste de sus intereses recíprocos políticos y económicos, pero al mismo tiempo manteniendo sobre ellos los principios de la libre determinación de sus conflictos interiores, de la igualdad jurídica de los Estados y la Independencia y Soberanía nacionales (…)” (Pichardo, 1980, 59).

Aquí quedan establecidos principios de política exterior que aluden en lo fundamental a la relación con los Estados Unidos. Sin embargo, se va más allá al afirmar unos párrafos más adelante:

“Con plena conciencia de su responsabilidad histórica el Gobierno Provisional proclama su más profundo respeto a la santidad de los Tratados Internacionales espontáneamente celebrados en nombre de la República de Cuba, y su más firme y resuelto propósito de cumplirlos, para satisfacer el fin revolucionario que dio vivencia a su organización” (Pichardo, 1980, 59).

El propio embajador Summer Welles supo reconocer el objetivo de esta declaración al considerar que “el uso de la palabra “espontáneamente” en este contexto implicaba claramente la intención de denunciar el Tratado Permanente con los Estados Unidos” (Departamento de Estado, 1933, 394).

La relación con Estados Unidos estuvo en el centro de la política exterior del gobierno de los Cien Días. La dependencia política y económica de Estados Unidos era una característica fundamental del sistema político instaurado en 1902 y sus límites fueron puestos a prueba en esta ocasión. El no reconocimiento por parte del gobierno de Franklin Delano Roosevelt, la oposición del embajador Summer Welles y su constante conspiración con los sectores relegados del poder, así como la amenaza de una intervención militar marcaron la relación bilateral.

Para entender su evolución es imprescindible tomar en cuenta el contexto histórico en que se desenvuelve. Tras su llegada al poder en 1933, Franklin Delano Roosevelt había establecido una política hacia América Latina basada en la llamada “Buena Vecindad”. Con ella pretendía reformar la proyección imperialista de Estados Unidos hacia la región y proponía abandonar el intervencionismo que predominó durante el primer cuarto del siglo XX” (Rodríguez, 1983).

En declaraciones públicas antes de asumir su puesto como Embajador en La Habana, el entonces Secretario Adjunto de Estado Benjamin Summer Welles reconoció el impacto de esta política en las relaciones con Cuba (Departamento de Estado, 1933, 240). Por tanto, la situación revolucionaria cubana fue un reto directo a esta política. El interés del gobierno estadounidense en mantener las formas y aparentar que evitaba la intervención en Cuba se reflejó en las instrucciones dadas por el Secretario de Estado Cordell Hull al embajador Summer Welles antes de ser enviado a La Habana en mayo de 1933. En ellas se insiste en que las relaciones bilaterales están determinadas por los primeros cinco artículos del Tratado Permanente, el que incluye el derecho de intervención, y reconoce que las condiciones de Cuba son “altamente insatisfactorias" y “alarmantes” además de que provocan una “profunda ansiedad” en su gobierno. Además, plantea:

“que los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos en este sentido no deben interpretarse como medidas de intervención. Son, por el contrario, medidas destinadas a prevenir la necesidad de intervención. Son medidas que deben tomarse en vista de las responsabilidades asumidas por Estados Unidos en virtud de sus relaciones convencionales con Cuba, como el amigo más cercano de Cuba, y con el propósito de asegurar el mantenimiento de la independencia y la soberanía cubanas” (Departamento de Estado, 1933, 241).

Más allá del lenguaje diplomático y el supuesto respeto a los principios del derecho internacional, estas instrucciones demuestran la amenaza latente de la intervención a pesar del expreso interés en evitarla. En ellas es evidente, además, que la preocupación del gobierno estadounidense se limita a una intervención militar formal, según el derecho que este se había abrogado en 1902, mientras se dio rienda suelta al resto de acciones intervencionistas.

Como se mencionó anteriormente, el gobierno provisional instaurado el 10 de septiembre implicó el fracaso de la mediación de Summer Welles y fue una afrenta a la política estadounidense. Para el gobierno de ese país y para las élites económicas con estrechos vínculos con Cuba, el gobierno de Céspedes había sido la solución más aceptable a la situación revolucionaria cubana. Este, tenía el objetivo de brindar una opción superficialmente reformista que cumpliera la demanda popular de derrocar al tirano al tiempo que protegía los intereses de las élites económicas estadounidenses, mantenía las estructuras clasistas y de poder nacionales y garantizaba la subordinación del gobierno de turno.

La reacción del Embajador estadounidense al alzamiento del 4 de septiembre y al posterior gobierno provisional de Grau fue de rechazo inmediato. Durante el 5 de septiembre solicitó urgentemente a su gobierno el envío de 2 destructores y un buque de guerra a los puertos de La Habana y Santiago de Cuba, alertó sobre la posible necesidad de enviar más buques a otros puertos y consideró poco probable que “un gobierno revolucionario compuesto de alistados del Ejército y estudiantes radicales pudiera formar un gobierno adecuado para la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual” (Departamento de Estado, 1933, 338).

Con esta última formulación, que es una mención directa al artículo III del Tratado Permanente, el enviado estadounidense develaba su interés en no reconocer al nuevo gobierno y sugería la consideración de una intervención. Al respecto, insistió en que haría todo lo posible por evitar la necesidad de una acción militar de Estados Unidos. Sin embargo, recomendó a su gobierno explicar a los representantes de América Latina en Washington su política hacia Cuba ante la posibilidad de que en algún momento tuviera que desembarcar tropas (Departamento de Estado, 1933, 338).

En la madrugada el 10 de septiembre, tras la decisión de nombrar presidente a Grau San Martin, Summer Welles envía otro cable a su gobierno en el que plantea que “el único camino que puede tomar Estados Unidos es de la espera vigilante”. Insiste en que ninguno de los grupos políticos o independientes había mostrado inclinación a apoyar a ese gobierno y que se trataba de un grupo únicamente representativo del estudiantado y de elementos extremistas radicales (Departamento de Estado, 1933, 375). La cuestión del reconocimiento político de nuevos regímenes latinoamericanos no era nada nuevo para Estados Unidos. Con anterioridad, ese país había utilizado el reconocimiento como una herramienta para intervenir en los asuntos de otras naciones de la región (Hull, 2013).

El intercambio cablegráfico entre el embajador Summer Welles y el Departamento de Estado confirma la insistencia del primero en no reconocer al nuevo gobierno. El 11 de septiembre ante reportes de prensa en Cuba sobre la posibilidad del reconocimiento afirmó que:

“En estas condiciones, deseo subrayar una vez más que, a mi juicio, sería altamente perjudicial para nuestros intereses insinuar de cualquier manera que estamos considerando el reconocimiento del régimen existente”. (Departamento de Estado, 1933, 382).

A solicitud de Summer Welles, el Secretario de Estado, Cordell Hull, emitió un comunicado de prensa el 12 de septiembre que estableció la postura estadounidense sobre el reconocimiento de algún gobierno cubano. En él se enfatizaba que estaban dispuestos a acoger a cualquier gobierno que representara la voluntad del pueblo, que fuera capaz de mantener la ley y el orden en toda la isla y que, por lo tanto, fuera competente para desempeñar las funciones y obligaciones que incumben a todo gobierno estable (Departamento de Estado, 1933, 382).

El 5 de octubre se produce un intercambio entre Summer Welles y el Secretario de Estado que deja entrever algunas diferencias entre la postura del primero con sus superiores en Washington, incluido el presidente. Ante este indicio de flexibilización de la actitud del presidente, Summer Welles responde que:

“Si nuestro gobierno reconociera al actual gobierno cubano antes de que éste haya sufrido una modificación radical, tal acción implicaría nuestro apoyo oficial a un régimen al que se oponen todos los intereses comerciales y financieros de Cuba; todos los grupos políticos poderosos y, en general, hasta donde puedo estimar la situación después de cinco meses de estudio intensivo, no sólo todos los elementos que ofrecen alguna promesa de poder gobernar Cuba, sino también una gran mayoría del pueblo (...).

Si extendemos ahora el reconocimiento no promovemos la estabilidad permanente por las razones antes expresadas y nos hacemos acreedores a la antipatía de aquellas clases de Cuba que en realidad constituyen la porción dominante de la opinión pública y que, una vez pasadas estas condiciones anormales, gobernarán el país.

Si nos abstenemos de actuar ahora es probable una solución”. (Departamento de Estado, 1933, 430).

Este tipo de mensajes fueron repetidos una y otra vez con el fin de incidir sobre el proceso de toma de decisiones en Washington con respecto a Cuba. Con el mismo, fin, Summer Welles, menospreciaba el apoyo popular recibido por el gobierno provisional, limitaba la voluntad de las clases políticas cubanas a la de los representantes de los partidos tradicionales vinculados al machadato y a aquellos sectores reaccionarios que se opusieron al dictador. Además, exageró la influencia de sectores de izquierda y de los comunistas sobre el nuevo gobierno.

La influencia de Summer Welles, quien era amigo familiar del presidente (Hull, 2013) y uno de los diplomáticos con mayor experiencia en la región, sobre la política hacia Cuba fue significativa. Este llegó a reunirse, por solicitud propia, con el presidente el 22 noviembre para discutir el tema de Cuba. Como resultado de ese intercambio Roosevelt emitió un comunicado en el que reconoce la trascendencia del reconocimiento y se niega a ofrecerlo:

“Debido a la relación excepcionalmente estrecha que ha existido entre nuestros dos pueblos desde la fundación de la República de Cuba y, en particular, debido a las relaciones convencionales que existen entre nuestros dos países, el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de un gobierno en Cuba proporciona en una medida más que ordinaria tanto apoyo material como moral a ese gobierno.

Por esta razón no hemos creído que sería una política de amistad y de justicia hacia el pueblo cubano en su conjunto otorgar reconocimiento a ningún gobierno provisional en Cuba a menos que dicho gobierno poseyera claramente el apoyo y la aprobación del pueblo de esa República.

Consideramos que ninguna acción oficial de los Estados Unidos debe operar en ningún momento como obstáculo para que el pueblo cubano determine libre y sin trabas sus propios destinos” (Pichardo, 1980, 109).

Por su parte, los representantes del gobierno cubano fueron conscientes de la importancia y la necesidad del reconocimiento de Estados Unidos. Es por ello que emplearon múltiples esfuerzos para obtenerlo (Roa García, Mongonato, efebocracia, mangoneo, 2006, 356).

Desde el mismo 5 de septiembre diversos representantes de las nuevas autoridades acudieron al embajador Summer Welles en búsqueda del reconocimiento. El primero de ellos fue Fulgencio Batista, quien lo visitó ese mismo día con “el propósito de averiguar cuál era su actitud hacia el llamado grupo revolucionario y si la instalación de un gobierno encabezado por este grupo sería vista con buenos ojos por el gobierno de Estados Unidos (Departamento de Estado, 1933, 339). En las siguientes semanas Batista mantuvo intercambios frecuentes con la Embajada estadounidense para tratar sobre el reconocimiento y, posteriormente, para conspirar contra el gobierno del que formaba parte.

Por otro lado, también el 5 de septiembre Summer Welles habló por teléfono con el presidente Grau para abordar igualmente el tema del reconocimiento (Departamento de Estado, 1933, 344). Los intercambios de este con la Embajada estadounidense fueron menos frecuentes que los de Batista y se centraron en el reconocimiento y en discutir algunas propuestas de intermediación.

El primero de sus encuentros personales ocurrió el 17 de septiembre a solicitud de Summer Welles. En ese intercambio el funcionario estadounidense valoró que la confianza en el gobierno cubano disminuía cada día, que era rechazado por los principales grupos agrícolas, comerciales y financieros nacionales y que no contaba con el apoyo de los elementos más importantes del país y tampoco el del pueblo cubano. Reclamó que era su presidencia era sostenida solo por un pequeño grupo de estudiantes. Afirmó que ese gobierno no satisfacía ninguno de los requisitos que los Estados Unidos habían declarado como necesarios para otorgar el reconocimiento el 12 de septiembre. Grau rebatió las consideraciones sobre la popularidad de su gobierno y expresó que todos los grupos importantes lo apoyarían si fuera reconocido por los Estados Unidos (Departamento de Estado, 1933, 402).

Las acciones del presidente cubano en aras de obtener el reconocimiento estadounidense no se limitaron a los intercambios con sus representantes en La Habana. Ante la intransigencia de Summer Welles, Grau envió una carta personal al presidente Roosevelt en noviembre de 1933 en la que expresaba que su gobierno había logrado superar las revueltas en su contra, que continuaba una labor de renovación del país, que su objetivo era redactar una nueva constitución que fuera llevada a plebiscito y que había cumplido con sus obligaciones internacionales. Además, solicitó a Roosevelt que pusiera fin a la “perturbadora acción del embajador Welles” debido a que este “reiteradamente ha patentizado su parcialidad, manteniendo relaciones y negociaciones con los enemigos de mi gobierno” (Pichardo, 1980, 107). Los documentos publicados por el Departamento de Estado demuestran que esta carta nunca llegó a su destinatario.

Además de este intento personal, Grau orientó a sus representantes ante el gobierno de Estados Unidos que realizaran acciones con el Departamento de Estado para obtener el reconocimiento. El 28 de septiembre los enviados cubanos Carlos Finlay y Manuel Marques Sterling se reunieron informalmente con el Secretario de Estado Cordel Hull para explorar si cambios en la composición del gobierno facilitarían el reconocimiento de Estados Unidos. Hull descartó esta opción y favoreció la creación de un “gobierno de concentración” (Departamento de Estado, 1933, 418). Sobre este tema volvieron a insistir los representantes cubanos en intercambios con el Secretario de Estado el 5 y el 11 de octubre sin obtener respuesta satisfactoria (Departamento de Estado, 1933, 429, 444).

Uno de los protagonistas más importante de este gobierno, Antonio Guiteras, afirmó que la aspiración de obtener el reconocimiento estadounidense era un elemento significativo en el proceso de toma de decisiones y que limitó su labor tanto en política interna como en política exterior. En marzo de 1934 expresó que:

“Nuestro programa no podía detenerse simple y llanamente en el principio de la No Intervención. Tenía que ir forzosamente hasta la raíz de nuestros males: al imperialismo económico, el que hizo retroceder a muchos antinjerencistas, dividiéndose nuestras filas.

Ante los decretos que, como enormes martillazos iban rompiendo lentamente esa máquina gigantesca que ahoga al pueblo de Cuba, como a tantos otros de la América Latina, aparecían en escena para combatirnos, todos sus servidores nativos y extranjeros, y su formidable clamor espurio nos restaba uno a uno nuestros colaboradores que, eligiendo las exclamaciones derrotistas, “de este modo no nos reconocerán nunca los americanos”, “estas medidas alejan el reconocimiento”; a las más terribles aún “los americanos desembarcarán”, “cerrarán sus puertas a nuestro azúcar”, etc., nos abandonaban.

Yo, que tengo la satisfacción de haber llevado a la firma del presidente Grau los decretos que atacaban más duro al imperialismo yanqui, los vi retroceder, porque acudían a mí Carbó, Lucio de la Peña, Batista y los otros, para convencerme de la necesidad de disminuir el ataque, de variar nuestra conducta” (Guiteras Holmes, 2025, 1).

Como el propio Guiteras refleja en sus palabras, la sombra constante de la intervención militar también persistió más allá del debate sobre el reconocimiento formal. Desde el día 5 de septiembre Summer Welles solicitó el envío de buques militares a puertos cubanos. Un reporte de la Academia Naval estadounidense de noviembre de 1933 reconoció que más de 29 unidades navales fueron congregadas en las aguas cubanas después del verano. Aunque estas recibieron instrucciones estrictas de que no se produjeran desembarcos para la protección de vidas o propiedades americanas sin la autorización de Washington, sus oficiales gozaron de amplia discreción (Westcott, 1933). Además, el embajador Welles se mantuvo en comunicación con el contralmirante para evaluar su posible actuación y el buque Richmond estuvo anclado en el puerto de La Habana desde inicios de septiembre hasta diciembre, al que posteriormente se le sumó el Mississippi.

La presencia de las embarcaciones estadounidenses contradecía, en la práctica, el discurso de no intervención de las autoridades estadounidenses y los obligaban a insistir en la veracidad de su postura. El presidente Roosevelt, el 6 de septiembre, tuvo que asegurarles a representantes de Argentina, Brasil, Chile y México en su país que no pretendía intervenir en los asuntos políticos internos de Cuba y que sus tropas desembarcarían solo para proteger las vidas de estadounidenses ante un peligro físico inminente (Departamento de Estado, 1933, 392).

El gobierno estadounidense restringió el concepto de intervención al desembarco de tropas mientras permitía otros mecanismos igual de preocupantes como la conspiración de su embajador en Cuba con todos los sectores oposicionistas, las presiones económicas y el no reconocimiento. El empleo de otros mecanismos de intervención, junto con la presencia de los buques en aguas cubanas, llevó a que en múltiples ocasiones los representantes de los partidos políticos que se oponían al gobierno provisional solicitaran al embajador Summer Welles el desembarco de marines con el fin de ayudarlos a obtener el poder.

En ese contexto el enviado estadounidense propuso a su país una intervención militar estrictamente limitada si oficiales del antiguo ejército lograban reinstaurar en el poder a Carlos Manuel de Céspedes (Departamento de Estado, 1933). Lo que fue rechazado por el propio presidente Roosevelt.

La postura estadounidense de evitar la intervención militar directa no solo se debió al impacto negativo en las relaciones con la región latinoamericana y la influencia de estos países, como se verá más adelante, sino también el espíritu antinjerencista demostrado por el pueblo cubano en este periodo (Rodríguez, 1983).

Mientras su gobierno mantenía estrictos límites sobre el desembarco de marines, el embajador Summer Welles desarrolló una labor conspirativa muy activa. Sostuvo reuniones constantes con representantes del ABC, y de los partidos tradicionales, con los oficiales del ejército depuestos el 4 de septiembre y con los exmiembros del gobierno de Céspedes. También intentó, con cierto éxito, cooptar a representantes del nuevo gobierno y del Directorio Estudiantil Universitario. Al mismo tiempo, influyó en diplomáticos de otros países acreditados en La Habana para que estos siguieran las posturas de Washington.

La reacción de los países de América Latina hacia el gobierno de Ramón Grau San Martín estuvo marcada por una mezcla de cautela y solidaridad. Desde el inicio, diversos gobiernos de la región mostraron preocupación ante la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Cuba.

El impacto de la política hacia Cuba en las relaciones de Estados Unidos con la región fue un elemento que estuvo en el centro del proceso de toma de decisiones en ese último país. La preocupación estadounidense fue tal, que el propio presidente Roosevelt se reunió el 6 de septiembre con los representantes en Washington de Argentina, Brasil, Chile y México como se mencionó con anterioridad. Estos países, al ser consultados por Estados Unidos, coincidieron en la necesidad de establecer un gobierno estable en Cuba, pero también hicieron hincapié en que no apoyarían ninguna acción que implicara una intervención militar.

El gobierno mexicano fue más allá y propuso, el 7 de septiembre, a los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile que realizaran un llamado conjunto al pueblo y al gobierno cubanos para que restablecieran la ley y el orden y evitaran una invasión estadounidense. Esta gestión fue secundada por el gobierno chileno que sugirió invitar a unirse a este llamado a todos los gobiernos de la región. Esta gestión mexicana no llegó a concretarse debido a las trabas impuestas por el gobierno argentino (Departamento de Estado, 1933, 392).

Ante el ascenso al poder de Grau San Martin el gobierno mexicano informó al Departamento de Estado, el 13 de septiembre, que “parecía que un gobierno estable, capaz de mantener el orden había sido formado en Cuba”. En esa ocasión el representante mexicano afirmó que “su Gobierno, y la mayoría de sus colegas en Washington, creen que Estados Unidos debe retirar sus buques de guerra de aguas cubanas; consideran que los líderes políticos de la oposición en Cuba no cesarán en sus esfuerzos por derrocar al gobierno de facto mientras permanezcan allí buques de guerra estadounidenses” (Departamento de Estado, 1933, 392).

En su artículo “La Misión Welles” de 1957, Carlos Rafael Rodríguez evalúa la influencia de la postura asumida por varios gobiernos de la región en las decisiones estadounidenses al afirmar que:

“(…) lo que nos dice la historia documental de aquellos días es que si Washington no decretó la intervención directa en Cuba no fue porque le faltaran deseos, sino porque las circunstancias latinoamericanas y mundiales no eran propicias al uso de unas prerrogativas derivadas de la impopular Enmienda Platt” (Rodríguez, 1983, 226).

Desde los círculos liberales latinoamericanos hubo muestras de simpatía hacia el gobierno de Grau, lo que reforzó la presión para impedir que Estados Unidos aprovechara la crisis cubana para imponer un gobierno más afín a sus intereses (Rodríguez, 1983). Por su parte, representantes del sector estudiantil en Cuba estimularon la solidaridad de sus colegas de la región, quienes se movilizaron en favor del gobierno de Grau y se hicieron sentir en sus respectivos países. (Departamento de Estado, 1933, 386).

El gobierno cubano trató de consolidar su legitimidad internacional, buscando el reconocimiento de países que respaldaban su postura soberana. En respuesta a las crecientes presiones externas, procuró fortalecer sus relaciones con aquellos países que se oponían a la intervención y promoviendo la idea de un gobierno capaz de mantener el orden sin necesidad de injerencias extranjeras. Estos esfuerzos facilitaron el reconocimiento de sus pares de México, Uruguay y Panamá.

A pesar del no reconocimiento del nuevo gobierno, la mayoría de los representantes del cuerpo diplomático se mantuvieron en La Habana. Por su parte, los representantes de México, Chile y Uruguay, con el apoyo del embajador Welles se ofrecieron como mediadores entre el gobierno y los representantes de la oposición (Departamento de Estado, 1934, 77).

Es evidente que el gobierno de Estados Unidos influyó sobre los países del continente para que no reconocieran a Cuba. Los intercambios con representantes en Washington de Argentina, Brasil y Chile, así lo demuestran. Los días 23 y 24 noviembre de 1933 el Embajador chileno en Estados Unidos se entrevistó con el Secretario Adjunto de Estado, Jefferson Caffery para conocer la actitud de ese país si varios gobiernos latinoamericanos reconocían a Grau San Martin antes de la VII Conferencia Americana de Montevideo (Departamento de Estado, 1933). A lo que este le repitió las condiciones establecidas por su gobierno para otorgar el reconocimiento y expresó su aspiración a que otros gobiernos interesados “no tomaran ninguna acción precipitada” que comprometieran el éxito de la conferencia mencionada (Departamento de Estado, 1933, 504).

El limitado reconocimiento alcanzado por el gobierno cubano en la región demuestra que no todos los gobiernos adoptaron una postura firme más allá de oponerse a la intervención. La mayoría, influenciados por la política estadounidense, optaron por no reconocer al gobierno de Grau, lo que contribuyó a su aislamiento internacional.

La postura estadounidense hacia Cuba también impactó en otras regiones como se demostró en el caso del Reino Unido. El gobierno británico optó por no desafiar a su aliado y evitó el reconocimiento inmediato de la administración de Grau, lo que reflejaba la preferencia por mantener la estabilidad en sus relaciones con Estados Unidos (Hull, 2013).

En documentos internos el gobierno británico criticó el desempeño de la diplomacia estadounidense en Cuba. El ministro británico en Washington describió la situación como un “embrollo sin solución a la vista”. La confusión y la falta de una respuesta clara por parte de Estados Unidos fueron percibidas con escepticismo por Londres, pero no lo suficiente como para que el Reino Unido se apartara de la línea de acción estadounidense (Hull, 2013).

Ante la oposición de Washington, el gobierno de Grau intentó obtener apoyo diplomático de otras potencias, incluyendo el Reino Unido. Desde octubre de 1933, el ministro cubano en Londres, Dr. Patterson, realizó repetidos intentos para persuadir a la administración británica de que reconociera al gobierno de Grau, argumentando que el nuevo liderazgo en La Habana tenía intenciones claras de promover y proteger los intereses británicos en Cuba. En intercambios con la cancillería el representante cubano no logró que esta fuera más de fórmulas diplomáticas vagas como la aceptación de que "nada había ocurrido que afectara las relaciones políticas con Cuba", pero sin formalizar un reconocimiento explícito. A pesar de los esfuerzos cubanos, la respuesta británica no se tradujo en un reconocimiento oficial y la decisión de la cancillería británica fue continuar con la demora y evaluar la estabilidad del gobierno antes de tomar una decisión definitiva en espera de que Washington definiera su posición.

En contraste con Gran Bretaña, la actitud del gobierno de España hacia el gobierno de los Cien Días en Cuba estuvo marcada por consideraciones diplomáticas y vínculos históricos con la isla por encima de las evaluaciones sobre las relaciones con Estados Unidos. España reconoció oficialmente el gobierno de Ramón Grau San Martín el 12 de octubre de 1933. El Embajador estadounidense trasladó al Departamento de Estado que su par español en La Habana estaba “profundamente consternado” por esta decisión y que había protestado contra ella. Aseguró, además, que toda la colonia española se oponía al régimen actual debido a los decretos que ha emitido en perjuicio de las asociaciones regionales y benéficas españolas, así como por las malas condiciones comerciales, de las cuales los poderosos grupos comerciales españoles responsabilizan al gobierno (Departamento de Estado, 1933, 445).

Durante el breve lapso que estuvo en el poder el gobierno de los Cien Días se desarrolló la VII Conferencia de Estados Americanos en Montevideo del 3 al 26 de diciembre de 1933. Esta fue una de las pocas ocasiones en que se vislumbró una política exterior independiente que se enfrentó a las presiones estadounidenses.

Cinco años antes, durante las sesiones de la VI Conferencia Panamericana de La Habana en 1928 se pospuso, tras las maniobras de los representantes cubanos y estadounidenses, la discusión del tema de la no intervención en los asuntos internos de los estados para la siguiente conferencia en Montevideo. En aquella ocasión, los representantes estadounidenses pretendieron ganar tiempo para apaciguar los caldeados ánimos de la región sin saber que el contexto de 1933 sería probablemente peor que el de 1928. Como consecuencia de la crisis económica habían surgido gobiernos de corriente nacionalista con posiciones más independientes y críticas de la política estadounidense hacia el continente.

En ese marco, el tema de la no intervención ocupó el centro del debate de la VII Conferencia Americana. Allí resaltó la postura defendida por los representantes del gobierno cubano, la cual contrastó significativamente con el accionar de ese propio país cinco años antes en la conferencia de La Habana.

La delegación cubana, presidida por Ángel Alberto Giraudy, Secretario de Trabajo del gobierno de Grau San Martin, mantuvo una firme posición en defensa del principio de no intervención y criticó abiertamente al gobierno estadounidense por su interferencia en los asuntos internos de Cuba. En una sesión plenaria, ante las declaraciones de un representante de Colombia que alababa la no intervención estadounidense ante el proceso revolucionario que tenía lugar en Cuba en esos momentos, el jefe de la delegación cubana afirmó que:

“Pero no es posible permanecer callado cuando se afirma que los Estados Unidos no quieren intervenir en Cuba, porque esto no es cierto. Si por intervención entendemos el último ciclo de la intervención propiamente dicha: la ocupación material de un pueblo, entonces pudiera ser que se tuviera razón; pero si no es intervención el consentir que en un pueblo inerme un representante de los Estados Unidos soliviante a parte del pueblo contra el gobierno; si no es intervención el consentir que el embajador Welles propicie una revolución en Cuba en contra de los intereses vitales del país –y no lo afirmo yo, sino que el ilustre representante del Uruguay en La Habana, un hombre de circunspección tal como el señor Fernández y Medina, acaba de afirmarlo–, si no es intervención rodear la Isla inerme de una escuadra pavorosa para tratar de imponerle un gobierno que no queremos consentir, si eso no es intervención, entonces no hay intervención en América, señores delegados.

(…) en nombre del pueblo de Cuba, en nombre de la libertad sojuzgada, en nombre del derecho pisoteado, y en nombre de la virtud escarnecida, proclamo aquí que los Estados Unidos están interfiriendo en los problemas de Cuba (…)” (Pichardo, 1980, 160).

La posición cubana se correspondió con la actitud predominante en el cónclave, lo que llevó a que fuera finalmente incluido en la “Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados”, el principio de no intervención.

Es necesario considerar en este punto que el gobierno estadounidense de Franklin Delano Roosevelt había planteado un cambio en sus relaciones con la región latinoamericana a partir de la política del Buen Vecino. En ese marco, una oposición activa al principio de no intervención por parte de las autoridades estadounidenses hubiera desmentido el discurso público del presidente recién electo. Ante la incapacidad de impedir la aprobación de la Convención, los representantes de los Estados Unidos introdujeron una enmienda estableciendo que: “La presente Convención no afecta los compromisos contraídos anteriormente por las Altas Partes Contratantes en virtud de acuerdos internacionales”. De esta forma se aseguró mantener su derecho de intervención en Cuba bajo el amparo del vigente Tratado de Relaciones Permanentes.

Otro de los temas de interés defendidos por la delegación cubana en la conferencia de Montevideo fue el referido a adoptar una declaración que regulara las relaciones internacionales en los cambios de gobierno, aspecto que tocaba muy de cerca al gobierno de los Cien Días, al que le fue negado el reconocimiento de la mayoría de la región. El gobierno cubano aspiraba a que la conferencia fuera un espacio propicio para generar un sentimiento de solidaridad a su causa, obtener el reconocimiento formal de varias naciones de la región y forzar así la postura estadounidense al respecto (Aguilar, 1972). Sin embargo, estas aspiraciones no se cumplieron y ni siquiera lograron plasmarse en los textos de la conferencia.

Menos de un mes después de concluida la conferencia de Montevideo, el 14 de enero de 1934, cayó el presidente Grau en Cuba tras las manipulaciones de la Embajada estadounidense en alianza con el coronel Fulgencio Batista. Ese día, en medio de las conspiraciones para derrocar a Grau, el nuevo representante estadounidense en La Habana Jefferson Caffery, solicitaba a sus superiores confirmar el reconocimiento de un futuro gobierno presidido por Mendieta y apoyado por Batista. En su mensaje afirmaba estos representarían a la mayoría del pueblo cubano debido a que ambos eran muy populares en diversos sectores del público cubano. Y alertaba sobre su real preocupación al reconocer que la única otra facción que podía acceder al poder en esas condiciones era la extrema izquierda (Departamento de Estado, 1934, 81). A esta consideración agregó, el 22 de enero que el gobierno mantenía el orden público y cumplía sus funciones normales (Departamento de Estado, 1934, 101). El nuevo gobierno instaurado recibió el reconocimiento inmediato de Estados Unidos el 23 de enero de 1934; en menos de una semana los representantes estadounidenses llegaron a la supuesta conclusión de que se cumplían los requisitos mínimos para el reconocimiento que negaron por más de tres meses a un régimen al que se oponían.

CONCLUSIONES

La política exterior del gobierno de los Cien Días, particularmente la participación en la conferencia de Montevideo, fue solo un breve lapso que evidenció el impacto de la subordinación a Estados Unidos en el accionar internacional cubano. La negativa del reconocimiento por parte de la administración norteña generó una situación sin precedentes en la república y limitó la labor del gobierno. También influyó en su limitado reconocimiento internacional.

En ese contexto, se demostró la imposibilidad de desarrollar un proceso reformista de la institucionalidad cubana en contradicción con los intereses estadounidenses. Es evidente que en esos pocos meses no hubo una ruptura de la dependencia económica de Estados Unidos. Además, el gobierno se desenvolvió en un proceso de contradicciones entre el enfrentamiento a la subordinación con ese país, por un lado, y los intereses de las élites nacionales en contubernio con los representantes de ese país, por otro.

Al desprenderse por primera vez de la influencia estadounidense y ante la necesidad de obtener respaldo de otros actores, el gobierno cubano optó por tomar una postura coincidente con los intereses de los países de la región, como se evidenció en el caso de la no intervención. Esta postura contrastó significativamente con la tomada por sus predecesores. Fue esta una de las pocas ocasiones en que la diplomacia cubana optó por aliarse a la comunidad latinoamericana en contra de Estados Unidos.

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