INTRODUCCIÓN
El cuestionamiento de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia, a los resultados de los comicios del 28 de julio de 2024 en Venezuela; el diferendo político-diplomático entre Brasil y Nicaragua en agosto de 2024; y el veto del gobierno de Lula al ingreso de Venezuela al grupo BRICS en calidad de asociado, en octubre de ese propio año, constituyen ejemplos recientes que evidencian, con mucho simbolismo, las diferencias existentes dentro del arco de gobiernos progresistas en América Latina. Estas tienen lugar en un escenario regional de altas tensiones ideológicas, que se expresan, entre otras manifestaciones, por la abierta hostilidad del gobierno del presidente argentino Javier Milei hacia el progresismo, y por el asalto a la Embajada mexicana en Quito por la policía ecuatoriana (5.04.2024) y el apresamiento del exvicepresidente Jorge Glas, lo cual significó una flagrante violación al Derecho Internacional y a la tradición de derecho de asilo, históricamente respetada en América Latina. En paralelo, el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca añade mayor complejidad a este contexto1.
Si bien durante el actual cuarto de siglo en la mayoría de los países latinoamericanos las condiciones existentes propiciaron que ejerciera gobierno, al menos durante un periodo, un proyecto político que permitió a la izquierda llegar a ser mayoría2, esto no ha sido suficiente para considerar que se haya alcanzado la necesaria y anhelada integración regional, la cual fue una de las banderas impulsadas por las izquierdas gobernantes, siendo su momento cimero la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2011.
Los flujos y reflujos de la izquierda en cada país, y el hecho de que la afinidad ideológica no haya sido suficiente para articular un bloque homogéneo frente a situaciones que deberían concitar la más indubitable unidad, -como lo fue el más reciente proceso electoral en Venezuela- revelan el serio desafío que enfrenta la integración.
Por izquierda latinoamericana entendemos un fenómeno complejo, diverso, dialéctico y plural, diferente en sus rasgos actuales a los que presentó durante el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX. Es un fenómeno, que, sin perder su esencia, evoluciona junto a las condiciones histórico concretas en que tiene lugar su desarrollo. Sus actores no pueden ser homogeneizados automáticamente; cada uno posee características, raíces e identidades propias, y se diferencian en su planteamiento ideológico, en sus proyectos políticos y en la consistencia con la que defienden en la práctica sus postulados.
La izquierda latinoamericana actual ha logrado avanzar y acceder al poder a través de la vía electoral, disputándole gobiernos a la derecha tanto a nivel local como nacional, lo cual es expresión de una realidad social y política diferente. Ello obedece a su capacidad de resistencia y reinvención ante los embates de la ola neoliberal de las décadas de los ochenta y noventa, en lo que ha tenido una fuerte incidencia el surgimiento de nuevas organizaciones de base con impacto político, como los movimientos sociales.
Algunos rasgos distintivos son el desarrollo de una política exterior independiente y antihegemónica, y de una política social inclusiva amparada en la redistribución de la renta. En sentido general, la mayoría de las experiencias progresistas no se propusieron realizar transformaciones sustantivas en la estructura socioeconómica de la sociedad, encadenando la emergencia y la reemergencia de la izquierda al ciclo del capital dependiente (Díaz Fariñas, L. y Plaza Macías, Nila, 2023).
Muchos de los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina se forman a partir de coaliciones en las que participan fuerzas políticas y movimientos de izquierda, centroizquierda, centro e incluso de centroderecha en un frente amplio, donde las primeras pueden ser el elemento aglutinador de la coalición u ocupar una posición secundaria. Una propuesta de clasificación los ubica en dos grupos principales: 1) gobiernos electos por el quiebre o debilitamiento extremo de la institucionalidad democrático neoliberal, como ocurrió en Venezuela, Bolivia y Ecuador, por lo general con una proyección más radical y nacionalista; y 2) gobiernos electos por acumulación política, adaptados a las reglas de la democracia burguesa y satisfechos con la continuidad de un modelo de política económica de clara orientación capitalista, definición aplicable a Brasil, Uruguay y Chile. La izquierda que llega al gobierno en América Latina hoy, no destruye al Estado burgués, ni elimina la propiedad privada de los medios de producción, ni funda un nuevo poder, ejercido de manera exclusiva por las clases desposeídas. La izquierda latinoamericana accede al gobierno acorde con las reglas de la democracia burguesa, incluido el respeto a la alternabilidad, en este caso con la ultraderecha neoliberal que desde la oposición obstaculiza y, si regresa al gobierno, revertirá las políticas que ella ejecuta, por “benignas” que sean. De hecho, los gobiernos progresistas y de esa “nueva izquierda” tienen su origen y fuente de mandato en las democracias representativas (Regalado, 2011).
Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo de analizar los desafíos que encara la izquierda latinoamericana de cara a la integración regional, analizando el periodo 1999-2024, entendiendo que las administraciones de esta tendencia política han demostrado un verdadero interés en su consecución.
Atendiendo a lo anterior el texto se divide en cinco partes: en la primera de ellas, se identifican los fenómenos históricos que en la década de los noventa sirven de base a la victoria electoral de la izquierda; en la segunda parte se expone el ascenso de la izquierda en la primera década del siglo XXI con la ola inicial de gobiernos de este signo; en la tercera parte, se analiza la fundación de la CELAC como la coronación de los esfuerzos en aras de la unidad latinoamericana y el escenario político desde la segunda década del siglo XXI hasta la actualidad; finalmente, en cuarto lugar, se presentan algunas consideraciones sobre las perspectivas actuales de integración en relación con el momento actual que atraviesa la izquierda latinoamericana en el poder.
DESARROLLO
Década de los noventa; previo al cambio de época al sur del Río Bravo
La Rebelión Cívico-Militar encabezada por el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías en el año 1992 en Venezuela, en el volátil contexto latinoamericano de aquella “larga y triste noche neoliberal de los 90” (Correa, 2023)3, -cual nefasto legado del bando “vencedor” de la Guerra Fría- significaría la génesis de un proceso profundo y raigal, en el cual el Movimiento V República alteraría la forma clásica de hacer política en ese país, donde hasta entonces el poder se alternaba entre los dos principales partidos establecidos como representantes de la burguesía criolla y de los intereses extranjeros. El estremecimiento provocado por los contundentes triunfos alcanzados por Hugo Chávez en 1998 y 1999 frente a la desgastada partidocracia tradicional, rápidamente determinó la activación de las más variadas maniobras de desestabilización contra los sucesivos gobiernos bolivarianos, que han tenido que enfrentar una guerra sin tregua.
Las primeras victorias del chavismo reivindicarían la vía electoral como plataforma eficaz para la lucha política por las fuerzas progresistas; si iniciando los noventa, el FSLN en Nicaragua fue despojado del gobierno en las urnas, dejando a Cuba revolucionaria resistiendo en solitario los embates del imperialismo ante la caída del campo socialista y la desaparición de la URSS, no llegaría a concluir esa década sin que el voto popular regresara a la izquierda al poder, esta vez en Venezuela.
También en 1990, el dirigente sindical y político brasileño Luiz Inácio Lula da Silva junto al líder cubano Fidel Castro Ruz, fundaron el Foro de Sao Paulo, en un intento unificador preclaro y visionario, pero que también constituía un ejercicio de resistencia y convergencia muy pragmático, que tuvo el objetivo de hacer confluir a todo el espectro de la izquierda, incluyendo a socialdemócratas, progresistas, marxistas y fuerzas guerrilleras a pesar de sus complejidades intrínsecas. En la actualidad comprende a organizaciones políticas que han alcanzado el poder en el continente junto a otras fuerzas que aún no lo han logrado, constituyendo una experiencia única, a saber, la formación, desarrollo y funcionamiento de un espacio en el que convergen todas las corrientes ideológicas de la izquierda (Regalado, 2011).
Los levantamientos populares contra las políticas neoliberales en Argentina, Bolivia y Ecuador se sucederían en los noventa, a los cuales se sumó la simbólica insurrección zapatista en Chiapas, México, el 1 de enero de 1994, día de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre este país, Estados Unidos y Canadá. La propia evolución del Zapatismo y el amplio movimiento antiglobalización, que recibió un poderoso impulso en América Latina, refrendaría una nueva realidad; la trasmutación de la vía armada a otras formas de lucha y articulación4, sobre todo a través de movimientos sociales, nuevo actor político alternativo a los tradicionales. Estas estructuras organizativas, de carácter plural, en pleno proceso de luchas contra la globalización neoliberal, tuvieron en varias ediciones del Foro Social Mundial, una verdadera Tricontinental de los movimientos sociales y políticos, “con su raíz simbólica en Porto Alegre” (Perry, 2008).
Como señala el profesor Luis Suárez Salazar citando a James Petras, la característica en América Latina de estos movimientos, que identifica como antimperialistas, era que estos “tienen un carácter mucho más político que simplemente social, son mucho más anticapitalistas que reformistas, se encaminan más a la conquista del poder que a las protestas simbólicas” (en García Lorenzo y Suárez Salazar, 2008). Muchos de estos movimientos tuvieron un rol decisivo en el apoyo a los procesos políticos que expresaban intereses populares, y, además, “resisten o pugnan por fracturar el sistema de dominación oligárquico-plutocrático e imperialista y, por ende, el “nuevo orden panamericano” (en García Lorenzo y Suárez Salazar, 2008).
Por su parte, Regalado ofrece la siguiente síntesis del nuevo contexto: “en medio de la crisis terminal de la bipolaridad mundial de pos-guerra, con la invasión estadounidense a Panamá (1989), la derrota “electoral” de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua (1990), la desmovilización de una parte importante de los movimientos guerrilleros en Colombia (1990-1991) y la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador (1992), concluye la etapa de la historia de América Latina abierta por el triunfo de la Revolución Cubana y se inicia otra en la que predominan la movilización social y la competencia electoral de la izquierda dentro de la democracia burguesa, cuyos postulados formales se aplican, por primera vez, en toda la región —excepto en Cuba” (Regalado, 2011).
La década ganada; la izquierda gobernando en un escenario inédito
El golpe de Estado de abril de 2002 en Venezuela significó un punto de quiebre de las propias reglas de la democracia burguesa, y como suele ocurrir en los procesos de verdadera esencia revolucionaria, determinó una mayor radicalización y consolidación de la Revolución Bolivariana, fijando el inicio de una tendencia que llevaría al paulatino ascenso de la izquierda en América Latina y a un cambio inédito en la correlación de fuerzas, sumándose otros partidos o coaliciones progresistas.
En 2002 y luego de 3 intentos previos, en Brasil, el histórico fundador del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, resultó electo, reeditando su victoria en 2006.
En 2005, el líder cocalero indígena Evo Morales Ayma ganó los comicios en Bolivia en su segundo intento por el Movimiento al Socialismo (MAS), siendo reelegido en 2009.
También en 2005, en Ecuador el economista Rafael Correa Delgado obtuvo la victoria que inició el proceso conocido como la Revolución Ciudadana, siendo reelecto en 2008.
Previo a la llegada del poder de la izquierda habían ocurrido estallidos sociales contra los gobiernos neoliberales de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia (2003), así como de Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005) en Ecuador.
Consideramos válido destacar que en el periodo 1999-2009 tanto en Venezuela como en Bolivia y Ecuador se desarrollaron procesos constituyentes que buscaron empoderar a los nuevos sujetos políticos y revolucionar los principios de participación ciudadana en el ejercicio político, a partir de la defensa de un nuevo constitucionalismo impulsado por las bases de cada proceso.
En 2003, luego de un periodo de profunda inestabilidad política interna ocupó la presidencia argentina Néstor Kirchner, quien junto a su esposa Cristina Fernández formarían un binomio con presencia en la política de ese país durante las siguientes dos décadas, levantando las banderas de lo que será conocido como el kirchnerismo5, una nueva corriente dentro del amplio espectro del peronismo.
En Uruguay, en 2004, el izquierdista Frente Amplio alcanzó la victoria por primera vez luego de intentarlo desde 1989, completando un primer periodo de tres gobiernos consecutivos que llevaría a la presidencia a Tabaré Vázquez y a José Mujica.
En Paraguay, donde la situación política interna se deterioró a partir del intento de golpe de Estado de 1999, también hubo un gobierno de izquierda con Fernando Lugo y el Frente Guasú (2008), algo inédito en un país donde el Partido Colorado llevaba gobernando 60 años de forma ininterrumpida6.
Por su parte, en Chile, la victoria en 2006 de la candidata del Partido Socialista, Michelle Bachelet, significó el primero de varios gobiernos de la izquierda moderada y reformista, que se ha alternado desde entonces con la derecha.
En Nicaragua, el FSLN retomó el poder con Daniel Ortega (2006) y en El Salvador el FMLN también accedió al poder por la vía electoral (2009), tras 20 años de continuidad de gobiernos de la derechista ARENA.
Incluso, en otro giro de la historia que expresaba el signo de los nuevos tiempos y en consecuencia el corrimiento tendencial al reformismo más que a la reacción, -cuando no se trataba de proyectos genuinamente transformadores-, en Guatemala la elección del presidente Álvaro Colom (2008-2012) puso fin a 50 años de gobiernos dictatoriales y de derecha, mientras que en Honduras, en 2006 llegó a la presidencia del país Manuel Zelaya, postulado por el Partido Liberal, una de las formaciones clásicas de la partidocracia hondureña. Durante su mandato Zelaya promovió la derogación de la resolución que declaraba la exclusión de Cuba de la OEA e integró Honduras al ALBA, siendo depuesto por un golpe de Estado (2009). Ambas posiciones eran inéditas en países como Honduras, considerado el “portaviones terrestre estadounidense” y en Guatemala, que había sufrido una cruel secuencia de dictadores y donde aún en “democracia” cualquier posición sospechosa de estar cerca de la izquierda era reprobable.
Este corrimiento a la izquierda, permitió dar un nuevo impulso a los intentos de integración regionales que desde la década del sesenta tenían lugar con diversos mecanismos como el Mercado Común Centroamericano (1960), la Comunidad Andina (CAN) (1969), la Comunidad del Caribe (CARICOM) (1973), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (1980) y el Mercosur (1991).
Un hecho que indicó un grado de madurez inédito hasta ese momento lo marcaría el rechazo al Área de Libre de Comercio de las Américas (ALCA), proyectada desde 1994 para comenzar a funcionar a partir de la IV Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata, Argentina, en 2005, donde el presidente estadounidense George W. Bush fue testigo de la firme oposición de los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela.
Previo al rechazo al ALCA en 2005 hubo señales que indicaban que el imperialismo yanqui quedaba aislado en determinados asuntos, como el rechazo latinoamericano y caribeño a la “guerra contra el terrorismo” de Bush en 2003 y la imposibilidad para Estados Unidos de colocar a su candidato a la OEA siendo electo José Miguel Insulza como secretario general de esa organización (2005).
Entre los hechos que han incidido en el desenvolvimiento de las relaciones interamericanas y en los intentos de avanzar hacia la integración, pueden mencionarse:
La creación del ALBA. Fundada en 2004 por los Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez significó un nuevo espacio de desarrollo, siguiendo un criterio que rebasaba lo estrictamente regional. Con un componente muy sólido en el ámbito de la cooperación, agruparía, por un lado, a un conjunto de países con gobiernos afines en el ámbito ideológico y por el otro, a un grupo de países caribeños que van a beneficiarse de sus proyectos, como el paradigmático Petrocaribe, que posibilitó acceder al petróleo venezolano con precios preferenciales. El ALBA lograría contar hasta con 12 miembros, entre los cuales estuvieron Ecuador durante los mandatos del presidente Correa y Honduras, durante la presidencia de Manuel Zelaya.
En aquel contexto de estremecimiento latinoamericano, se funda en 2004 la Comunidad Sudamericana de Naciones, que dio paso a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 2008. Entre otras iniciativas también se funda el Banco del Sur y en 2006 Venezuela ingresa al MERCOSUR, siendo innegable el decisivo rol de los gobiernos progresistas en la formación y consolidación de estas organizaciones regionales.
Cumbre de las Américas de Mar del Plata (2005). En este cónclave, dada la fuerte oposición de los gobiernos nacionalistas y progresistas de Venezuela y del MERCOSUR se enterró definitivamente el ALCA, lo cual supuso un duro revés para Estados Unidos y sus aliados locales, que desde la década de los noventa venía promoviendo dicho mecanismo mediante un minucioso ejercicio de convencimiento, primero con países individuales y luego por grupos de países regionales. Finalmente, tras la derrota del proyecto amplio, Estados Unidos se tuvo que conformar con estos esquemas limitados pactando por separado con Chile, Colombia y Centroamérica.
Celebración de la primera Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC) en Costa do Sauipe, Brasil, en diciembre del 2008, a iniciativa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. En la misma se decidió la incorporación de Cuba al Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, conocido como Grupo de Río, y la decisión de formar una Unión de América Latina y el Caribe, sin Estados Unidos. El Grupo de Río fue disuelto en el marco de su XXI Cumbre en 2010 en Playa del Carmen, donde se decide la creación de la CELAC.
La Cumbre V de las Américas celebrada en Trinidad y Tobago, en 2009, significó un punto de viraje respecto al tema Cuba en estos foros. La posición de varios gobiernos progresistas favorables a la presencia de Cuba o la falta de consenso para adoptar la Declaración Final por no hacer alusión al bloqueo estadounidense supuso una situación inédita para Estados Unidos, que vio su hegemonía fuertemente desafiada. Como señaló el profesor Luis Suárez en entrevista a BBC Mundo el 17 de abril de 2009, “nunca en toda su historia Cuba había estado tan integrada política, social y económicamente con el resto del continente” (Suárez Salazar, 2009)
En la VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, en 2012 el reclamo de la presencia de Cuba alcanzó su punto más alto: los presidentes Rafael Correa de Ecuador, y Daniel Ortega de Nicaragua declinaron participar en protesta por la exclusión de Cuba, mientras que en el plenario varios gobiernos advirtieron que no habría una próxima edición sin la incorporación de La Habana.
Una síntesis de ese periodo lo ofrece el propio expresidente ecuatoriano Rafael Correa: La primera parte del siglo XXI sin duda han sido años ganados. Los avances económicos, sociales y políticos fueron históricos y asombraron al mundo, todo esto en un ambiente de soberanía, de dignidad, de autonomía, con presencia propia en el continente y en el mundo entero (Correa, 2018).
A partir de la segunda década del siglo XXI; fundación de la CELAC
La fundación de la CELAC en 2011 fue la expresión más acabada de maduración de las condiciones y del entendimiento común por parte de los Estados latinoamericanos y caribeños de la necesidad histórica de crear un mecanismo que permitiera la sinergia, el diálogo y la concertación política entre los países de esta región, descartando una visión de la integración basada en un proyecto meramente comercial, lo cual fue superado cuando se enterró al ALCA en 2005. Al mismo tiempo, resultaba un cuestionamiento a la hegemonía estadounidense y ponía a la región en mejores condiciones para insertarse de conjunto en un mundo en transición inter sistémica, encaminado indefectiblemente hacia un orden mundial tendente a la multipolaridad7. Esta madurez se podía apreciar en el hecho totalmente orgánico de que “la familia que construyó el ALBA-TCP, democratizó al MERCOSUR, fundó la UNASUR y, junto con el CARICOM, construyó la CELAC” (Regalado, 2021).
No es un error decir que la CELAC solo fue posible por la convergencia de fuerzas de la izquierda gobernante que la impulsó hasta lograr su concreción, y que hoy tienen la responsabilidad histórica de defenderla como alternativa a la injerencia monroista estadounidense aupada por las oligarquías latinoamericanas serviles. Es, en definitiva, la apuesta por construir un nuevo tipo de relacionamiento, edificado sobre una base identitaria común, que privilegia la diplomacia Sur-Sur, independiente, justa y solidaria, y promueve una significativa agenda social. Es por eso que los procesos de integración y/o concertación latinoamericanos y caribeños, que durante los primeros años del siglo XXI conocieron un auge significativo, se aseveran como los más afectados por las ideas de extrema derecha (Morales, 2024).
Entre otros efectos, la creación de la CELAC como el espacio natural por excelencia donde estaban representados todos los países latinoamericanos y caribeños supuso una nueva presión sobre el gobierno de Barack Obama, que no tendría justificación para excluir a Cuba de la VII Cumbre de las Américas, a celebrarse en Panamá en 2015, siendo obvio que quien estaba quedando excluido a nivel continental era precisamente Estados Unidos y no Cuba. De forma paralela, La Habana acogería tempranamente la celebración de la II Cumbre de la CELAC en 2014, donde se acordó la histórica proclamación de América Latina como Zona de Paz. Lo anterior representaba la plena confirmación del reconocimiento regional a Cuba, que apuntalaba su participación en la Cumbre de las Américas en Panamá, representada por el entonces presidente cubano Raúl Castro Ruz, y en la VIII edición de Lima, en 2018, con una delegación presidida por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. En esta última edición Venezuela fue excluida, patrón que se repitió en la edición de Los Ángeles (2022), donde también fueron excluidos Cuba y Nicaragua, lo que provocó que declinaran participar por esa razón los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México, Luis Arce de Bolivia y Xiomara Castro de Honduras.
En contraposición, desde el 2011 se han celebrado 8 ediciones de las Cumbres de la CELAC. Dos reveses que había sufrido el grupo han sido superados: la reinserción de Brasil en 2023 al retomar el poder Lula tras la salida decretada por Bolsonaro en 2020 y el reimpulso dado por la presidencia pro témpore de México durante los años 2020-2021, que dio por terminado el proceso de reflexión que pausó sus actividades en 2018 y 2019.
Si bien, se ha registrado un avance sin precedentes en los históricos intentos de integración regional, estos hechos demuestran que aún dista mucho de ser un proceso consolidado, pues subsiste una permanente actitud por parte de los gobiernos de derecha de señalar y excluir a sus pares de izquierda, sobre todo a los que tienen una actitud más independiente en su política exterior e interna. En ello han influido las eventuales inclinaciones hacia la derecha en la balanza política regional que tuvieron lugar desde finales de la primera década de los 2000, favoreciendo a los sectores más conservadores. Entre los principales pueden mencionarse la victoria del conservador Luis Lacalle en Uruguay, que puso fin a tres lustros de gobierno del Frente Amplio; la traición de Lenín Moreno al correismo en Ecuador y, por tanto, la frustración de la continuidad de la Revolución Ciudadana; la derrota de los candidatos del kirchnerismo en 2015 y en 2023, en Argentina; el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y la persecución judicial contra Lula da Silva; la agresiva actitud hacia Cuba y Venezuela del presidente Iván Duque en Colombia y la arremetida reaccionaria en Perú.
Algunas causas de esta restauración conservadora pueden identificarse en la pérdida de capacidad de movilización popular, la falta de una estrategia, medios y métodos adecuados para derrotar la desestabilización, la guerra no convencional desatada contra los gobiernos progresistas, los reveses electorales y los golpes de Estado “de nuevo tipo” (Sierra, 2022).
La aparición de gobiernos de derecha o de sello ideológico difuso como los de Bolsonaro en Brasil, de Milei en Argentina, de Nayib Bukele en El Salvador, o de Daniel Noboa en Ecuador, han logrado sumar votantes y apoyo al interior de sectores que tradicionalmente han sido bases de la izquierda, imponiendo nuevos relatos políticos y culturales furiosamente “antiprogresistas”, apoyados por grandes corporaciones mediáticas y por las oligarquías económicas locales como imperiales, para, al fin y al cabo, alzarse como “alternativas populares” (Gaudichaud y Toussaint, 2024).
También hay que destacar que la prioridad dada a las agendas propias por las diplomacias de países como Argentina y Brasil, que han provocado desencuentros en sus respectivas visiones y capacidades para aunar voluntades a la hora de actuar coordinadamente; mientras Brasil mantiene sus pretensiones para integrar el Consejo de Seguridad de la ONU y es el único miembro latinoamericano -en esa categoría- del BRICS, Argentina eleva sus expectativas respecto a la OTAN; de miembro extra OTAN a socio global. De similar modo, tampoco resultó menor el conflicto entre Uruguay y Argentina por la instalación de plantas de celulosa en la costa del Río Uruguay, cuando ambos países tenían gobiernos progresistas (2005-2010).
Las intentonas de golpe y golpes consumados (Bolivia, 2008; Honduras, 2009; Ecuador, 2010 y Paraguay, 2012), intensificadas a partir de 2008, tras el fallido en Venezuela (2002), demostraban que la reacción continental no permanecería pasiva ante el ascenso de la izquierda.
A partir del 2014 la ofensiva derechista motivada y respaldada financieramente desde Estados Unidos multiplicó sus esfuerzos por desestabilizar políticamente y desacreditar a los gobiernos progresistas; se articularon coaliciones de derecha; se incrementó la guerra económica contra Venezuela; se instrumentó la judicialización de la política –“lawfare”–, tal como lo ilustró los casos de Dilma y Lula en Brasil, Cristina en Argentina, y el vicepresidente Jorge Glas en Ecuador; se intentó destruir UNASUR y neutralizar la CELAC, mientras que el fracaso del ALCA a principios de siglo trata de ser superado con la Alianza del Pacífico (Correa, 2023). Este último, en vinculación con las iniciativas del Grupo de Lima y del Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), lo cual habla de la pérdida del consenso regional en un escenario de fragmentación ideológica llevado al límite. Entre 2009 y 2019, ocho de esos gobiernos fueron, o bien derrocados o bien derrotados, y uno traicionado, mientras que los dos restantes eran sometidos a un intenso asedio (Regalado, 2021).
Asimismo, el agravamiento de la guerra multidimensional contra Venezuela ha polarizado a los gobiernos latinoamericanos y ha significado un debilitamiento de los foros regionales en detrimento de la OEA, donde Estados Unidos intenta imponer su voluntad, a través de una figura tan servil a sus intereses como Luis Almagro.
Como contrapesos en este periodo pueden mencionarse las victorias de López Obrador y Claudia Sheinbaum en México en 2018 y 2024, respectivamente; de Alberto Fernández en Argentina (2018); la liberación de Lula en noviembre de 2019; la elección de Gabriel Boric en Chile (2021); el triunfo histórico del presidente Gustavo Petro en Colombia en 2022 y el retorno al poder del MAS en Bolivia en 2021. A esto se añade la elección de Xiomara Castro en Honduras (2022), quien ha mantenido durante su mandato una política exterior independiente, y de Bernardo Arévalo en Guatemala (2023), candidato del movimiento Semilla, formación progresista apoyada por históricos sectores de la izquierda de ese país. El triunfo de Lula de 2022 significó que cuatro de las cinco principales economías de América Latina pasaran a ser gobernadas por la izquierda, secuencia interrumpida por la elección del ultraderechista Javier Milei en Argentina (2023).
Sin embargo, más allá del movimiento pendular entre izquierdas y derechas, donde muchas veces el regreso o elección de fórmulas progresistas obedece a un voto de castigo a las políticas antipopulares de la derecha, la vigencia de la preferencia por la izquierda es consistente con procesos de amplias movilizaciones populares, como los estallidos sociales ocurridos en Colombia y Chile en 2019, que visibilizaron el malestar existente en amplias franjas de la sociedad afectadas por una desigualdad crónica.
Estos reflujos y alternancias muestran una región en constante reconfiguración de su mapa político, en la que los procesos electorales van definiendo la inclinación de América Latina hacia la izquierda o la derecha, con un fuerte impacto en la integración.
Si bien no es posible afirmar categóricamente un retorno al ciclo progresista, al menos no de la misma manera en que se manifestó durante los tres primeros lustros del presente siglo, si es indiscutible que la izquierda sigue apostando seriamente por la integración, algo en lo que coinciden varios autores.
(Padilla González, Costa Ramírez y Castro Loredo, 2024) señalan que teniendo en cuenta el devenir histórico de la CELAC y de América Latina y el Caribe, no se puede dejar de desconocer la influencia directa de la correlación de fuerzas regional en el dinamismo de este mecanismo. En este contexto, la tendencia al progresismo posiciona a la Comunidad como un actor clave en las relaciones políticas de América Latina y el Caribe con otros actores internacionales de relevancia.
(Morales, 2024) explica además que en términos de política exterior uno de los rasgos que distingue los posicionamientos de las fuerzas de extrema derecha es la impugnación del regionalismo y los procesos de concertación e integración regional. Si bien el llamado fin del ciclo progresista en la región significó un retroceso de estos mecanismos, la agresividad y/o desinterés de los representantes de estas fuerzas políticas podría limitar aún más la capacidad de acción de estas organizaciones. La reacción contra los procesos de integración, que buscan construir una arquitectura regional sólida e independiente de Estados Unidos, constituye un objetivo común para toda la derecha regional (Morales, 2024).
Perspectivas de la integración en relación con el momento actual que atraviesa la izquierda latinoamericana
Los siguientes elementos nos permiten exponer nuestra perspectiva sobre el estado actual de la integración latinoamericana y caribeña, en relación con el rol y los desafíos que enfrenta la izquierda gobernante en pos de la consecución de este objetivo:
1. Los gobiernos de derecha han demostrado no tener un verdadero interés por la integración regional, la cual supeditan a su alineamiento con Estados Unidos. Un ejemplo fehaciente lo constituyen la salida de Brasil de la CELAC durante el gobierno de Jair Bolsonaro y las posiciones excluyentes de presidentes como Iván Duque de Colombia, Luis Lacalle de Uruguay, y Javier Milei de Argentina, quienes han singularizado a naciones como Cuba, Venezuela o Nicaragua, llegando a acusar a los mecanismos de integración de estar “ideologizados”. La existencia del Grupo de Lima desde 2017, con una clara voluntad de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela y atacar su soberanía, constituye un ejemplo nítido de las posiciones entreguistas y funcionales a Estados Unidos de los gobiernos de derecha, lo cual ha significado un duro reto a la posibilidad de presentar un frente unido supranacional, con una política exterior conciliada e independiente, que represente los verdaderos intereses latinoamericanos y caribeños y que excluya cualquier posibilidad de injerencia en los asuntos internos de sus naciones. Como norma, la derecha gobernante no reconoce y, por tanto, excluye a las izquierdas gobernantes.
2. La injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de los países latinoamericanos es permanente, evolutiva y estructurada, torpedeando a través de sus agencias y mecanismos los procesos electorales donde la izquierda tiene posibilidades de vencer, y desestabilizando a los gobiernos que no hacen concesiones a sus intereses, a través de guerras no convencionales. La exaltación pública de la Doctrina Monroe durante la administración Trump expuso sin ambages que Estados Unidos continúa considerando a América Latina y el Caribe como su “patio trasero”. Su conexión orgánica con gobiernos de derecha como el de Jair Bolsonaro en Brasil o el de Iván Duque en Colombia significó un espaldarazo a las posiciones de confrontación de estas administraciones hacia el progresismo latinoamericano. Un ejemplo reciente, fueron las manifestaciones de intromisión en los asuntos internos mexicanos -declaraciones del embajador estadounidense sobre la reforma del poder judicial, injerencia en la campaña electoral- lo que llevó al gobierno mexicano a pausar su relación con la embajada de Estados Unidos.
3. Los retrocesos de proyectos de izquierda por el desgaste de los liderazgos históricos y su incapacidad para renovarse, por la comisión de errores tácticos y estratégicos propios, por traiciones internas o por la aplicación del lawfare8 han lastrado la capacidad nacional de sus países para dar continuidad a posiciones ya establecidas en pos de la integración. La debilidad prevaleciente en las fuerzas de izquierda regionales y la vulnerabilidad de algunos gobiernos progresistas, aun cuando se encuentran en el poder, hace más difícil enfrentar el empuje de las tendencias reaccionarias. A partir de esta realidad, la concertación política se encauza por el retorno gradual y la recuperación de agrupaciones preexistentes como único camino viable para compartir y defender posiciones comunes ante las crisis y enormes desafíos que enfrenta la región (Sierra, 2022).
4. Las fracturas internas del arco de gobiernos de izquierda se han profundizado. Es evidente que no todas las izquierdas gobernantes adhieren las mismas posiciones, pero hasta etapas anteriores se había mantenido un consenso. La aparición de fricciones y conflictos bilaterales, acusaciones mutuas, y desconocimiento de procesos no contribuyen al fin mayor de la unidad regional y a la anhelada integración. Los gobiernos que se identifican con la izquierda y que excluyen a sus pares ideológicos, se unen al juego de la derecha, y abren una brecha aun mayor entre todos. Ante los actuales retos globales, es necesario que la izquierda latinoamericana, más allá de sus intereses nacionales, aúne esfuerzos a través de una alianza de gobiernos progresistas. Para ello debe concertar en cada espacio internacional posible, acciones que debiliten los niveles de dominación y hegemonía de Estados Unidos en la región, denunciando cualquier hecho de intromisión.
5. La existencia y resistencia de los procesos políticos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia constituyen una garantía de defensa de la integración regional sobre bases contra hegemónicas, apesar de la pérdida de influencia y liderazgo de la Venezuela bolivariana, concentrada en su propia supervivencia como proyecto nacional frente a una permanente guerra multidimensional de desgaste que disminuyen su capacidad de acción, con un fuerte impacto de la caída de los precios del petróleo. El desconocimiento de la institucionalidad venezolana y la creación de foros políticos para intentar aislar al gobierno bolivariano, más allá de buscar el fracaso de este proyecto político, significó un duro desafío a la reciente CELAC, causando en parte que este mecanismo entrase en un proceso de reflexión que se extendió durante 2018 y 2019.
6. La situación actual de Venezuela tiene una incidencia perceptible en el desarrollo de los proyectos del ALBA, lo cual limita un mayor protagonismo de este grupo, aunque este se mantiene activo con diversas iniciativas, incluido en lo político a través de la emisión de pronunciamientos y la celebración de cumbres ante hechos que afectan la soberanía de sus miembros o la de otros países con los que existe afinidad política.
7. La continuidad y consolidación del proceso de la Cuarta Transformación en México, impulsado por los gobiernos de Morena, pone a este país en una posición favorable para ejercer liderazgo y consensuar posiciones, lo cual se suma a su peso geopolítico y tradición diplomática. Claudia Sheinbaum debe dar continuidad a los esfuerzos integradores encabezados anteriormente por Hugo Chávez y Luiz Inácio Lula da Silva, y más recientemente por su antecesor, quien prácticamente mantuvo viva la CELAC ante intentos desestabilizadores durante la etapa de COVID.
La presidencia mexicana de la CELAC en 2020 y 2021 contribuyó a superar y poner fin al proceso de reflexión por el que transitó la Comunidad a partir de 2018. México favoreció la reactivación del mecanismo, dando un nuevo impulso a la concertación. Bajo el liderazgo mexicano, la CELAC devino como actor clave para fomentar respuestas conjuntas a la pandemia de la COVID-19 y volver a unir a la región en espacios de intercambio intra y extra regional, lo que se ha mantenido con las presidencias posteriores (Padilla González, Costa Ramírez y Castro Loredo, 2024).
8. Brasil tiene una agenda propia mediante la cual busca proyectarse como líder latinoamericano, que puede colisionar con los intereses de la integración regional.
9. Los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia, de Xiomara Castro en Honduras y de Bernardo Arévalo en Guatemala, han sido altamente asediados por la reacción interna, algo previsible en países donde las fuerzas conservadoras han detentado el poder históricamente.
10. Las izquierdas gobernantes tienen toda la capacidad para proponer e implementar proyectos que promuevan una verdadera integración, sobre bases de cooperación justa, que respete y tenga en cuenta las asimetrías existentes, lo cual permitiría dar respuesta a necesidades populares como la erradicación del analfabetismo, la desnutrición y el tratamiento a enfermedades prevenibles. El ALBA y los resultados que ha alcanzado ha sido y es un ejemplo de todo lo que se puede lograr bajo esta premisa. En no pocos casos, demostraron su capacidad para paliar algunos de los graves efectos que dejaron los gobiernos neoliberales como los elevados índices de desempleo, la precarización y la exclusión social, además de adoptar políticas que beneficiaron a amplios sectores privados del acceso al sistema educativo y a los servicios sanitarios. Esto en contraposición a la incapacidad demostrada por los gobiernos de la derecha en el continente para manejar la grave pandemia de la COVID-19, así como para enfrentar la crisis socioeconómica y de gobernabilidad manifestada en Chile, Perú y Colombia.
11. Dado el carácter dependiente de la política exterior de la Unión Europea respecto a Estados Unidos, la CELAC podría representar una de las vanguardias que impulsen la construcción de un nuevo orden mundial multipolar, donde puede llegar a ser un influyente actor geopolítico. Para ello, los gobiernos de izquierda deben empezar por recomponer los diferentes mecanismos de integración y concertación que han sido desarticulados por la derecha como UNASUR y CELAC, y reimpulsar otros como el ALBA.
12. A su vez, para alcanzar la transformación económica y social en América Latina es indispensable rebasar las fronteras nacionales. La cooperación entre cuatro de las cinco grandes economías latinoamericanas, ahora dirigidas por la izquierda, debe convertirse en prioridad para combatir coordinadamente la desigualdad social, la inseguridad y la violencia, que impactan directamente en los altos flujos de migraciones intrarregionales.
13. Uno de los grandes aportes que podrían hacer las izquierdas en el poder es la construcción de alternativas al capitalismo, no solo en el ámbito económico, mediante el rescate del papel del Estado, sino sobre todo en el ámbito cultural, ofreciendo resistencia a la hegemonía cultural y mediática del capitalismo, y defendiendo los valores autóctonos e identitarios de la región, que irremediablemente conducen a una mayor integración a través de la defensa de lo común.
CONCLUSIONES
Hoy la anhelada integración latinoamericana no parece estar mucho más cerca en términos prácticos, aunque formalmente se haya dado un paso gigantesco con la creación de la CELAC en 2011. Su máximo logro es su propia supervivencia como foro de concertación política frente a las amenazas externas, las cuales, sin embargo, persisten. La izquierda gobernante, a pesar de las debilidades y falta de maduración de sus propios procesos, debe dar pasos concretos en pos de la verdadera integración. Para ello, es prioritario que consolide sus procesos internos, de manera que pueda dar continuidad al ideal de integración que defienden. Lo otro, es aunar esfuerzos y confluir en la adopción de decisiones de modo que sea realidad la izquierda latinoamericana como un sujeto político activo.
Al mismo tiempo, resulta primordial la consolidación de un foro que permita a todos los países de América Latina y el Caribe pronunciarse de conjunto ante sus interlocutores internacionales, lo que a su vez posibilitará ser reconocido como el importante actor geopolítico que puede llegar a ser, tal cual ocurre hoy con la Unión Europea (UE) o la ASEAN en el sudeste asiático, en un mundo en transición intersistémica. Para ello los 33 países representados en la CELAC, pero, sobre todo, aquellos donde gobierna la izquierda, deben promover la unidad sobre la base del respeto a las diferencias ideológicas entre los gobiernos, enarbolando como principio inviolable el concepto de “Unidad en la diversidad”.
La izquierda gobernante debe proponer proyectos basados en experiencias con un fuerte contenido social, como las que promovió el ALBA, que permita la búsqueda de soluciones a los desafíos comunes. De igual modo, debe sumarse activamente a apoyar proyectos contra la desigualdad, el cambio climático, el narcotráfico y la discriminación de género, así como promover iniciativas que queden blindadas y sea difícil de desmontar por futuros gobiernos de derecha.
El desprestigio de la partidocracia tradicional junto al nefasto saldo social dejado por el neoliberalismo en una década; y la estructuración y desarrollo gradual de movimientos políticos representativos de las mayorías, han incidido en el paulatino cambio de signo político del continente, con el ascenso de la izquierda por la vía electoral.
Desde la primera de todas las victorias electorales del Comandante Hugo Chávez en 1998 hasta el retorno a la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil en enero de 2023, y la victoria de Claudia Sheinbaum en junio de 2024, mucho han avanzado los proyectos progresistas, que, sin embargo, también han enfrentado la más cruenta reacción interna y externa. Pero en todo este lapso, los esfuerzos de integración no hubieran sido posibles sin un verdadero sentimiento latinoamericanista, promovido principalmente por la izquierda en el poder. De su capacidad de resistencia, renovación y continuidad dependerá que puedan seguir impulsando el proyecto integracionista de Nuestra América en el complejo contexto global actual, en el cual la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ha sido la única extensión territorial en nuestra aldea global que se ha autoproclamado como “Zona de Paz Mundial”, una conquista que debe preservarse a toda costa.
notas
1 La presidencia de Donald Trump (2017-2021) exacerbó los discursos más agresivos, favoreció el avance de estas fuerzas (derecha y extrema derecha) en los sistemas políticos latinoamericanos e incidió en que algunos gobiernos abandonaran posiciones consideradas de centro para asumir posturas más agresivas frente a los gobiernos progresistas (Morales, 2024).
2 En el año 2008, en 12 países latinoamericanos gobernaba la izquierda.
3 A mediados de los años noventa reinaban en casi todos los países latinoamericanos versiones criollas del neoliberalismo norteamericano, instaladas o apoyadas por Washington: los gobiernos de Carlos S. Menem en Argentina, Alberto Fujimori en Perú, Fernando Henrique Cardoso en Brasil, Salinas de Gortari en México, Sánchez Losada en Bolivia, etcétera. (Perry, 2004).
4 Las dos principales guerrillas centroamericanas participaron en procesos de paz, El Salvador en 1992 y Guatemala en 1996. A finales de los noventa solo existía lucha guerrillera a gran escala en Colombia.
5 Néstor Kirchner falleció en 2010.
6 Lugo fue destituido por un golpe parlamentario en 2012.
7 Por primera vez América Latina y el Caribe participó en un diálogo interregional, con las celebraciones de las Cumbres CELAC-UE (2012, 2015 y 2023), y de los Foros CELAC-China (2015, 2018 y 2021).
8 La guerra judicial o golpes de estado judiciales, conocidos como lawfare, fueron aplicados en Brasil contra Dilma y Lula; contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y contra Rafael Correa en Ecuador.
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