RESUMEN En el trabajo se realiza un análisis de los principales fenómenos, esencialmente de índole política, que afectaron el funcionamiento de los distintos mecanismos de integración económica y de concertación política en América Latina y el Caribe, así como los avances que en este sentido se habían logrado con estos mecanismos. Se abordan los rasgos fundamentales que caracterizaron el desarrollo de las relaciones interamericanas durante el periodo y la repercusión que tuvo la forma en que se desenvolvieron esas relaciones en la concreción de los proyectos de concertación política e integración económica regional. Se concluye que, si bien las similitudes que comparten los países del área constituyen una fortaleza, también son consideradas una debilidad pues desde el punto de vista económico son naciones con similares patrones de producción que los hace dependientes de Estados Unidos, país que al fomentar la división ideológica en Latinoamérica se asegura de que la región se mantenga divida.

Palabras clave: integración económica, concertación política, relaciones interamericanas

 

ABSTRACT This research analyzes the main phenomena, essentially of a political nature, that affected the operation of the various mechanisms for economic integration and political coordination in Latin America and the Caribbean, as well as the progress that had been made with these mechanisms. The fundamental features that characterized the development of inter-American relations during the period and the repercussions that the way in which these relations developed had on the realization of the projects for political coordination and regional economic integration are discussed. It is concluded that although the similarities shared by the countries of the area constitute a strength, they are also considered a weakness because, from the economic point of view, they are nations with similar production patterns that make them dependent on the United States, a country that, by fostering ideological division in Latin America, ensures that the region remains divided.

Keywords: economic integration, political concertation, inter-American relations

 

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con un informe presentado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 2016, la región se considera como la más desigual del planeta atendiendo a las diferencias que existen al interior de sus respectivos países en términos sociales y económicos (CEPAL, 2017). Superar esa desigualdad y enrumbarse hacia un desarrollo económico estable ha constituido por años el principal objetivo que ha perseguido el ideal de la integración en América Latina.

Los esfuerzos integracionistas latinoamericanos han sido obstaculizados históricamente por los intereses y acciones de Estados Unidos en su afán de mantener el control sobre una región dividida, y garantizar para sí el acceso a los abundantes recursos naturales de un área concebida por este como el patio trasero.

La configuración de un sistema de instituciones regionales en el que se han articulado mecanismos de dominación estadounidenses, como la Organización de Estados Americanos (OEA), las Cumbres de las Américas, los tratados de libre comercio y los acuerdos de colaboración militar, han reflejado la necesidad de alcanzar proyectos de integración regional ajenos a la hegemonía norteña.

Las nuevas formas de integración económica y social, surgidas en las últimas décadas, han sido concebidas de manera autónoma, se han dirigido a atender las necesidades reales de los pueblos y asegurar espacios para la concertación política.

Lamentablemente, la polarización política entre los diferentes gobiernos latinoamericanos ha constituido el principal obstáculo para que los proyectos e iniciativas de desarrollo puedan alcanzar resultados tangibles. La tradición de lucha anticolonial y el espíritu antimperialista desarrollado en Latinoamérica han permitido dar pasos importantes a favor de la concreción de estos proyectos integracionistas, pero todavía existe una gran distancia con respecto a las metas y objetivos de desarrollo propuestos.

En el presente trabajo realizaremos un somero análisis de los principales desafíos y oportunidades que se han presentado para los procesos de concertación política e integración económica en el continente entre el 2018 y el 2023, en el contexto de la influencia de las relaciones interamericanas, teniendo en cuenta el papel jugado por los diferentes gobiernos y demás actores sociales y políticos en la región.

DESARROLLO

El fenómeno asociativo ha estado presente en la historia de las relaciones interamericanas y, como en muchas partes del mundo, ha permitido la creación en el continente de distintos mecanismos de cooperación económica, concertación política y colaboración militar.

La presencia e influencia de Estados Unidos en el área, como principal potencia económica y su inherente vocación imperial, han condicionado la naturaleza de las relaciones intra y extrarregionales, por lo que el surgimiento de los distintos procesos integracionistas puede ser entendido también, en varios casos, como una respuesta natural para superar la dependencia económica y lograr un mayor peso en la proyección de la región como bloque unido dentro del sistema de relaciones internacionales.

En el contexto del desarrollo de las relaciones interamericanas se han evidenciado varias cuestiones que han marcado la complejidad de las mismas entre los distintos actores:

• La divergencia entre la filosofía latinoamericana y los propósitos y aspiraciones del gobierno de Estados Unidos.
• La diferencia significativa entre el principio de no intervención y su aplicación.
• La distancia entre la capacidad para la creación de mecanismos de seguridad colectiva (militar y política) y la eficacia para establecer instrumentos de cooperación económica.
• Coexistencias de varias organizaciones con objetivos y propósitos similares. (Sepúlveda Amor, 2022)

Los elementos anteriores son identificados como debilidades que atentan contra la posibilidad de que América Latina alcance una plena integración. Son cuestiones que en su mayoría han lastrado los esfuerzos realizados por los distintos gobiernos y demás actores regionales en este sentido.

A medida que se ha producido la alternancia de los ciclos políticos en América Latina, se ha constatado lo difícil que resulta mantener una tendencia estable en la continuidad de las iniciativas regionales que son adoptadas por gobiernos que no comparten la misma ideología.

La elección de Donald Trump en Estados Unidos en 2016 significó un retroceso para las fuerzas progresistas en América Latina. Sin embargo, la llegada al poder años después de líderes como Andrés Manuel López Obrador, en México; Luis Arce, en Bolivia; Gustavo Petro, en Colombia; Xiomara Castro en Honduras; Gabriel Boric en Chile y Luis Inacio Lula da Silva en Brasil, habría sido considerada como una oportunidad para avanzar en la concreción de los proyectos que quedaron pendientes y el surgimiento de otros nuevos, aunque la realidad demostró que las expectativas que se generaron en los sectores de izquierda a raíz de la llegada al poder de estos líderes, no han podido ser del todo cumplidas.

Irremediablemente, la relación con Estados Unidos como principal potencia mundial, es una variable que ha condicionado los vínculos entre los países en América Latina, y a su vez, ha influido en las posiciones oficiales de varios de los gobiernos de la región durante las negociaciones de los mecanismos de integración económica y concertación política.

Si bien en la primera década del siglo XX, el liderazgo de Hugo Chávez Frías logró el impulso de iniciativas como el ALBA, PETROCARIBE y la CELAC, a partir de su muerte en el año 2013, y a medida que se restablecieron varios de los gobiernos de derecha en la región, estas iniciativas entraron en un periodo de estancamiento o retroceso.

En el 2018, se desarrollaron elecciones en varios países de América Latina y salvo excepciones como en el caso de México y Venezuela, resultaron electos candidatos de derecha.1

El caso de Venezuela ha resultado de gran importancia, porque constituyó un punto de inflexión que dividió a la región en dos polos abiertamente opuestos. La victoria electoral del presidente Nicolás Maduro en 2018 motivó una agresiva campaña mediática y diplomática a nivel internacional, encabezada por Estados Unidos, que pretendió deslegitimar el proceso electoral venezolano y desconocer sus resultados, tomando como pretexto la supuesta violación y quiebre de las instituciones democráticas del país.

La posición con respecto a Venezuela condicionó en gran medida el desarrollo de las relaciones entre los países en el hemisferio y, consecuentemente, el funcionamiento de los mecanismos e instituciones regionales. Durante ese periodo, los esfuerzos integracionistas se vieron debilitados.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el mecanismo de concertación política que agrupa la mayor cantidad de Estados del área, padeció a su vez la división interna entre sus miembros debido a las diferencias que existían, entre otras razones, en torno a la posición con respecto al tema de Venezuela.

En el 2017, se celebró en Punta Cana la quinta cumbre de la CELAC, última que tuvo lugar antes de que las diferencias políticas entre los miembros pusieran en peligro la propia existencia de este mecanismo de concertación. La crisis generada provocó la suspensión de la Cumbre CELAC-Unión Europea y alteró el funcionamiento de la rotación de la presidencia pro témpore (PPT). En 2017 asumió El Salvador la PPT y tuvo que permanecer en el cargo hasta 2019 cuando asumió Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales. Sin embargo, este último también vio limitado su accionar al frente de la CELAC, debido a la división ideológica que existía en la región y las contradicciones a lo interno de su país.

Los gobiernos de derecha veían con recelo la gestión de Bolivia por considerarlo un Estado afín a los ideales y planes de los gobiernos progresistas que habían creado el mecanismo. En esas circunstancias, el propio principio que servía de guía a la CELAC “unidad en la diversidad”, no resultaba suficiente para conciliar un ambiente político tan polarizado.

Al término de la PPT de Bolivia, tampoco fue posible encontrar un sustituto que asumiera la presidencia. Gracias a la disposición de México, gobierno que al igual que Bolivia tenía interés en preservar la existencia de este mecanismo, fue posible evitar que varios de los países del área suspendieran su participación de la misma manera que ya lo habían hecho en otros foros regionales, como Unasur. El gobierno mexicano estuvo consciente de la importancia de mantener la vitalidad de la CELAC como espacio de concertación política para poder superar las diferencias existentes: “La disyuntiva de la CELAC hoy es clara: o la dejamos caer en la irrelevancia o la rescatamos y procuramos avanzar en una unidad pragmática”, escribió Maximiliano Reyes Zúñiga, entonces subsecretario de Relaciones Exteriores de México para América Latina y el Caribe (Reyes Zúñiga, 2020).

La gestión de México estuvo dirigida esencialmente a lograr una unidad que garantizara el funcionamiento del mecanismo a pesar de las diferencias que existían entre los líderes políticos.

La concepción del diseño inicial de la CELAC, orientado al diálogo político y a la concertación partiendo de un entendimiento entre los jefes de Estado, tuvo que ser modificada para poder superar las fracturas ideológicas existentes. Varios estudiosos han afirmado que con la modificación se incorporaron elementos pertenecientes a la teoría funcionalista, relativos a la cooperación o integración regional:

“En línea con lo que postula el funcionalismo clásico, la idea es propiciar oportunidades para que los países miembros interactúen exitosamente en un contexto apolítico, en donde se busca obtener resultados a partir de proyectos de colaboración específicos, de naturaleza técnica y de nivel intermedio. (…). En esta visión, la continuidad de la CELAC se justificaría entonces por las necesidades de coordinación interestatal que subsisten a pesar de las divisiones y sus tareas se seleccionarían con base en el criterio de utilidad funcional” (Saltalamacchia Ziccardi, 2023).

En consonancia con lo anterior, en la reunión ministerial de enero del 2020, se aprobó un programa de trabajo para la CELAC que identificó catorce áreas de interés y una serie de proyectos puntuales relativos a la cooperación aeroespacial, gestión de riesgos por desastres, ciencia y tecnología para las sociedades, compras consolidadas en común, monitoreo sobre la resistencia a antimicrobianos, gestión sustentable de recursos oceánicos, entre otros (PPT CELAC, 2020).

A pesar de que durante el periodo se abordaron temas políticos como la posición de la región con respecto a asuntos globales ante los organismos internacionales, el grueso lo constituyeron actividades funcionales de carácter intrarregional. Por ejemplo, en 2020 las dos declaraciones emitidas por la CELAC fueron en apoyo a la equidad de género en el Día Internacional de la Mujer y la Declaración sobre el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre.

Bajo este manto de cooperación funcional se desarrolló mayormente la acción del mecanismo durante el periodo objeto de estudio, lo que permitió la colaboración desde el punto de vista técnico entre naciones con fuertes diferencias políticas, como lo eran Colombia y Venezuela.

Por su parte, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), ha sido otro de los mecanismos de integración regional que se ha enfrentado a múltiples amenazas que han generado el surgimiento de alternativas para su mantenimiento.

Surgida como iniciativa para contrarrestar la propuesta neoliberal que constituía la creación de un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) impulsada por el gobierno de Estados Unidos, el ALBA, luego del impulso de sus primeros años de creación, comenzó a experimentar un estancamiento y contracción en su membresía. Ello también estuvo condicionado por las realidades internas de los países miembros.

Como mecanismo de integración orientado a fomentar la cooperación y el desarrollo de programas sociales dirigidos fundamentalmente a los sectores más vulnerables, la mayor parte del financiamiento del mecanismo para estos programas ha sido aportado por la grannacional Petrocaribe, proyecto en el que participan otros países del área y que comprende la explotación del petróleo, el gas, la electricidad, la tecnología, la capacitación y las fuentes alternativas, aunque los propósitos de mayor impacto se concentran en el suministro de petróleo y gas en condiciones preferenciales. La caída del precio del petróleo unido a la crisis política interna que se vivía en Venezuela, afectó profundamente la capacidad de financiamiento para el ALBA-TCP y, en consecuencia, varios de los programas que se venían ejecutando quedaron suspendidos o estancados.

Lo anterior, unido a la arremetida del gobierno de Estados Unidos contra los gobiernos progresistas de la región, así como el giro a la derecha que se produjo en el continente por varios gobiernos, influyeron en la pérdida de algunos de los miembros claves del mecanismo, como el caso de Ecuador y Bolivia2. El primero, tras la llegada al poder de Lenín Moreno, quien traicionó las fuerzas políticas que lo apoyaron durante su campaña presidencial, y en el otro caso, tras el golpe de Estado perpetrado contra el presidente Evo Morales. Con la llegada al poder de Luis Arce en Bolivia, se produciría nuevamente la entrada de ese país al mecanismo de concertación3.

Sin embargo, a pesar de la evidente contracción en la capacidad de acción, el ALBA-TCP no detuvo su funcionamiento. Mantuvo varios de sus proyectos y no ha dejado de celebrar sus cumbres ni de pronunciarse activamente en los escenarios internacionales. Esos elementos sugieren una resistencia que no ha sido pasiva, ni se halla desarticulada del contenido contrahegemónico originario del ALBA-TCP (Pérez González, 2020). El mecanismo se ha mantenido como proyecto de integración regional gracias a la determinación de sus miembros de cumplir el propósito que motivó su creación. Además, el ALBA mantuvo la celebración de sus reuniones anuales de Jefes de Estado, así como la adopción de resoluciones de solidaridad con las naciones objeto de campañas desestabilizadoras.

De trascendental relevancia constituyó la iniciativa regional adoptada durante la celebración del Consejo Presidencial del ALBA-TCP y posteriormente el Consejo económico y el Consejo político del organismo para enfrentar la pandemia de COVID-19, en la cual estuvieron involucrados todos los miembros, y de la que participaron además otras instituciones regionales como la CEPAL. Su celebración evidencia la validez de la concertación regional en la solución de problemas que forman parte de la realidad y afectan el desarrollo satisfactorio de los países y las asociaciones integracionistas.

Por otra parte, el Mercosur, uno de los principales mecanismos de integración económica de la región por el potencial de las economías de los países que integran el bloque, también se vio afectado por la inestabilidad política existente. Si bien las divergencias entre los miembros no han sido motivo para desarticular el mecanismo, sí han tenido un impacto significativo en la calidad de las relaciones a lo interno del grupo y por ende en los proyectos de desarrollo económico en proceso de discusión para su aprobación.

A pesar de que el Mercosur constituye en esencia un mecanismo de integración económica, las relaciones políticas entre las partes también condicionan su funcionamiento. En este sentido, la crisis en Venezuela y la postura de los distintos gobiernos miembros del mecanismo con respecto a esta situación ha sido una constante en cada uno de los encuentros de los líderes del mecanismo, y una vez más, constituyó motivo de división que marcó los debates durante la LXII Cumbre de jefes de Estado del Mercosur, celebrada en julio del 2023 en Argentina, en la cual se discutió sobre el papel que debería jugar el mecanismo en función de contribuir a lograr la estabilidad política en Venezuela.

La República Bolivariana fue admitida en el Mercosur en 2012, tras seis años de haber firmado el protocolo de adhesión. El ingreso fue posible luego de que se produjera la inhabilitación de Paraguay a raíz del golpe de Estado parlamentario orquestado contra el gobierno del presidente Fernando Lugo, pues el parlamento paraguayo mantenía un veto sobre el ingreso de Venezuela al bloque hasta ese momento.

En 2017, los miembros decidieron suspender la participación de Venezuela aduciendo un quiebre democrático en la nación bolivariana y desde entonces la postura con respecto a este tema ha marcado el funcionamiento del Mercosur. Las posiciones en torno a la cuestión venezolana fueron aumentando los contrastes en la medida que nuevos gobiernos como el de Alberto Fernández, en Argentina y Luis Inacio Lula da Silva, en Brasil, resultaron electos y reemplazaron a los gobiernos derechistas de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro respectivamente.

El cambio político en estos países hizo posible avanzar en la búsqueda de opciones de diálogo y negociación, en contraposición a la política de condena y aislamiento diplomático que practicaron los gobiernos de derecha en la región contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y en consonancia con las directrices orientadas por la administración estadounidense.

Nuevamente, en el marco de la LXII Cumbre de jefes de Estado del Mercosur, los gobiernos de Paraguay y Uruguay, ambos de derecha, se pronunciaron por condenar al gobierno venezolano, esta vez aludiendo la inhabilitación por quince años para ejercer cargos de elección popular, de la candidata opositora María Corina Machado. Esta postura contrastó con la posición conciliadora asumida por los gobiernos de Brasil y Argentina, los cuales abogaron por establecer una mesa de diálogo a favor del entendimiento entre las partes y la abstención de inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados (EFE, 2023).

El Mercosur padeció las consecuencias de la inestabilidad política en la región, situación que, unida al bajo nivel de integración y complementariedad de las economías de los Estados miembros, en su condición de exportadores de materias primas, supuso para el bloque un desafío que ha atentado contra su principal objetivo de lograr a través de la integración económica la creación de un mercado común del sur.

De haber existido una voluntad real de trabajar para superar las crisis políticas que golpearon a América Latina, y a su vez garantizar la estabilidad económica-financiera tan demandada por los inversionistas extranjeros, el Mercosur podría haberse convertido en el principal mecanismo de integración económica del área. Es preciso tomar en consideración el tamaño del mercado que representan las economías de los Estados miembros, así como la diversidad de recursos naturales disponibles.

En otro plano, la Alianza del Pacífico ha sido de los más jóvenes mecanismos integracionistas de la región. Surgió en 2011 como interés de los presidentes Sebastián Piñera (Chile), Juan Manuel Santos (Colombia), Felipe Calderón (México) y Alan García (Perú) de consolidar una iniciativa basada en una visión liberal de la integración, apoyado en las libertades del mercado común (bienes, servicios, capitales y personas), adicionando el eje transversal de cooperación. Este fue concebido como un mecanismo eminentemente económico y se consolidó como bloque independiente gracias al enfoque neoliberal, afín a los intereses de Estados Unidos y a su concepción como grupo pragmático y de articulación política en pro de impulsar el libre comercio (Novak & Namihas, 2018).

Ante la existencia de dos mecanismos de similar naturaleza como son la Alianza y el Mercosur, se han dado pasos en favor de una cooperación entre ambos bloques4. Sin embargo, en la práctica los esfuerzos precisan más voluntad política en función de armonizar dos estructuras creadas sobre concepciones tan diferentes como son el libre mercado y la protección arancelaria como forma de defender la economía regional.

La Unasur, por su parte, a pesar de la importancia que ha tenido para la integración regional, en el periodo que analizamos se vio debilitado debido a la salida de varios de sus Estados miembros.

El surgimiento de la Unasur estuvo relacionado con la tendencia global de fortalecimiento de las regiones como sujetos geopolíticos, que gozan de un alto protagonismo en las relaciones internacionales contemporáneas, y que van de acuerdo con las percepciones de un mundo regionalizado5 (…) Unasur no pretendía solo la unión entre los bloques de la Comunidad Andina y el Mercosur, sino que perseguía la consolidación de un proyecto político y de desarrollo que incluya a Chile, Guyana y Surinam. Según su visión programática, la Unasur va más allá de lo comercial, busca conseguir un espacio de concertación e intercambio económico en la región, estructurado de una manera superior a los mecanismos de concertación antes mencionados. Se apoya fundamentalmente en la política para lograr sus objetivos (Castillo Cota, 2020).

Creada entre 2004 y 2011 por los gobiernos de Venezuela, Argentina y Brasil, la Unasur llegó a agrupar a los doce países de Suramérica, pero comenzó a debilitarse en la medida que los representantes de la derecha que fueron llegando al poder en la región se alejaron del mecanismo, por considerarlo heredero de una ideología de izquierda que supuestamente en nada favorecía los intereses regionales. Lo anterior sucedió a partir del 2017, como consecuencia de la imposibilidad de lograr consenso en el seno de Unasur en torno al tema de la crisis política en Venezuela. En el año 2018, los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú comunicaron a Bolivia, país que en ese momento ostentaba la presidencia del bloque, su decisión de no participar más en las reuniones de la Unasur y, además, suspendieron su financiación, lo mismo haría el gobierno de Ecuador al año siguiente.

Precisamente, a partir de la crisis profunda que afectó a este mecanismo, el presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, desde que asumió su mandato, ha jugado un rol protagónico en la revitalización de la Unasur como mecanismo y foro de concertación regional.

Lo anterior quedó reflejado en la participación del presidente Nicolás Maduro en la última reunión de Jefes de Estado de la Unasur, celebrada en Brasilia, en mayo del 2023, tras más de nueve años sin realizarse. Esta reunión marcó el regreso del gobierno de Venezuela a los foros regionales. Sin embargo, al igual que en otros casos analizados con anterioridad, los debates estuvieron marcados por las distintas posiciones en torno al mismo tema recurrente. Por un lado, el presidente Lula se mantuvo abogando por el entendimiento y la negociación al igual que el presidente Nicolás Maduro, quien se mostró abierto al diálogo en todo momento, por otro lado, los representantes de la derecha se manifestaron una vez más condenando al gobierno bolivariano, el cual recibió críticas, incluidas las del presidente chileno Gabriel Boric, mandatario considerado también como progresista.

El papel de Brasil como principal economía de la región ha sido considerado fundamental para desarrollar todos los proyectos creados en el seno de este mecanismo, así como superar iniciativas derechistas como Prosur, que estuvo encaminada a sustituir Unasur como foro regional6.

Además de dividir a la región, la creación de Prosur es contraproducente por una cuestión pragmática: la replicación de las entidades regionales genera solapamiento tanto en los objetivos como en las funciones de cada institución. En vez de complementarse, los organismos suramericanos de integración colisionan o se alejan entre ellos (Castillo Cota, 2020).

Otros de los mecanismos de integración regional existentes en el continente son la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC), y entre ambos existen vínculos estrechos, pues, la segunda, puede ser considerada como el resultado de un proceso de ampliación y profundización de las relaciones entre las naciones que pertenecen a la cuenca del Caribe, de la cual Caricom es el eje central. En el primer caso, la membresía estuvo restringida fundamentalmente a las naciones del Caribe angloparlantes, las cuales acordaron la creación de la AEC como estrategia ante los desafíos que han enfrentado en su condición de pequeños Estados insulares para poder insertarse dentro de un sistema internacional cada vez más globalizado y desigual. La AEC se materializaría durante la Cumbre Ministerial Caricom-América Central celebrada en Kingston en mayo de 1993 la cual, entre otras cuestiones, respondió a la necesidad de concertar posturas y ganar peso en negociaciones multilaterales de índole diversa, así como en acuerdos económicos y para la inserción internacional.

Al analizar las debilidades de estos dos mecanismos podemos constatar que difieren de aquellas que afectaron a los que fueron analizados con anterioridad, aunque comparten puntos en común. En este sentido, la alta dependencia externa de estos países los mantuvo vulnerables a las decisiones de la política exterior estadounidense y, en consecuencia, los respectivos gobiernos no siempre sostenían una posición propia frente a Estados Unidos, principalmente en el marco de la AEC. Una decisión que represente un beneficio sustancial en materia económica para estos países debilitaría la cohesión política colectiva necesaria para llevar adelante el proyecto integracionista.

Por otro lado, el escenario hemisférico ha sido desestabilizado por la emergencia de discursos y prácticas nacionalistas que favorecen el proteccionismo y la conformación de acuerdos bilaterales, la polarización extrema de la política, la irrupción de fuertes protestas sociales en territorios del Caribe continental y la crisis venezolana, país de peso en las relaciones intracaribeñas, no solo por vínculos históricos, sino por su aporte significativo al regionalismo y a la cooperación.

Sin embargo, a pesar de la polarización que experimenta la región, han logrado avanzar en varios de sus objetivos. Tras 25 años, la AEC se mantiene como organización para la consulta, cooperación y acción concertada en cinco áreas fundamentales: la preservación y conservación del Mar Caribe; el turismo sostenible; el comercio y las relaciones económicas externas; los desastres naturales; y el transporte. Dentro de los logros más significativos alcanzados en estas esferas sobresalen la adopción de compromisos, estrategias y mecanismos como por ejemplo el Acuerdo sobre Transporte Aéreo de 2012, el Convenio para el Establecimiento de la Zona de Turismo Sostenible del Caribe (ZTSC) de 2001 y el Acuerdo para la Cooperación Regional en materia de Desastres Naturales de 1999 (AEC 2020 en (Laguardia Martínez, 2020).

Los encuentros se mantienen al más alto nivel y en ellos se han adoptado declaraciones que reafirman el compromiso con la solución de los problemas y las crisis que afectan a la región sin la intromisión en los asuntos internos de los Estados, como expresara la secretaria general de Caricom, Carla Barnett, en la 44 Reunión de la Conferencia de líderes de Caricom al referirse a la crisis en Haití: “Caricom apoya a esa nación a resolver sus crisis multifacéticas” (Prensa Latina, 2023).

CONCLUSIONES

De manera general, al ser una región con una pasado y una historia en común, la mayoría de los procesos integracionistas que se desarrollan en América Latina comparten similares debilidades, casi siempre desde el punto de vista interno, relacionados con la falta de liderazgo, la fragmentación política regional, el auge de los nacionalismos y la práctica de lo que es llamado diplomacia presidencial por encima de las instituciones.

Esto provoca que los objetivos trazados para resolver los principales problemas que afectan la región, como la baja cooperación económica y la dependencia, el fenómeno del narcotráfico, las oleadas migratorias, los desplazados y refugiados por conflictos internos, permanezcan como asuntos pendientes y las metas de cumplimiento para su resolución deban ser aplazadas constantemente.

La dificultades que enfrentan los procesos integracionistas para avanzar de manera estable hacia al cumplimiento de los objetivos propuestos contribuye al surgimiento de iniciativas individuales que acentúan la desconfianza y las asimetrías entre los países del área, porque debilita la capacidad negociadora de estas estructuras regionales frente a las extrarregionales, y redunda en beneficio de Estados Unidos, que precisa de una Latinoamérica dividida para avanzar en sus intereses hegemónicos y de dominación sobre el continente.

Al mismo tiempo, se entiende que la diversificación de los vínculos económicos y de cooperación con los actores extrarregionales contribuye a superar la dependencia de Estados Unidos y a avanzar en la consecución de intereses autónomos. Por lo que este tipo de relación se erige en una oportunidad y fortaleza para la integración siempre que los puntos de la negociación partan del consenso logrado al interior de los mecanismos existentes.

El hecho de que estos mecanismos integren naciones con culturas, historias, tradiciones y problemas similares constituye la principal fortaleza de los mismos, pues es sinónimo de la articulación de un lenguaje común.

Resta superar la desconfianza recíproca, la polarización política y las inconsistencias en el camino de la unidad que impiden alcanzar un clima de convivencia pacífica y una verdadera armonía en las relaciones entre los países del área.

notas

1 En 2018 se celebraron elecciones presidenciales en 6 países de América Latina, en orden cronológico: Costa Rica (febrero), Paraguay (abril), Colombia (mayo), México (julio), Brasil (octubre) y Venezuela (diciembre). (BBC, 2018)

2 En el año 2009, luego del golpe de estado perpetrado en Honduras que provocó la deposición del presidente Manuel Zelaya; se produjo la retirada de Honduras del ALBA-TCP.

3 Actualmente el ALBA-TCP está compuesto por 10 países: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Venezuela

4 En la XIII Cumbre Presidencial de Puerto Vallarta celebrada el 24 de julio de 2018, los presidentes de la Alianza y del Mercosur suscribieron una declaración conjunta con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales, económicos y sociales entre ambos bloques. La declaración también incluyó un plan de acción que pone como horizonte suscribir un acuerdo comercial entre ambos procesos, para lo cual se identifican áreas de trabajo conjunto, como son, eliminación de barreras no arancelarias, operación regulatoria, promoción comercial y PYMES, facilitación del comercio de bienes y servicios, y turismo. Además, se identifican otras áreas para el intercambio de experiencias como: agenda digital, comercio inclusivo, género, movilidad académica, cultura y movilidad de personas (Novak & Namihas, 2018).

5 Este nuevo tipo de regionalismo para Suramérica tiene como norte seis principios claves: a) el predominio de la agenda política sobre la agenda comercial, en coherencia con las visiones de los gobiernos progresistas y de centro-izquierda de la región; b) la recuperación de la agenda del desarrollo, desplazando las políticas del Consenso de Washington y distanciándose de las orientaciones del regionalismo abierto; c) el retorno del Estado frente al protagonismo del sector privado y las fuerzas del mercado dominantes en el modelo anterior; d) un mayor énfasis en la “agenda positiva” de la integración, centrada en la creación de instituciones y la promoción de políticas comunes, junto con una cooperación más intensa en ámbitos no comerciales; e) mayor preocupación por las carencias de integración física regional, con el objetivo de mejorar la articulación de mercados nacionales; f) mayor relevancia debido a las dimensiones sociales de la integración y al tratamiento de disparidades y asimetrías interestatales y subnacionales, vinculando la integración regional con los objetivos nacionales de reducción de la pobreza y de desigualdad (Diamint, 2013).

6 El Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) es la iniciativa latinoamericana más reciente de integración regional. Este proyecto es obra del liderazgo de los derechistas Sebastián Piñera, de Chile, e Iván Duque, de Colombia, y ha nacido con el fin de terminar de derrumbar a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada entre 2004 y 2011 por el polo izquierdista Lula-Chávez-Kirchner-Fernández de Kirchner (Castillo Cota, 2020). ISSN 2007-9834

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CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:

Sabdiel Lafargue Moreno: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Supervisión, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición

Angélica María Fuentes Caraballo: Conceptualización, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición

FINANCIACIÓN

No aplica.

PREPRINT

No publicado.

DERECHOS DE AUTOR

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