RESUMEN Los acuerdos de complementación económica como los tratados de libre comercio tienen el potencial de expandir los mercados para el comercio agrícola internacional. Sin embargo, también conllevan riesgos para la seguridad alimentaria de los países participantes si no se gestionan adecuadamente. En este contexto, el presente artículo se propone responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la seguridad alimentaria en el contexto de una mayor integración económica global impulsada por acuerdos comerciales entre países? Tiene como objetivo: identificar los problemas más relevantes derivados de los acuerdos comerciales que pueden afectar negativamente la disponibilidad, el acceso y la utilización de alimentos en los países firmantes. Como hallazgos principales, se encuentran: la creciente dependencia alimentaria del exterior, la competencia desleal que enfrentan los productores locales por los subsidios y el dumping, la pérdida de diversidad productiva y conocimientos tradicionales, y una mayor desigualdad en el acceso a alimentos por parte de la población rural pobre ante la falta de políticas de protección social adecuadas. Conclusiones: los acuerdos de libre comercio presentan tanto oportunidades como amenazas serias para la seguridad alimentaria mundial. Se requieren políticas públicas integrales para fortalecer la producción local sostenible de alimentos al tiempo que se protege el acceso de los grupos más vulnerables como pequeños productores y la población rural en situación de pobreza.

Palabras clave: ACE, seguridad alimentaria, acuerdos de libre comercio, comercio agrícola internacional, integración económica.

 

ABSTRACT Economic Complementation Agreements such as free trade agreements have the potential to expand markets for international agricultural trade. However, they also pose risks to the food security of participating countries if not properly managed. Research question: What are the main challenges facing food security in the context of greater global economic integration driven by trade agreements between countries? Objective: To identify the most relevant problems stemming from trade agreements that can negatively affect the availability, access and utilization of food in the signing countries. Main findings: Among the findings are the growing dependence on foreign food, unfair competition faced by local producers due to subsidies and dumping, loss of productive diversity and traditional knowledge, and greater inequality in access to food by the rural poor due to inadequate social protection policies. Conclusion: Free trade agreements present both opportunities and serious threats to global food security. Comprehensive public policies are needed to strengthen sustainable local food production while protecting access for vulnerable groups such as smallholder farmers and rural populations living in poverty.

Keywords: Economic Complementation Agreements, food security, free trade agreements.

 

INTRODUCCIÓN

En un mundo cada vez más interconectado, la relación entre el acuerdo de complementación económica (ACE) y la seguridad alimentaria se vuelve fundamental (Clapp, 2017). La complementación económica es un instrumento que busca fomentar el desarrollo económico y la integración regional, a través de la eliminación de barreras comerciales y la promoción del intercambio de bienes y servicios entre países (Chauffour & Maur, 2011). Por otro lado, la seguridad alimentaria se refiere a la disponibilidad, acceso y consumo adecuado de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales de la población (FAO, 2009).

Existe evidencia de que una mayor apertura comercial puede tener efectos mixtos sobre la seguridad alimentaria, dependiendo de las circunstancias específicas de cada país, el entorno internacional, y las políticas públicas de apoyo implementadas (De Schutter, 2011). Se requiere un abordaje integral que potencie los beneficios de la integración económica para el sector agroalimentario y mitigue posibles impactos negativos sobre la disponibilidad y acceso a alimentos por parte de la población más vulnerable (Matthews, 2014).

La implementación de ACE puede tener un impacto directo en la seguridad alimentaria de los países involucrados. Estos acuerdos tienen el potencial de aumentar la producción y diversificar la oferta de alimentos, al facilitar el acceso a nuevos mercados y promover la inversión en el sector agropecuario. La eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, eficazmente gestionada, podría impulsar la competitividad de los productores locales, lo cual puede traducirse en precios más accesibles para los consumidores, estimulando la producción y el intercambio de bienes y servicios relacionados con la alimentación,

Sin embargo, es importante destacar que esta relación, no es automática, ni homogénea en todos los casos, tampoco es unidimensional, ya que existen diversos factores que pueden afectar tanto positiva como negativamente la seguridad alimentaria a raíz de un acuerdo de complementación económica.

Por ejemplo, la liberalización del comercio puede suponer un riesgo para la agricultura local, especialmente en países con menor competitividad, lo que podría desencadenar una mayor dependencia de las importaciones y poner en peligro la autosuficiencia alimentaria.

Por tanto, es indispensable que los ACE contemplen medidas y políticas que promuevan la inclusión de los pequeños productores en los mercados internacionales, así como la protección y fortalecimiento de la agricultura familiar. Se requiere un enfoque integral que considere el desarrollo rural, la inversión en infraestructura, mecanismos de financiación, la educación y capacitación agrícola, la transferencia de tecnologías y la promoción de prácticas sostenibles.

Considerando los aspectos tratados, el objetivo principal de este artículo es analizar los principales desafíos que surgen cuando los ACE no están adecuadamente orientados y proponer posibles acciones orientadas a garantizar la seguridad alimentaria. Para llevar a cabo este análisis, se tomarán ejemplos de casos de países en los cuales la falta de orientación correcta de estos acuerdos ha tenido un impacto negativo en la seguridad alimentaria.

Se parte de la premisa de que la esta temática, asociada a los ACE, no solo se centra en aspectos económicos y comerciales, sino también en temas relacionados con la sostenibilidad ambiental, el acceso a recursos naturales y la equidad en la distribución de alimentos. Por tanto, cualquier acuerdo de complementación económica debe tener en cuenta estos aspectos, buscando promover un desarrollo equilibrado que garantice la disponibilidad y calidad de los alimentos, así como el respeto por el medio ambiente y los derechos fundamentales de las personas, entre estos el derecho a la alimentación.

La importancia del estudio de este tema radica en que la seguridad alimentaria es un derecho fundamental de todas las personas y un requisito indispensable para el desarrollo sostenible de una sociedad. Garantizar que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes, nutritivos y culturalmente adecuados es esencial para asegurar una buena calidad de vida y promover la igualdad de oportunidades.

La sostenibilidad ambiental es clave para asegurar la producción y disponibilidad de alimentos a largo plazo. El deterioro del medio ambiente y el agotamiento de recursos naturales, como el agua y el suelo fértiles, pueden afectar la capacidad de producción de estos suministros, lo que a su vez pone en riesgo la seguridad alimentaria de las poblaciones. Por otro lado, la equidad en la distribución de alimentos es esencial para garantizar que todos tengan acceso a una alimentación adecuada. La concentración de la producción y distribución de estos rubros en manos de unos pocos puede dejar a ciertos grupos o regiones marginados y en situación de vulnerabilidad.

DESARROLLO

Acuerdo de complementación económica y seguridad alimentaria

Los ACE pueden tener un impacto positivo en la seguridad en este ámbito de los países involucrados. Por un lado, la apertura comercial permite un mayor acceso a alimentos a precios competitivos, ayudando a estabilizar la oferta interna (Reardon, 2015). Por otro lado, el aumento del comercio incentiva una mayor productividad en el sector agroalimentario (Díaz-Bonilla, 2015).

El economista Collier (2007) sostiene que los ACE pueden promover la seguridad alimentaria a través del comercio internacional. En su libro "The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It", Collier argumenta que el acceso a los mercados internacionales puede ayudar a los países a diversificar su producción, aumentar sus ingresos agrícolas y mejorar la disponibilidad de alimentos.

Por lo tanto, los ACE pueden facilitar la importación de alimentos cuando la producción local es insuficiente, contribuyendo así a la seguridad alimentaria. Una mejor seguridad alimentaria, basada en sistemas productivos eficientes y políticas adecuadas de stocks reguladores, puede facilitar una inserción ventajosa en los mercados globales (Monteiro, 2021).

No obstante, esta relación también puede darse en sentido contrario. Países con dificultades en garantizar el abasto interno suelen mostrar resistencias a la eliminación de barreras comerciales, temiendo efectos negativos sobre sus productores locales (Valdés y Foster, 2005).

McMichael (2009) advierte que los ACE pueden tener efectos negativos en la seguridad alimentaria. En su obra "Food Regimes and Agrarian Questions", McMichael (2009) plantea que estos acuerdos a menudo fomentan la liberalización comercial, lo que puede resultar en una mayor dependencia de las importaciones alimentarias. Esta dependencia puede ser problemática en cuanto a la seguridad alimentaria a largo plazo, ya que los países pueden perder su capacidad de producir alimentos localmente y volverse más vulnerables a las fluctuaciones de precios y la escasez de alimentos en el mercado internacional.

El sociólogo Marc Edelman (2014) señala que los ACE pueden socavar la seguridad alimentaria al promover la expansión de agroindustrias orientadas hacia la exportación en detrimento de la producción de alimentos para el consumo local. En su artículo "Neoliberalism's New Food Chain: Export Orientation and Food Security in Mexico", Edelman destaca cómo la promoción de cultivos de exportación en México ha llevado a la destrucción de pequeñas explotaciones agrícolas dedicadas a la producción de alimentos básicos, lo que ha contribuido a la inseguridad alimentaria de las comunidades rurales.

Las evidencias sugieren que los acuerdos comerciales funcionan mejor en presencia de sistemas alimentarios sólidos en los países participantes (FAO, 2017). Al mismo tiempo, dichos acuerdos, correctamente diseñados e implementados, pueden retroalimentar las mejoras en seguridad alimentaria. Se requiere entonces de políticas complementarias para potenciar los beneficios y mitigar los posibles perjuicios sobre los sectores agrícolas nacionales (OCDE, 2015).

Desafíos

La seguridad alimentaria es un objetivo crucial para garantizar el bienestar de las poblaciones a nivel global. Sin embargo, en el contexto de los ACE, se plantean desafíos significativos que requieren una atención especial.

Dependencia

Los ACE promueven la apertura de mercados, lo cual puede generar una mayor dependencia alimentaria en ciertos países. Esta situación implica un riesgo, ya que, si un país se ve afectado por factores externos como cambios climáticos o conflictos, su capacidad para producir alimentos localmente se verá disminuida. Por tanto, los efectos del ACE sobre la seguridad son mixtos, si bien una mayor apertura comercial permite acceder a alimentos a menores precios, también puede debilitar la producción interna de dichos bienes (Clapp, 2017).

Un ejemplo claro es México después del TLCAN. La creciente dependencia de importaciones de maíz y otros cereales desde Estados Unidos, ha sido vinculada a la reducción del área cultivada y el abandono de actividades agropecuarias por parte de pequeños productores mexicanos (Eakin et al., 2014). Esto resulta problemático ya que disminuye la capacidad propia de México para alimentar a su población ante potenciales interrupciones en el flujo de importaciones.

De modo similar, países centroamericanos como Honduras y Guatemala enfrentan riesgos para su soberanía alimentaria producto de una inserción inadecuada en los mercados globales de granos y oleaginosas (Bacon et al., 2014). Sus limitadas capacidades productivas quedan expuestas ante shocks externos como sequías, inundaciones o fluctuaciones de los precios internacionales de alimentos.

La evidencia sugiere que se requieren políticas específicas para gestionar los riesgos de la apertura comercial sobre los sistemas alimentarios nacionales. Los acuerdos económicos deben contemplar salvaguardas, periodos de transición y apoyo a los pequeños productores para evitar potenciar la inseguridad alimentaria de los sectores más desfavorecidos (De Schutter, 2011).

Pérdida de soberanía alimentaria

En muchos casos, los ACE implican la entrada de productos extranjeros a precios más competitivos. Esto puede perjudicar a los productores locales, quienes no pueden competir en igualdad de condiciones. Como resultado, se corre el riesgo de perder la soberanía alimentaria y depender de importaciones masivas. Un ejemplo claro de esto es el sector agrícola en países en desarrollo, donde la entrada de productos subsidiados puede afectar gravemente a los agricultores locales.

El resultado es que los acuerdos de libre comercio pueden exponer a los pequeños productores agrícolas a una competencia que no pueden enfrentar, dado los amplios subsidios y apoyos que reciben los grandes agricultores en países desarrollados (Wise, 2010). Un claro ejemplo es el sector lácteo mexicano tras la firma del TLCAN. Las importaciones subsidiadas de leche en polvo de bajo costo desde Estados Unidos llevaron a la quiebra a miles de productores de leche y quesos mexicanos (Pérez Akaki, 2016).

La dependencia excesiva en importaciones de granos básicos, promovida por la apertura comercial, coloca en riesgo la soberanía alimentaria regional. Centroamérica importa actualmente cerca del 30% del maíz blanco que consume, principalmente desde Estados Unidos (FAO, 2021). Los impactos del cambio climático y la alta concentración de las exportaciones en pocas transnacionales agroalimentarias representan amenazas para la seguridad del abastecimiento de este alimento base en la dieta istmeña (HLPE, 2020).

Los gobiernos requieren definir políticas productivas y comerciales integrales, que defiendan tanto el acceso de los consumidores a alimentos asequibles como los medios de vida de los pequeños agricultores ante las crecientes distorsiones de los mercados globales de productos del campo (De Schutter, 2021).

Competencia desleal y dumping

Uno de los principales desafíos que enfrenta la seguridad alimentaria en el contexto de los ACE es la competencia desleal y el dumping. Esto ocurre cuando un país exporta productos agrícolas a precios artificialmente bajos, lo que perjudica a los agricultores locales y afecta la sostenibilidad de la producción nacional de alimentos. Como resultado, los países importadores pueden volverse dependientes de las importaciones, lo que pone en riesgo su seguridad alimentaria en caso de interrupciones en el suministro.

El ingreso de productos agropecuarios a precios dumping ha sido una constante preocupación en acuerdos regionales como el DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement)1. Un caso claro es el mercado de lácteos en Costa Rica, inundado por importaciones de leche en polvo provenientes de Estados Unidos que competían deslealmente con la producción nacional.

Entre 2005 y 2008, durante el boom del llamado "oro blanco", el precio de venta de la leche en polvo estadounidense en Costa Rica estuvo un 36% por debajo del precio promedio de exportación reportado por el USDA (Vignola et al., 2013). Este fenómeno, facilitado por los crecientes márgenes de preferencias arancelarias del DR-CAFTA, condujo al desplazamiento de miles de pequeños y medianos productores ticos del negocio. Costa Rica pasó de exportador neto a importador neto de productos lácteos, con la consecuente pérdida de soberanía alimentaria en un rubro estratégico de la dieta nacional.

Darle tratamiento al problema de competencia desleal en los tratados comerciales es fundamental para resguardar medios de vida rurales y construir sistemas alimentarios resilientes frente al poder de mercado de los grandes exportadores agroindustriales mundiales. Se requieren compromisos para avanzar efectivamente en el desmantelamiento de ayudas internas y subsidios a la producción y exportación agrícola, especialmente en países desarrollados (De Schutter, 2021).

Estándares sanitarios y fitosanitarios

Los ACE suelen abordar temas relacionados con los estándares sanitarios y fitosanitarios para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos. Sin embargo, estos requisitos pueden ser difíciles de cumplir para los países en desarrollo, lo que limita su capacidad para exportar sus productos alimentarios. La imposición de estándares más exigentes por parte de países desarrollados puede generar barreras comerciales y obstaculizar el acceso a mercados internacionales.

Por consiguiente, los estándares sanitarios y fitosanitarios son un tema clave en los acuerdos comerciales y pueden convertirse en barreras no arancelarias para los países en desarrollo. Un ejemplo son las regulaciones de la Unión Europea sobre residuos de plaguicidas, que han limitado las exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres desde varios países latinoamericanos (Otsuki et al., 2001).

Sólo en la última década, las exportaciones de aguacates, espárragos y arándanos frescos de Perú a Europa han enfrentado suspensiones temporales o amenazas de veto por incumplir los límites máximos de ciertos agroquímicos (Katz & Morero, 2021). Cumplir con estándares como inocuidad, trazabilidad o buenas prácticas agrícolas implica enormes inversiones en tecnología y control de procesos, difícilmente abordables para pequeños productores con limitado acceso a financiamiento y asistencia técnica público-privada.

Casos similares se repiten en países africanos exportadores de hortalizas a la Unión Europea como Costa de Marfil, Senegal o Kenia, reforzando patrones históricos de dependencia y marginación en los mercados alimentarios globales (Ochieng et al. 2021). Urge diseñar reglas comerciales más inclusivas, que prioricen el apoyo financiero y transferencia tecnológica por sobre la imposición unilateral de estándares fuera del alcance de los pequeños agricultores del Sur Global.

Impacto ambiental de la producción agropecuaria

La producción agropecuaria intensiva, impulsada por la demanda creciente de alimentos, puede tener un impacto negativo en el medio ambiente. El aumento de la deforestación, la contaminación del agua y la emisión de gases de efecto invernadero son algunos ejemplos de los desafíos ambientales asociados a la seguridad alimentaria. Según la FAO (2020) la agricultura es responsable de aproximadamente el 25% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

La consecuencia es que la intensificación de la agricultura impulsada por la mayor demanda de alimentos está generando severos impactos ambientales en diversos países. Un caso notorio es Brasil, que se ha consolidado como una potencia agroexportadora a nivel global. Sin embargo, este liderazgo se ha logrado en ocasiones a costa de altas tasas de deforestación y degradación de ecosistemas estratégicos como el Cerrado o regiones de la Amazonía (Ceddia et al., 2014).

Se estima que entre 2000 y 2016, el 30% de la expansión agrícola en Brasil ocurrió a expensas de bosques nativos (Marchão et al., 2021). Los principales vectores de este cambio de uso del suelo han sido cultivos como la soja, la caña de azúcar y más recientemente, la palma aceitera. Además de la pérdida de biodiversidad, la agricultura brasileña actualmente genera el 34% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del país (Observatorio del Clima, 2021). Este importante rol en el calentamiento global cuestiona la sostenibilidad a largo plazo del predominante modelo productivo enfocado en la exportación.

Cambio climático

Los ACE también plantean desafíos en términos de cambio climático. Esto tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria y la sostenibilidad a largo plazo.

Los acuerdos comerciales pueden exacerbar la vulnerabilidad alimentaria al cambio climático, al acelerar los patrones de monocultivo y dependencia de importaciones. Un caso ilustrativo es la región centroamericana luego de la puesta en marcha del CAFTA-DR. La creciente importación de granos básicos desde Estados Unidos ha desincentivado la producción local diversificada, que históricamente fue crucial para la resiliencia de las economías campesinas frente a shocks ambientales (Bacon et al. 2014).

Por ejemplo, en Nicaragua la eliminación de aranceles a la importación de arroz en el marco del CAFTA-DR golpeó fuertemente a los pequeños productores locales, debilitando su capacidad de recuperación ante eventos climáticos extremos como huracanes o sequías (Fréguin-Gresh et al. 2022).

Esta mayor dependencia en flujos comerciales globales controlados por un puñado de corporaciones agrícolas transnacionales arriesga la soberanía alimentaria regional a futuro, en un contexto de creciente inestabilidad del clima.

Los gobiernos deben implementar salvaguardas que protejan los sistemas alimentarios locales y fomenten producciones diversificadas y agroecológicas, como estrategia de adaptación indispensable frente al cambio climático en curso (HLPE, 2020).

Abordar los compromisos climáticos requerirá de políticas integradas que frenen la deforestación, apoyen sistemas regenerativos como la agroecología y reorienten los incentivos agrícolas hacia una producción ambientalmente responsable y socialmente inclusiva (Fears & Terra, 2021).

Pérdida de diversidad agrícola

La liberalización del comercio agrícola ha llevado a una mayor homogenización de los cultivos, con un enfoque en aquellos de mayor valor comercial, contribuyendo a la pérdida de diversidad agrícola en varios países. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2019), esto se debe a "las fuerzas del mercado globalizado que tienden a favorecer un limitado número de cultivos comerciales, en detrimento de una más amplia diversidad inter e intra-específica de plantas cultivadas" (18). Esto confirma que la apertura comercial incentiva la concentración en unos pocos cultivos rentables, desplazando variedades locales.

Un ejemplo de un país afectado por esta situación es México. De acuerdo con el análisis de José Luis Solleiro Rebolledo (2011), investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, "el patrón exportador mexicano se ha especializado crecientemente en un grupo reducido de productos, como hortalizas, frutas y cereales básicos como el maíz, frijol y trigo” (134), relegando a otros cultivos tradicionales y nativos a un segundo plano. Esto ha desincentivado la siembra de variedades nativas menos comercializables internacionalmente. El resultado ha sido la pérdida de diversidad agrícola, ya que muchas variedades locales de cultivos se han dejado de cultivar debido a la falta de demanda en el mercado internacional.

Otro caso documentado es la India, donde “la liberalización económica tuvo como consecuencia la intensificación del cultivo comercial del arroz y el trigo, en desmedro de cultivos tradicionales como el mijo y el sorgo” (Singh, 2019, 79). Esta falta de diversificación ha hecho que el sistema agrícola sea más vulnerable a las enfermedades y plagas, ya que los monocultivos son más susceptibles a brotes masivos. Esta pérdida de diversificación agrícola es un fenómeno global que requiere soluciones multilaterales.

La pérdida de diversidad agrícola también se ha observado en países de América Latina, como Argentina y Brasil (Fears, R. & Terra, 2021). Estos países han experimentado un aumento en la producción de cultivos comerciales como la soja y el maíz transgénico, en detrimento de otros tradicionales y nativos. Esto ha llevado a la destrucción de ecosistemas naturales y a una reducción en la diversidad genética, lo que aumenta la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas frente a los cambios climáticos y las enfermedades.

Vulnerabilidad de la agricultura familiar

La agricultura familiar es un pilar fundamental en la producción de alimentos a nivel mundial. Sin embargo, en el marco de los ACE, esta forma de producción agrícola puede enfrentar dificultades para competir con las grandes empresas agroindustriales. Esto puede llevar a la desaparición de numerosas explotaciones familiares, lo que afecta negativamente la seguridad alimentaria y la diversidad de la producción.

Los pequeños agricultores familiares son actores clave para la seguridad alimentaria en América Latina, representando cerca del 80% de las explotaciones agropecuarias en países como Brasil o Ecuador (Dirven, 2021). Sin embargo, su viabilidad económica se ha visto crecientemente amenazada en las últimas décadas por factores como la competencia desleal de importaciones subsidiadas y el endurecimiento de requerimientos sanitarios y fitosanitarios (De Schutter, 2021).

Un caso emblemático es el cultivo de cebolla en Ecuador luego de la firma de un acuerdo comercial con Chile en 2010. La súbita entrada de cebollas chilenas a precios inferiores a los costos de producción nacionales arruinó a miles de campesinos ecuatorianos que tradicionalmente abastecían el mercado interno (SIPAE, 2012). El deterioro económico y social se tradujo en pérdida de soberanía alimentaria, ya que Ecuador pasó de exportador neto en cebolla a importador en pocos años.

Proteger la agricultura familiar requiere de políticas diferenciadas y decididas dentro de los acuerdos comerciales, con participación activa de las organizaciones y movimientos sociales rurales. Caso contrario, se acentuarán las presiones migratorias del campo a la ciudad y las tensiones políticas ante crecientes desigualdades en el acceso a alimentos y medios de vida rurales dignos.

Vulnerabilidad ante crisis globales

Los ACE también pueden hacer que los sistemas alimentarios sean más vulnerables ante crisis globales, como la pandemia de COVID-19. La interdependencia de las cadenas de suministro internacionales puede verse afectada por cierres de fronteras, restricciones comerciales y disrupciones en el transporte. El resultado es que la pandemia ha expuesto las vulnerabilidades de los sistemas alimentarios, destacando la importancia de fortalecer la resiliencia frente a futuras crisis.

Los acuerdos comerciales han fomentado la interdependencia entre países, pero esto puede volverse una desventaja durante crisis globales. Como afirma el investigador en política alimentaria Timmer (2020), "las cadenas de suministro de alimentos internacionales, una vez consideradas una fortaleza de la globalización, de repente se convirtieron en una fuente de vulnerabilidad a medida que los países luchaban por asegurar su propio suministro de alimentos" (183). Los cierres de fronteras durante la pandemia evidenciaron estas debilidades.

Un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) de 2020 examinó el impacto de la COVID-19 en las cadenas mundiales de valor, incluyendo productos agrícolas y alimentos. Los autores concluyeron que "las redes internacionales de producción exacerbaron la transmisión transfronteriza de las perturbaciones económicas" (156), demostrando que la integración comercial tiene efectos adversos durante la crisis.

La pandemia de COVID-19 ha demostrado claramente la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios a nivel mundial. Durante los primeros meses de su ocurrencia, muchos países cerraron sus fronteras y establecieron restricciones comerciales para limitar la propagación del virus. Esto llevó a interrupciones en el transporte de alimentos y a una disminución en la disponibilidad de algunos productos en los mercados locales.

La vulnerabilidad ante pandemias y desastres naturales es un riesgo creciente del comercio agrícola globalizado. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió en un informe de 2021 que el cambio climático y las enfermedades infecciosas representan una amenaza significativa para la seguridad alimentaria mundial (FAO, 2021). Por ello, reducir la dependencia externa en sistemas alimentarios nacionales es una medida de resiliencia recomendada ante futuras crisis.

El hecho es que los acuerdos de integración económica pueden haber contribuido a la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios, al fomentar la especialización en la producción de determinados productos y aumentar la dependencia de las importaciones. Un ejemplo de país afectado por esta situación es Brasil. Si bien Brasil es uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo, la pandemia afectó su capacidad para mantener un suministro constante de productos alimentarios. Las restricciones comerciales y los cierres de fronteras han dificultado la exportación de estos suministros, lo que ha llevado a problemas de abastecimiento en algunos mercados internacionales. Además, la dependencia de Brasil de otros países para la importación de insumos agrícolas también ha afectado su capacidad de producción.

Otro ejemplo es Estados Unidos. A pesar de ser uno de los mayores productores de alimentos, la pandemia afectó gravemente su cadena de suministro alimentaria. Las restricciones comerciales, los cierres de fronteras y de plantas de procesamiento provocaron escasez y aumentos de precios en algunos productos.

Desigualdad en el acceso a los recursos

La desigualdad en el acceso a los recursos es una realidad en muchos países y puede tener un impacto significativo en la seguridad alimentaria. Los ACE suscritos, a menudo no abordan de manera equitativa la distribución de los recursos necesarios para la producción y acceso a alimentos, lo que resulta en desigualdades que afectan a las poblaciones más vulnerables (Oxfam International, 2021).

Es importante destacar que los recursos necesarios para la producción de alimentos no se distribuyen de manera igualitaria en el mundo. Esto se debe a una combinación de factores, como la ubicación geográfica, la disponibilidad de tierras fértiles y agua, y la capacidad económica de los países. Por ejemplo, naciones africanas como Sudáfrica y Nigeria, que tienen una alta dependencia de la agricultura para su sustento, se enfrentan a una distribución desigual de recursos, lo que afecta negativamente su seguridad alimentaria.

Los ACE pueden generar también desigualdades en el acceso a recursos clave para la producción de alimentos, como semillas, fertilizantes y maquinarias agrícolas. Estos acuerdos a menudo se negocian en función de los intereses económicos de los países más poderosos, lo que puede resultar en una distribución desigual de estos recursos entre los participantes (Shiva, 2016). Por ejemplo, en el contexto de América Latina, se ha argumentado que la distribución desigual de recursos agrícolas ha contribuido a la persistencia de la inseguridad alimentaria, como en Guatemala y Honduras (Wise, 2020).

A menudo estos acuerdos generan políticas comerciales que pueden perjudicar a los pequeños agricultores y a las comunidades rurales, aumentando aún más las desigualdades en el acceso a la alimentación (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2015). Por ejemplo, se ha señalado que los tratados de libre comercio han tenido un impacto negativo en la agricultura familiar, como en México y Colombia, al abrir las puertas a la competencia desleal de productos agrícolas importados y reducir el apoyo gubernamental a los pequeños agricultores.

La distribución desigual de recursos productivos entre países es una realidad que afecta la seguridad alimentaria. Como plantea el investigador Timmer (2022), existe una "desigualdad masiva en términos de dotación de recursos naturales, infraestructura pública y capital humano" (487), lo que se refleja en disparidades en capacidad agrícola y acceso a alimentos. Los acuerdos económicos entre naciones no siempre abordan estos desequilibrios.

Un caso analizado por expertos es África Subsahariana, donde la carencia de infraestructura y capacitación técnica en agricultura impacta la productividad. Según un estudio del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP, 2020), la brecha de rendimiento agrícola en esta región "está asociada de manera significativa con la falta de acceso igualitario a insumos agrícolas esenciales como fertilizantes y semillas mejoradas" (7). Los convenios regionales deben considerar estos factores.

Otro ejemplo relevante son las asimetrías en políticas agrícolas entre México, Estados Unidos y Canadá tras el TLCAN. Como explica el economista mexicano Puyana (2017), esto derivó en una "competencia desigual entre productores agrícolas en Norteamérica", afectando a los pequeños agricultores mexicanos por los subsidios estadounidenses y canadienses (92). Los efectos distribucionales de los tratados comerciales importan para la seguridad alimentaria.

Dependencia tecnológica

Varios autores han destacado cómo los convenios regionales de libre comercio pueden perpetuar la dependencia tecnológica. Según el economista Raju (2020), los acuerdos entre países en desarrollo y economías industrializadas suelen "institucionalizar la transferencia de tecnologías extranjeras mientras desalientan los esfuerzos para desarrollar capacidad tecnológica doméstica" (73). Esto se aplica en particular al sector agroalimentario.

Un caso analizado es el impacto del DR-CAFTA en América Central. Como explica la investigadora Samper (2022), este tratado "facilitó la introducción de paquetes tecnológicos y variedades de cultivos desde Estados Unidos que desplazaron tecnologías locales" (284). Esto afectó negativamente los sistemas de innovación agrícola centroamericanos y su capacidad para garantizar su seguridad alimentaria.

La práctica muestra que la excesiva dependencia tecnológica en agricultura derivada de acuerdos económicos puede poner en riesgo la resiliencia de los sistemas alimentarios locales frente a crisis. Se requieren políticas activas para contrarrestar estos efectos. Uno de los principales problemas de la dependencia tecnológica en el sector agrícola es la falta de capacidad para desarrollar las propias y adaptadas a las necesidades y condiciones específicas de cada país. Esto limita el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles y eficientes, así como el acceso a tecnologías que promuevan la seguridad alimentaria y la resiliencia frente a desafíos como el cambio climático.

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2017), México es el segundo importador más grande de maquinaria agrícola en América Latina y el Caribe, después de Brasil. La FAO estima que México importa alrededor del 95% de la maquinaria agrícola que utiliza anualmente (16).

Un estudio de la Fundação Getulio Vargas (2020) analizó el grado de dependencia tecnológica en el sector agropecuario de Brasil. Los autores encontraron que "cerca del 75% de los equipos y maquinarias agrícolas utilizados por los productores brasileños son importados" (87). Esta alta dependencia de tecnologías foráneas limita el desarrollo de innovaciones propias adaptadas a las necesidades locales.

Expansión de monocultivos

La promoción de la producción de cultivos para exportación en lugar de la diversificación agrícola es una práctica común en muchos ACE. Esto se debe a que los países en desarrollo a menudo buscan aumentar sus ingresos económicos a través de las exportaciones agrícolas. Sin embargo, esta estrategia de desarrollo agrícola puede tener consecuencias negativas, como la expansión de monocultivos y el aumento de la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios.

Según examina la economista agrícola Clapp (2021), los ACE “crean incentivos económicos y regulaciones que favorecen la producción a gran escala de uno o unos pocos cultivos para la exportación" (92). Esto ocurre en desmedro de sistemas alimentarios diversificados y sostenibles. Fernández y Balsa (2020), estudiaron el impacto del acuerdo UE-Mercosur en Sudamérica, advirtiendo que dicho convenio "podría acelerar la expansión del modelo de agricultura industrial y monocultivos transgénicos en Argentina y Brasil" (186), aumentando la vulnerabilidad ecológica y económica.

La expansión de monocultivos es un problema significativo debido a su impacto en la diversidad de cultivos. Esto se refiere a la práctica de cultivar una sola especie vegetal en grandes extensiones de tierra. Esto se realiza para maximizar la producción y facilitar la exportación de un solo producto. Sin embargo, esta falta de diversidad agrícola aumenta la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios a enfermedades, plagas y desastres naturales.

Cuando se planta un solo cultivo en grandes áreas, se crea un ambiente propicio para que las enfermedades y plagas se propaguen rápidamente. La falta de diversidad agrícola hace que los sistemas sean más susceptibles a los desastres naturales, como las sequías o las inundaciones. Un autor que analiza el caso de Vietnam y la vulnerabilidad del monocultivo de arroz es el investigador vietnamita Nguyen (2018), quien afirma: “la creciente homogenización y simplificación de los sistemas agrícolas vietnamitas, dominados por el monocultivo de arroz, han incrementado la susceptibilidad a plagas y enfermedades”.

La dependencia excesiva en un solo cultivo expone a los agricultores del Delta del Mekong a los riesgos del mercado internacional y al impacto del cambio climático a través de eventos extremos como inundaciones y salinización de suelos. Según Nguyen, se requiere un enfoque agroecológico que promueva la diversificación productiva y aumente la resiliencia de los medios de vida de los agricultores vietnamitas ante shocks económicos y ambientales.

Otro ejemplo es el caso de Argentina, donde se ha promovido intensivamente el monocultivo de soja para la exportación. Esta estrategia ha llevado a la deforestación masiva y la pérdida de biodiversidad en vastas áreas del país. La dependencia de un solo cultivo ha aumentado la vulnerabilidad de la economía argentina a las fluctuaciones en los precios internacionales de la soja.

Investigadores como Le Monde Diplomatique Cono Sur (2019) han documentado cómo "los sucesivos gobiernos argentinos promovieron la soja transgénica como monocultivo dominante, desplazando la ganadería y agricultura familiar, en el marco de políticas de apertura comercial y endeudamiento que profundizaron el modelo extractivista" (p.4).

La politóloga Clapp (2021) analiza cómo tratados como el Mercosur "crearon las condiciones para la expansión a gran escala del complejo sojero exportador en Argentina, acentuando los impactos sociales y ambientales" (95). Se requiere un nuevo enfoque agrícola orientado por la soberanía alimentaria, la agroecología, la protección de ecosistemas y la justicia social. Los acuerdos económicos deben alinearse a estas prioridades.

 

Explotación laboral

La afirmación de que los ACE pueden fomentar prácticas laborales precarias y la explotación de los trabajadores en las industrias alimentarias es respaldada por diversos estudios y análisis de organizaciones internacionales.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en 2020, los acuerdos comerciales que no incluyen suficientes salvaguardias laborales pueden tener como consecuencia la explotación laboral. Esto se debe a que los países en desarrollo que buscan aumentar sus exportaciones en el marco de estos acuerdos pueden verse presionados a reducir los estándares laborales y los salarios para poder competir en el mercado internacional.

Un ejemplo de país que se ha visto afectado por esta situación es Bangladesh. Según el informe "Made in Bangladesh: estudio de caso sobre trabajo forzado y tráfico de personas en la industria textil", publicado por la OIT en 2014, la industria textil de este país ha experimentado graves problemas de explotación laboral. Los bajos salarios, las jornadas laborales excesivas, la falta de seguridad en el trabajo y las condiciones de trabajo peligrosas son algunas de las prácticas precarias que se han identificado en este sector.

Otro ejemplo es el caso de México. Según el informe "Trabajo y empleo en México", publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2019, México ha experimentado una creciente precarización del trabajo en los últimos años, especialmente en la industria alimentaria. Se ha observado una prevalencia de trabajadores sin seguridad social, bajos salarios y condiciones laborales deficientes en este sector.

Pérdida de conocimientos tradicionales

La adopción de tecnologías modernas y la promoción de modelos de producción intensiva, impulsados a menudo por los ACE, han contribuido a la marginalización y pérdida de los conocimientos y prácticas tradicionales de producción de alimentos. Esto se debe a que estas tecnologías y modelos favorecen la estandarización y simplificación de los sistemas de producción, desplazando las prácticas tradicionales que suelen ser más diversificadas y adaptadas a las condiciones locales.

Uno de los países que ha sido afectado por esta situación es México. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 promovió la adopción de tecnologías modernas en la agricultura, como el uso intensivo de agroquímicos y la mecanización. Esto llevó a la disminución de la diversidad de los sistemas de producción agrícola, ya que se favoreció la producción a gran escala de productos comercialmente rentables, como el maíz y el trigo, en lugar de los tradicionales locales. Como resultado, muchas variedades de maíz y otros cultivos tradicionales fueron desplazadas y están en peligro de desaparecer.

Otro ejemplo es el caso de la India. La adopción de tecnologías modernas, como los cultivos genéticamente modificados, ha llevado al desplazamiento de variedades tradicionales de arroz y trigo. Según un informe de la Fundación para la Investigación en Economía Agrícola y Políticas (FAPRI), (2022) la introducción de cultivos transgénicos ha llevado a la pérdida de diversidad genética y ha aumentado la dependencia de las variedades comerciales, lo que pone en peligro la resiliencia de los sistemas alimentarios ante enfermedades y cambios ambientales.

En ambos casos, la adopción de tecnologías modernas y la promoción de modelos de producción intensiva han llevado a la marginalización de los conocimientos y prácticas tradicionales de producción de alimentos, reduciendo así la diversidad y la resiliencia de los sistemas alimentarios. Esto resulta en una mayor vulnerabilidad de los países ante los cambios ambientales y la inseguridad alimentaria.

Especulación financiera

La especulación financiera en los mercados de alimentos se refiere a la compra y venta de productos agrícolas con el objetivo de obtener ganancias a través de cambios en los precios. Los ACE, que buscan fomentar el comercio entre países, pueden abrir oportunidades para esta práctica al facilitar el acceso a diferentes mercados y fomentar la liberalización comercial. Sin embargo, esto puede tener consecuencias negativas tanto para los agricultores como para los consumidores.

La especulación financiera en el mercado de alimentos puede aumentar la volatilidad de los precios. Los especuladores pueden tomar posiciones en productos agrícolas y luego deshacerse rápidamente de ellas, lo que puede generar oscilaciones bruscas en los precios. Esto puede dificultar la planificación y la estabilidad económica de los agricultores, quienes se ven expuestos a cambios impredecibles en los precios de sus productos. A su vez, esto afecta negativamente a los consumidores, ya que los costos pueden subir o bajar de forma repentina y significativa, lo que dificulta la previsibilidad y el acceso a alimentos asequibles.

Un ejemplo que se ha visto afectado por esta situación es Argentina. Según un informe de la organización no gubernamental Oxfam (2021), en los últimos años el país ha experimentado una creciente especulación financiera en el mercado de alimentos debido a la liberalización de su comercio. Esto ha provocado una mayor volatilidad en los precios internos de los alimentos básicos, lo que ha impactado negativamente en los agricultores y en los consumidores de bajos ingresos.

Otro ejemplo es el caso de México. En su libro "Los mercados mundiales de alimentos: Regulaciones, gobiernos y especulación en el contexto de la globalización", la economista Amber Waves (2018), señala que la especulación financiera ha tenido un impacto negativo en los precios de los alimentos en el país. Esto se debe en parte a los ACE con Estados Unidos y Canadá, que han facilitado la entrada de productos agrícolas importados y han exacerbado la volatilidad de los precios internos.

Evaluación de la vulnerabilidad alimentaria

La evaluación de la vulnerabilidad alimentaria consiste en identificar y valorar las áreas donde la seguridad alimentaria de un país puede verse comprometida como resultado de los acuerdos comerciales. Uno de los factores a tener en cuenta es la dependencia de importaciones de alimentos básicos, lo cual hace que una nación sea vulnerable a cambios en los precios internacionales de estos productos.

Un ejemplo de esto se puede observar en la situación de México durante la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Este acuerdo comercial resultó en una mayor apertura del mercado agropecuario mexicano a la competencia de productos agrícolas altamente subsidiados de Estados Unidos. Como resultado, la producción agrícola nacional mexicana se vio afectada, especialmente en cultivos como el maíz, el frijol y el arroz. Esto generó una mayor dependencia de las importaciones de estos alimentos básicos, lo cual puso en riesgo la seguridad alimentaria del país.

Otro factor de vulnerabilidad alimentaria es la exposición a fluctuaciones de precios internacionales. Los países que dependen en gran medida de la exportación de productos agrícolas pueden enfrentar dificultades cuando los precios internacionales se desploman. Tal como señala el economista Nin Pratt (2016), varios países africanos dependientes de exportaciones agrícolas como café, cacao o té se han visto "fuertemente afectados durante las crisis mundiales de precios de productos básicos, lo que pone en peligro su capacidad para garantizar el acceso a los alimentos y la nutrición de sus poblaciones" (5). El autor analiza cómo la integración en los mercados globales mediante acuerdos comerciales expone a dichas naciones a riesgos para su seguridad alimentaria.

La reducción de aranceles puede hacer que los alimentos importados sean más baratos en comparación con los productos nacionales. Esto afecta a los agricultores locales, especialmente a los pequeños productores, que no pueden competir con los precios más bajos de importación y se arriesgan a perder mercado. Como resultado, pueden abandonar la producción de alimentos o verse forzados a vender sus productos a precios más bajos, lo que afecta su sustentabilidad económica.

Los ACE también pudieran tener un impacto en el acceso a los alimentos para los sectores más vulnerables de la población. Si los precios de los alimentos importados son más bajos, es posible que los consumidores elijan estos productos en lugar de los producidos localmente. Esto puede llevar a una menor demanda de productos locales, lo que a su vez afecta a los agricultores y a la disponibilidad de alimentos en determinadas regiones.

Un ejemplo real de cómo el manejo inadecuado de los ACE afecta los precios de los alimentos es el caso de México. En la década de 1990, México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá. Aunque este acuerdo trajo importantes beneficios para la economía mexicana en general, también tuvo impactos negativos en la producción agrícola del país. La eliminación de aranceles y barreras comerciales en el marco del TLCAN permitió la entrada masiva de productos agrícolas estadounidenses a precios competitivos.

Esto supuso una amenaza para los agricultores mexicanos, especialmente aquellos que producían alimentos básicos como el maíz y los frijoles. Muchos pequeños agricultores se vieron obligados a abandonar la producción debido a la competencia desleal de los productos importados, lo que afectó negativamente el acceso a los alimentos en las comunidades rurales.

La falta de políticas adecuadas de apoyo a los agricultores locales y la competencia con productos agrícolas altamente subsidiados de Estados Unidos condujeron a una mayor dependencia de las importaciones para satisfacer la demanda interna de alimentos en México. Esta situación ha contribuido a la volatilidad de los precios de los alimentos en el país y ha afectado negativamente al poder adquisitivo de los consumidores más vulnerables.

La competencia desigual con productos extranjeros también afecta la seguridad alimentaria de un país. Esto ocurre cuando los rubros importados, generalmente subsidiados en sus países de origen, ingresan al mercado local y compiten con los nacionales. Como resultado, los agricultores locales pueden tener dificultades para competir y mantener su producción, lo cual afecta la seguridad alimentaria nacional. Un ejemplo de esto se observa en la situación de algunos países africanos que han sufrido la competencia de productos agrícolas altamente subsidiados de la Unión Europea (Nin Pratt, 2016).

Apertura del mercado a productos agrícolas extranjeros

La apertura irrestricta de los mercados agrícolas a productos extranjeros a bajo costo puede devastar la producción local de alimentos y la economía rural, aumentando peligrosamente la dependencia alimentaria, como advierten autores como Ackerman (2017) y Wise (2010). El ingreso masivo de granos y otros bienes importados con subsidios y economías de escala que abaratan sus precios, genera una competencia imposible de enfrentar para el agricultor local.

Este, sin apoyos suficientes para mejorar su productividad y sin aranceles que lo protejan, se ve forzado a cerrar sus operaciones, como ha ocurrido con miles de campesinos mexicanos tras la apertura comercial del NAFTA (Ackerman, 2017). El éxodo rural y la contracción de la producción agropecuaria nacional que ello genera, impactan directamente en la seguridad y soberanía alimentaria. La creciente dependencia de provisiones desde el exterior expone al país a riesgos de desabastecimiento en caso de crisis globales, encarecimiento de los fletes o restricciones a la exportación de alimentos en los países proveedores (Wise, 2010).

Un ejemplo de país que se ha visto afectado por esta situación es México. Según un informe del Banco de México, la apertura del mercado a productos agrícolas importados ha llevado a una disminución en los precios de los productos básicos locales, lo que ha afectado negativamente a los agricultores mexicanos. Esto ha resultado en una reducción en la producción agrícola y en el desplazamiento de los agricultores a otras actividades económicas. La apertura comercial ha provocado cambios en los espacios rurales de México, afectando negativamente a las comunidades agrícolas y a la diversidad agrícola. Esto demuestra cómo los ACE mal manejados pueden tener consecuencias profundas en la producción agrícola local y en la economía de un país.

Ackerman (2017) y Wise (2020) han documentado en profundidad cómo el ingreso de granos y otros productos agrícolas importados a precios por debajo de los costos de producción llevó a una crisis en el agro mexicano. El agricultor local, que no cuenta con los mismos subsidios y economías de escala que los gigantes agroexportadores, quedó expuesto a una competencia imposible.

Esto no solo produjo el desplazamiento de miles de campesinos y una oleada migratoria hacia las ciudades y al extranjero. También diezmó la capacidad de México para alimentar a su propia población, generando una dependencia peligrosa de alimentos importados. En caso de crisis internacionales o desabastecimiento, la seguridad alimentaria del país quedaría seriamente comprometida (Ackerman, 2017).

Es importante que los hacedores de política analicen cuidadosamente estos antecedentes antes de abrir sus mercados agrícolas mediante acuerdos comerciales. La liberalización comercial debe ir acompañada de apoyos e inversiones para que el agricultor local pueda mejorar su productividad y competitividad frente a las importaciones. De lo contrario, se corre el riesgo de devastar economías rurales enteras en aras del libre comercio, con graves consecuencias sociales y alimentarias.

Como señala Wise (2020), no se trata de cerrarse al comercio exterior, que claramente también ofrece oportunidades. Pero la integración económica irrestricta ha demostrado efectos altamente problemáticos para agricultores y consumidores de países en desarrollo. Es clave encontrar el balance adecuado entre apertura comercial y protección de la producción local de alimentos.

Calidad e inocuidad de los alimentos importados

La evaluación de la calidad e inocuidad de los alimentos importados en el marco de los ACE es fundamental para salvaguardar la salud de los consumidores y proteger la industria alimentaria nacional. En este sentido, es importante analizar las normas y regulaciones establecidas para garantizar estos aspectos.

Muchos países cuentan con normativas específicas en materia de seguridad alimentaria y exigen a los importadores el cumplimiento de ciertos estándares. Estas regulaciones abarcan desde requisitos de etiquetado hasta pruebas de calidad en laboratorio y controles sanitarios. Sin embargo, la efectividad de estos mecanismos de inspección y certificación varía de un país a otro.

Los problemas surgen debido a la falta de capacidad de los países importadores para llevar a cabo inspecciones y controles adecuados. Esto puede deberse a recursos limitados o insuficiente preparación técnica. Diversas naciones han enfrentado este problema, donde se han detectado productos importados de baja calidad o incluso caducados en el mercado. Por consiguiente, la seguridad alimentaria se ha visto comprometida en varios países tras firmar acuerdos comerciales que facilitaron un ingreso masivo de productos importados sin los debidos controles. Tal como advierten Liu y Tanner (2021), las falencias en los sistemas de inspección sanitaria y certificación de calidad pueden tener graves consecuencias para la salud de los consumidores.

Un caso emblemático es el de China. Según Yang (2019), la priorización de aspectos económicos y comerciales por sobre consideraciones de inocuidad de los alimentos, derivó en la importación de productos lácteos y otros bienes gravemente contaminados. El escándalo de la leche en polvo adulterada con melamina que enfermó a miles de niños puso de relieve estas falencias regulatorias con altísimo impacto sanitario. Esta situación fue revertida rápidamente con posterioridad por las autoridades pertinentes. Situaciones similares de alimentos importados de dudosa procedencia o incluso vencidos ingresando a países de América Latina se deben, como plantea Rotman (2020), a problemas de corrupción, pero también de recursos humanos y técnicos insuficientes para llevar a cabo una fiscalización eficiente.

Para evitar estos problemas, es importante fortalecer los mecanismos de inspección y certificación a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos importados. Esto implica no solo contar con normas vinculantes, sino también garantizar que las autoridades competentes tengan los recursos y la capacidad para cumplir con su papel de forma efectiva. Es necesario fomentar la cooperación internacional y el intercambio de información entre los países para mejorar la seguridad alimentaria a nivel global.

Es clave que en la negociación de acuerdos de libre comercio se resguarde la capacidad regulatoria y de control estatal en materia alimentaria. De lo contrario, la globalización del suministro de alimentos puede transformarse en una seria amenaza para la salud pública si no va de la mano con estándares internacionales efectivos de inocuidad y mecanismos expeditos para su monitoreo e implementación local.

Evaluación de las políticas de apoyo a la seguridad alimentaria

La evaluación de las políticas de apoyo a la seguridad alimentaria en el contexto de los ACE es fundamental para garantizar el acceso a alimentos seguros y nutritivos para la población. Estos acuerdos pueden tener impactos positivos en términos de acceso a mercados internacionales y la posibilidad de diversificar la oferta de alimentos, sin embargo, es necesario estar atentos a posibles efectos negativos en la producción local de alimentos y la seguridad alimentaria de la población.

De Schutter (2011), advierte que la liberalización del comercio agrícola puede amenazar los medios de vida de pequeños productores y el acceso a alimentos de calidad en países en desarrollo, de no implementarse salvaguardias adecuadas. Es clave analizar si los beneficios potenciales de estos acuerdos en términos de mayor variedad y menores precios de alimentos importados efectivamente llegan a los grupos más vulnerables de la población (De Schutter, 2011). Ackerman (2017) plantea que se deben monitorear sus efectos sobre los ingresos y capacidad productiva de pequeños agricultores, implementando políticas de protección social que amortigüen posibles impactos negativos.

Los gobiernos deben garantizar que cualquier pacto comercial en el sector agroalimentario vaya acompañado de apoyos e inversiones para que los productores locales puedan competir en mejores condiciones. De lo contrario, advierte De Schutter (2011), la liberalización irrestricta del comercio de granos y otros bienes estratégicos puede socavar gravemente la seguridad y soberanía alimentaria de los países.

Los acuerdos comerciales, si no se gestionan adecuadamente, pueden diezmar la producción local de alimentos y la seguridad alimentaria, como advierten académicos como Ackerman (2017) y Wise (2020). Un caso emblemático es el del sector lácteo mexicano tras la entrada en vigor del TLCAN.

Tal como documenta Wise (2020), al eliminar aranceles, los productores estadounidenses y canadienses pudieron inundar el mercado mexicano con leche en polvo y otros lácteos subsidiados a precios por debajo de los costos de producción locales. Ante esta competencia desleal, miles de pequeños productores quebraron, cediendo participación de mercado a las importaciones.

Esta creciente dependencia compromete la seguridad alimentaria de comunidades enteras, advierte Ackerman (2017). De no implementar políticas compensatorias como compras estatales directas a pequeños ganaderos o subsidios a la industrialización de la leche, la devastación del agro mexicano puede agravar la desnutrición y pobreza.

Es así como Brasil, a través de programas como el PAA (Programa de Adquisición de Alimentos) protege a los agricultores familiares garantizando la compra de su producción para abastecer escuelas y hospitales públicos. Este modelo demuestra que es posible potenciar la producción interna de alimentos y la economía local como pilar de la seguridad alimentaria, incluso en contextos de apertura comercial.

Acciones de mitigación frente a los desafíos para la seguridad alimentaria

Para mitigar los desafíos generados por los ACE, es fundamental implementar un conjunto integral de acciones. La siguiente tabla describe posibles acciones para cada desafío:

De la Tabla No. 1, se podrían deducir los comentarios siguientes:

La mitigación de los desafíos generados por los ACE requiere un enfoque integral que involucre diferentes políticas y estrategias. Es fundamental implementar políticas de sostén a la producción local de alimentos. Esto implica brindar incentivos y apoyo financiero a los agricultores locales para que puedan competir en un mercado tras la apertura comercial. Medidas como la reducción de impuestos, la inversión en infraestructura agrícola y la facilitación del acceso a financiamiento son indispensables para fortalecer la producción interna de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria.

Es necesario implementar programas que promuevan prácticas y el uso de técnicas agrícolas sostenibles que respeten la biodiversidad y el medio ambiente. Capacitar a los agricultores en técnicas de conservación del suelo, uso eficiente del agua y manejo integrado de plagas y enfermedades es esencial para lograr una producción de alimentos sostenible a largo plazo.

Otro aspecto importante es el apoyo a los pequeños agricultores. Estos suelen ser los más vulnerables frente a la competencia de productos importados y requieren de políticas y programas específicos para su fortalecimiento. Esto implica brindarle acceso a crédito, asistencia técnica, tecnología y conocimientos actualizados sobre las tendencias del mercado. Promover la asociatividad y la formación de cooperativas también puede ser una estrategia efectiva para mejorar la competitividad de los pequeños agricultores.

En términos más generales, es necesario promover la soberanía alimentaria como un enfoque para garantizar la seguridad alimentaria. Esto implica impulsar políticas que prioricen la producción y el consumo local, reduciendo la dependencia del comercio internacional. Fortalecer los sistemas alimentarios locales promoviendo la diversificación de cultivos, la conservación de semillas tradicionales y el consumo de productos locales es una estrategia clave para garantizar la seguridad alimentaria a nivel local.

CONCLUSIONES

Los acuerdos de libre comercio sin duda plantean múltiples desafíos para la soberanía alimentaria de los países, especialmente para las economías más vulnerables.

Entre estos desafíos se encentran: dependencia, pérdida de soberanía alimentaria, competencia desleal y dumping, estándares sanitarios y fitosanitarios, impacto ambiental de la producción agropecuaria, cambio climático, pérdida de diversidad agrícola, vulnerabilidad de la agricultura familiar y ante crisis globales, desigualdad en el acceso a los recursos, dependencia tecnológica, expansión de monocultivos, explotación laboral, pérdida de conocimientos tradicionales, especulación financiera.

Frente a esta compleja problemática, los Estados deben implementar políticas integrales, destinadas tanto a fortalecer la resiliencia del sector agrícola como a proteger el acceso a alimentos de los grupos más desfavorecidos. Entre las estrategias fundamentales se cuentan:

• Programas de compras públicas de alimentos a pequeños productores para abastecer programas sociales, hospitales y escuelas, garantizando demanda estable para la agricultura familiar.
• Inversión en infraestructura, capacitación, financiamiento y transferencia tecnológica apropiada, para mejorar productividad y adaptabilidad al cambio climático.
• Subsidios focalizados y políticas de protección social en apoyo de comunidades rurales vulnerables.
• Fomento a la agroecología, la diversificación productiva y las prácticas agrícolas sustentables.
• Fortalecimiento de programas de alimentación escolar basados en productos locales y fomento de hábitos alimentarios saludables.

La combinación de este tipo de medidas permitiría potenciar la producción interna de alimentos e impulsar el desarrollo rural inclusivo, sentando las bases de sistemas alimentarios más justos y resilientes frente a los embates de la globalización comercial.

notas

1 DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, por sus siglas en inglés) es un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y varios países de América Central, que incluyen Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Fue implementado en 2005, con el objetivo de promover el comercio y la inversión entre los países miembros, eliminando barreras arancelarias y facilitando el acceso a los mercados.

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CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.

AGRADECIMIENTOS

No aplica.

FINANCIACIÓN

No aplica.

PREPRINT

No publicado.

DERECHOS DE AUTOR

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