INTRODUCCIÓN
Asistimos en la actualidad a un escenario global por demás conflictivo, en plena transición geopolítica que tiene lugar en este siglo, dada la crisis de hegemonía anglo-estadounidense y el ascenso de polos (re)emergentes euroasiáticos y de la región Asia-Indo-Pacífico. En ese contexto, desde los albores del milenio se ha identificado una carrera creciente por el acceso y la disponibilidad sobre los recursos naturales considerados estratégicos (RNE) para la economía mundial capitalista y las potencias en pugna (Klare, 2003). Se puede advertir que ello obedece a distintos factores: el agotamiento o escasez de algunos de ellos (en especial en materia de yacimientos hidrocarburíferos terrestres), así como al productivismo y consumismo desenfrenado que conlleva el capitalismo global contemporáneo, el ascenso de China e India (los dos países más poblados del mundo y cuyos enormes índices de crecimiento han implicado una gran demanda de fuentes energéticas), y la puja por la hegemonía mundial entre el bloque occidental comandado por Estados Unidos (EE.UU.) y el oriental con centro en China.
Según la lectura que aquí se sostiene, a raíz de la pandemia de Covid-19 y la nueva etapa de la guerra en Ucrania, se dispara un nuevo momento geopolítico configurado por la agudización de la transición histórico-espacial del sistema mundial, en su fase de caos sistémico y guerra mundial híbrida (Merino et al., 2024). Ante esta nueva fase pospandemia del desorden mundial, se profundizaron las preocupaciones acerca de la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y el acceso sobre materias primas y RNE. El foco se posó sobre insumos sanitarios y vacunas en el marco de la pandemia, y sobre alimentos y energía en el contexto de la guerra en Ucrania, a lo cual podríamos agregar la creciente agenda de minerales críticos para la transición energética. De este modo, la cuestión de la seguridad (nacional, energética, alimentaria y/o de las cadenas de suministro) ha asumido un papel clave en los últimos años en la reconfiguración geoeconómica y geopolítica contemporánea.
A su vez, la presencia de RNE ha revalorizado los espacios geopolíticos, como señalan Caplan y Eissa (2015), y en particular respecto a lo que denominan complejo sistémico (o “todo geopolítico”) Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, reservorio de preciados recursos ictícolas, hidrocarburíferos, minero-metalíferos y de agua dulce. Hablamos de la Cuestión Malvinas (comprendiendo también a las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y sus espacios marítimos correspondientes), un enclave estratégico usurpado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, Reino Unido o RU) en 1833 y que constituye el más antiguo conflicto de soberanía del sistema internacional, a la vez que representa una sentida causa popular argentina con proyección global (Biangardi, 2017). Ello se concibe y aborda en forma articulada con las cuestiones del Atlántico Sur occidental y la disputa por el acceso y control sobre el “continente blanco”, dado que la proximidad geográfica de las Islas del Atlántico Sur –como también de la Isla Grande de Tierra del Fuego y el extremo sur del continente americano– les otorga un papel estratégico para la carrera en curso por constituir la “puerta de entrada” en términos logísticos a la Antártida.
El petróleo, en particular, que comenzó a explotarse industrialmente hacia fines de siglo XIX, fue constituyéndose con el correr del siglo XX como fuente energética básica y materia prima preponderante de la economía mundial. Ello le valió el apodo de “oro negro” y le otorgó un estatus de suerte de arma geopolítica, habiendo motivado múltiples disputas estratégicas y toda una serie de golpes de Estado en diversos países petroleros. Luego de las crisis del petróleo de los años ’70, el gas natural comenzó a ser utilizado en gran escala, incorporándose masivamente al sistema energético mundial (Fernández Durán y González Reyes, 2018). Entrado el siglo XXI, muchos de los principales campos petroleros descubiertos desde la década de 1950 en adelante mostraban signos de “cenit” productivo –esto es, el “fin de la era del petróleo fácil”–. Ante este riesgo de agotamiento, toma forma un nuevo orden energético, incentivándose la búsqueda de otras fuentes de recursos que definen una nueva geopolítica de la energía (Guerrero, 2016). Si bien existe un posicionamiento creciente de la agenda global de transición energética hacia fuentes limpias y renovables, lo cual conlleva una necesaria descarbonización, dado el nocivo impacto ambiental de los combustibles fósiles, fundamentalmente en materia de cambio climático, los hidrocarburos continúan teniendo un rol esencial y siguen constituyendo la principal fuente energética a nivel mundial1. Ello obedece a su mayor rendimiento energético, especialmente en el caso del petróleo, como también a la puja geoestratégica señalada.
La explotación de hidrocarburos costa afuera (HCA) –u offshore– se constituye como una de las innovaciones en las formas de exploración y explotación de hidrocarburos de gran dinamismo y proyección ya que, desde fines del siglo pasado, más del 90% de los grandes descubrimientos de hidrocarburos en el mundo se dieron bajo las aguas de los mares (Baruj y Drucaroff, 2018). En este punto aparece un gran potencial estratégico, tanto en los espacios marítimos argentinos, de los más extensos e inexplorados del mundo, como en el sistema Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. En efecto, desde los años 70 y a raíz de las crisis del petróleo, se identificó la existencia de muy importantes recursos hidrocarburíferos bajo las aguas circundantes a las Islas Malvinas, dando lugar a sucesivas campañas de exploración y prospección, y en la actualidad el gobierno de ocupación isleño y un consorcio empresarial israelí-británico se aprestan a dar inicio por primera vez a la extracción petrolífera.
La Argentina, por su parte, ha experimentado vaivenes de cooperación y sanción con respecto a la actividad hidrocarburífera en Malvinas (a tono con su “pendularidad” estructural en términos de proyecto de país) desde los años 90. A su vez, usufructúa HCA desde los años 80 en la provincia de Tierra del Fuego –jurisdicción de Malvinas, las islas del Atlántico Sur y su sector antártico para el país–, y luego del boom de los hidrocarburos no convencionales de la formación Vaca Muerta, desde 2010, ha emprendido en los últimos años una avanzada exploratoria en sus mares a la par de su labor pionera en la delimitación de su plataforma continental en los órganos internacionales (Kataishi y Welsch, 2022; Bilmes y Kataishi, 2023).
Por otro lado, la presencia de hidrocarburos en la Antártida es conocida desde los años 80, aunque su exploración y explotación se encuentra prohibida por el Sistema del Tratado Antártico. En 2024 se produjo la rimbombante noticia de un presunto descubrimiento ruso del “hallazgo petrolero del siglo” en el Mar de Wedell, en una zona bajo disputa de soberanía entre Argentina, Reino Unido y Chile. La Argentina, en particular, cuenta con la presencia antártica más antigua e ininterrumpida del mundo, pero tiene importantes desafíos para su programa antártico si no quiere quedar rezagada a futuro (Memolli, 2021).
En todo este marco señalado, este trabajo analiza la disputa geopolítica que se cierne en torno a los recursos hidrocarburíferos del Atlántico Sur y la Antártida, considerando las implicaciones estratégicas que ello presenta para la disputa de soberanía existente sobre estas regiones, en un mundo en pleno caos sistémico y transición de poder. El enfoque empleado abreva en la perspectiva geopolítica latinoamericana, la cual aborda la proyección del poder en el espacio desde una posición situada en el lugar de la región en el sistema mundial (Gandarilla et al., 2016). Se adoptó una estrategia metodológica de tipo cualitativa, basada en la recopilación, relevamiento, sistematización y análisis de información recurriendo a informes y bases de datos de entidades públicas y privadas, periódicos y portales especializados, junto con la revisión de literatura especializada en la temática.
El trabajo se organiza de la siguiente manera. Luego de esta introducción se analiza la incidencia del petróleo en torno a la Cuestión Malvinas, desde los años 70 hasta la actualidad. A continuación, se da cuenta del lugar que ocupa este tópico en la Antártida, con particular foco en el trasfondo y las perspectivas que abre la noticia sobre el “hallazgo petrolero del siglo” en sus aguas. Finalmente, se concluye con un breve análisis integrador y la postulación de ciertos desafíos futuros para la posición argentina y latinoamericana ante la transición geopolítica contemporánea.
DESARROLLO
La cuestión del petróleo en torno a Malvinas
Los hidrocarburos son parte central de la disputa entre el Reino Unido y la República Argentina desde los años 70 (Livingstone, 2022). En ese entonces, Argentina venía avanzando con fuerza en los foros diplomáticos internacionales acerca de la justeza de su reivindicación en torno a Malvinas y había llegado a establecer enlaces aéreos, marítimos y de provisión de servicios en materia de energía y transporte en las islas a través de sus empresas estatales YPF, Gas del Estado, ELMA y LADE. Señala Bernal (2011) que, temeroso de perder su enclave estratégico en el Atlántico Sur, el RU delineó un plan para modernizar la economía de las islas, hasta entonces muy precaria, que proyectaba pasar de la lana a la pesca y luego al petróleo. Estos factores, sumados a la crisis del petróleo de 1973, motivaron una serie de expediciones geológicas de exploración de la plataforma continental circundante a Malvinas. Así, entre 1974 y 1976, los Informes Griffiths y Shackleton permitieron a los británicos tomar conciencia de las grandes riquezas económicas que albergan las aguas circundantes a las islas del Atlántico Sur en materia de hidrocarburos y minerales estratégicos2.
Luego de su victoria en la guerra del Atlántico Sur de 1982, el RU pudo desplegar sus objetivos estratégicos de seguridad militar y económica en las islas. En primer lugar, mediante la construcción de la “Fortaleza Malvinas”, esto es, la gran base militar en Mount Pleasant. Luego, con el despliegue de un régimen de licencias de pesca, para lo cual definieron una Zona Económica Exclusiva circundante a Malvinas para la explotación pesquera, ampliando unilateralmente las zonas reclamadas como propias. Así, comenzaban a consolidar su dispositivo estratégico a través de la ocupación militar y comercial-económica efectiva en toda la zona. En la actualidad, Malvinas representa una de las zonas más militarizadas del mundo y una suerte de “paraíso pesquero” (al representar esta actividad la principal fuente de ingresos de las islas, alrededor del 60% del PIB isleño), siendo uno de los territorios con mayor PBI per cápita del mundo, dada esta gran riqueza para una muy pequeña población (Ortega, 2022).
Para ello jugó un papel importante el diseño normativo y logístico necesario para usufructuar los RNE circundantes a Malvinas. Los Acuerdos de Madrid (1989-1990) entre RU y Argentina, bajo las presidencias de “Tony” Blair y Carlos Menem y en base a la fórmula del “paraguas de soberanía”, facilitó los negocios británicos. En 1991, el gobierno isleño (FIG por las siglas de su denominación oficial en inglés) modificó su legislación minera para habilitar la exploración hidrocarburífera offshore. A la par, se firmaron varios acuerdos bilaterales argentino-británicos en torno al usufructo de los RNE como el Acuerdo de Petróleo de 1995 y la Comisión de Hidrocarburos del Atlántico Sudoccidental, la cual funcionó hasta el año 2000. No obstante, según señala Berardi (2022), no se avanzó en cooperación bilateral efectiva relacionada a hidrocarburos, sino que RU llevó adelante, de forma unilateral, la adjudicación de licencias para la exploración y explotación de petróleo y gas en la zona bajo disputa, inmediatamente después de la suscripción de los acuerdos petroleros. Así, el gobierno de las Islas Malvinas –ilegítimo y de ocupación– otorgó licencias desde 1996, cuya casi totalidad fue adquirida por pequeñas y medianas compañías, algunas de ellas creadas para tal fin y cuya mayoría tiene sede en RU y/o en Malvinas. Se trata de compañías como Desire, Rockhopper, Premier, Lasmo, Tullow, Argos, FOGL y Borders. No obstante, cabe señalar que grandes transnacionales británicas como British Petroleum y Royal Dutch Shell tuvieron un rol importante: BP como patrocinante de las primeras pesquisas de los años ’70, y Shell realizó tareas clave para la prospectiva petrolera en Malvinas en términos de estudios sísmicos y geoquímicos que resultaron cruciales para que las primeras pudieran ajustar y precisar sus programas exploratorios (Bernal, 2011)3.
Se desarrollaron tres campañas de prospección y exploración: en 1998, 2010-13 y 2015-16. La primera tuvo malos resultados, pero en la segunda se anunció el descubrimiento de petróleo en la promisoria formación Sea Lion (León Marino), en la Cuenca Norte, a 220 km de las islas, y en 2016 se anunciaría su carácter de yacimiento “de clase mundial”. Sin embargo, los planes para empezar a extraer petróleo de Sea Lion se han demorado y pospuesto reiteradas veces, y no se ha logrado aún pasar a la fase de producción. La compañía británica Rockhopper, que descubrió el yacimiento en 2010, vendió en 2021 el 65% del proyecto a la compañía israelí-estadounidense Navitas Petroleum, la cual pasó a ser el principal operador, siendo la que encabeza actualmente este proyecto, cuya ubicación se puede apreciar en la Figura 1.
Actualmente existen 15 licencias de producción vigentes (Falkland Islands Government, 2024). Señalan Varela y Altieri (2022) que el FIG precisa de mejora infraestructural (helipuerto, viviendas y plantas de refinación, entre otros) y de personal adicional para el desarrollo de un importante plan de producción. En este sentido, se viene convocando a la participación de empresas proveedoras para el proyectado inicio del proceso de extracción, y se llevó a cabo una consulta a su población entre julio y agosto de 2024 relativa a la declaración de impacto ambiental presentada por Navitas, en busca de legitimar el inicio de la perforación de pozos de producción offshore4.
La cuestión ambiental es uno de los puntos sensibles para cualquier proyecto hidrocarburífero en la actualidad, en pleno auge de la agenda de transición energética. Al respecto, grupos ecologistas retoman informes de la Agencia Internacional de la Energía que señalan que no existe más espacio en el presupuesto de carbono para nuevos proyectos de petróleo y gas de ciclo largo (García Vega, 2024). No obstante, las actividades avanzan a paso firme en Malvinas y el RU, gobernado ahora por laboristas que han prometido prohibir nuevas exploraciones hidrocarburíferas en aguas británicas; alegan no poder parar al FIG porque “efectivamente se gobiernan a sí mismos” (Pearcey, 2024). Así, ocultan que su Territorio Británico de Ultramar (según la denominación oficial, BOT por sus siglas en inglés) forma parte de su histórico dispositivo estratégico desde su era imperial clásica, más allá de la búsqueda por dotarlo de legitimidad mediante la Constitución de 2008 (definida por la monarca británica) y el referéndum de 2013, de obvios resultados en favor de conservar el estatus de BOT, dado que se trata de una población trasplantada luego de la usurpación de 1833 (Biangardi, 2017).
- Fig. 1. Mapa de las Islas Malvinas y la ubicación de sus cuencas hidrocarburíferas circundantes, destacando el proyecto Sea Lion. Fuente: Magoc (s.f.)
Según las últimas estimaciones, Sea Lion contiene unos 1 700 millones de barriles de crudo, seis veces más que el mayor yacimiento de RU, Rosebank, situado en el Mar del Norte. Más allá de la veracidad de su potencial5, en caso de ser fructífera la explotación podrían generarse beneficios por millones de libras en términos de regalías e impuestos aplicados a las ganancias (entre 1 500 y 3 500 millones de dólares a lo largo del proyecto en caso de ser fructífero, según las distintas estimaciones), transformando la economía isleña. Al respecto, un portavoz de la consultora Rystad Energy compara a Malvinas con Guyana, “donde los ingresos del petróleo están cambiando la suerte del territorio” (García Vega, 2024), dado el boom de petróleo en alta mar descubierto en 2015 y que está generando enormes ingresos al pequeño país caribeño, e incluso ha reavivado un histórico conflicto de soberanía con Venezuela por la región del Esequibo (Silva, 2024). En efecto, en caso de prosperar la explotación petrolífera, las Malvinas podrían constituirse como un punto de abastecimiento energético mundial, dado que casi la totalidad de lo producido se exportaría hacia Reino Unido, Europa, EE.UU. y Asia. Para RU esto sería clave, ya que sus reservas petrolíferas en la cuenca del Mar del Norte vienen declinando a un ritmo acelerado, a lo que se suman sus compromisos ambientales con la agenda global de transición energética. Por ende, de prosperar el inicio de la extracción en Malvinas, ello afianzaría aún más la relevancia estratégica de las islas para RU y sus aliados, y representaría una gran dificultad adicional para la posición argentina.
Existen, igualmente, dificultades logísticas para explotar esos hidrocarburos sin acuerdo y cooperación con Argentina, tal como lo previera Edward Shackleton. Se trata de operaciones que requieren inversiones de gran monto y alto riesgo, que demandan buenas condiciones impositivas y “seguridad jurídica” (Biangardi, 2017). Reiterados acuerdos entablados bajo presidencias argentinas de signo neoliberal y pro-occidental han garantizado esta necesidad estratégica británica, brindando facilidades logísticas e información estratégica para el usufructo imperialista de los RNE como la pesca y el petróleo: a los mencionados de 1989-1990 se suman los Acuerdos Foradori-Duncan, de 2016, bajo los gobiernos de Mauricio Macri y Theresa May, y Mondino-Lammy, de 2024, bajo los gobiernos de Javier Milei y Keir Starmer. Se trata de acuerdos que comparten el mismo espíritu de cooperación en función de supuestos “negocios conjuntos”, poniendo la disputa de soberanía entre paréntesis (de ahí la idea de “paraguas”). En el medio, bajo la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) se había dado de baja la cooperación en materia petrolera, pesquera y científica heredera de los acuerdos de 1989-1990, y la causa Malvinas se revigorizó y proyectó a nivel global bajo las presidencias de Cristina Fernández (2007-2015), mientras que, en 2023, bajo la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023), se dio de baja el Acuerdo Foradori-Duncan. Estos vaivenes guardan relación con la histórica pendularidad argentina entre proyectos de país antagónicos.
En este marco, Argentina declaró desde 2011 como ilegal la operación de empresas en la plataforma continental de las Islas Malvinas sin el permiso de autoridades argentinas y se definieron una serie de penalidades (Ley N° 26.659/11 y su modificación mediante la Ley N° 26.915/13). Frente al incumplimiento de esta legislación, dado que las empresas hidrocarburíferas continuaron operando allí, la Secretaría de Energía de la nación adoptó una serie de resoluciones entre 2012 y 2015 declarándolas ilegales e inhabilitándolas por 20 años para realizar actividades en territorio argentino. Sin embargo, según señala Natalizio (2021), esta legislación fue quebrantada en 2019, en el último año de gobierno de Macri, mediante la adjudicación de permisos de exploración a raíz del Concurso Público Internacional Costa Afuera N°1 (“Ronda Argentina 1”), una nueva campaña exploratoria de los espacios marítimos argentinos, que se ubican entre los más grandes e inexplorados del mundo6. Se concedieron permisos a dos compañías petroleras que infringían lo establecido en aquella ley: Tullow Oil y Equinor. La primera, británica, que había tenido participación en 2007 en siete licencias ilegítimas isleñas al sur y oeste de Malvinas, obtuvo en la licitación argentina de 2019 tres áreas en la Cuenca Malvinas Oeste (MLO-114 y 119, en un consorcio con la argentina Pluspetrol y la alemana Wintershall7, y MLO-122, en soledad), ubicándose las dos primeras a una distancia de 100-150 km de las Islas Malvinas, en una misma formación geológica a la licitada ilegalmente por el gobierno malvinense. La segunda, petrolera nacional noruega (antigua Statoil), contaba en su directorio con Anne Drinkwater, quien fuera directora de Tullow entre 2012 y 2018, y se desempeñara como asesora petrolera del gobierno isleño entre 2013 y 2019 (Bernal, 2019).
En fin, entre 2021 y 2022 se sancionó a tres empresas por operar ilegalmente en la plataforma continental argentina, siendo Navitas una de ellas. De este modo, sumando las sanciones de 2012-2015 y 2021-2022 ya son más de diez las compañías sancionadas con multas e inhabilitaciones (Dinatale, 2022)8. No obstante, ante el giro político argentino luego de las elecciones de 2023 y a raíz del acuerdo Mondino-Lammy, en el reporte empresarial de Rockhopper9 (2024) publicado dos días después del comunicado conjunto, el director ejecutivo de la compañía, Samuel Moody, festejó el acuerdo de cooperación. Ello revela lo funcional que resultan este tipo de acuerdos de cooperación argentina con una potencia imperialista que usurpa casi un cuarto de su territorio10 y que en base a su poderío asentado en la “Fortaleza Malvinas” proyecta poder sobre el Atlántico Sur y sobre la Antártida; esto es, una de las grandes pujas territoriales próximas en este siglo en curso, en donde también se juega una carrera por el acceso a sus RNE.
Acerca del petróleo antártico
El “continente blanco” representa el último por conocer y dominar para el ser humano, y se estima actualmente como reservorio del 70-80% del agua dulce del planeta (un recurso esencial de proyectada escasez futura), en forma de hielo, y de importantes RNE energéticos, mineros y en materia de biodiversidad. Desde 1961, el continente se encuentra regido por el Tratado Antártico, que lo reserva para la paz y la ciencia, y congeló los reclamos de soberanía, en una experiencia pionera de gobernanza global que obedecía a una lógica de seguridad internacional en el marco de la Guerra Fría. Siete Estados han reivindicado soberanía sobre áreas antárticas: Argentina, Chile, Reino Unido, Noruega, Francia, Australia y Nueva Zelanda, mientras que las dos superpotencias de entonces, EE.UU. y la Unión Soviética, se reservaron el derecho de realizar su propio reclamo, considerando que tienen fundamentos para ello.
La cuestión petrolera en el sexto continente fue cobrando importancia a raíz de las crisis del petróleo de 1973-79, con motivo de lo cual buques de investigación oceanográfica de numerosos países emprendieron estudios de búsqueda de yacimientos petrolíferos, sobre todo cuando se tuvo conocimiento de que técnicos norteamericanos habían logrado extraer gas de un yacimiento subterráneo cerca de la base estadounidense MacMurdo Sud, lo que despertó el interés de las empresas vinculadas al negocio petrolero (Biangardi, 2017). Sin embargo, las dificultades tecnológicas del momento y los altos costos económicos que ello implicaba, sumado a los hallazgos hidrocarburíferos en regiones mucho más accesibles postergaron la continuación de aquellas prospecciones. Señala Damsky (2019) que la mayor probabilidad de encontrar hidrocarburos es en la plataforma submarina de las cuencas de los mares de Weddell, Amundsen, Bellingshausen y Ross, como también en la barrera de hielo de Amery, sin descartarse otras áreas, especialmente en la Antártida occidental.
En 1976, los Estados signatarios del Tratado definieron imponer una moratoria a la exploración y explotación de los minerales antárticos, y ello se reforzó años después con el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico (o Protocolo de Madrid), firmado en 1991 y que entró en vigor en 1998, el cual prohibe la exploración y explotación comercial de tales recursos, exceptuando las exploraciones con fines científicos11. Como señalan Civale y Valenti Randi (2024), un estudio de 1991 del Servicio Geológico estadounidense realizó una estimación de una importante cantidad de recursos de petróleo y gas (19 mil millones de barriles de petróleo recuperable y 106 billones de pies cúbicos de gas), fundamentalmente en el Mar de Weddell, presentando datos muy similares a los que se anunciaron con la rimbombante noticia del 11 de mayo de 2024, la cual despertó grandes suspicacias. La gran prensa mundial rotuló como “el hallazgo petrolero del siglo” al presunto descubrimiento de reservas por parte de Rusia en la Antártida, en el orden de los 511 mil millones de barriles de crudo, un extraordinario volumen que duplicaría las reservas de Arabia Saudita. La ubicación del presunto hallazgo despertó rispideces, al tratarse de la plataforma submarina en el Mar de Weddell, en una zona en que se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Chile y Reino Unido12, como se puede observar en la Figura 2.
Al indagar en el trasfondo de esta noticia, se advierte que los hechos refieren al debate del Comité de Auditoría Ambiental de la Cámara de los Comunes británica en una sesión especial –filtrado por el diario conservador The Telegraph (Leake, 2024)– sobre la exploración petrolera rusa en la región polar, con relación al trabajo de exploración del buque de investigación Akademic Alexander Karpinsky en una campaña de 2020. El buque es propiedad de Polar Marine Exploration & Expedition JSC, plataforma de apoyo naval e investigación científica en operaciones marítimas que opera el holding ruso de exploración geológica RosGeo, una empresa controlada por el Estado.
Según la lectura que aquí se sostiene, se trató de una operación de prensa con claras implicaciones geopolíticas, en plena agudización de las contradicciones estratégicas y la guerra mundial híbrida. En primer lugar, el presunto masivo descubrimiento de petróleo ruso no es nuevo, sino que –como se señaló–, esos recursos ya eran conocidos desde la estimación estadounidense de 1991. En segundo lugar, de ninguna manera se puede hablar de reservas, como se presentó mediáticamente, por tratarse de exploraciones sísmicas preliminares, sin efectuarse estudios más específicos ni perforaciones –en este caso, del subsuelo marítimo antártico–13, mientras que no se presentaron estimaciones de las posibilidades de recuperación de esos recursos potenciales.
- Fig. 2. Representación británica de la ubicación del “hallazgo petrolero del siglo” y de las reclamaciones de soberanía superpuestas en la Antártida. Fuente: extraído de Amalaraj (2024).
Cabe señalar que, para que un recurso hidrocarburífero sea considerado reserva, su explotación a lo largo de la vida del reservorio debe ser rentable y comercialmente atractivo para el mercado o el correspondiente Estado. Y si bien la tecnología avanza a paso firme hacia formas de extracción de petróleo y gas en formaciones que presentan dificultades crecientes (de esquistos, compactas, arenas bituminosas, en aguas profundas, etc.), la Antártida presenta altos costos logísticos y financieros para este tipo de actividad, con una gran distancia de los principales centros de consumo, lo cual genera una gran complejidad para la potencial explotación de los recursos hidrocarburíferos. La prensa occidental buscó trazar un paralelismo con la situación del Ártico, en donde el deshielo producido a raíz del cambio climático ha generado las condiciones para que se comience a extraer petróleo, siendo Rusia uno de los principales jugadores allí, junto a Estados Unidos y Noruega (Martínez y Rosa, 2024). Sin embargo, las condiciones son muy distintas, ya que además de una ubicación más próxima a los grandes centros de consumo, el Ártico presenta una situación jurídica diferente, sin un tratado internacional como el antártico (Civale y Valenti Randi, 2024).
Luego, al inscribir contextualmente el anuncio del “hallazgo petrolero del siglo”, se observa que ello se produjo una semana antes de la 46ª Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) en Kochi, India. La noticia buscó generar sospechas acerca de una posible violación rusa del Protocolo de Madrid, lo que implicaría un mapeo sísmico del lecho con miras a la extracción y comercio de hidrocarburos en lugar de tratarse de una mera investigación científica. Rusia, por su parte, negó estas acusaciones, afirmando que no se realizó ningún tipo de perforación, y que esos estudios fueron informados a todas las partes del Tratado14. Mariano Memolli, quien se desempeñó como director nacional del Antártico de la Argentina entre 2003 y 2016, ha sugerido que este hecho buscó forzar cambios en la gobernanza antártica en beneficio de la posición anglosajona, buscando cambiar el mecanismo de decisión de unanimidad por votaciones de mayorías, algo inconveniente para Argentina por el conflicto en el Atlántico Sur (Radio Gráfica, 2024).
Por su parte, señala Brignoni (2024) que en muchas embajadas se considera este hecho como una “operación de contrainteligencia británico-estadounidense” destinada a justificar la publicación posterior de un memorándum de seguridad nacional de EE.UU. para la región antártica (del 17 de mayo de 2024), luego de 30 años, en busca de reforzar su presencia militar y ampliar su flota de rompehielos “para complementar la base de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] en Malvinas y su control operacional sobre el Atlántico Sur y la Antártida”. Ello guarda relación con la ofensiva atlantista que se advierte en los últimos tiempos sobre toda esta región en disputa, frente a la creciente presencia china y rusa, y facilitada por el alineamiento pro-occidental sumiso y subordinado del gobierno argentino de Milei y sus políticas de destrucción o paralización de capacidades nacionales y estatales (Bilmes, 2024).
En esta nueva etapa de “relaciones carnales” que se advierte en materia geopolítica, diplomática, de seguridad y defensa, se destacan a este respecto las visitas al país de la jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, y el anuncio de abril de 2024, junto a Milei, de una base naval conjunta en Ushuaia para constituir un polo logístico antártico. Si bien ello parece no haber prosperado, debido a los procedimientos institucionales necesarios y las ambivalencias gubernamentales posteriores, muestra claramente la vocación colonial de la nueva administración, máxime cuando ello cambiaría la naturaleza de un proyecto del anterior gobierno, en el que el carácter integrado de esa base naval refería a las FF.AA. argentinas, no a otro Estado, y que fue concebido para ampliar las capacidades logísticas y recursos para oficiar de “verdadero eje de ese puente hipotético que nos une con la Antártida”, según expresó el exministro de Defensa argentino Jorge Taiana (Bilmes y Cisilino, 2024).
Es que la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (provincia que representa el “corazón” del país15), que fuera hasta hace unos años la ciudad más austral del planeta, tiene una ubicación estratégica debido a su proximidad con la península antártica (a mil km2 aprox.). Como señala Eissa (2024), las Islas del Atlántico Sur y el sector oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego están en el centro de un escenario estratégico, por lo cual se había definido en la Directiva de Política de Defensa Nacional del año 2021 y el Libro Blanco de la Defensa del año 2023, bajo el anterior gobierno, como un mismo sistema geoestratégico a la Patagonia argentina, el Sector Antártico Nacional, el Atlántico Sur y las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
En fin, resulta indudable que estos hechos se inscriben en la aguda puja geopolítica mundial, potenciada luego de la nueva fase de la guerra en Ucrania, desde 2022, suerte de enfrentamiento en territorio secundario entre la OTAN y Rusia. Al respecto, señalan medios occidentales que la gobernanza de las regiones polares se vio fuertemente afectada a raíz de la guerra en Ucrania16, a la par que expertos alertan que puede terminar primando la competencia en lugar de la colaboración en conservar la integridad de la Antártida (Mercopress, 2024). A ello se suma que, el 22 de febrero de 2024, un par de meses previo al anuncio del presunto “hallazgo petrolero del siglo”, con motivo del cumplimiento de dos años de la ofensiva rusa en Ucrania, el Departamento de Estado estadounidense publicó una nueva lista de sanciones a entidades, bienes y personas rusas, entre los cuales se encontraba el holding geológico RosGeo. A la par, se advierte en los últimos años la amenaza estratégica que representa para la hegemonía estadounidense-británica y occidental el vertiginoso ascenso de la República Popular China, en alianza con Rusia y los poderes emergentes (Merino et al, 2024). Este cuadro general se manifiesta claramente en la región bajo estudio, con una encendida diatriba por parte de los medios británicos alertando sobre la expansión de las capacidades chino-rusas en el Ártico y la Antártida. En efecto, Rusia es uno de los principales jugadores en el “continente blanco”, habiendo heredado los importantes desarrollos de la extinta Unión Soviética, y cuenta con 5/6 bases permanentes y 8 de temporada, mientras que China, que inició su presencia antártica recién en 1981, viene desarrollando importantes avances en su estrategia de posicionamiento antártico e inauguró recientemente su quinta base, igualando en número las establecidas por Estados Unidos (Pappini y Morinigo, 2021).
CONCLUSIONES
Se ha buscado destacar en este trabajo el creciente papel que –aún– juega el petróleo en la carrera en curso por el acceso y la disponibilidad sobre RNE, en general y con especial foco en el Atlántico Sur y la Antártida. Se trata de regiones que presentan un gran valor estratégico, renovado ante la transición geopolítica contemporánea. Recapitulando lo planteado, se observa que la cuestión petrolera está jugando un rol relevante en los territorios del Atlántico Sur y la Antártida con conflictos de soberanía, esto es, en las aguas de las Islas Malvinas, usurpadas a la Argentina por Reino Unido en 1833, y en el sector antártico en que se solapan, parcial o totalmente, las reclamaciones de Chile, Argentina y Reino Unido.
Con respecto a Malvinas, desoyendo las resoluciones de Naciones Unidas, la vieja potencia imperial ha avanzado en forma unilateral y sistemática para usufructuar los RNE petroleros y pesqueros. En aguas circundantes a las islas, el gobierno –ilegítimo y de ocupación– isleño y un consorcio británico-israelí se aprestan en la actualidad a iniciar la fase de extracción petrolera en el proyecto Sea Lion, luego de décadas de prospecciones y exploraciones del gran potencial hidrocarburífero de la zona. Ello podría acrecentar el valor estratégico de la zona y convertir a Malvinas en un punto de abastecimiento energético mundial. En este marco, la reorientación geoestratégica argentina, de alineamiento sumiso con EE.UU. e Israel, ha generado excelentes condiciones para los intereses británicos y de toda la OTAN en el Atlántico Sur y el extremo sur del continente americano, en donde se juega también la constitución de la “puerta de entrada” al sexto continente, reservorio de preciados RNE.
A la par de lo anterior, el recrudecimiento de la puja geopolítica impacta también en la Antártida, en torno a lo que se generan pujas y medidas que tensionan la cooperación internacional que ha regido al continente desde los años ‘60. El presunto descubrimiento ruso de petróleo en las aguas del Mar de Weddel despertó gran resonancia y polémicas. La explotación de los recursos hidrocarburíferos antárticos está vedada –al menos– hasta 2048, y la viabilidad técnica y comercial de esos recursos no estaría garantizada. No obstante, la carrera por RNE ha vuelto a despertar tanto las alarmas como las pretensiones por usufructuar tales recursos. Si bien los reclamos de soberanía en el “continente blanco” están congelados desde la entrada en vigor del Tratado Antártico, las naciones con presencia antártica avanzan posiciones para instituir hitos de soberanía (tanto materiales como simbólicos), y la acelerada transición geopolítica contemporánea puede impactar en una eventual modificación o erosión del STA, máxime si en un futuro próximo la escasez de RNE y el avance tecnológico volviera rentable la explotación de los recursos antárticos.
Para finalizar, cabe destacar que es mucho lo que está en juego en el “sur del sur”, esto es, las zonas más australes del continente americano, el Atlántico sudoccidental y la Antártida, en un mundo atravesado por una acelerada transición geopolítica en su etapa de caos sistémico, guerra mundial híbrida, agudización de los conflictos y la puja por los RNE.
Se entiende aquí que se trata de un asunto de primer orden para la Argentina, lo cual demanda, en las antípodas de la orientación estratégica actual, retomar y profundizar la concepción austral como sistema geoestratégico y el despliegue de políticas soberanas, a la par que la necesidad de elaborar y ejecutar un Plan Soberano del Sur, articulando presencia estatal, poblamiento y desarrollo17. A su vez, entendemos que ello concierne también a toda América Latina y el Caribe y tiene claras implicaciones para el denominado Sur Global. Es por ello que Malvinas, cruda expresión de la pervivencia del colonialismo en pleno siglo XXI, del despojo de los RNE y la militarización de nuestros territorios, se ha constituido en causa regional y global, apoyada por las fuerzas multipolares y reemergentes. Ello se liga con las iniciativas de cooperación suramericana en torno a la Antártida, desde mediados de siglo pasado18, lo cual resulta clave para hacer frente de forma mancomunada a la carrera entre las grandes potencias por los RNE.
En fin, las posiciones y asientos estratégicos en toda la gran región objeto de este estudio pueden jugar roles importantes en las disputas venideras en la reconfiguración geopolítica y geoeconómica contemporánea.
NOTAS
1 El consumo de combustibles fósiles como porcentaje de las fuentes primarias de energía se ubica por encima del 80% del total, siendo el petróleo la fuente más utilizada, seguida por carbón y luego por gas natural. Lejos aún se ubican las fuentes emergentes como nuclear, hidroeléctrica, solar y eólica (EI, 2024).
2 Se llegó a hablar de la aparición de un “segundo Mar del Norte”, en referencia a los grandes depósitos de petróleo y gas que Noruega y Reino Unido descubrieron entre 1969 y 1971 en sus respectivas plataformas continentales y que jugaron un papel de relevancia en su desarrollo económico.
3 En general, las grandes petroleras han preferido en los últimos tiempos mantenerse al margen para no entrar en conflicto con el gobierno argentino, más aún a raíz del boom de la formación Vaca Muerta.
4 El proyecto prevé perforar 23 pozos a 1500 pies de profundidad (equivalente a 450 metros) para acceder hasta 500 millones de barriles en un primer tramo.
5 Autores como Magoc (s.f.) objetan que estas estimaciones pueden estar “infladas” debido a especulación bursátil de Rockhopper, cuyas acciones se valorizaron enormemente con motivo del anuncio de 2010. En forma análoga, Livingston (2022) indica que la propaganda acerca de Malvinas como el “nuevo Mar del Norte” se basaba en estimaciones exageradas de su potencial económico para ganar apoyo político británico.
6 Argentina cuenta con nueve cuencas marinas, la explotación se ha concentrado en la Cuenca Austral, de la cual se extrae actualmente alrededor del 15% del gas natural que se consume en el país, y que compone las zonas marítimas situadas entre Tierra del Fuego, Santa Cruz y Malvinas (Kataishi y Welsch, 2022).
7 Más recientemente, en 2024 Wintershall vendió cerca de la totalidad de sus activos globales a la británica Harbour Energy, la cual pasaría a operar en Vaca Muerta y el proyecto Fénix, en las aguas de Tierra del Fuego. Ello ha despertado rispideces, dado que Harbour realizó exploraciones entre 2010 y 2021 con licencia ilegal británica en Malvinas.
8 Falkland Oil and Gas LTD, Rockhopper Exploration PLC, Borders and Southern Petroleum PLC, Argos Resources LTD, Desire Petroleum PLC, Premier Oil PLC, Noble Energy Falklands LTD, Noble Energy Inc, Edison International SPA, Chrysaor Holdings LTD, Harbour Energy PLC y Navitas Petroleum LP.
9 Rockhopper, que absorbió en 2015 a FOGL (la cual había comprado las licencias de Tullow en 2007), detenta el mayor porcentaje de áreas offshore circundantes a Malvinas, en base a licencias y conocimientos que adquirió de sus predecesoras Shell y Tullow.
10 Se cuentan en esta estimación espacios terrestres y marítimos. Véase al respecto: Ganeau (2022).
11 Es a raíz de la adopción de estos Protocolos y Convenciones conexos al Tratado que se fueron agregando al mismo, regulando otros aspectos, que se habla hoy de Sistema del Tratado Antártico.
12 Otro motivo de controversia fue que en esa zona marítima de la península antártica y el arco sur de Scotia, Argentina y Chile vienen planteando desde 2017 la aprobación de un área marina protegida, siendo objetada por Rusia y China.
13 Según trascendió, se llevó a cabo un estudio de reflexión sísmica puntual de profundidad común de 3450 kilómetros lineales en combinación con mediciones gravimétricas e hidromagnéticas, así como mediciones asociadas de la topografía del fondo marino utilizando un ecosonda multihaz.
14 Como señala Eissa (2024), también David Rutley, Subsecretario de Estado Parlamentario para las Américas, el Caribe y Territorios de Ultramar británico, dio cuenta de ello al ser consultado en el Parlamento.
15 Es la provincia más grande y centro del país bajo el mapa bicontinental de la República Argentina.
16 En las RCTA de 2022 y 2023, en Alemania y Finlandia, ya se habían aplicado medidas de protesta y crítica contra Rusia, o directamente la negación de la visa a científicos rusos.
17 Véase al respecto Armúa et al. (2023).
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CONFLICTO DE INTERESES
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AGRADECIMIENTOS
No aplica.
FINANCIACIÓN
CONICET por ser la institución para la cual trabajo como becario postdoctoral de investigación.
PREPRINT
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