Lic. Betsys Evelin Pompa Guevara*

Licenciada en Periodismo. Diplomada en Servicio Exterior. Maestrante en Relaciones Internacionales por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”. Especialista del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Habana, Cuba. evelinpompa01@gmail.com 0009-0001-1440-1126

M. Sc. José Carlos Almeyda Bazán*

Licenciado en Derecho. Máster en Relaciones Internacionales. Diplomado en Servicio Exterior. Unión Nacional de Juristas de Cuba. La Habana, Cuba. bazanjuridico@gmail.com 0009-0004-7459-0223

*Autor para la correspondencia: evelinpompa01@gmail.com, bazanjuridico@gmail.com

Cómo citar (APA, séptima edición): Pompa Guevara, B. E., & Almeyda Bazán, J. C. (2025). Apuntes sobre la política de la administración Biden hacia el Caribe: impacto en las relaciones interamericanas. Política Internacional, VII (Nro. 2), 47-55. https://doi.org/10.5281/zenodo.15103740

https://doi.org/10.5281/zenodo.15103740

 

 

RESUMEN La presentación valora, sintéticamente, los aspectos fundamentales que rigieron la política de la administración Biden hacia el Caribe y algunas de sus consecuencias para las relaciones interamericanas en el corto plazo. Analiza también las líneas estratégicas de la cooperación del gobierno estadounidense con los Estados insulares del Caribe y su intervencionismo en la región a través de sus agencias de gobierno: Departamento de Estado y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Se estudia cómo en el entorno geopolítico, Estados Unidos prevé potenciar su capacidad de influencia en las naciones del Caribe en función de materializar sus intereses hegemónicos.

Palabras claves: Estados Unidos, Caribe, geopolítica, intervencionismo, áreas de cooperación

 

ABSTRACT The presentation summarizes the fundamental aspects of the Biden administration's policy towards the Caribbean and its impact on inter-American relations. It also analyzes the strategic lines of the US government's cooperation with the Caribbean island states and its interventionism in the region through its government agencies: Department of State and United States Agency for International Development (USAID). It is also studied how, in the geopolitical environment, the United States plans to enhance its capacity to influence the Caribbean nations in order to materialize its hegemonic interests.

Keywords: United States, Caribbean, geopolitics, interventionism, cooperation areas

 

INTRODUCCIÓN

La administración demócrata de Joe Biden no desplegó una estrategia muy diferente hacia América Latina y el Caribe que la de su predecesor republicano Donald J. Trump, en cuanto a sostener su hegemonía en la región y a garantizar los intereses económicos y de seguridad nacional estadounidenses. De igual forma, prevaleció el objetivo de contener o retrotraer el avance de mecanismos de integración, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Alianza Bolivariana para los Pueblos Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y del Mercado Común del Sur (Mercosur).

También, se intensificaron las acciones político-diplomáticas a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el fin de apoyar el derrocamiento de gobiernos considerados por este como adversarios y peligrosos para su amplio dominio hemisférico, como es el de la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua o Cuba. Al respecto, el gobierno norteamericano ha incentivado la división dentro de la Comunidad del Caribe, mediante presiones políticas y el financiamiento a sectores priorizados de las economías de estas naciones para intentar romper sus vínculos con el gobierno venezolano y los mecanismos de cooperación de los que forman parte.

Las relaciones con Cuba, si bien no se han caracterizado por un discurso político como el empleado durante el gobierno de Trump, dieron continuidad con el sostenimiento del bloqueo, las leyes comerciales y las 243 medidas implementadas por la anterior administración, que afectan gravemente el desarrollo económico del país. Unido a ello, con la estrategia de subversión a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Departamento de Estado y organizaciones no gubernamentales, se continuaron ejecutando programas para cambiar el orden político y socioeconómico de Cuba (Thale, 2021).

Como eje de su Estrategia de Seguridad Nacional, la administración Biden-Harris optó por la competencia geopolítica, bajo el manto de la cooperación en diversas esferas. Al mismo tiempo, reconoce que la República Popular China es el único competidor con la capacidad de redefinir el orden internacional, y la necesidad de contener a una “Rusia peligrosa” (White House, 2022).

Para la configuración de un entorno estratégico global, el gobierno estadounidense se propuso construir una coalición de naciones que fortaleciese su capacidad de influencia colectiva y contribuyera a afianzar su hegemonía. Asimismo, el fortalecimiento de alianzas constituyó una prioridad de la política exterior de Estados Unidos para resolver los desafíos de un sistema internacional cada vez más multipolar, con mayor diversidad de actores y relaciones.

En este contexto se inserta su visión geopolítica para el Caribe, caracterizada, entre otros elementos, por el intervencionismo en los asuntos internos de los Estados insulares del Caribe (López Castellanos & Martínez, 2024). Esta estrategia se manifiesta en una intervención amparada en cooperación económica, como cobertura para sostener el control regional y limitar la presencia de China y otras potencias en la región (Castro Alegría, 2022).

El presente trabajo tiene como objetivo valorar la política de la administración Biden hacia el Caribe y su impacto en las relaciones interamericanas. Un análisis de documentos, con referentes en lo teórico, permitió además analizar las líneas estratégicas de la cooperación del gobierno estadounidense con las naciones integrantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

DESARROLLO

Como bases de la concepción imperialista de los sectores que rigen la política exterior estadounidense hacia la región de América Latina y el Caribe, se pueden considerar la contención de gobiernos adversos a sus propósitos; el fortalecimiento de alianzas con socios tradicionales de América Latina y el Caribe; la subordinación a sus intereses geoeconómicos y geopolíticos; además del propósito de contrarrestar la influencia de actores regionales y extra regionales contrapuestos a sus posiciones.

Es importante subrayar también el papel de instituciones y planes articulados desde la Casa Blanca en las relaciones interamericanas, como la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha servido al aislamiento diplomático de países como Cuba y Venezuela, así como al avance de sus objetivos políticos y militares .

Otro frente disputado por las sucesivas administraciones estadounidenses ha sido el de los mecanismos de concertación y cooperación regional y subregional, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que han reformado el ámbito regional con agendas propias en cuanto al diálogo político y a la colaboración para el desarrollo mutuo y el enfrentamiento de los retos comunes.

De manera particular, el ALBA-TCP, Petrocaribe y otros mecanismos que asumieron un protagonismo en la cooperación e integración económica con un impacto en proyectos sociales y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en sus países miembros, han motivado una contraofensiva del gobierno de Estados Unidos, el cual en contraposición ha promovido acuerdos bilaterales firmados con algunos países aliados y con el apoyo a otros mecanismos multilaterales como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, sigla en inglés) y la Alianza del Pacífico (AP).

Desde el surgimiento de Petrocaribe, Estados Unidos se ha propuesto su contención, de igual manera al fondo ALBA-Caribe y a estimular la división de la CARICOM, mediante el impulso de las llamadas iniciativas Energética y para la Seguridad de la Cuenca del Caribe (Suárez Salazar, 2014), continuadas por los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden.

Como práctica, varios representantes del Departamento de Estado han sostenido reuniones con gobiernos seleccionados de la CARICOM previo a las cumbres o eventos relevantes en el acontecer político de la región, con el fin de intentar asegurar sus intereses geopolíticos y económicos como contrapartida de los mecanismos que puedan obstaculizar el cumplimiento de sus objetivos hemisféricos o que dificulten el adecuado cumplimiento de los diversos Tratados, acuerdos y planes de acción aprobados por las Cumbres de las Américas (ordinarias o extraordinarias) (Suárez Salazar, 2014).

La restricción de los países beneficiarios de la Ley sobre Asociación Comercial con la Cuenca del Caribe (CBTPA, sigla en inglés), dirigida a los integrantes del ALBA-TCP , principalmente, es una medida de cautela contra los gobiernos de algunos países, como San Vicente y las Granadinas, Dominica, y Antigua y Barbuda, entre otros, que han actuado con autodeterminación en sus nexos político-diplomáticos y de cooperación con Venezuela.

Reflexiones sobre la estrategia de Estados Unidos hacia el Caribe

Como líneas estratégicas de la política exterior del gobierno estadounidense de Biden hacia los 15 países integrantes de la CARICOM, se encontró la recuperación económica, la mitigación de los efectos del cambio climático, de seguridad, el enfrentamiento de ilícitos y de narcotráfico, además de otras áreas de interés mutuo como el “empoderamiento” del sector juvenil, mujeres y comunidades (WOLA, 2022).

Durante esta administración, se ha relanzado nuevamente el activismo regional estadounidense con el argumento de la asistencia mutua para la prosperidad y seguridad. Con este fin, la vicepresidenta Kamala Harris sostuvo varias reuniones multilaterales –presenciales y virtuales- con los jefes de gobierno de la CARICOM, así como otros contactos bilaterales (The White House, 2023).

Por otra parte, la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19 constituyó un punto focal de la estrategia hacia el Caribe (U.S. Embassy Tbilisi, 2020), a la que se han dedicado financiamiento en áreas priorizadas, unido a las donaciones de vacunas contra el virus, que no fueron significativas para la demanda de todos los países.

En abril de 2022, la vicepresidenta Harris sostuvo una reunión virtual con los miembros de la CARICOM durante la cual se abordó la inversión en la etapa pospandémica, la crisis climática y la transición energética, junto al reforzamiento de la seguridad en la región. Dicho encuentro precedió la IX Cumbre de las Américas, efectuada en junio de ese mismo año en Los Ángeles, y donde también participó Harris. En este foro, como en tantos otros de la hoja de servicios de la OEA, Cuba y Venezuela fueron excluidas.

Sin embargo, el llamado de varios gobiernos caribeños a levantar las sanciones contra La Habana , sentó pauta en las cumbres posteriores, así como un viraje en el posicionamiento hacia temas de conflicto con Washington como es el bloqueo. La ausencia de Cuba marcó los preparativos y el desarrollo de esta reunión, sus debates, y estuvo a punto de implosionarla. Fue uno de los temas más tratados por la mayoría de los asistentes, incluidos países caribeños, varios de los cuales se ausentaron debido a la exclusión de Cuba.

En junio de 2023 la vicepresidenta estadounidense viajó a Nassau para asistir a la conmemoración de la independencia bahamesa, a la que fueron convocados los jefes de gobierno de la CARICOM. La ocasión fue propicia para que Harris reafirmara el compromiso de su país con los asuntos regionales de “seguridad y prosperidad económica”, además de continuar los esfuerzos para atender el cambio climático, con la promoción de la resiliencia ambiental y la adopción de la energía renovable.

Esta reunión fue una continuidad de la de 2022, cuando se anunció el Programa de Cooperación de Estados Unidos y el Caribe con el pretendido objetivo de atender la crisis del cambio climático (PAC 2030). Según lo anunciado por Harris, su gobierno ayudaría en la transición del Caribe hacia las energías limpias y en la promoción de la seguridad energética y la resiliencia climática (The White House, 2023).

Como parte del PAC 2030, el gobierno Biden-Harris anunció una inversión de 20 millones de dólares en el Programa de Inversiones para el Clima del Caribe, con participación del sector privado en el desarrollo de tecnologías limpias para la generación de energía a través de micro redes y sistemas de almacenamiento energético, además de ofrecer apoyo a los negocios para su funcionamiento más eficiente.

Este programa también favoreció la creación de la Corporación de Inversiones Azul-Verde (Blue-Green Investment Corporation) en copatrocinio con el gobierno de Barbados, el Fondo Verde del Clima y los inversionistas privados. Con un capital inicial estimado de 30 millones de dólares proveniente de socios privados estadounidenses, el Banco Azul-Verde (Blue-Green Bank) tenía previsto invertir en un plazo de tres años alrededor de 210 millones de dólares en proyectos de viviendas resilientes, energía renovable, transporte ecológico y preservación del agua (Cowell, 2024). Según lo programado, los proyectos comenzaron en Barbados, para extenderse luego hacia otros países del Caribe oriental y del Sur (White House, 2024).

Adicionalmente, se aprobó un fondo de 15 millones de dólares para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y fortalecer la Agencia Caribeña para la Gestión de Desastres y Emergencias. Esta inversión fue asumida por la USAID para la reducción del riesgo de desastres y las construcciones resilientes en un plazo de cinco años, valorada en 80 millones de dólares (Cowell, 2024).

La inversión en la Agencia Caribeña para la Gestión de Desastres y Emergencias fue concebida con el fin de mejorar los sistemas de alertas tempranas, equipos de primeros auxilios y generadores. Además el gobierno de Estados Unidos auspició junto a Bahamas una cumbre del Programa de Cooperación para enfrentar el cambio climático (PACC 2030) en Nassau, en la que se facilitaron acuerdos entre EE.UU., el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y filantrópicas para desarrollar proyectos de energía limpia.

La USAID también invirtió 1.5 millones de dólares en el Centro para el Cambio Climático de la Comunidad del Caribe (Caribbean Community Climate Change Centre), presumiblemente para aumentar el flujo de financiamiento internacional para el clima y contribuir al fortalecimiento de herramientas avanzadas para la toma de decisiones en los países miembros de CARICOM (Cowell, 2024).

En la práctica, estas iniciativas, en la lógica estadounidense, servían también como un mecanismo de contención política.

Retomando los programas del cambio climático, Estados Unidos impulsó una campaña multilateral de reforma de bancos de desarrollo, a través del Banco Mundial, para propiciar concesiones financieras en el Caribe, especialmente dirigidas a la mitigación. Además, los créditos otorgados por esta vía incluyen una cláusula para el manejo de desastres .

Otro de los objetivos de la CARICOM en que la administración Biden se enfocó fue la seguridad alimentaria, a la cual contribuyó con 28 millones de dólares en 2023. En Barbados se ha apoyado el acceso al financiamiento, y fue anunciado de igual manera un programa de desarrollo de la infraestructura comercial ante emergencias en Jamaica.

En otro ámbito, en materia de seguridad regional, el Departamento de Justicia estadounidense creó una coordinación para el control del tráfico de armas, basado en el intercambio de informaciones y la colaboración. Dicho propósito se sustenta además en el Acta de Comunidades Seguras, aprobada por el presidente Biden en 2022 y que registra nuevos delitos federales por la trata armamentística. De igual manera, se estableció la Unidad de Inteligencia sobre delito de armas del Caribe con sede en Trinidad y Tobago, apoyada por las agencias estadounidenses (Cowell, 2024).

La atención prioritaria del gobierno estadounidense a la seguridad en asuntos como el control del narcotráfico, migratorio y de defensa es una muestra de su poder militar en el área, que se ha empleado de manera coercitiva en diferentes etapas. Aunque en la última década, con excepción de Haití, no se han producido intervenciones militares estadounidenses en otras naciones caribeñas, se ejecutan programas y ejercicios militares conjuntos con países de la región, se provee asistencia técnica y equipamiento, se participa en la formación de recursos humanos lo cual pone en riesgo la estabilidad regional.

De la actividad político-diplomática, es importante apuntar que durante el 2023 y 2024, el Departamento de Estado ha sostenido contactos bilaterales o multilaterales para organizar acciones contra procesos regionales. Las elecciones en Venezuela el 28 de julio de 2024 fueron tendenciosamente cuestionadas por varios países que votaron resoluciones de la OEA contrarias al desenvolvimiento soberano de este proceso.

No obstante, se destaca la postura de varios gobiernos caribeños que se abstuvieron en la resolución del 31 de julio de 2024 de la OEA, por la que se instaba al Consejo Electoral Nacional de Venezuela (CNE) a presentar los resultados del sufragio, además de urgir al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro a reconocer la legitimidad del candidato opositor Edmundo González.

Las presiones de Estados Unidos ante los resultados de la resolución se hicieron notar y a pesar de la resistencia de algunos países, una vez más se demostró el predominio de sus intereses en la región. De forma abiertamente injerencista, la representación estadounidense en el cónclave señaló el supuesto compromiso de su país con la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley en cada esquina del hemisferio.

El entonces embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco O. Mora, recalcó el papel de esa organización no solo para aprobar resoluciones, sino también para tomar acción. Se refirió a la “cooperación” para trabajar en “la promoción de un futuro más justo y próspero para todos los pueblos de América”, en clara alusión al objetivo de aislar política y económicamente a Venezuela junto sus aliados en la región.

En este contexto, se destaca la postura de San Vicente y las Granadinas, que se ausentó de la segunda votación sobre la resolución contra Venezuela, mientras que Belice se abstuvo alegando que la OEA no tiene jurisdicción sobre un país que no es miembro de esa organización. De la CARICOM, San Vicente y las Granadinas y Dominica reconocieron al presidente Nicolás Maduro como ganador a partir de que se oficializaron los resultados electorales.

El caso de Haití: injerencia con la fachada de asistencia humanitaria

La crisis política, económica, de seguridad e institucional de Haití, es una de las más complejas que afecta las relaciones entre los países de CARICOM y el resto de América Latina.

Ante la violencia de las bandas, que han provocado la inseguridad y desplazamiento de civiles, además de restringir los suministros de alimentos, agua potable y otros insumos básicos, el gobierno demócrata de Biden se ha enfrascado en promulgar la asistencia humanitaria al pueblo haitiano y la solución de este conflicto mediante la cuestionada Fuerza de Tarea Multinacional, desconociendo y no atendiendo las causas raigales de esta crisis, instigadas en gran medida por la intromisión del gobierno estadounidense en la política interna haitiana desde hace varias décadas.

Desde el año fiscal 2023 la USAID ha invertido en asistencia humanitaria en Haití 146 millones de dólares bajo el Programa de asistencia de emergencia (USAID, 2024). No obstante, los fondos o “ayudas” estadounidenses solo han respondido de manera paliativa a la crisis multisectorial desatada por la inestabilidad que han generado las intervenciones militares y ocupaciones de Estados Unidos en el país, así como su respaldo a la clase política haitiana. Con esta estrategia, la USAID busca capacidad política en la intervención de los asuntos internos de la nación francófona caribeña.

Harris anunció a los líderes caribeños en 2023 una nueva ayuda humanitaria para Haití de 53.7 millones de dólares, además de reafirmar el apoyo de su administración para extender el programa Hope Help para las preferencias comerciales en ese país, el cual se debería renovar en 2025. También adelantó otra inversión de 10.5 millones de dólares para ampliar la resiliencia y productividad en las esferas agrícola y ganadera del país, un área no muy explotada anteriormente (The White House, 2023).

La vicepresidenta Harris afirmó en su reunión con los jefes de gobierno de la CARICOM en 2023 que apoyaría los esfuerzos de la Fuerza Multinacional, a la cual se han integrado hasta la fecha efectivos de Bahamas, Barbados, Belice y Jamaica.

Asimismo, informó sobre la colaboración con la Unidad Trasnacional de Investigación Criminal y la Policía Nacional Haitiana, para facilitar la investigación y la persecución de tráfico humano y de armas, entre otros flagelos con incidencia en la región. De esta manera, la tutela estadounidense de Haití no es indicativa de una asistencia con fines humanitarios sino de la injerencia en los asuntos de ese país, asolado por pandemias y desastres naturales, cuya crisis ha desatado oleadas de migrantes y compromete la seguridad regional.

CONCLUSIONES

La estrategia de la administración de Joe Biden respecto al Caribe no ha abandonó los preceptos de la Doctrina Monroe, ni la rivalidad con China, que ya tiene una presencia notable en las inversiones dentro de los países de la CARICOM, aunque unos pocos de ellos todavía mantienen relaciones económico-comerciales con Taiwán.

Aunque, a diferencia del gobierno de Donald Trump, la presidencia demócrata de Biden puso en práctica una política más asertiva, proyectada en áreas de cooperación estratégicas con los países caribeños como son la inversión en energía renovable, seguridad alimentaria; capacidad de respuesta y adaptación al cambio climático, unido al acceso al financiamiento.

Estos propósitos, en los que Estados Unidos se ha comprometido con la CARICOM, coinciden con la propia agenda de este mecanismo; persiguen reforzar la interdependencia de esos países, y buscan contrarrestar la influencia de Venezuela, a través del ALBA-TCP y Petrocaribe. Al propio tiempo, el desarrollo de programas de infraestructuras, para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta al cambio climático y ante desastres naturales; así como de la producción local con participación del sector privado, podría generar en el mediano plazo una mayor dependencia del capital extranjero.

De hecho, varios países con economías más limitadas como Granada, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves, han tenido que implementar programas de Ciudadanía por Inversión (CBI) para captar las inversiones de residentes en el exterior, a quienes se les otorga la ciudadanía por montos de entre 200 mil y 300 mil dólares.

Otra cuestión de análisis es la incorporación –conveniente a los intereses del empresariado estadounidense- del esfuerzo para cambiar la matriz energética hacia las energías limpias, cuyo costo solo podría ser asumido por los países desarrollados.

La administración Biden ha impulsado proyectos que se adecuan a las necesidades de cada país, por ejemplo, en Santa Lucía se han instalado micro generadores para instituciones públicas; en San Cristóbal y Dominica proyectos de generación de energía geotérmica y en Antigua y Barbuda, la capacitación en tecnologías limpias.

En el escenario actual de la política exterior estadounidense hacia el Caribe se aprecia el interés de aumentar las inversiones en sectores claves como el de energía, de la cooperación en seguridad y la atención conjunta a desafíos comunes como el de la crisis en Haití (Cowell, 2024). Al cierre de 2023 el financiamiento de Estados Unidos en el Caribe superó los 100 millones de dólares, incluidos 98 millones adicionales de la USAID para atender el clima, energía, alimentos, seguridad y asistencia humanitaria; utilizados para condicionar la política exterior de los Estados insulares del Caribe (Department of State, 2024).

A mediano plazo y ante la victoria del Partido Republicano en las elecciones de Estados Unidos, es previsible un cambio en cuanto a la prioridad y al enfoque de política hacia el Caribe para su política exterior, pero continuarán los programas y financiamiento dirigidos a mantener la dependencia de los Estados insulares, aunque de forma más limitada, si se tienen en cuenta los antecedentes de recortes fiscales para proyectos de desarrollo del Departamento de Estado y la USAID ejecutados por la administración Trump en su primer mandato.

La relación con Estados Unidos seguirá acentuando las diferencias en la política exterior de los Estados que integran la CARICOM, además de dividir este mecanismo y de obstaculizar los vínculos con los países latinoamericanos. Esto limita las posibilidades de avanzar en la integración soberana para su desarrollo.

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CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:

Lic. Betsys Evelin Pompa Guevara: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Supervisión, Visualización, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición

M. Sc. José Carlos Almeyda Bazán: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Supervisión, Visualización, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición

 

AGRADECIMIENTOS

No aplica.

FINANCIACIÓN

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PREPRINT

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