RESUMEN El presente trabajo se propone analizar la democracia y la gobernabilidad en el sistema político de República Dominicana posterior al asesinato de Trujillo, impactando no solo en la dinámica interna, sino también en la intracaribeña. Se estableció un “trujillismo sin Trujillo” con Joaquín Balaguer en medio de la “crisis de hegemonía” del Estado quisqueyo. Para 1963 se restablecía la democracia con Juan Bosch, sin embargo, su proyecto de Revolución fue interrumpido por un golpe de Estado seguido del ascenso de un Triunvirato. Por tal razón, fueron constantes los reclamos a favor de la constitucionalidad y del restablecimiento de la democracia, como se constató con el movimiento de 1965. Con la asunción de Balaguer en 1966 se apostó por una “estabilidad democrática”, aunque permanecieron sesgos del autoritarismo tradicional, rasgos que se intentaron desmontar tras la entronización de la oposición en el poder a partir de 1978, planteando nuevas pautas en la gobernabilidad. Con la suscripción del Pacto por la Democracia en 1994 se le ponía término a los desajustes electorales, transitando de la democracia representativa a la participativa con el Partido de Liberación Dominicana hasta 2020, seguido de Partido Revolucionario Moderno, actualmente en la presidencia.

Palabras claves: República Dominicana, Estado, sistema político, democracia, gobernabilidad.

 

 

ABSTRACT This work aims to analyze democracy and governability in the political system of the Dominican Republic after the murder of Trujillo, impacting not only the internal but also intra-Caribbean dynamics. A “Trujillism without Trujillo” was established with Joaquín Balaguer in the midst of the “crisis of hegemony” of the Quisqueyo State. By 1963, democracy was reestablished with Juan Bosch, however, his Revolution project was interrupted by a coup d'état followed by the rise of a Triumvirate. For this reason, the demands in favor of constitutionality and the reestablishment of democracy were constant, as was confirmed with the movement of 1965. With the assumption of Balaguer in 1966, a commitment was made to “democratic stability,” although biases of authoritarianism remained. traditional. Features that were attempted to be dismantled after the opposition was enthroned in power starting in 1978, proposing new guidelines for governance. With the signing of the Pact for Democracy in 1994, the electoral imbalances were put to an end, moving from representative to participatory democracy with the Dominican Liberation Party until 2020, followed by the Modern Revolutionary Party currently in the presidency.

Keywords: Dominican Republic, State, political system, democracy, governance

 

INTRODUCCIÓN

Con el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo el estado quisqueyo entró en una “crisis de hegemonía”. El aparato estatal que se sostuvo por tres décadas bajo el mismo esquema de dominación se fracturó para 1961, pero no se desmontó a pesar de los indicios de democratización de la sociedad con Joaquín Balaguer, seguido de la entronización de una Junta Cívico Militar. No fue hasta el ascenso de Juan Bosch que se identificaron las primeras muestras de ataque al sistema, sin embargo, su permanencia en el poder por siete meses no logró la concreción de la Revolución proyectada. El golpe de Estado a Bosch profundizó el cuestionamiento a la democracia y a la gobernabilidad en Quisqueya, que se hizo patente tras el establecimiento de un Triunvirato de 1963 hasta 1965.

Con el liderazgo de Francisco Caamaño se perfiló un movimiento revolucionario en 1965 por el retorno de Bosch a la presidencia. Si bien su cometido era el restablecimiento de la constitucionalidad, la guerra civil condujo primero a la intervención norteamericana y posteriormente al regreso de Balaguer, que se prolongó desde 1966 a 1978. En este último año llegó al poder por la vía electoral el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), lo cual condujo al reinicio de la democratización del territorio. Para 1986 nuevamente volvía el presidencialismo/personalismo de Balaguer que se prolongó por una década, mediado por las irregularidades en el sistema electoral y la falta de legitimidad del Estado. Dos años después de la suscripción del Pacto de la Democracia triunfaba en los comicios el Partido de Liberación Dominicana (PLD), el cual se mantuvo al frente de Quisqueya desde 1996 hasta 2020. Dicha fuerza favoreció la reforma constitucional, del sistema electoral, pero sobre todo de la descentralización de las funciones del aparato estatal. Con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) -actualmente en el poder- se ha consolidado la democracia participativa.

Aunque existe una amplia producción historiográfica en América Latina y el Caribe dedicada a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, a la figura de Juan Bosch, al movimiento de 1965, no hay una sistematicidad en el abordaje de la evolución del Estado moderno en Quisqueya. Asimismo, se ha constatado que son reducidas las investigaciones que han trabajado su evolución desde el régimen trujillista y cómo tras su muerte se produjo una “crisis de hegemonía” en el Estado dominicano.

Por tal razón, el tema propuesto en el presente trabajo resulta novedoso, pues se adentra en el comportamiento de la democracia y gobernabilidad en República Dominicana desde 1961 hasta la actualidad. Asimismo, el tratamiento de esta temática no solo permite la comprensión de su dinámica interna en lo relativo al sistema político sino su incidencia regional.

DESARROLLO

La democracia como principio de legitimidad

En la Antigua Grecia, en particular en la polis ateniense, la democracia era asumida como poder del pueblo. Con la modernidad se retomó dicha conceptualización en detrimento de las relaciones feudales y de las monarquías absolutas europeas, favoreciendo los intereses de la burguesía. Para el XVIII el filósofo francés barón de Montesquieu señalaba en El Espíritu de las Leyes (1748) los fundamentos del principio de la representación y la necesidad de tripartición de poderes como forma de organización del Estado. Pero, fue en el siglo XIX que se insertó en el lenguaje político la categoría democracia representativa a raíz de la obra La Democracia en América (1835) del político e historiador francés Alexis de Tocqueville. Mientras en la contemporaneidad ha estado sujeta a los intereses de las fuerzas políticas.

La asunción de la democracia está anclada en un principio de legitimidad que emana del pueblo y que tiene como trasfondo el consentimiento. Sin embargo, para el logro de un sistema político democrático también se requieren mecanismos que permitan la participación de la ciudadanía y sean garantes de la aprobación de una estructura de poder. Según el economista, político y diplomático dominicano Eduardo Latorre:

[…] la democracia debe reunir tres condiciones mínimas. Primero […], tiene que haber libertad plena, verificada objetivamente por el respeto del Estado a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos […] Si el gobierno es del pueblo, no puede ser de uno o de algunos, y nada ni nadie tiene derecho a privar al ciudadano de su capacidad de expresarse, de moverse, de organizarse, y, en fin, de ser libre.

En segundo lugar, […] la soberanía del pueblo […] se trata de la selección y el control de las autoridades que representan y que deciden a nombre de la ciudadanía.

[…] la tercera, y la más difícil de las condiciones, la igualdad. Con la democracia no solo se logra delimitar los poderes al Estado […] sino se quiere que el Estado haga justicia negando todo privilegio de carácter político, económico y social (Latorre, 1992, 64).

Mientras el filósofo y sociólogo galo Edgar Morin en las “Fronteras de lo político” explica que la democracia es:

[…] el sistema que instituye la complejidad política […] no es la ley de la mayoría, es antes que nada la regla del juego que permite que la múltiple diversidad de opiniones se exprese y se confronte […] a través de la polémica, de la discusión […] Y esta es la razón de que la democracia no deba solo instaurar la regla del voto periódico de la mayoría, sino también asegurar la protección de las minorías, que tiene una importancia vital (Morin, 1995, 8).

Teniendo en cuenta estas perspectivas, se entiende por democracia a la forma de organización social que se rige a partir del ejercicio del poder del pueblo. Protagonismo que se obtiene tras la articulación de un sistema institucional que garantice la participación real del pueblo en la elección de sus representantes y en la adopción de decisiones políticas. A partir de ello, se articula la gobernabilidad. En República Dominicana desde la conclusión del proceso de independencia se estructuró un sistema político caudillista, modelo que se consolidó con la emergencia de Trujillo y sus apuestas por el establecimiento de un Estado Moderno en Quisqueya, que se definió por el autoritarismo y el personalismo. La glorificación del líder o caudillo se convirtió en la base de su régimen. De esta forma, la lealtad se presentaba como una moneda de cambio para la obtención de recursos financieros, de propiedades; funcionaba como soporte del clientelismo político.

De Balaguer a Bosch

Con el asesinato de Trujillo el 30 de mayo de 1961 llegó a la presidencia dominicana Joaquín Balaguer. Junto al nuevo mandatario continuaba controlando el país el hijo del desaparecido dictador, Rafael “Ramfis” Trujillo, quien ocupaba el puesto de Jefe de las Fuerzas Armadas hasta su salida de Quisqueya en noviembre de 1961, asumiendo la jefatura Pedro Rodríguez Echevarría. Se instauró un “trujillismo sin Trujillo”, pues, aunque permitió el regreso de los exiliados políticos, reprodujo las normas del Estado establecido en 1930.

[…] no se resolvió ningún problema político, ni de la democracia representativa ni de las fuerzas de izquierda que comenzaron a surgir […] Y fue así, porque de la misma forma que una enfermedad deja secuelas, un régimen despótico, tiránico, invasor de la conciencia de un país deja también sus secuelas nocivas […] (Gómez Ochoa, 2009, 23).

Se presentó una “crisis de hegemonía” en el Estado dominicano pues el sistema de dominación existente se sustentó en un poder personalista, que no era posible transferir. Paralelamente subsistió todo el andamiaje que sostenía el régimen desde la policía hasta el Ejército en defensa del orden estatal y para la regulación social. En tanto, el aparato jurídico respaldaba los cambios constitucionales garantizando la legalidad bajo las normativas de la democracia representativa. A lo que se sumó el control de los medios de comunicación. Si bien implicó un vacío de poder, lo cierto es que los militares se ocuparon de llenar ese espacio a pesar de altibajos en la estructura gubernamental.

De 1961 a 1962 se identificaba una lucha entre las clases dominantes para el mantenimiento de su status quo, siendo garante de su acceso al Estado. Como parte de la apertura se insertó en la palestra pública el centroizquierdista Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se constituyó el partido derechista Unión Cívica Nacional (UCN) y se le puso término a la condición de clandestinidad en la que se encontraba el Movimiento 14 de Junio, cuya inspiración en el proceso cubano lo inclinó a una postura de izquierda. En medio de la crisis de hegemonía se reactivaron o crearon otras fuerzas, dígase el Partido Revolucionario Social Cristiano, el Partido Nacional Revolucionario, el Movimiento Popular Dominicano (MPD) y el Partido Socialista Popular (PSP) (Lora H., 2010, 19-20).

Si bajo el mandato de Balaguer se pronunció una “[…] Ley de Amnistía, el reconocimiento de la autonomía de la Universidad de Santo Domingo y la confiscación de las propiedades de los Trujillo […] el aumento de sueldos, rebaja de los artículos de primera necesidad y reducción de impuestos a las exportaciones […]” (Lora H., 2010, 18), estas medidas no frenarían la presión social al considerarlo un heredero del autócrata quisqueyo, continuando la crisis política. Pero, no es posible negar la democratización de la sociedad, sobre todo si se tiene en cuenta que la confiscación de las propiedades de Trujillo y de sus familiares -dueños de la mitad de los bienes de Quisqueya- cambió la estructura social como resultado de su redistribución, que transitoriamente formaron parte de un efímero capitalismo de Estado.

No obstante, se identificaron huelgas por la destrujillización, con consignas como “Navidad sin Balaguer” y “Navidad con Libertad” (Lora H., 2010, 20). Exigían no solo la renuncia del autotitulado presidente Balaguer sino también del Jefe de las Fuerzas Armadas. Este último denunciaba la entrada de armamento al país por contrabando y la preparación de un plan contra el gobierno, que:

[…] incluía desórdenes en masa y el establecimiento de grupos de resistencia rebeldes en la montaña, agregando que la otra parte del plan consistía en “una campaña de propaganda para desacreditar a la Fuerzas Armadas y a mí, crear la división en las filas y tratar de atraer a las unidades militares a su lado” (Informe semanal de República Dominicana, 1962, 4).

Aunque Rodríguez Echevarría insistía en la vinculación de estos grupos dominantes con el comunismo, inclusive de oficiales que pedían su dimisión, días después de esta declaración tres de ellos –pertenecientes a las Fuerzas Aéreas- afirmaron que “[…] 'no tenían vínculo alguno con agentes comunistas ni estaban influenciados por ellos' […] que 'sólo estaban actuando como simples ciudadanos que se preocupan por el futuro de la Nación' […]” (Informe semanal de República Dominicana, 1962, 4), posición que explica la limitación en la entrada de exiliados políticos y la deportación de otros tras su ingreso al país. Aquí destacaron los casos de Tulio H. Arvelo y de Roberto López Molina. Ante ello, varios partidos condenaron esta acción como el Vanguardia Revolucionaria Dominicana (VRD) con José Rolando Martínez Bonilla, el Frente de la Juventud Democrática y el Movimiento Popular Dominicano (MPD) desde New York.

Ante la negativa de aceptar a Balaguer en el poder se instauró el Primer Consejo de Estado (1 enero 1962-16 enero 1962), estructura que no perduró pues del 16 al 18 de enero de 1962 se constituyó una Junta Cívico-Militar. Dentro de los civiles estaban Antonio Imbert, Luis Amiana Tío, Armando Oscar Pacheco y Huberto Bogaert; mientras entre los militares sobresalió Enrique Valdés Vidaurre. En esta oportunidad se justificaba la emergencia de la Junta para contrarrestar las acciones de la alianza política internacional que existía en el Gran Caribe pues “[…] el cambio de gobierno fue efectuado para frustrar una conspiración internacional encaminada a hacer de la República Dominicana una segunda Cuba” (Gómez Ochoa, 2009, 5), según informaba Bogaert.

Asimismo, declaraban que no iban a permitir la toma del poder de los comunistas. Por tal motivo, uno de los decretos de la Junta estaba encaminado a evitar la entrada al país de extranjeros o nacionales que fueran reconocidos con tal ideología, a lo que se unía la prohibición de las huelgas, así como la censura a la radio, la televisión y la prensa plana; como ejemplo de este último destacaron los espacios en blanco del periódico El Caribe. Fue en este contexto el apresamiento de líderes como Juan Bosch del PRD y de Manuel Tavárez del Movimiento 14 de Junio. Bogaert llamaba al orden para lograr una “democracia efectiva” a través de las elecciones, fórmulas de gobierno que se completaron con el Segundo Consejo de Estado a cargo de Rafael F. Bonnelly, quien se mantuvo en el poder hasta el 27 de febrero de 1963.

Con el Segundo Consejo de Estado se convocaron a elecciones en diciembre de 1962 con la participación del Partido Revolucionario Social Cristiano, el Partido Nacional Revolucionario, el Movimiento Popular Dominicano (MPD), el Partido Socialista Popular (PSP), Unión Cívica Nacional (UCN), el Movimiento Revolucionario 14 de junio y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD); este último obtuvo el triunfo con Juan Bosch.

Con la convocatoria a la Octava Reunión de Consulta del Ministerio de Relaciones Exteriores en Punta del Este, Bonelly le daba instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Bonilla Atiles sobre el caso cubano afirmando que “[…] es imposible que la República Dominicana apoye a Cuba, pero que la votación sobre sanciones al régimen cubano dependerá del desarrollo de los acontecimientos” (Informe semanal de República Dominicana, 1962, 1). Para 1962 no solo hubo pronunciamientos contra el comunismo, sino que el debate giró en torno a Cuba como amenaza para el subcontinente. Ello motivó la aprobación de resoluciones condenatorias a la Isla, además de la decisión de exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA). La primera directriz se enfocó en la ofensiva del comunismo en América Latina, al respecto:

[…] declaran que la unidad continental y las instituciones democráticas del Hemisferio están en peligro.

Han podido comprobar una intensificación de la ofensiva subversiva de gobiernos comunistas, sus agentes y las organizaciones controladas por ellos […] Los hechos más salientes de su intensificación son las declaraciones, expresadas en documentos oficiales por los organismos dirigentes del comunismo internacional, de que uno de sus principales objetivos es implantar el comunismo en los países subdesarrollados y en la América Latina, y la presencia de un gobierno marxista leninista en Cuba, que se identifica públicamente con la doctrina y la política exterior de las potencias comunistas.

Con el pretexto de defender los intereses populares, se suprime la libertad, se destruyen las instituciones democráticas, se violan los derechos humanos y se somete al individuo a formas materialistas de vida impuestas por la dictadura de un solo partido (Resoluciones aprobadas por la Comisión General en la Novena Sesión, 1962, 1).

En relación con Cuba fue aprobada la resolución VI referida a su exclusión del sistema interamericano con la excusa de que era “[…] evidente que las vinculaciones del Gobierno cubano con el bloque chino-soviético inhabilitan a dicho Gobierno para cumplir las obligaciones estipuladas en la Carta de la Organización y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca” (Resoluciones aprobadas por la Comisión General en la Novena Sesión, 1962, 13), posición asumida por la mayoría de los países latinoamericanos, aunque no fue secundada por México, Ecuador (Declaraciones de las Delegaciones presentadas para la inclusión en el Acta Final, 1962).

El “miedo al comunismo” constituyó el centro de las relaciones intracaribeñas, redefiniendo aliados, pero a su vez reestructurando las alianzas políticas regionales que venían de la apertura democrática. Ello motivó el aislacionismo de la Revolución Cubana tanto en los debates en los foros internacionales como en las rupturas diplomáticas y comerciales, incentivadas por Washington. Por tal razón, todo proceso que pareciera emular lo acontecido en La Habana, generaba preocupación no solo de la Casa Blanca sino en los sectores anquilosados en la estructura de poder, como ocurrió en Santo Domingo hace 60 años.

Del ascenso de Bosch a la intervención

Ante la convocatoria a elecciones en 1962, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en una plataforma programática incluía en su agenda a diferentes sectores sociales desde campesinos, obreros hasta desempleados. Para el 27 de febrero de 1963 asumía la presidencia Juan Bosch con el partido de la esperanza nacional (Citado por Lora, 2010, 22), como era conocido, y con ello “[…] se materializaban las aspiraciones de Revolución Democrática de los exiliados” (Concepción, 2020, 44).

Sin embargo, conllevaba varios desafíos desde el desmontaje de un régimen que, si bien se encontraba en crisis desde el asesinato de Trujillo, contaba con un andamiaje consolidado durante más de tres décadas hasta la reinserción en la escena política de una figura que había permanecido por más de 20 años en el exilio. Aunque la labor de Bosch siempre estuvo en conexión con Quisqueya, estaba alejado de la vida nacional, lo cual implicaba una ardua tarea de reconocimiento popular, “[…] le correspondía hacer cumplir y actuar en el marco de las leyes, sino también ser representante y defensor del pueblo” (Acosta Matos, 2013, 226).

Con Trujillo la Carta Magna fue modificada en siete ocasiones durante 1934, 1942, 1947, 1955, 1959 y dos en 1960, con el objetivo de garantizar la permanencia de su régimen en el poder, siendo la primera tarea del gobierno de Bosch. En su efímera gestión sobresalió la promulgación de una Constitución que abogaba por los derechos humanos, la reducción del latifundio, el respeto a los intereses de los campesinos, un Estado laico. Dicha Carta Magna se orientó contra los latifundios privados, asimismo, consideraba el minifundio como antieconómico y antisocial. Por tal razón, declaró la preservación de lo nacional por encima de los capitales foráneos. Prueba de ello fue la prohibición para la adquisición de tierras por parte de los extranjeros y la anulación del contrato que había sido suscrito con la Esso Standard Oil, que tenía como finalidad la edificación de una refinería de petróleo.

[…] La Constitución del año 1963 consagraba el derecho a la vida y a la libertad individual; libertad de creencias religiosas, de asociación en partidos políticos; prohibición de expulsar del país a los ciudadanos; la expresa prohibición de ejercer censura contra la prensa; la prohibición de ejercer violencia sobre los detenidos, considerándose legítima la resistencia contra actos que afectan el cumplimiento de los derechos anteriores (Acosta Matos, 2013, 280).

Después de tres décadas de preminencia del autoritarismo se apostaba por la reconstrucción nacional, lo cual era contraproducente para el discurso político, pues planteaba rupturas con el orden político existente, incluyendo las muestras de glorificación a Trujillo, cuestiones que han conllevado a la asunción de este gobierno como una Revolución, una vuelta a la democracia, un proceso de reformas o la entronización del comunismo. Esto último derivado de un contexto regional donde primaba el “miedo al comunismo”, pues la idea de una nueva Cuba generaba inquietud. Por ello, el triunfo de Bosch era visto como una amenaza para la estabilidad del Gran Caribe, pues “[…] intentaría acometer una profunda renovación, en todos los órdenes, a la que había tenido el valor de llamar “revolucionaria” (Acosta Matos, 2013, 225).

Los cambios propuestos por el gobierno -en particular la Carta Magna- generaron conflictos tanto en el orden externo como en interno, donde el temor a la instauración de un régimen comunista en Quisqueya aglutinó a la oposición encabezada por las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, los latifundistas y los grandes industriales. Mientras, Estados Unidos fomentaba la propaganda de la inminencia del peligro comunista en República Dominicana. A pesar de la línea proyectada por el gobierno desde la campaña electoral en 1962, lo cierto es que en la praxis el proceso quedó interrumpido; proyectos como la Ley de Reforma Agraria quedaron inconclusos.

Un golpe de Estado protagonizado por los militares le ponía término al proyecto democrático. Los intentos de Revolución quedaron frustrados, en solo siete meses Bosch asumió la presidencia y fue depuesto. El historiador cubano Eliades Acosta Matos al referirse a este proceso lo ha denominado Revolución inconclusa (Acosta Matos, 2013). Ello derivó en una agudización de la “crisis de hegemonía” en el Estado dominicano y la emergencia de un Triunvirato de 1963 hasta 1965, siendo una reproducción del Consejo de Estado de 1962.

En esta etapa se fortalecieron los vínculos con los líderes empresariales, alianza que fue temporal debido al accionar de los militares, quienes boicotearon esta relación. Ante ello se alzó en noviembre de 1963 una guerrilla del Movimiento 14 de Junio, integrada por Manuel Tavárez, Fidelio Despradel, Marcelo Bermúdez, Emilio Peralta y Emilio Cordero Michel en Las Manaclas; la mayoría de ellos fueron asesinados (Gómez Ochoa, 2009, 24). La respuesta del gobierno suscitó protestas en todo el territorio, a las que se incorporaron desde el movimiento obrero, las mujeres hasta los estudiantes. Sin embargo, la crisis que afrontaba el Triunvirato no implicó su desmontaje, debido al respaldo que tenía de Estados Unidos, de la Iglesia Católica y en particular de los generales trujillistas.

Para 1965 se produjo un alzamiento encabezado por Francisco Caamaño Deñó, el cual proponía el restablecimiento en el poder de Bosch. Derivado de la inestabilidad política con el Triunvirato se desencadenó una guerra civil que exigía su dimisión, movimiento que tenía como línea central el respeto a la ciudadanía y la falta de legitimidad del gobierno quien tenía al frente para su defensa a las tropas de Elías Wessin y Wessin (Lora H, 2010, 27).

Con relación a este proceso varios han sido los criterios expuestos en la historiografía. Atendiendo a su alcance están los que consideran la ocurrencia de una Guerra Patria, de una Guerra de Abril para la restauración de la constitucionalidad, pero identificando la existencia de un conflicto político-militar. Asimismo, se ha asumido como una Revolución Constitucionalista, atribuyéndole una radicalidad que no tuvo pues no se produjeron cambios en la Carta Magna, sino la reivindicación de la Constitución de 1963. Por tal razón, constituyó un movimiento revolucionario a favor de reformas tanto políticas como económicas, pero sin modificaciones radicales.

Sin embargo, una segunda intervención norteamericana con más de treinta y cinco mil marines el 28 de abril de 1965 intercedía en la guerra civil, en detrimento de los constitucionalistas. De esta forma, Estados Unidos apelaba nuevamente a la OEA y transgredía uno de sus principales estatutos referido a la no intervención en los asuntos internos de otro estado, intromisión que logró entablar una negociación entre una representación de la OEA y los constitucionalistas, conocido como Acta de Reconciliación Nacional que marcaba como pauta la convocatoria a elecciones en junio de 1966 y el respeto a los grupos opositores. Para este año, aunque se produjo la salida de los marines “[…] no se logró una 'estabilidad democrática' en República Dominicana; pues más allá de las disputas por el poder en los comicios electores […]” (Concepción, 2020, 44) protagonizadas por Bosch y Balaguer, fue este último quien continuó con su protagonismo dentro del Estado asumiendo nuevamente la presidencia.

Del retorno de Balaguer al Pacto por la Democracia

Posterior a la Revolución de Abril, se produjo el regreso al poder de Balaguer. En esta oportunidad su mandato se extendió desde 1966 hasta 1978. Durante esos 12 años se fomentó el clientelismo político y se combinó el autoritarismo con prácticas democráticas, acompañado de “[…] una imagen de “continuidad en la ruptura” (Lozano, 2017, 325). Nuevamente demostraba que reproducía los elementos que marcaron la etapa de Trujillo desde su apego a las élites burocráticas, su estrecha vinculación y dependencia a los militares, así como la confrontación con la burguesía y el despegue de los intereses del campesinado (Lora H., 2010, 29).

No obstante, sentó las bases para el ulterior desarrollo de la burguesía y de las capas medias. Con relación a los militares, debe apuntarse cómo con Balaguer ocurrió un proceso de profesionalización de este estamento con la asesoría de especialistas norteamericanos, al mismo tiempo se aumentaban las inversiones en este sector contribuyendo a una mayor modernización. Unido a ello consolidó los vínculos de Santo Domingo con Washington facilitando la inversión de capitales, en particular el extranjero, como vía para estimular la industrialización y a su vez el desarrollo nacional. De igual manera, impulsaba la expansión de la propiedad privada. Una de las rutas para contribuir a ese desarrollo nacional fue la “Ley No. 299 de Protección e Incentivo Industrial” promulgada por el 23 de abril de 1968 que respaldaba los intereses de los sectores unidos a la producción.

En cuanto a la Iglesia, se identificó una posición similar a la que tuvo con el régimen trujillista y que posterior a su muerte entraron en un franco deterioro, sobre todo durante el gobierno de Bosch. Ello estuvo determinado por la actitud benevolente del Estado, que la favoreció desde el punto de vista económico, aumentando las inversiones en su infraestructura, así como validando sus acciones en el plano educativo, posición que no pudo impedir que algunos de sus curas y obispos apoyaran las actividades de movilización contra Balaguer, influenciados en muchos casos por la ideología de la Teología de la Liberación. De igual forma, se destacaron por sus denuncias a las violaciones de los derechos humanos y en contra de la represión, que los llevaron en algunos casos al exilio, así como a las limitaciones de entrada al país (Lora H., 2010, 37-38).

Balaguer se presentaba como un vocero de la estabilidad democrática, que se había resquebrajado como resultado de la “crisis de hegemonía” en el Estado dominicano; por ello el regreso a la constitucionalidad constituía una contrapartida al conflicto interno que se vivía desde la muerte de Trujillo, donde el temor a la guerra estaba latente en la población desde la Revolución de Abril. Ello no excluyó la continuidad del autoritarismo, razón por la cual ocurrieron movilizaciones en contra del régimen, teniendo nuevamente el protagonismo las mujeres, estudiantes y el movimiento obrero. Del mismo modo, ocurrió con el campesinado que aspiraba a una Ley de Reforma Agraria que, aunque se impulsó por el gobierno no pudo materializarse por la oposición de los terratenientes.

Durante su mandato la voluntad popular siguió relegada de la agenda política, salvo algunas concesiones que respondían a los intereses del gobierno. Si bien se presentaban diferencias con el régimen trujillista, del cual era heredero Balaguer, lo cierto es que permaneció la concepción de desplazar “[…] la institucionalidad y la legalidad para gobernar en base al criterio de los gobernantes, quienes no reconocen autoridad superior a las de sus propias personas, respetando solo la fuerza” (Latorre, 1992, 68). Por consiguiente, en el sistema político permaneció el sesgo autoritario, sobre todo en lo relativo a la soberanía del pueblo, que debía estar amparada tanto en el orden legislativo como a nivel institucional.

No pueden desconocerse los progresos en relación con las libertades colectivas e individuales, pero también en el protagonismo que fue ganando el poder civil, al punto de lograr la subordinación del militar. A ello se suma lo relativo a la transferencia de poder por medio de elecciones, marcando diferencias con el trujillismo. De esta forma, se presentaban los primeros intentos por superar el sistema caudillista desde el fortalecimiento de la capacidad de gobernabilidad, la permisibilidad de nuevos actores políticos y la necesidad de una reforma electoral.

Paralelamente Francisco Caamaño continuaba con sus proyectos de restablecer la democracia en República Dominicana, motivo que lo hizo trasladarse a Cuba1 en 1967 para entrenarse junto a otros dominicanos formados en los Comandos de la Resistencia (Gómez Ochoa, 2009, 24-25). Este grupo organizó una expedición que arribó -bajo la conducción de Caamaño- a Playa Caracoles en 1972, sin embargo, no lograron materializar los objetivos propuestos.

En República Dominicana llegó por primera vez al poder la oposición en 1978 mediante las elecciones, logrando superponer el poder civil al militar, además de garantizar el regreso de los exiliados políticos y el fin de la represión. Varios fueron los elementos que permiten entender el fracaso de Balaguer en las urnas. Se produjo el desarrollo de una burguesía industrial moderna, que veía como camino del progreso al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que ya no tenía en sus filas a Bosch desde 1973 en que fundó el Partido de Liberación Dominicana (PLD). Además, su derrota tenía como trasfondo el incumplimiento de promesas, sacrificando la economía y la democracia. Con el PRD se fortaleció desde el Estado:

[…] un discurso político articulador de la unidad del régimen de un carácter distinto al discurso conservador del balaguerismo. Este nuevo discurso está centrado en la competencia política y la apertura hacia la sociedad civil, aspectos ambos alcanzados en muchos sentidos gracias al apoyo de la presión internacional, pero sobre todo resultado de las luchas populares y la desmilitarización del Estado […] (Lozano, 2017, 328).

Ciertamente la plataforma programática de este partido logró no solo solidificar sus nexos con los sectores liberales norteamericanos, con las clases dominantes de Quisqueya –como los terratenientes inconformes con los proyectos agrarios del régimen-, sino también atraer el voto de la clase obrera, de la pequeña burguesía y de un proletariado urbano creciente. Dichas alianzas fueron resultado del proceso de industrialización al que estaba sujeto el territorio desde hacía varias décadas. El PRD apostaba en el terreno político por la socialdemocracia, que atraía no solo el respaldo interno sino también internacional, elementos que impidieron el fraude electoral en 1978 y el reinicio de la democratización en República Dominicana primero con Antonio Guzmán (1978-1982), la transición con Jacobo Majluta (julio-agosto1982) y Salvador Jorge Blanco (1982-1986). Si bien planteaban cambios en materia económica y política, se mantuvo el orden existente.

Para 1986 nuevamente asumía la presidencia Balaguer, aprovechando las fricciones dentro del PRD y el “[…] desencanto generado por el sueño democrático no realizado […]” (Jiménez, 1994, 462), situación que conllevó al retorno del presidencialismo/personalismo. Su permanencia durante 10 años implicó la continuidad del autoritarismo y el control del Estado. El proyecto del balaguerismo se sustentó en tres puntos básicos:

[…] la confianza en la honestidad de los servidores públicos, la defensa de un sistema libre de empresas sin privilegios ni favoritismo y la conciliación política en una democracia participativa, basada en el «orden» y la «libertad» como elementos constitutivos de una política equilibrada de las instituciones del Estado, según la interpelación hecha en su discurso de toma de poder (Jiménez, 1994, 462-463).

A pesar de los intentos de reajustes continuaron las limitaciones para la consolidación de la democracia, en particular por las debilidades en el sistema electoral, como se constató en la “victoria” de Balaguer en 1990 y las irregularidades de 1994, razón por la cual se identificó un quiebre de la democracia debido a la “ideología del fraude” (Lozano, 2017, 329) como mecanismo para el mantenimiento en el poder, aunque sepultando la necesidad de legitimación del Estado.

Ante las constantes modificaciones constitucionales experimentadas en las últimas décadas y los desajustes en los procesos electorales se suscribió el Pacto por la Democracia en 1994. Se promulgó una nueva Carta Magna que condujo a un proceso de reformas del estado dominicano, que incluía desde la no reelección presidencial hasta el establecimiento de un Consejo Nacional de la Magistratura. Para su conducción se requería de una estructura administrativa, por lo cual se instauró una Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (COPRyME).

[…] con el propósito de llevar a cabo estudios y formular propuestas en las diversas áreas tales como en la administración pública, constitucional, legislativa, municipal, político-electoral, por medio de comisiones especializadas. Estas propuestas debían ser seguidas por cada institución pública y organismo del Estado, […] para elaborar iniciativas, estudios y proyectos de cambio y mejoramiento institucional (Estudios de Gobernanza Pública, 2019, 4).

De la democracia representativa a la democracia participativa

Tras el Pacto de la Democracia se lograba transitar de la democracia representativa a la democracia participativa, pero, también era imperativo su compromiso con el desarrollo. En medio de la reproducción del modelo neoliberal y la necesidad de reactivar la economía quisqueya, se produjo “[…] el ascenso de gobiernos marcados por los proyectos partidistas y no por la tradicional vocación caudillista y personalista que primó durante casi una centuria […]” (Concepción, 2020, 45). Dicha renovación estuvo a cargo del Partido de Liberación Dominicana (PLD) que llegaba al poder en 1996. Esta fuerza política se mantuvo en la dirección de República Dominicana durante 25 años, primero con Leonel Fernández (1996-2000; 2004-2012), seguido de Hipólito Mejía (2000-2004) y Danilo Medina (2012-2020).

Desde su entronización se apostó por una descentralización de las funciones del Estado y por el incremento de la participación ciudadana. Sin embargo, no abandonaron algunas formas de regulación ancladas en el sistema político, desde restricciones a los derechos de la sociedad civil, la censura, pero también recurrieron a la violencia para el control social.

Para 2001 se instituyó el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) en sustitución de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, con el propósito de promover reajustes en las instituciones para garantizar su transparencia y su carácter democrático. Al igual que la COPRyME se orientó a “[…] la reforma constitucional, al poder legislativo, a los municipios y al sistema electoral […]” (Estudios de Gobernanza Pública, 2019, 5), mientras favoreció el tratamiento especializado en cuestiones de justicia, sistema fiscal, cambios territoriales, así como el diálogo entre las instituciones. Pero, continuaba como trasfondo la reforma del Estado, para ello nuevamente se presentaba como opción la modificación de la constitución. Para 2015 se precisaba en la Carta Magna las obligaciones del Estado con la ciudadanía:

[…] la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas y corresponde por tanto al Estado Dominicano la responsabilidad de garantizar el acceso a bienes y servicios públicos con estándares de calidad que satisfagan las necesidades esenciales de sus ciudadanos […] (Estudios de Gobernanza Pública, 2019, 5-6).

En medio de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19 se convocaron a los comicios de febrero de 2020, ocasión en la cual nuevamente se puso en cuestionamiento el sistema político, reeditando el quiebre de la democracia por irregularidades en el proceso y su posterior anulación. Ello motivó la reacción de la ciudadanía y el llamado a la movilización social, que tuvo como freno el accionar de las instituciones estatales. Una nueva convocatoria a elecciones en agosto marcó el ascenso de Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), desplazando del escenario político al Partido de Liberación Dominicana. Durante su mandato se ha enfocado en el desarrollo de políticas públicas y el fomento de la inversión, así como en el manejo eficiente de los recursos del Estado.

CONCLUSIONES

El asesinato de Trujillo devino en una “crisis de hegemonía” y de gobernabilidad en el Estado quisqueyo. No logró desmontarse el andamiaje institucional, por tal razón se plantea que con Balaguer se reprodujo un “trujillismo sin Trujillo”. Sin embargo, la victoria de 1962 trasformaba la escena política dominicana pero también regional, pues por la vía electoral se concretaba la aspiración de Revolución Democrática. En febrero de 1963 Bosch asumía la presidencia con un proyecto político para el restablecimiento de la democracia, cuya interrupción siete meses después dio paso a la entronización de un Triunvirato.

Si bien los reclamos por el restablecimiento de la democracia y por el respeto a la institucionalidad fueron recurrentes, no lograron retirar de la escena política a Balaguer (1966-1978) (1986-1996) replicando los fundamentos del autoritarismo tradicional. No obstante, para 1978 nuevamente la oposición llegaba al poder, con una agenda de rescate de la democracia y la gobernabilidad, en un escenario profundamente marcado por la herencia trujillista, que no fue fácil desmontar.

Con el Pacto de la Democracia en 1994 se le ponía término a la “ideología del fraude” anclada con Balaguer y profundizada en sus últimos 10 años de mandato. Asimismo, se lograba el tránsito de la democracia representativa a la participativa, primero con el PLD y posteriormente con el PRM. A pesar de los cambios en la estructura política quisqueya desde la segunda mitad del siglo XX, no se ha podido desarticular completamente el personalismo del Estado, provocando fisuras en la democracia y la gobernabilidad.

notas

1 Caamaño hizo su entrenamiento en Cuba en el campamento Mil Cumbres, sitio donde ocho años antes se prepararon los expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo.

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