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INTRODUCCIÓN

El principal objetivo de política exterior hacia Cuba de la primera administración de Donald Trump (2017-2021) fue destruir a la Revolución, a través del recrudecimiento del bloqueo y la asfixia económica (U.S. Department of State, 2017). En el marcado carácter anticubano influyó la llegada al gobierno de personajes con amplio historial contra Cuba (Rivera, 2022, 2024).

Cuando solo llevaba cinco meses en la Casa Blanca firmó el “Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba”. En su segunda sección se destacan dos incisos que explican la jerarquización de la estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos internacionales, sobre todo en lo referente a la modalidad de exportación de servicios de salud, pues el poder ejecutivo deberá “poner fin a las prácticas económicas que beneficien al gobierno cubano o a sus organismos o personal militar, de inteligencia o de seguridad a expensas del pueblo cubano” y “apoyar el embargo económico de Cuba” (Fernández & Pérez, 2018).

La estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos internacionales fue perfeccionada. Si bien las administraciones predecesoras de George W. Bush y Barack Obama priorizaron la implementación de la política de robo de cerebros mediante el Programa de Admisión a Profesionales Médicos Cubanos (PAPMC), aquí se buscó la cancelación de los convenios e impedir que nuevos fueran concretados1. Destinó incluso un presupuesto para documentar violaciones a los derechos humanos en las Brigadas Médicas Cubana (BMC) y fue reconocida la implementación de una “campaña” de descrédito. Sobresalió la presión ejercida a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su participación en el programa Más Médicos en Brasil (Rivera, 2022, 2024).

La afectación a la modalidad de exportación de servicios fue evidente a partir de 2019, con una disminución significativa de los ingresos captados por el Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Salud Pública, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) y un incremento del número de gobiernos y bancos que se negaron a transferir dinero y ejecutar transacciones financieras (Rivera, 2024).

Las acciones implementadas como parte de esa estrategia de boicot se caracterizaron por su articulación e interrelación, y un mayor protagonismo del gobierno estadounidense y sus representaciones diplomáticas en el exterior. Participaron otros actores como gobiernos, congresistas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), contrarrevolucionarios, asociaciones gremiales médicas, organismos multilaterales y medios de comunicación.

El presente trabajo caracteriza las acciones de la primera administración de Donald Trump contra los convenios médicos cubanos internacionales y determina cuáles podrían mantenerse en su segundo periodo en la Casa Blanca. Para dar respuesta a ambos objetivos, entre mayo de 2020 y abril de 2025, se realizó un estudio longitudinal, con enfoque cualitativo y diseño narrativo, con el empleo de métodos teóricos y empíricos, muestras no probabilísticas y variadas.

DESARROLLO

Accionar público del gobierno

En los dos años iniciales del primer mandato no se evidenció una revitalización de la estrategia de boicot contra los convenios médicos cubanos internacionales. Sin embargo, eso cambió drásticamente después del segundo semestre de 2018 con la llegada al gobierno de personajes con amplio historial anticubano, como Mike Pompeo (secretario de Estado), John R. Bolton (Asesor de Seguridad Nacional) y Mauricio Claver-Carone (Asistente Especial del Presidente y Director ejecutivo para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional). Una muestra de ello fue la felicitación a Jair Bolsonaro por funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional, debido a la cancelación del programa Más Médicos (Rivera, 2022, 2024).

En el año 2019 se puso de manifiesto la renovación significativa de la estrategia, con la inclusión de acciones más agresivas. Específicamente, en el componente comunicacional, si bien se consolidó la asociación entre trata de personas y BMC, iniciada durante la administración de Barack Obama, también se retomaron líneas de mensajes propias de la etapa de George W. Bush en la que el profesional era presentado de manera negativa como un agente del gobierno cubano.

El 17 de abril, John R. Bolton, en un evento de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos llamó a los médicos cubanos en Venezuela “matones” y refirió que estaban en ese país “para apoyar a Maduro y sus servicios de seguridad represivos” (Rivera, 2022, 2024). Cuatro meses después, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) lanzó una convocatoria con un financiamiento de tres millones de dólares, dirigido a agrupaciones que “investigarían, recopilarían y analizarían” información relacionada con el accionar médico cubano en el exterior, en especial, supuestas “violaciones a los derechos humanos de los médicos” (Prensa Latina, 2019).

Un elemento novedoso fue el papel cada vez más protagónico jugado por el gobierno, con destaque para el Departamento de Estado. El 26 de septiembre de 2019 convocó a la conferencia de prensa “Un llamado a la acción: Relatos de primera mano de abusos en las misiones médicas en el extranjero de Cuba”, para presentar los testimonios de cuatro profesionales que habían abandonado misión e iniciado una demanda a la OPS. Participaron varios funcionarios como John Cotton Richmond, Embajador de Estados Unidos para Monitorear y Combatir la Trata de Personas; Carlos Trujillo, representante permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA); John Barsa, administrador asistente de la USAID; Carrie Filipetti, subsecretaria Adjunta para Cuba y Venezuela; Robert Destro, subsecretario de la Oficina de Democracia, Derechos y Trabajo del Departamento de Estado; Roger Carstens, subsecretario Adjunto de Estado para la Oficina de Democracia, Derechos y Trabajo (U.S. Department of State, 2019a).

La intervención de Carrie Filipetti fue reveladora al admitir que su gobierno estaba haciendo una campaña de divulgación, ejerciendo presiones a los países receptores de BMC y condicionando la cooperación internacional que su país ofrece. Manifestó que estaban haciendo “compromisos privados para dejarles claro exactamente lo que está pasando en estos programas para que no puedan decir que no eran conscientes de que fue la trata de personas” (U.S. Department of State, 2019a).

Ese evento también corroboró el papel público asumido por el gobierno de Estados Unidos en la demanda realizada por profesionales de la salud cubanos a la OPS, en la que se ampliará más adelante.

Al día siguiente, la subsecretaria Adjunta Principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie J. Chung, declaró que “el departamento sigue profundamente preocupado por estas acusaciones de que funcionarios cubanos amenazaron y coaccionaron a algunos participantes a permanecer en el programa médico en el extranjero” (Rivera, 2022, 2024).

Tres días después, el Departamento de Estado anunció la imposición de restricciones de visa “a funcionarios cubanos responsables de ciertas prácticas laborales explotadoras y coercitivas como parte del programa de misiones médicas en el extranjero de Cuba”. En el propio comunicado hicieron “un llamamiento a los gobiernos que actualmente se involucran con los programas médicos en el extranjero de Cuba para garantizar salvaguardias contra el abuso y la explotación laboral” (U.S. Department of State, 2019c). Esta medida fue reciclada y ampliada en la segunda administración de Donald Trump (ShareAmerica, 2025).

En evidencia de la prioridad dada al cierre de misiones, el 4 de octubre de 2019, el secretario de Estado, Mike Pompeo, felicitó a los gobiernos de Brasil, Ecuador y Bolivia por negarse “a hacer la vista gorda ante estos abusos”; exhortó a que países como Sudáfrica y Qatar hicieran lo mismo (González, 2020).

Un aspecto puesto de manifiesto durante la primera administración de Donald Trump, y que se reitera en el comienzo de la segunda, es el intento de cambiar las condiciones de los convenios médicos en los casos en que no logren cancelarlos o impedirlos. En el propio comunicado anterior, Pompeo indicó que “los gobiernos que acepten médicos cubanos deben pagarles directamente” (González, 2020).

En el año 2020 se incrementó la agresividad de las acciones contra las BMC en el contexto pandémico. El 24 de abril, el Departamento de Estado publicó el texto “La verdad sobre las misiones médicas de Cuba”, con el objetivo de advertir a los países receptores de BMC que “esto no es asistencia, es una actividad con fines de lucro del régimen cubano. Es la principal fuente de ingresos del régimen” (U.S. Department of State, 2020d). Esto corroboró que uno de los objetivos principales de la estrategia de boicot es la afectación de los ingresos y no la defensa de derechos humanos de los profesionales de la salud.

En este año se hicieron más evidentes las presiones del gobierno a la OPS, las que iban mucho más allá de apadrinar y financiar a los demandantes. El 10 de junio, durante la presentación del Informe Internacional de Libertad Religiosa 2019, el secretario de Estado dijo que “debe explicar” y “tiene que emprender reformas para evitar que esas cosas vuelvan a suceder”. “La administración Trump exigirá responsabilidades a todas las organizaciones internacionales de salud que dependen de los recursos de los contribuyentes estadounidenses” (U.S. Department of State, 2020b).

El primero de julio, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, informó al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que el aporte financiero de su país a la OPS se reanudaría cuando investigara su participación en el programa Más Médicos (Agence France-Presse, 2020a). Estados Unidos dejó de pagar sus cuotas anuales de 110 millones de dólares, lo que representaba más de la mitad de su presupuesto básico, acción imitada por Bolsonaro. Esa decisión fue defendida por John Ullyot, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, porque estaba dirigida a exigir “la rendición de cuentas de todas las organizaciones internacionales de salud que dependen de los recursos de los contribuyentes estadounidenses” (Kirkpatrick & León, 2020). La presión del Congreso obligó a que el gobierno de Trump desbloqueara 65 millones de dólares, el 15 de julio de 2020, evitando la insolvencia de la organización, pero lo hicieron cuando la OPS aceptó una investigación externa del programa Más Médicos en Brasil (Kirkpatrick & León, 2020; Agence France-Presse, 2020b).

La presión ejercida contra la OPS demostró la manera en que la estrategia de boicot se había radicalizado, y enviaba un mensaje disuasivo a las organizaciones internacionales y gobiernos.

En el caso del Informe sobre Trata de Personas, la administración de Trump siguió la práctica del gobierno predecesor de justificar la categorización de Cuba en el peor nivel, por la existencia de “trabajo esclavo” y “trabajo forzoso” en las BMC. En 2019 el país fue regresado al Nivel 3, como en la etapa de George W. Bush. Durante la Ceremonia de Lanzamiento del Informe sobre la Trata de Personas 2019, el secretario de Estado, Mike Pompeo, reiteró que los profesionales “son la fuente de ingresos número uno del régimen” (U.S. Department of State, 2019b).

Los temas abordados fueron similares a años anteriores, con las siguientes novedades: se mencionó más directamente el “trabajo forzoso”; se incluyó el tema en el acápite de Bolivia; y se identificó al Ministerio de Salud Pública y a la Unidad Central de Colaboración Médica como los responsables de la “trata de personas” (U.S. Department of State, 2019b, 2020c).

El cierre de misiones

Una novedad respecto a los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama en la implementación de la estrategia de boicot contra los convenios médicos cubanos internacionales, fue la prioridad dada al cierre de misiones (Rivera, 2022, 2024).

Uno de los casos más interesante fue el de Brasil. Cuando Jair Bolsonaro ganó las elecciones en 2018, incrementó sus críticas al programa Más Médicos y condicionó su continuidad, aunque lo iba a cancelar de todas formas. En ese escenario, el gobierno cubano decidió la retirada de sus profesionales (Rivera, 2022, 2024).

La retórica empleada por Bolsonaro evidenció que estaba en plena sintonía con la administración de Donald Trump, con quien tenía estrechos vínculos personales. El 23 de septiembre de 2019, durante su discurso en la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas, llamó “agentes” a los profesionales de la salud cubanos (Bolsonaro, 2019), y en enero de 2020 los calificó de “terroristas” (Gutiérrez, 2020).

En Ecuador, en mayo de 2019, diplomáticos estadounidenses solicitaron información a funcionarios del gobierno sobre “los convenios y los servicios de los cooperantes cubanos” (Rivera, 2022, 2024). El 12 de noviembre de 2019, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó la no renovación del convenio médico por razones económicas; añadió que, en paralelo a las protestas ocurridas en 2018 en el país, habían entrado 250 personas con pasaportes oficiales cubanos, presuntamente ligados al convenio médico (Cubadebate, 2019).

Solo tres meses después el presidente ecuatoriano Lenin Moreno viajó a Washington y evidenció su plena sintonía con el gobierno estadounidense. En la Declaración Conjunta el propio “presidente Trump aplaudió la administración del presidente Moreno del Ecuador para lograr una transición pacífica y democrática del socialismo del siglo XXI a una sociedad democrática centrada en la defensa de los derechos básicos y una economía de libre mercado” (Department of State, 2020a).

El caso de Bolivia, aunque diferente, también tuvo elementos similares a los anteriores. El 15 noviembre de 2019 Cuba anunció la salida inmediata de la BMC debido al “acoso y maltrato” en el contexto del golpe de estado apoyado por Estados Unidos y la OEA (BBC News Mundo, 2019). Varios profesionales fueron detenidos por la policía, con la presencia de un auto de la embajada de Estados Unidos en el operativo (Rivera, 2022); se intentó responsabilizarlos del financiamiento de las protestas sociales (Redacción Voz de Las Américas, 2019).

A solo un mes del golpe, Arturo Murillo, ministro de Gobierno, viajó a Estados Unidos para reunirse con los senadores Marco Rubio y Ted Cruz, actores clave de la estrategia de boicot. Posteriormente, el recién nombrado ministro de Salud Aníbal Antonio Cruz Senzano indicó una auditoría al convenio médico, la que concluyó que en la mayoría de los casos no se encontró evidencia de que fueran profesionales titulados. La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, llamó a los colaboradores como “personas dedicadas al servicio de inteligencia”, con fines de “adoctrinamiento” (Rivera, 2022, 2024).

Estos tres ejemplos, en diferentes países y realidades, tuvieron en común la vinculación directa con la administración de Donald Trump y senadores anticubanos. Las líneas de mensajes que se promovieron desde los propios voceros gubernamentales, eran muy similares a las usadas por personajes como John R. Bolton y Mauricio Claver-Carone, y evidenció el reciclaje de la retórica del profesional de la salud como agente, al unísono de la de víctima del gobierno.

En el contexto de la pandemia de Covid-19, se produjo un incremento de la persecución a las BMC. El 12 de agosto de 2020, el presidente panameño Laurentino Cortizo informó que estaba “tratando de llegar a un acuerdo” para recibir a médicos cubanos (Rivera, 2022, 2024). Mauricio Claver-Carone advirtió públicamente que “no se contratan médicos, sino al Gobierno” y no permitirán “sean usados como rehenes del régimen”. Después el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, aseguró que “esa decisión se ha dejado de lado” (Barbosa, 2020).

El 18 de agosto Claver-Carone visitó el país en compañía de Robert O'Brien, consejero de Seguridad Nacional. Donaron 50 respiradores mecánicos para pacientes con coronavirus, insumos médicos y cuatro millones de dólares, lo que evidenció el condicionamiento de la cooperación internacional a lo no presencia de BMC (Rivera, 2022, 2024); finalmente no lo consiguieron (Torres, 2021).

Activismo de los representantes y senadores

Resulta útil profundizar en las acciones implementadas por tres de los senadores anticubanos más activos en la estrategia de boicot contra los convenios médicos: Marco Rubio, Bob Menéndez y Rick Scott. En el complejo entramado en que se materializa la política estadounidense, estos actores ejercen influencia en el ejecutivo, y paralelamente intentan blindar sus aspiraciones desde el punto de vista jurídico. Debe añadirse, y no menos importante, que Marco Rubio se desempeña como secretario de Estado en la segunda administración de Trump, lo que tentativamente podría augurar un incremento de la hostilidad contra Cuba, y en especial contra los convenios médicos.

En enero de 2019 Marco Rubio y Bob Menéndez elaboraron una resolución bipartidista dirigida al Senado para restaurar el PAPMC (Gutiérrez, 2020). En sintonía con la política antinmigrante de Trump y la prioridad dada al cierre de los convenios, esto no lo lograron.

El 17 junio de 2020 Marco Rubio, Bob Menéndez y Rick Scott, junto al también senador Ted Cruz, presentaron otro proyecto de ley dirigido a la publicación por parte del Departamento de Estado de la lista de países que reciben BMC, y que esto incidiera en la categorización del Informe sobre Trata de Personas. Únicamente, serían excluidos los países que cumplieran algunas condiciones como el pago directo a los profesionales (Cubadebate, 2020).

El 21 de septiembre de 2020 Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron otro proyecto de ley bipartidista con propósitos similares, pero más abarcadores: que el Departamento de Estado confeccione un informe anual donde documente las condiciones en cada país con presencia de BMC; restablecer el PAPMC; y que los Departamentos de Estado, de Salud y de Servicios Humanos presionen a la OPS por su participación en el programa Más Médicos (Rubio & Menéndez, 2020).

Un ejemplo que ilustra la relación que se da entre esos congresistas y el gobierno, lo constituye el empeoramiento de la categoría de Cuba en el Informe sobre Trata de Personas. Varios de los mencionados, incluyendo a Marco Rubio, enviaron sendas cartas al secretario de Estado en 2019 y 2020, para que el país fuera regresado al Nivel 3 por “su régimen de trabajo forzoso patrocinado por el Estado”. Un mes después de la segunda misiva, así sucedió (Rivera 2022, 2024).

Articulación de la OEA, las ONG y la contrarrevolución

En mayo y diciembre de 2019 la OEA patrocinó las conferencias Crímenes de Lesa Humanidad en Cuba y La oscura realidad detrás de las misiones médicas cubanas. En ambos casos, contó con las intervenciones del Secretario General Luis Almagro, y de altos funcionarios del Departamento de Estado y la USAID, lo que evidenció la apuesta por este tipo de acciones y ese actor (Rivera, 2021).

Ya en 2018 la OEA había establecido un acuerdo con el Instituto Prensa y Sociedad, y Transparencia Internacional, para patrocinar el Premio Latinoamericano Periodismo de Investigación (OEA, 2018). En el propio 2019, la Mención Honrosa es entregada a Pablo Díaz Espí, Mirta Fernández y Marcelo Soares, por la serie de trabajos “Programa Más Médicos: un pésimo negocio para los cubanos” (Fernández & Díaz, 2018a,b; Rodríguez, 2019).

Llamativa también fue la participación de Luis Almagro junto al administrador interino de la USAID John Barsa, el 8 de mayo de 2020, en el programa de internet del contrarrevolucionario Alexander Otaola (Rivera, 2022, 2024). En agosto de 2019, Almagro había recibido a los médicos cubanos que se encontraban demandando a la OPS (Rivera, 2021).

A propósito de esa demanda, la ONG Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, financiada por el gobierno estadounidense, estuvo involucrada en su materialización (Rivera, 2022, 2024). Según The New York Times, su fundador Tony Costa consiguió para ese propósito la colaboración de funcionarios gubernamentales y congresistas (Kirkpatrick & León, 2020). La ONG tiene una línea de trabajo específica denominada Tráfico Humano, que se encarga de denunciar el presunto “trabajo esclavo” en las BMC (Rivera, 2022, 2024).

Otra ONG que recibió financiamiento de la administración para atacar a las BMC fue la Fundación de las Víctimas del Comunismo. En 2019 recibió un millón de dólares de la USAID para investigar violaciones a los derechos humanos en los convenios médicos. Una de las acciones realizadas fue la publicación del informe Trabajo forzoso/forzado (trata de personas) por el estado cubano de trabajadores temporales en el exterior en misiones médicas internacionalistas (Rivera, 2022, 2024).

Lo que se puede esperar de la segunda administración de Donald Trump

El gobierno de Donald Trump seguirá apostando por la política de máxima presión económica, con énfasis en la implementación de la estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos internacionales. Una muestra de ello fue la restricción de visas a funcionarios de Cuba y extranjeros, anunciada en el segundo mes de la nueva administración (ShareAmerica, 2025). Esto evidenció que se retomarían acciones ya puestas en práctica durante el gobierno anterior, pero ampliando su alcance; en 2019 fue aplicada únicamente a algunos funcionarios de la Isla y ahora ampliada a todo el personal vinculado a las BMC, dentro y fuera de Cuba, y sus familiares. Algo similar había sido propuesto por Marco Rubio en su época de senador (Rivera, 2022).

Un hecho en particular evidenció de manera simbólica la continuidad de la estrategia de boicot. El 7 de abril de 2025 el Departamento de Estado publicó el artículo La verdad sobre las misiones médicas de Cuba, un texto ya publicado en 2020, pero con lógicas actualizaciones. Por su contenido, podría entenderse como la hoja de ruta pública contra las BMC (ShareAmerica, 2025).

La estrategia de boicot mantendrá sus objetivos, afectar la imagen y la captación de divisas. Seguirá sosteniéndose en los siguientes principios: Cuba es enemigo de Estados Unidos; Cuba patrocina el terrorismo; Cuba viola los derechos humanos. Las políticas principales que se implementarán son: sanciones a Cuba y a los países con los que establezca relaciones comerciales; politización del enfrentamiento a la trata de personas; limitar al máximo los convenios médicos cubanos.

Se le dará gran importancia al componente comunicacional, en el que coexistirán dos líneas de mensaje contradictorias, el profesional visto como agente y como víctima del gobierno. En la primera se retomará la retórica de que no están adecuadamente preparados, ocupan las plazas de los nacionales y hacen labor de adoctrinamiento; en la segunda persistirá la asociación entre trata de personas, con sus manifestaciones conexas, y los convenios médicos. Es muy probable que continúen financiando la identificación de testimonios sobre violaciones de los derechos humanos, y otras acciones, con el protagonismo de ONG como Prisoners Defenders.

Serán implementadas acciones sistemáticas y otras que aprovecharán los contextos. Las primeras pueden incluir declaraciones públicas, mención en informes como el de Trata de Personas, patrocinio de eventos y financiamiento de ONG, abordaje del tema en encuentros bilaterales con países con BMC. Esta última se puso de manifiesto en la reciente gira por el Caribe del secretario de Estado, Marco Rubio (Duncan, 2025).

El enviado para América Latina, Mauricio Claver-Carone, dejó entrever que su gobierno valoraría muy positivamente a los países que contraten directamente a los profesionales cubanos (Robles, 2025), línea de mensaje no del todo novedosa, pero que podría ser jerarquizada. En el periodo anterior hubo intentos de crear Brigadas Médicas integradas por profesionales que abandonaron misiones (Rivera, 2022).

Presionarán para que se cumplan ciertos estándares como: realización de rigurosos procesos de certificación de las competencias profesionales; pago directo de la totalidad del salario al profesional, sin mediación del gobierno cubano, y sin que este retenga una parte de ese salario; posibilidad de que los profesionales sean acompañados por sus familiares; convenios entre gobiernos y entidades, y con los profesionales, sin cláusulas de confidencialidad; realización de inspecciones para comprobar el cumplimiento de las normativas laborales nacionales e internacionales (U.S. Department of State, 2025; ShareAmerica, 2025).

Los países que no acepten estos requerimientos podrían ser sancionados (Robles, 2025), por ejemplo, con una categorización negativa en el Informe sobre Trata de Personas, en el entendido que Cuba seguiría estando ubicado en el peor nivel. Este tipo de acciones tiene consecuencias concretas más allá de lo discursivo, porque se utilizan como pretexto para excluir a la nación afectada de financiamientos derivados de la cooperación internacional que Estados Unidos ofrece. Una medida similar fue propuesta en varias ocasiones por Marco Rubio en su época de senador (Rivera, 2022). No se descarta la realización de un informe específico para abordar el tema de los convenios médicos cubanos, algo también propuesto por Marco Rubio en el pasado (Rivera, 2022).

CONCLUSIONES

La primera administración de Donald Trump jerarquizó y perfeccionó la implementación de la estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos internacionales, en el contexto de su política de máxima presión económica. Priorizó el componente comunicacional, en el que mantuvo la asociación de BMC y trata de personas, pero retomó líneas de mensajes negativas sobre los profesionales. Aplicó medidas específicas como la restricción de visas a funcionarios cubanos vinculados a las BMC y ejerció presión sobre gobiernos y la OPS. La política de “robo de cerebros” fue sustituida por el cierre de misiones o evitar que nuevos convenios fueran negociados; en los países en que esto no se logró, intentaron imponer determinadas condiciones. Cuba fue llevada al peor nivel del Informe sobre Trata de Personas por la promoción del trabajo esclavo en las BMC.

Según el estudio realizado, se prevé que durante la segunda administración de Donald Trump se mantenga la implementación de la estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos internacionales, dirigida a afectar la imagen y la captación de divisas. Podría retomar medidas utilizadas en el primer periodo de mandato, pero con una ampliación del alcance, como en el caso de la restricción de visas a funcionarios. De igual manera, el estudio prevé que el componente comunicacional utilice líneas de mensajes que presentan al profesional de la salud como agente y como víctima del gobierno, y que se implementen medidas como patrocinio de eventos y financiamiento de ONG, abordaje del tema en encuentros bilaterales con países con BMC. En relación a esto último, el trabajo identificó la posibilidad de que se intente imponer estándares específicos a los convenios, y que los países que no se alineen a los intereses estadounidenses sean objeto de sanciones.

notas

1 No fueron renovados los convenios médicos con Honduras, Ecuador y El Salvador; se cancelaron los convenios con Brasil y Bolivia; se intentó impedir el convenio con Panamá.

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CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.

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