INTRODUCCIÓN
La diplomacia académica ha emergido como un mecanismo fundamental para fomentar el entendimiento mutuo y la cooperación entre naciones, especialmente en tiempos de tensión política. Los intercambios entre instituciones académicas permiten la creación de redes de colaboración que trascienden fronteras y no solo benefician a los individuos involucrados, sino que también contribuyen al desarrollo de estos centros y a la internacionalización del conocimiento.
El intercambio académico es una expresión directa de la colaboración entre instituciones y estructuras gubernamentales. Además, constituye uno de los elementos más relevantes dentro de los procesos sustantivos de la educación superior y colaboración para el desarrollo.
La evolución de los intercambios académicos entre Cuba y Estados Unidos (EE.UU.) desde 1959 hasta 2014 ha reflejado las transformaciones en el ámbito de la educación superior cubana y las dinámicas de las relaciones bilaterales. A partir del triunfo de la Revolución Cubana, los vínculos entre ambos países han transitado por periodos marcados por la confrontación y la apertura. Estos altibajos han condicionado el marco normativo y las oportunidades para la colaboración en el ámbito educativo y científico.
Durante este periodo se constituyó una red de relaciones académicas formales e informales entre las comunidades universitarias de Cuba y EE.UU. que fortaleció a las instituciones involucradas y a su compromiso de construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la paz. Los participantes en estas actividades establecieron y mantuvieron canales para el contacto entre ambas sociedades y las experiencias adquiridas contribuyeron a la superación de barreras culturales y estereotipos. Sin embargo, las tensiones en las relaciones bilaterales plantearon desafíos significativos para el desarrollo de estas iniciativas
El presente trabajo pretende describir los rasgos esenciales de la evolución histórica de los intercambios académicos entre las comunidades universitarias de Cuba y EE.UU. desde enero de 1959 hasta diciembre de 2014 a partir de la determinación de la incidencia del estado de las relaciones bilaterales en estas actividades.
DESARROLLO
Luego del triunfo de la Revolución Cubana, las relaciones entre Cuba y EE.UU. se deterioraron rápidamente. Por una parte, las medidas tomadas por el gobierno revolucionario evidenciaban transformaciones radicales en el panorama económico, político y social. Estos cambios pronto comenzaron a afectar los intereses estadounidenses en Cuba, vinculados anteriormente con el régimen de Fulgencio Batista.
Por otra parte, a los círculos de poder de la nación norteña le preocupaba la influencia que podría tener la Revolución Cubana en el desarrollo de procesos similares en América Latina; así como su impacto en la hegemonía de EE.UU. en la región. Para Calvo (2014) el gobierno de EE.UU. no tenía un interés sincero en la coexistencia ni la solución pacífica de controversias; ya que implicaría, en la práctica, el reconocimiento de la soberanía cubana y la legitimidad de su gobierno. Por lo tanto, su política hacia Cuba ha consistido en la búsqueda de alternativas para volver a ejercer el poder político.
En este sentido, el autor identifica dos tendencias principales dentro de la clase política estadounidense; las cuales tienen un objetivo común: "socavar la capacidad —objetiva— y quebrar la voluntad —subjetiva— de resistencia del pueblo cubano en torno a la Revolución" (Calvo, 2014, 17). Sin embargo, difieren en los métodos utilizados para alcanzarlo. Mientras una de las tendencias defiende la ejecución de acciones violentas, las presiones políticas, sanciones económicas y el aislamiento diplomático; la otra busca el acercamiento y los incentivos económicos, para potenciar la subversión político-ideológica y la dominación cultural.
Durante los primeros años de la Revolución Cubana, la política exterior de EE.UU. hacia Cuba estuvo influida por la tendencia más violenta, lo que impuso obstáculos significativos a los intercambios entre ambas sociedades. La tensión entre los dos países alcanzó un nuevo nivel el 3 de enero de 1961, cuando la administración del presidente Dwight David Eisenhower anunció unilateralmente la ruptura de las relaciones diplomáticas con Cuba.
Días después, se establecieron las primeras restricciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba. Con el argumento de que estos eran contrarios a la política exterior y a los intereses de seguridad nacional de los EE.UU., el gobierno comenzó a exigir pasaportes específicamente aprobados por el Departamento de Estado para este destino (Morales & Ramírez, 2011). Eisenhower fue sucedido en la presidencia de EE.UU. por John Fitzgerald Kennedy, quien no renunció a la política agresiva contra Cuba. Este contexto de confrontación política tuvo una incidencia directa en el desarrollo de los intercambios académicos.
El impacto del bloqueo económico comercial y financiero en los intercambios académicos entre Cuba y EE.UU.
Al hacer referencia a los rasgos esenciales de la evolución de estos intercambios, es imprescindible reconocer el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto al país caribeño por el gobierno estadounidense desde 1962. Por esta razón, se propone una explicación general de las principales legislaciones que lo conforman, particularmente las que han tenido un impacto directo en el desarrollo de los vínculos académicos de las comunidades universitarias de ambos países.
El bloqueo contra Cuba es un complejo mosaico de leyes, proclamas presidenciales y regulaciones que han evolucionado a lo largo de los años, flexibilizándose o endureciéndose en cada administración. Desde su implementación, estas disposiciones legales han implicado severas restricciones a las transacciones financieras y comerciales entre Cuba y EE.UU., incluyendo las relacionadas con los intercambios académicos.
La Proclama Presidencial 3447 del 3 de febrero de 1962 estableció un embargo total a todo comercio entre la nación norteña y Cuba. Esta decisión estaba respaldada por la sección 620 (a) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, aunque desde 1959 se aplicaban medidas económicas contra la Revolución Cubana (Álvarez & Pino, 2021).
En cumplimiento de las directrices del presidente John Fitzgerald Kennedy, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó las Regulaciones sobre las Importaciones Cubanas en 1962. Estas fueron reemplazadas en julio de 1963 por las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR). Las CACR, fundamentadas en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, constituyen uno de los elementos centrales del bloqueo.
Estas regulaciones imponen rigurosas sanciones, como la prohibición a personas bajo la jurisdicción de EE.UU. de realizar cualquier tipo de transacción comercial y financiera con entidades cubanas, incluidas aquellas relacionadas con los viajes y la estancia en el país caribeño. Las CACR incorporan un sistema de permisos o excepciones para autorizar determinadas actividades que interesan al gobierno estadounidense, incluidas ciertas categorías de viajes. Para tales fines, el Departamento del Tesoro emite a través de la OFAC dos tipos de licencia: general y específica.
La licencia general es la que autoriza un tipo particular de actividades sin la necesidad de realizar una solicitud. Es decir, las transacciones asociadas a esas actividades son reconocidas como excepciones de aplicación del régimen sancionatorio. No obstante, quien realice transacciones autorizadas bajo una licencia general debe poseer los documentos que demuestren el tipo de licencia y categoría que ampara sus actividades. Por su parte, la licencia específica es un documento escrito emitido por la OFAC a una persona o entidad en particular, luego de una revisión de su solicitud, que autoriza la realización de algunas transacciones asociadas a actividades no comprendidas en las licencias generales.
A través de los años, varias iniciativas legislativas han incidido en el marco sancionatorio y han dado forma a las relaciones entre EE.UU. y Cuba. Una de ellas, de importancia directa para los contactos académicos, fue el esfuerzo por eximir el material informativo de las sanciones comerciales. Según las regulaciones del Departamento del Tesoro, solo las instituciones académicas y los investigadores podían importar materiales publicados y grabados, solo para sus propios fines de investigación y solo bajo una licencia específica. En febrero de 1985, estas regulaciones fueron modificadas para permitir la importación de copias individuales de publicaciones o materiales grabados procedentes de Cuba por parte de cualquier individuo u organización en EE.UU. (Alzugaray et al., 2006).
La Enmienda Berman, promulgada por el Congreso de este país en 1988, limitó la capacidad del presidente para controlar, por medio de licencias, la importación de materiales informativos procedentes de Cuba. A partir de 1991, esto incluyó publicaciones, materiales grabados, música, pinturas, dibujos y esculturas (Lutjens, 2010). Finalmente, en 1994, el presidente William Jefferson Clinton firmó la Ley de Libre Comercio de Ideas (U.S. Congress, 1993), eliminando la autoridad del presidente para regular las transacciones relacionadas con el intercambio de materiales informativos, independientemente del formato o medio de transmisión.
En 1992, el Congreso estadounidense aprobó la Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli, que tenía por objetivo el aislamiento político y económico de Cuba. Esta ley justificaba la política de bloqueo con la supuesta "violación de los derechos humanos y la falta de democracia" en Cuba (U.S. Congress, 1992).
Este documento convirtió en ley el objetivo político de buscar una transición a la democracia y especificó dos estrategias principales: la aplicación de sanciones contra el gobierno de Fidel Castro y el "apoyo al pueblo cubano". La primera fortaleció la política de negar divisas al gobierno cubano, otorgando al Tesoro la autoridad para imponer multas civiles y ordenar el decomiso de propiedades por violación de las regulaciones.
La segunda tuvo tres componentes: las donaciones de alimentos y exportaciones de medicamentos e insumos médicos; la flexibilización significativa de las sanciones con respecto a los servicios de telecomunicaciones y el restablecimiento del envío de correo directo a Cuba; y la provisión de asistencia, a través de organizaciones no gubernamentales, a individuos y organizaciones para promover un cambio democrático no violento en Cuba. Esta última proporcionó la base legal para lo que más tarde se conocería como "Carril II" (Hernández, 2021 a).
La Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, comúnmente conocida como Ley Helms-Burton codificó todas las normas, regulaciones, leyes y órdenes presidenciales adoptadas desde 1962 en relación con el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba, independientemente de su jerarquía normativa. De esta manera, toda la legislación sobre el tema adquirió rango de ley. Además, las facultades que habían sido otorgadas al presidente de EE.UU. en la Ley de Ayuda Exterior para modificar o anular las disposiciones legislativas relacionadas con el bloqueo pasaron al Congreso (Álvarez & Pino, 2021).
La sección 204 de esta ley se refiere a que el bloqueo sería levantado cuando el presidente y el Congreso de EE.UU. determinen que existe un "gobierno de transición" en Cuba (U.S. Congress, 1996), lo que demuestra la injerencia del gobierno de EE.UU. y su disposición para fomentar la subversión en la nación caribeña.
Al codificarse las disposiciones que regulaban el bloqueo, la facultad del presidente para modificarlo o eliminarlo se vio restringida. A partir de ese momento, las decisiones más significativas sobre esta cuestión recayeron en el poder legislativo. Tanto la Ley Torricelli como la Ley Helms-Burton impedían al Ejecutivo autorizar viajes a Cuba sin la aprobación del Congreso de EE.UU.
Sin embargo, esta instancia mantuvo cierto margen de acción al poder determinar, dentro de las doce categorías autorizadas por las CACR, cuáles se permitirían mediante licencias generales y cuáles mediante licencias específicas (Calvo, 2014). En ese sentido, cada presidente estadounidense ha utilizado sus prerrogativas en materia de política exterior para endurecer o flexibilizar algunos aspectos. Uno de estos ejemplos han sido los viajes a Cuba. Además, existen otras medidas, al margen de la legislación, que tienen el efecto de endurecer el bloqueo contra Cuba, tales como las restricciones a la venta de tecnología a países considerados por EE.UU. como “Estados Patrocinadores del Terrorismo Internacional” y la denegación de visas a cubanos que deseen visitar este país por motivos personales o profesionales.
El impacto del bloqueo económico sobre los contactos académicos y el desarrollo del intercambio educativo entre las comunidades universitarias de EE.UU. y Cuba revela consecuencias significativas. Este no solo limita el acceso a mercados y bienes estadounidenses, sino que también interfiere en su comercio con terceros países, prohíbe transacciones en dólares y restringe la movilidad de ciudadanos de ese país a Cuba. Además, afecta la conectividad a Internet y el acceso a instituciones financieras globales, lo que obstaculiza la colaboración científica y educativa.
La complejidad y la variabilidad de las regulaciones de EE.UU. representan un desafío adicional para la sostenibilidad de los intercambios académicos. Las instituciones educativas de ese país suelen mostrarse reticentes a establecer programas de colaboración en Cuba, temiendo que sus actividades puedan ser consideradas ilegales bajo futuras legislaciones. Para aquellas que deciden arriesgarse, esto implica costos legales adicionales y la posibilidad de enfrentar multas por infracciones a normativas complejas.
A pesar de estas restricciones, se han observado esfuerzos por parte de las instituciones académicas para mantener y desarrollar intercambios. Sin embargo, el contexto de presión económica y política limita la efectividad y el alcance de las iniciativas.
Principales características de la evolución de los intercambios académicos entre Cuba y EE.UU. entre 1959 y diciembre 2014
La ruptura de relaciones diplomáticas en la década de 1960 y el sistema de sanciones impuesto a Cuba limitaron significativamente los intercambios académicos entre ambos países. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, muchos investigadores lograron mantener conexiones, aunque de manera irregular y a título individual (Martínez Reinosa, 2018). A partir de 1960, se observó un cambio en el enfoque de la colaboración académica, con un incremento del interés en las ciencias sociales y las humanidades, en contraste con el predominio anterior de la medicina y las ciencias naturales (Alzugaray et al., 2006).
Un momento de trascendental importancia fue la creación de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés) en 1966. Esta organización, perteneciente a la Universidad de Pittsburg, agrupa a instituciones e individuos involucrados en el estudio de América Latina. Sus vínculos con estudiosos cubanos en este periodo se mantuvieron constantes en el tiempo, a pesar de los eventuales obstáculos que se manifestaron en el desenvolvimiento de los intercambios académicos. Sus congresos propiciaron oportunidades para el establecimiento de nexos entre intelectuales e investigadores de las ciencias sociales de Cuba y EE.UU. dentro de un marco respetuoso.
La década de 1970: establecimiento de los primeros contactos académicos
En los primeros años de la década de 1970, se observó un notable incremento de la producción de investigaciones sobre Cuba en universidades estadounidenses y centros especializados en estudios latinoamericanos. En el país caribeño también crecía el interés por estudiar a EE.UU., impulsado por la necesidad, tanto intelectual como política, de comprender a la nación vecina. Esto, aunado al deseo de estudiosos residentes en EE.UU. de intercambiar con sus colegas cubanos y a la entrega de fondos otorgados por fundaciones, favoreció los intercambios académicos entre los dos países (León, 1998).
Las complejas circunstancias políticas que enfrentaba EE.UU.1 y el fracaso de sus esfuerzos por aislar a Cuba contribuyeron a la existencia de un ambiente más favorable para el mejoramiento de las relaciones bilaterales. Esto llegó a reflejarse principalmente en la flexibilización de las restricciones a los viajes.
En 1974, la administración del presidente Richard Nixon liberalizó las regulaciones de sanciones, permitiendo el otorgamiento de licencias específicas para importar materiales informativos cubanos a universidades e instituciones científicas y para la realización de viajes de investigación a académicos radicados en EE.UU. (Alzugaray et al., 2006). Aunque las licencias solo se otorgarían si el solicitante obtenía primero un pasaporte avalado por el Departamento de Estado para viajar a Cuba, esto facilitó el desarrollo de contactos académicos.
El cambio en las relaciones bilaterales se consolidó con la llegada de James Carter a la presidencia en 1976, quien eliminó restricciones de pasaporte para viajar a Cuba. Bajo su mandato el Departamento del Tesoro promulgó una licencia general que permitía todas las transacciones relacionadas con los vuelos directos y la organización de viajes turísticos a Cuba (Sullivan, 2013, 10).
En septiembre de 1977, se abrieron secciones de intereses en La Habana y Washington. Este hecho, aunque no significó el logro de relaciones diplomáticas plenas, fue un paso importante hacia una mayor distensión en la relación bilateral. Igualmente, facilitó la cooperación académica y el intercambio de información. Durante los años siguientes, los estadounidenses pudieron viajar libremente a Cuba y el intercambio en esta área se pudo desarrollar positivamente.
Este contexto propició la visita frecuente de académicos, periodistas, abogados, ejecutivos y políticos de EE.UU., en lo fundamental, demócratas liberales del Congreso, varios de ellos interesados en lograr un posible acercamiento diplomático entre ambos países. Uno de los políticos que visitó el país fue el senador George McGovern2. Sus visitas, en 1975 y 1977 tuvieron un impacto significativo para el ulterior desarrollo de los intercambios académicos entre los dos países. Su viaje de 1977 incluyó una reunión con especialistas en los estudios sobre EE.UU. que ayudó a estimular los contactos entre académicos cubanos y estadounidenses (Alzugaray et al., 2006).
El establecimiento del programa de intercambio académico con Cuba de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins en 1976 constituyó un hito. Esta universidad se convirtió en una activa promotora de los vínculos académicos con Cuba. Entre las principales actividades organizadas por esta institución destacan: talleres sobre diferentes perspectivas de las relaciones bilaterales, apoyo tecnológico y viajes de estudiantes de pregrado y posgrado.
En 1976, varios académicos cubanos fueron invitados, por primera vez desde 1959, a visitar instituciones en EE.UU. y participar en el VI Congreso de LASA. Sin embargo, este paso de avance fue contrarrestado por la decisión de Henry Kissinger, entonces secretario de Estado de EE.UU., de retirar las visas a los cubanos, influenciado por declaraciones de dirigentes africanos acerca de la importancia del apoyo solidario de las tropas cubanas en este continente (Martínez Reinosa, 2018).
La década de 1980: los intercambios académicos ante la ofensiva de la administración del presidente Ronald Reagan
El mejoramiento de las relaciones entre EE.UU. y Cuba en la década de 1970 y la consiguiente flexibilización de las restricciones de viaje resultaron ser de corta duración. Con la elección de Ronald Reagan (1980-1988), la política exterior de EE.UU. hacia América Latina rápidamente quedó sujeta al objetivo de la administración de reafirmar su hegemonía en la región bajo el pretexto de “derrotar al comunismo”.
En este contexto, la administración del presidente Ronald Reagan revisó la política estadounidense hacia Cuba, revirtiendo las decisiones relativas a los viajes de la administración del presidente James Carter. En consonancia con su política agresiva, en abril de 1982, reinstauró las restricciones de viajes a Cuba, con la excepción de misiones oficiales, actividades periodísticas, investigaciones profesionales y visitas a familiares cercanos (Calvo, 2014).
Las particularidades de estas medidas fueron utilizadas como argumentos por parte del gobierno estadounidense, lo que se evidenció en la decisión de la Corte Suprema en 1984 en el caso Regan vs. Wald3. Esta instancia judicial ratificó las prerrogativas del poder ejecutivo para suspender el derecho constitucional a viajar a sus ciudadanos por razones de seguridad nacional y que, en el caso de las restricciones de viajes a Cuba, eran medidas de política exterior diseñadas para negarle al gobierno cubano, catalogado como enemigo, la posibilidad de atesorar divisas (Reagan vs. Wald, 1984).
En 1982, se incluyó a Cuba en la Lista de “Estados Patrocinadores del Terrorismo Internacional”. Este listado, elaborado por el Departamento de Estado de EE.UU., comprende a aquellos países que, designados como tal, son objeto de diversas sanciones económicas. Que un estado sea incluido en ella conlleva consecuencias tanto simbólicas como económicas. Entre ellas se encuentran las restricciones a las exportaciones, al comercio y a la ayuda al desarrollo.
Además, implican dificultades para realizar transacciones a través de la banca extranjera, pues los bancos de terceros países son reacios a realizar operaciones con dichos países por temor a sanciones, lo que aumenta el riesgo y los intereses de préstamos (Tomé, 2021). Esto, aunado a las restricciones del bloqueo, limitó aún más las posibilidades de intercambio entre la sociedad civil de ambos países y fomentó una imagen negativa de Cuba en la población estadounidense.
De manera paradójica, en estos años se produce una revitalización del interés de la academia estadounidense en estudios sobre Cuba, por lo que, desde las instituciones de EE.UU., llegaron varias propuestas de trabajos conjuntos con colegas cubanos. Los resultados de estos estudios e investigaciones produjeron numerosos artículos, libros y eventos que, en algunos casos, fueron resultado de la colaboración de académicos de los dos países.
Los seminarios organizados por el Centro de Estudios sobre EE.UU. (CESEU) de conjunto con la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins sobre relaciones Cuba-EE.UU., fueron un elemento de gran relevancia. Según Martínez Reinosa (2018), probablemente este haya sido el primer intercambio entre académicos cubanos y estadounidenses sobre la nación norteña, aunque también fueron invitados otros estudiosos latinoamericanos. Fue un espacio fructífero para el análisis del conflicto bilateral desde diferentes perspectivas.
Es preciso destacar el congreso de LASA, que sesionó a finales de septiembre de 1983 en la ciudad de México, debido a que constituye un hito, tanto por la numerosa representación de cubanos asistentes, como por la firma de un convenio entre la asociación y el Centro de Estudios sobre América. Este acuerdo dinamizó las relaciones entre la academia cubana con la estadounidense nucleada en torno a LASA4. Al concluir este congreso, se aprobó una resolución que instaba al gobierno de EE.UU. iniciar conversaciones para la normalización de relaciones con Cuba (Franklin, 2015).
Además de las regulaciones de sanciones existentes, la administración del presidente Ronald Reagan adoptó un enfoque claramente político para la concesión de visas a ciudadanos cubanos que deseaban viajar a EE.UU. El 4 de octubre de 1985, el presidente emitió la Proclama 5377, restringiendo la entrada de funcionarios o empleados del gobierno o del Partido Comunista de Cuba (Reagan, 1985).
Teniendo en cuenta que todas las instituciones de educación e investigación en Cuba eran entidades estatales, esta proclama permitía que le fuese negada la entrada a cualquier académico o científico debido a que su empleador era el Estado cubano. Esta situación dificultó significativamente la visita de estudiosos cubanos a la nación norteña. Por lo que, durante ese periodo las reuniones tuvieron que ser desplazadas hacia otros países como México, Canadá y Cuba.
La década de 1990: consolidación de los contactos académicos
Para Martínez Reinosa (2018), a pesar de que el ambiente político era bastante tenso, la década de los noventa significó una etapa de consolidación de los vínculos iniciados en los años setenta y mantenidos con crecientes dificultades en los ochenta. La llegada de la administración del presidente George Herbert Walker Bush a la Casa Blanca en 1989, trajo consigo una flexibilización en el visado para los académicos cubanos que participaban en eventos en la nación norteña.
Esta decisión fue impulsada por las gestiones de intelectuales y directivos universitarios que abogaban por el intercambio. Sin embargo, las conexiones del entonces presidente con la CIA5, generaron dudas sobre las intenciones de esta apertura. Se sospechaba que la nueva política, aparentemente menos hostil hacia Cuba, respondiera, en última instancia, a los mismos objetivos que el resto de las administraciones estadounidenses a partir del triunfo de la Revolución.
La disolución de la URSS en 1991 alteró el panorama geopolítico. Cuba ya no podía ser considerada una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. En este nuevo contexto, las sanciones fueron justificadas, no en términos de seguridad, sino como un esfuerzo por promover un “gobierno democrático” en el país caribeño (Gelbard, 1992).
La Ley Torricelli fue firmada por el presidente George H. W. Bush en 1992, durante los últimos días de la campaña de reelección que perdió ante William Jefferson Clinton. La forma en que la administración del presidente William Clinton (1993-2001) implementó esta ley tuvo un efecto contradictorio para las relaciones entre las comunidades académicas de EE.UU. y Cuba.
Por una parte, la ley eximía de las sanciones a una gama de actividades, relacionadas con la investigación y la educación. Por otra parte, la definición de lo que abarcaba cada categoría todavía estaba sujeta a la regulación del Departamento del Tesoro, y las exenciones realizadas tenían claramente un interés político. De acuerdo con Alzugaray et al. (2006), dados los objetivos declarados de la política estadounidense, los funcionarios cubanos se volvieron más propensos a cuestionar los intereses de los académicos de ese país a los que el gobierno le concedía licencias específicas.
Las regulaciones sobre los viajes a Cuba para personas bajo la jurisdicción de EE.UU. experimentaron cambios frecuentes, influenciados tanto por la dinámica política como por incidentes relevantes en las relaciones bilaterales. Por ejemplo, en agosto de 1994, en respuesta a la denominada “crisis de los balseros”6, se eliminó la licencia general para viajes familiares e investigaciones profesionales, reemplazándose por licencias específicas (OFAC, 1994).
En 1995, el Departamento del Tesoro emitió nuevas regulaciones que ampliaban las categorías de actividades elegibles para licencias específicas. Esto incluyó la definición de investigación profesional, que abarcaría también los estudios realizados por organizaciones dedicadas a las relaciones internacionales, así como nuevas disposiciones que permitían la participación en reuniones internacionales en Cuba. Por primera vez, se autorizó a estudiantes estadounidenses de pregrado y posgrado a estudiar en instituciones cubanas, y se facilitaron los viajes del personal universitario para impartir clases y organizar intercambios (OFAC, 1995). Estas regulaciones representaron un avance significativo en las oportunidades de intercambio académico entre ambos países.
En 1996, luego del derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate que habían violado el espacio aéreo cubano7, el Congreso de EE.UU. aprobó la Ley Helms-Burton (U.S. Congress, 1996), que tuvo un impacto político considerable en las relaciones académicas. Esta ley llevó a las instituciones cubanas a adoptar una postura más cautelosa, revisando rigurosamente las agendas de investigación. Además, se ralentizó el progreso de proyectos colaborativos existentes8 (Alzugaray et al., 2006).
A pesar de las tensiones, los intercambios académicos se mantuvieron y la mayoría de las propuestas de proyectos fue ejecutada. Según Martínez Reinosa (2018), solo un número reducido fue rechazado, no por la percepción de los ejecutivos involucrados, sino por la desconfianza respecto a los posibles usos de los resultados de las investigaciones.
En mayo de 1999, la OFAC publicó enmiendas a las CACR que modificaban determinados aspectos. Los viajes para investigaciones profesionales nuevamente serían autorizados mediante una licencia general y se establecieron licencias específicas para viajes con propósitos de intercambio académico, cultural, deportivo y religioso (OFAC, 1999). Estas regulaciones se alineaban, de alguna manera, con el "Carril II" de la Ley Torricelli, relacionado con la subversión político-ideológica.
Los programas de semestre para estudiantes estadounidenses en Cuba fueron uno de los componentes clave de los intercambios en estos años. Las enmiendas a las CACR permitieron retomar una modalidad que solo se había puesto en práctica durante la administración del presidente James Carter. Su resultado fue el incremento del número de viajes de jóvenes universitarios estadounidenses a Cuba (Martínez Reinosa, 2018). Una evidencia del dinamismo de las actividades académicas fueron los viajes de directivos de instituciones cubanas al país norteño. Además, crecieron cuantitativa y cualitativamente los talleres, seminarios, conferencias, canales de comunicación entre instituciones universitarias y proyectos conjuntos.
Sobresalen en estos años las actividades del Programa sobre Cuba, de la Universidad de Georgetown, con fondos provenientes, principalmente, de las fundaciones MacArthur y Reynolds. Este incluyó la organización de talleres en La Habana y en EE.UU., estancias de investigación, viajes de coordinación de los directivos del proyecto y el envío de bibliografía a investigadores cubanos. Los debates incluyeron diversas temáticas relacionadas con los desafíos de la sociedad cubana en el contexto de los años noventa.
De gran relevancia también fue el Programa de Intercambio Caribe-Universidad de la Ciudad de Nueva York, encabezado por Iraida López. Este último programa permitió a académicos, artistas e intelectuales cubanos realizar estancias de investigación en Nueva York y organizó visitas de estudiantes de pregrado a universidades estadounidenses (Martínez Reinosa, 2018).
A medida que aumentaba el número de instituciones estadounidenses involucradas en los intercambios, también se diversificaron las instituciones cubanas participantes. Además de las organizaciones pioneras, como el CESEU y el Centro de Estudios sobre América, se incorporaron activamente algunas facultades y centros de investigación de la Universidad de La Habana y otras instituciones cubanas.
Los intercambios académicos bajo la administración del presidente George W. Bush (2000-2008)
A inicios del siglo XXI, el intercambio académico entre EE.UU. y Cuba experimentó un notable aumento en las colaboraciones. Varias instituciones estadounidenses, motivadas por el éxito de los cursos cortos y de verano, comenzaron a establecer programas semestrales en Cuba.
El primer programa de este tipo se implementó en 2000 entre el College of Charleston y el Instituto de Filosofía del CITMA. Este fue seguido por la autorización para el programa de semestre en la Universidad de La Habana en septiembre de ese año, en el marco de los Programas de Cooperación en las Américas9, posteriormente convertidos en el Instituto de Estudios en el Extranjero, y luego se incorporaron otras instituciones (Martínez Reinosa, 2018).
Estos programas semestrales, que otorgaban créditos reconocidos por universidades estadounidenses, fueron bien recibidos y posicionaron a Cuba entre los 15 principales destinos de estudios en el extranjero para estudiantes estadounidenses entre 2003 y 2004. La participación de estudiantes estadounidenses en programas de estudios en la nación caribeña experimentó un crecimiento notable, pasando de menos de 500 en el año académico 1998-1999 a más de 2,500 en 2002-2003 (Johnson, 2012, 6).
Sin embargo, la elección de George Walker Bush en 2000 trajo consigo un cambio en la cooperación académica. Su administración adoptó un enfoque más restrictivo hacia Cuba, implementando nuevas regulaciones que limitaron los intercambios educativos.
En 2001, la OFAC reafirmó la prohibición de hacer turismo en Cuba (OFAC, 2001). En 2003, se presentó un marco procedimental para procesar a quienes infringieran las regulaciones del bloqueo, incluidas las relacionadas con los viajes y se introdujeron medidas que, aunque permitieron ciertos viajes familiares, aumentaron las restricciones para los intercambios académicos (OFAC, 2003).
En octubre de 2003, el presidente George W. Bush creó la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre, cuyo objetivo era acelerar el cambio de régimen en el país. En 2004, la Comisión presentó un informe, que proponía un endurecimiento del bloqueo y un mayor apoyo a la oposición cubana (The White House, 2003).
Las nuevas regulaciones restringieron los viajes académicos. Las licencias para universidades se redujeron de dos a un año, limitándose a programas de diez semanas o más (Calvo, 2014). La eliminación de la categoría de "viaje con gastos pagados" generó incertidumbre para los estudiantes con becas en la Escuela Latinoamericana de Medicina y la OFAC debió emitir una licencia específica para ellos (Sullivan, 2013).
Como resultado, muchos programas de intercambio cerraron. Según Martínez Reinosa (2018 a), de los nueve programas de semestre establecidos en la Universidad de La Habana en 2004, solo sobrevivieron tres. Esta situación provocó una drástica reducción de la participación estudiantil, con el número de alumnos estadounidenses en Cuba disminuyendo de 2,148 en 2003-2004 a 251 en 2008-2009 (Johnson, 2012, 7).
Para 2004, muchas instituciones habían suspendido sus programas en Cuba debido a las nuevas exigencias de duración mínima. Además, la administración del presidente George W. Bush dificultó la obtención de visas para investigadores cubanos. También se hizo habitual la negativa a conceder licencias que permitieran a académicos e intelectuales residentes en EE.UU. viajar a Cuba (Alzugaray et al., 2006).
A pesar de estas restricciones, algunos eventos oxigenaron, de cierto modo, las relaciones académicas. Dos de ellos fueron la conferencia del expresidente James Carter en la Universidad de La Habana en 2002 y la reunión de la Asociación Americana de Universidades y Colegios Estatales (AASCU)10, en septiembre de 2003. Este último encuentro, coordinado por el MES, tuvo como objetivo principal fomentar los contactos y la colaboración, pero las decisiones de 2004 obstaculizaron la iniciativa. En 2007, luego del reajuste del esquema de trabajo de los programas de estudio en el extranjero en la Universidad de La Habana, la Universidad de Harvard reactivó su colaboración, lo que atrajo a otras instituciones estadounidenses (Martínez Reinosa, 2018).
Los intercambios académicos bajo la administración del presidente Barack Obama (enero de 2009 hasta diciembre de 2014)
El candidato demócrata a la presidencia de EE.UU., Barack Obama, generó expectativas en torno a un posible cambio en la política hacia Cuba, prometiendo la eliminación de prohibiciones que afectaban los viajes y el envío de remesas. Su victoria electoral y el control del Partido Demócrata sobre ambas cámaras del Congreso estadounidense facilitaron la inclusión de medidas en el proyecto de Ley del Presupuesto de marzo de 2009, que flexibilizaban estas restricciones (U.S. Congress, 2009).
La Sección 621 del Título VI de la ley prohibía el uso de fondos para hacer cumplir las prohibiciones relacionadas con los viajes familiares a Cuba, lo que en la práctica anuló dichas restricciones (Calvo, 2014). En abril de 2009, el presidente Barack Obama eliminó algunas limitaciones en la frecuencia y duración de las visitas, además de aumentar el monto de gastos diarios autorizados en estos viajes. La Casa Blanca también anunció una licencia general que permitiría a representantes de empresas de telecomunicaciones estadounidenses viajar a la nación antillana (The White House, 2009). El enfoque otorgado a estos anuncios por el gobierno de EE.UU. ponía en entredicho la legitimidad de las autoridades cubanas ante su población y buscaba reforzar la idea de que en Cuba no existía un gobierno democráticamente electo.
En este contexto, el 20 de septiembre de 2009, la Subsecretaria Adjunta para Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Bisa Williams, se reunió con la comunidad académica de la Universidad de La Habana para discutir la continuidad de un programa de becas iniciado en 2008 para los jóvenes cubanos. La propuesta de Williams de establecer un contacto directo entre la universidad habanera y el Departamento de Estado fue vista como inaceptable por grupos de intelectuales y funcionarios cubanos, generando suspicacias sobre la posible instrumentalización del intercambio académico por parte de la administración de Barack Obama (Martínez Reinosa, 2018).
Las opiniones de estos grupos vaticinaban que la nueva administración desarrollaría una política que, si bien tendría ciertos ajustes tácticos, no se apartaría del propósito fundamental seguido por todos los gobiernos estadounidenses desde 1959: derrocar la Revolución Cubana. Esto hizo que la colaboración académica con EE.UU. fuese percibida como una ventana abierta a su política subversiva, especialmente en el área de las ciencias sociales.
Las medidas de abril de 2009 fueron los primeros pasos de una estrategia de acercamiento al pueblo cubano que anunciaba la revitalización de los intercambios. En enero de 2011, la Casa Blanca comunicó nuevas regulaciones que permitían un aumento de viajes a Cuba para actividades educativas, religiosas y periodísticas, así como el envío de remesas a individuos y negocios privados en el país (The White House, 2011). También se autorizó a todos los aeropuertos internacionales de EE.UU. a ofrecer servicios a vuelos chárter hacia y desde Cuba (U.S. Customs and Border Protection, 2011) .
Los viajes educativos que otorgaban créditos académicos fueron autorizados bajo licencia general, permitiendo a los estudiantes viajar a través de una institución académica diferente a la suya. Además, los centros educativos podían patrocinar seminarios, talleres y conferencias en Cuba, llevando profesores, funcionarios y estudiantes a estos eventos mediante licencias específicas (OFAC, 2011).
Durante este periodo, se registró un aumento significativo en la concesión de visas para académicos cubanos y en la obtención de licencias para instituciones estadounidenses que deseaban realizar actividades de intercambio en Cuba. Además, los programas de semestre, que habían sido afectados por el contexto político anterior, comenzaron a consolidarse nuevamente. En 2009, la Universidad de La Habana albergaba doce programas de semestre con 97 estudiantes, cifra que aumentó a catorce programas y 21 convenios firmados con universidades estadounidenses en 2010. Para finales de 2014, el centro de altos estudios mantenía 41 convenios firmados y 15 programas activos (Martínez Reinosa, 2018).
En 2012, el Centro de Investigaciones de Política Internacional y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” reanudaron la serie de conversaciones "Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos", que reunió a destacados académicos de ambos países. A partir de mayo de ese año, la participación en congresos de LASA en EE.UU. se incrementó significativamente.
Entre 2009 y diciembre de 2014, a pesar de la mejora en la fluidez de los contactos académicos, la administración de Barack Obama mantuvo el bloqueo económico, recrudeció el cerco financiero y comercial, fomentó la subversión político-ideológica y mantuvo la inclusión de Cuba en la Lista de “Estados Patrocinadores del Terrorismo Internacional”. El gobierno estadounidense adoptó una estrategia de "poder inteligente" que integraba elementos de "poder duro" y "poder blando". La flexibilización de los intercambios académicos no representaba una rectificación de una política agresiva hacia Cuba, sino un complemento a la presión económica y a la confrontación política que cada gobierno estadounidense ha mantenido contra el país caribeño.
El gobierno cubano, consciente de las intenciones subversivas de su contraparte estadounidense, aceptó el desafío de permitir estos intercambios. La mayoría de las instituciones adoptaron una postura destinada a mitigar la influencia externa. Al mismo tiempo, los actores involucrados se esforzaron por asegurar beneficios culturales, económicos y profesionales para los participantes en estos intercambios, así como contribuir a la difusión de una imagen objetiva de Cuba.
CONCLUSIONES
Los intercambios académicos entre las comunidades universitarias de Cuba y EE.UU. entre 1959 y diciembre de 2014 estuvieron marcados por una evolución compleja. Las transformaciones implementadas en la dimensión internacional de la educación superior cubana y el estado de las relaciones bilaterales influenciaron su desarrollo.
Las tensiones en las relaciones entre Cuba y EE.UU., así como las restricciones impuestas por el bloqueo, tuvieron gran influencia en el desarrollo de este proceso y marcaron la evolución de los intercambios académicos entre ambos países desde 1959. El bloqueo representó un obstáculo significativo. Las restricciones que este implica limitaron la posibilidad de ejecutar transacciones financieras, el acceso a recursos y oportunidades de intercambio.
Las fluctuaciones en la política exterior de EE.UU. hacia Cuba influyeron en las posibilidades de colaboración entre sus comunidades académicas. Sin embargo, durante este periodo, se presentaron hitos que permitieron cierto grado de intercambio. En determinados momentos de mayor apertura se observaron avances relevantes en la cooperación.
notas
1 En estos años, parte de la sociedad estadounidense ya reconocía que la Revolución Cubana estaba en una etapa de consolidación. Además, se observaba cierta apertura reflejada en la distensión de las relaciones entre EE.UU. y la URSS y en la normalización de sus relaciones con la República Popular China. También se estaba desarrollando un movimiento que presionaba al gobierno de Washington para que acabase la guerra de Vietnam. Estos factores propiciaron la conformación de una atmósfera relativamente favorable para el establecimiento de vínculos entre representantes oficiales del gobierno cubano con personalidades y figuras estadounidenses inclinadas a un acercamiento con la nación caribeña (Martínez Reinosa, 2018a).
2 George McGovern (1922-2012) fue un senador estadounidense y candidato presidencial demócrata en las elecciones de 1972.
3 En el caso Regan vs. Wald, el Centro por los Derechos Constitucionales y el Comité Nacional de Emergencia para las Libertades Civiles interpusieron una demanda contra el Departamento del Tesoro con el objetivo de eliminar las restricciones a los viajes a Cuba.
4 De acuerdo con Martínez Reinosa (2018 a), entre los objetivos del convenio se encontraba facilitar los vínculos entre académicos cubanos y especialistas de instituciones de EE.UU. interesados en los estudios sobre América Latina y el Caribe.
5 George H. W. Bush, presidente de los EE.UU. del 20 de enero de 1989 al 20 de enero de 1993, había ocupado el cargo de director de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. entre 1976 y 1977.
6 La crisis de los balseros fue un conjunto de acontecimientos ocurridos entre agosto y septiembre de 1994. Frente a la política del gobierno de EE.UU., de acoger en el territorio continental a todos los cubanos que llegaran a sus costas, el gobierno cubano decidió eliminar las restricciones a las salidas ilegales. Como resultado, más de 30 000 cubanos salieron de Cuba por vía marítima (Solomon, 2000). Finalmente, la administración Clinton accedió a establecer negociaciones que condujeron a la firma de nuevos acuerdos migratorios para normalizar el flujo migratorio legal.
7 En febrero de 1996, el gobierno cubano ordenó el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate que habían penetrado, sin autorización, en el espacio aéreo cubano. Como consecuencia de ese incidente se tensaron las relaciones entre los dos países.
8 En el V Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) de 1996 se abordaron las consecuencias de la Ley Helms-Burton para Cuba y la repercusión de la estrategia de EE.UU. Como resultado, se llevó a cabo un proceso de profunda revisión de las líneas de investigación y los proyectos que varias instituciones desarrollaban de conjunto con contrapartes estadounidenses. Como conclusión de ese proceso se definió, como política, que los intercambios académicos con EE.UU. debían tener un carácter institucional, ordenado y coherente (Martínez Reinosa, 2018).
9 Los Programas de Cooperación en las Américas de la Universidad de Butler en Indiana, EE.UU., ofrecen programas anuales, semestrales o de periodos cortos en diversos países alrededor del mundo a estudiantes universitarios estadounidenses.
10 AASCU es una asociación de educación superior con sede en Washington D.C. que agrupa a varias instituciones educacionales comprometidas con la investigación, el progreso económico y el desarrollo cultural (Lutjens, 2018 a).
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