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INTRODUCCIÓN

La Comisión de Derechos Humanos (en lo adelante CDH, o la Comisión) fue un órgano subsidiario de la Comisión Económico Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue fundada en 1946 y la llegaron a integrar 53 Estados1, elegidos para un periodo de tres años y con posibilidades de reelección indefinida. Su composición respondió al principio de distribución geográfica equitativa.

En sus inicios, la Comisión desempeñó un papel importante en el sistema contemporáneo de protección de los derechos humanos, el cual emergió tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se configuró así como un órgano especializado en esa materia, y dentro de sus primeras acciones estuvo la redacción de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre2, que años después se reformuló como Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente, la CDH se encargó, entre otros temas, de la creación de la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías y de la realización de dos pactos, uno relativo a los Derechos Civiles y Políticos y el otro enfocado en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales3.

Estos aspectos resultaron coherentes con el contexto histórico en el que surgen los mecanismos multilaterales de la segunda posguerra, cuyos principios se dirigieron al mantenimiento de la paz y a superar la nefasta experiencia dejada por la propagación del fascismo y los horrores de la conflagración mundial.

Como es ampliamente conocido, las estructuras erigidas en torno a la ONU fueron también escenario de confrontación durante la Guerra Fría. A estas dinámicas no escapó la CDH, que con el tiempo transformó su naturaleza, pasando a ser, a todas luces, un espacio de enfrentamiento ideológico, en el cual se politizó y se hizo un uso selectivo del tema de los derechos humanos. De esa manera, a grandes rasgos, desde Occidente se atacó al bloque socialista por violaciones a los derechos civiles y políticos, en tanto desde el bloque socialista se acusó a Occidente por las vulneraciones a los derechos sociales y económicos (Schlesinger, 1988).

Lógicamente, las posturas de Cuba en la Comisión estuvieron basadas en sus principios y fundamentos de política exterior, muy cercanas además a las posiciones de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y del bloque socialista4, lo cual fue coherente con los principios de la política exterior revolucionaria, delineada por Fidel Castro en la Primera y Segunda Declaración de La Habana, en los sucesivos documentos programáticos del Partido Comunista de Cuba y en la Constitución de la República de Cuba de 1976, entre otros importantes marcos.

En los sesenta años de existencia de la Comisión, la actuación de Cuba no tuvo iguales características. Al respecto, es importante reconocer que el Estado cubano firmó numerosos tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, tanto en los años anteriores como en los posteriores a 1959 (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2001) y mantuvo una postura cooperativa con esa instancia. Sin embargo, las políticas selectivas, politizadas y de doble rasero que se exacerbaron en la década del noventa en ese ente multilateral determinaron ajustes importantes en la proyección diplomática de La Habana.

Numerosos trabajos investigativos, así como reportes de prensa y materiales de archivo dan cuenta de una coyuntura particularmente compleja para la diplomacia cubana en la CDH, entre los años 1987-2006. Ello estuvo determinado por varios factores internos y externos. Para los fines de esta investigación, el objeto de estudio será, precisamente, la evolución de los factores externos que condicionaron los ajustes de la estrategia diplomática de Cuba en la CDH, en ese período.

Aunque en el análisis nos hemos enfocado en un mecanismo multilateral ya extinto, consideramos que es este un tema que no ha perdido vigencia, pues el tema de los derechos humanos continúa siendo un elemento objeto de manipulación y distorsión en la narrativa de EE.UU. contra Cuba. Por otro lado, a pesar de que el actual Consejo de Derechos Humanos (en lo adelante CODEHU o el Consejo) tuvo como objetivo inicial eliminar las nocivas prácticas del tratamiento selectivo, politizado y de doble estándar en relación con los derechos humanos, casi 20 años después de su creación, estas prácticas siguen estando presentes en el marco del CODEHU, tal como lo estuvieron antes en la CDH. Al respecto, aunque hasta el momento no ha ocurrido, no se descarta que pueda retomarse la táctica de doble rasero contra Cuba.

Es relevante acotar que la reciente reelección de Cuba para integrar el Consejo en 2023, por sexta ocasión, constituye no solo un espaldarazo a la política exterior cubana y a la estrategia seguida en ese órgano multilateral, también demuestra la importancia que le otorga el país a este asunto en su proyección internacional. Lo anterior queda validado también con los positivos resultados alcanzados por La Habana en su presentación al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal.

Sobre el tema de los derechos humanos y la politización del término se ha debatido desde las ramas del Derecho, la Politología, la Filosofía y las Relaciones Internacionales. De igual manera, la paulatina pérdida de credibilidad de la CDH, como una de las fuentes principales del sistema internacional de protección de los derechos humanos, ha sido un tópico analizado desde diversas tendencias políticas.

Sobre la postura asumida por Cuba en la CDH, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) imprimió una serie de materiales titulados “Cuba y los derechos humanos”, entre los años 2004 y 20055, donde se demuestra cómo el Gobierno de EE.UU. manejó las instituciones de la ONU creadas para la atención del tema de los derechos humanos, fundamentalmente la CDH, en función de su política exterior y con el objetivo de singularizar a países del Tercer Mundo, incluido Cuba ((Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, 2005) & (Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, 2006))

El presente estudio parte de la premisa de que los factores externos que incidieron en los ajustes de la diplomacia cubana en la CDH entre 1987 y 2006 fueron las transformaciones estructurales en el sistema internacional y el desarrollo del ejercicio anticubano impulsado por Washington.

Atendiendo a una lógica histórica, podría resultar de interés cognitivo y metodológico el marco cronológico-temporal que proponemos para acercarnos al objeto de estudio, a saber: 1987-1989, 1990-1997 y 1998-2006. Esta periodización constituye una herramienta para el análisis, atendiendo a las particularidades de cada una de las etapas, las cuales evidencian ajustes en la actuación cubana.

Atendiendo a lo anterior, los objetivos específicos que nos planteamos son: determinar los factores externos que condicionaron los ajustes de la estrategia diplomática de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos y su evolución y explicar los ajustes de la estrategia diplomática de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos en el período 1987-2006.

DESARROLLO

Diplomacia Revolucionaria

Los cambios radicales que tuvieron lugar en Cuba durante los primeros años posteriores al triunfo de la Revolución suscitaron, consecuentemente, profundas variaciones en la proyección internacional del país. De tal manera, se transformaron rápidamente las estructuras encargadas de la ejecución de la política exterior y fue sustituido gran parte del personal diplomático6. Ello respondió a la necesaria modificación de las instituciones, normas, principios y personas que respondían a un pasado neocolonial y, por ende, resultaban incompatibles con el naciente proyecto emancipador cubano.

Siguiendo esa línea, la política exterior cubana luego del triunfo revolucionario de 1959 ha refrendado como principios el antimperialismo; el internacionalismo, la solidaridad y la cooperación; y el respeto irrestricto a los principios del Derecho Internacional Público Contemporáneo y la Carta de las Naciones Unidas (Allende Karam, 2019). Ello ha sido posible con la ejecución de una proyección externa independiente que, si bien ha sabido atemperarse a las coyunturas internacionales, no ha realizado concesiones a esos principios sobre los que se sustenta.

Como toda política exterior, la cubana ha tenido fundamentos determinantes internos, pero también ha respondido, en gran medida, a estímulos y condicionantes externos, provenientes del sistema internacional en que, como Estado, se ha desenvuelto (González, 1990). El caso de la actuación diplomática de Cuba en la CDH, específicamente durante los últimos 19 años en los que funcionó ese mecanismo, demuestra que hubo cambios tácticos en la proyección cubana en ese organismo, atendiendo a las particularidades del contexto.

Para Cuba ha sido vital la aplicación de una diplomacia activa y coherente, con énfasis en los aspectos vinculados a la seguridad y defensa nacional frente a las apetencias imperialistas que históricamente han marcado las complejas relaciones entre La Habana y Washington. Es precisamente el conflicto sostenido entre ambos países un factor condicionante central en la proyección externa de la Revolución Cubana, lo cual ha tenido un impacto no solo en el plano bilateral, sino también en el ámbito multilateral.

Contexto histórico. El sistema internacional como factor condicionante.

Para abordar el término Sistema Internacional es válido atender a sus características complejas, dinámicas y adaptativas. Con ese enfoque, para los efectos de esta investigación entenderemos esa categoría a partir del concepto planteado por el Dr. Roberto González, a saber:

Es el escenario, el ámbito en que se desarrolla la política internacional, estructura resultante de interrelación entre los Estados y otras entidades políticas independientes. Constituye un conjunto de elementos en interacción que integran una totalidad organizada, diferenciable de otros conjuntos complejos. En este caso los elementos son los Estados y otras entidades de significación internacional (González, Teoría de las Relaciones Políticas Internacionales , 1990).

Atendiendo a lo anterior, entre los años 1987 y 1989 la correlación de fuerzas dentro de la CDH, reflejo del todavía existente sistema internacional bipolar, junto a la capacidad negociadora de Cuba, su prestigio internacional, y su estrategia proactiva evitaron que prosperaran los proyectos de resolución anticubanos impulsados por EE.UU. En ese momento, Cuba contaba con el apoyo del bloque socialista (5 países), con la mayoría de los países latinoamericanos (Grupo de los 8) y con gran parte de los votos de África y Asia. Incluso contó con el voto de Chipre dentro del grupo occidental.

Según la profesora Dinorah Hernández, el sistema internacional bipolar configuró alianzas más fuertes y claras, lo cual, evidentemente, impactaba en los mecanismos multilaterales y establecía patrones de votación relativamente más predecibles que en un sistema multipolar (Hernández D. , 2024).

En este ámbito, es importante reconocer el activismo internacional alcanzado por La Habana, que para ese entonces había logrado revertir, en gran medida, el aislamiento diplomático que se le impuso en la década del sesenta en América Latina y había ganado protagonismo y prestigio dentro del Movimiento de Países No Alineados y el Grupo de los 77 más China, como principales mecanismos que agrupaban a las naciones del Sur. Igualmente, en foros multilaterales, era reconocida la postura cubana de condena al régimen racista de Sudáfrica, su contribución internacionalista y de cooperación, y como el personal cubano contribuyó al fin del Apartheid y a la independencia de Namibia.

Es importante subrayar que la diplomacia cubana, a pesar de su relativo pequeño tamaño, destacaba por su capacidad negociadora, incluso con grandes potencias y aliados de Washington. En tal sentido, fue significativo que, en 1989, Cuba resultara electa miembro del Consejo de Seguridad.

Esos aspectos favorecieron las negociaciones desarrolladas por la delegación cubana para frenar iniciativas estadounidenses que buscaban, de manera selectiva y politizada, que el tema Cuba fuera debatido en esa instancia. De tal modo, en 1987, con la aprobación de una moción de no acción, presentada por la India, se evitó que se debatiera y se llevara a votación la resolución estadounidense y la presentada por Cuba en respuesta.

Al año siguiente, se logró frenar también el avance de la maniobra norteamericana con la invitación a visitar Cuba a un grupo de la CDH. En entrevista ofrecida a este autor, el diplomático Raúl Roa Kourí, quien fuera por varios años Jefe de la delegación cubana a la CDH, señaló que esa decisión respondió a nuestros intereses de política exterior y fue resultado de varias negociaciones previas, fundamentalmente con los países latinoamericanos (Roa Kourí, 2023). Fue un gesto de cooperación de Cuba con las instancias de la ONU y no la respuesta a una imposición externa.

Aunque en 1989 fue derrotada nuevamente la resolución anticubana, esta situación cambió drásticamente hacia la década del noventa, contexto en el que las resoluciones promovidas y presentadas por EE.UU. contra Cuba fueron aprobadas y en su contenido se incluía la propuesta de designación de un Relator Especial para el caso. Esa tendencia se mantuvo entre el 46 y el 53 período de sesiones de la CDH (1990-1997).

Con el derrumbe de la URSS y el bloque socialista emergió un Nuevo Orden Internacional, bajo la hegemonía de EE.UU., que como señala (Alzugaray, 2003), tuvo su “momento unipolar”. En este contexto, con el repunte de los postulados del Destino Manifiesto, Washington aplicó una política exterior enfocada en promover e imponer su modelo económico, político y social como ejemplo y paradigma a seguir por el resto del mundo. De este modo, los conflictos en el sistema internacional dejaron de girar en torno al sistema bipolar, por lo que se reconstruyeron las concepciones de amenazas al orden internacional, las cuales se identificaron como transnacionales y asimétricas.

Durante la administración de William Clinton, como señala el académico cubano Luis Suárez Salazar, se reelaboraron las nociones sobre los “nuevos enemigos” que tendría que enfrentar la “seguridad nacional” de EE.UU.: narcotráfico, terrorismo, migraciones incontroladas, proliferación de armamentos de destrucción masiva, violación a los derechos humanos y de las “libertades democráticas”, entre otros. En concordancia, se formuló, en 1994, la llamada Doctrina de la Expansión de las Democracias de Libre Mercado (Suárez L. , 2002).

Estos elementos tuvieron también una clara manifestación en la correlación de fuerzas dentro de la CDH, desfavorable para los países subdesarrollados y aquellos que resultaban enemigos de EE.UU. y sus aliados. En consonancia, los mecanismos de presión utilizados por Washington resultaron mucho más efectivos, toda vez que no se contaba con un actor en el mecanismo que le hiciera contrapeso.

Igualmente, numerosos diplomáticos cubanos como Abelardo Moreno, Juan Antonio Fernández, Mercedes de Armas, María del Carmen Herrera o Antonio Alonso, en entrevistas para esta investigación, coincidieron en que los métodos utilizados por las delegaciones estadounidenses fueron “brutales” y se enfocaban no solo en el condicionamiento de la ayuda económica brindada a determinados países, también se dirigían a personalizar las estrategias, a fin de propiciar en el momento de la votación la ausencia en la sala de determinados delegados cuyos gobiernos podrían no ceder a las presiones estadounidenses.

Hacia finales de los años noventa esa tendencia comienza a variar. En ello habría que tener en cuenta la relativa pérdida de hegemonía estadounidense, en un sistema internacional evidentemente en transición hacia la multipolaridad. Autores como (Hernández L., 2014) coinciden en que en esos años la estructura del sistema internacional estaba marcada por la unipolaridad, aunque ciertamente ya emergían actores relevantes que añadían nuevas dinámicas al escenario global, tal era el caso de Rusia y China.

La invasión a Iraq en 2003 ratificó el poderío de EE.UU., que obvió por completo las instancias de la ONU y los reclamos de gran parte de la comunidad internacional. El propio Secretario General de la ONU, Kofi Annan, calificó de “ilegal” esa acción (Annan, 2004), sin embargo la estrategia de Washington no pudo ser revertida.

Asimismo, resultó relevante en el área latinoamericana, el triunfo de la Revolución Bolivariana en Venezuela y el creciente número de Gobiernos de izquierda y progresistas que resultaron victoriosos en procesos electorales en el continente. Esos aspectos inevitablemente influyeron en la correlación de fuerzas en la CDH.

Habría que atender también a que la capacidad negociadora de Cuba mejoró en esos últimos años. Paulatinamente el país mostró índices de relativa recuperación económica y en el ámbito diplomático había logrado diversificar y ampliar aún más sus relaciones bilaterales, romper definitivamente los intentos de aislamiento diplomático, alcanzar un notable protagonismo internacional, dinamizar su participación en foros multilaterales y fortalecer la cooperación Sur-Sur. Además, fue un hito, en este contexto, la visita a Cuba del Papa Juan Pablo II.

Un elemento a tener en cuenta en el análisis del último período (1998-2006) es la influencia que tuvo el proceso de reformas de la ONU en la CDH. En ese contexto, era claro que las instancias multilaterales aun respondían al orden internacional establecido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el cual había sufrido grandes transformaciones. Aunque esas supuestas reformas no tuvieron el alcance al que se aspiraba, sí añadió nuevos cuestionamientos sobre la pertinencia de la CDH, su funcionamiento y su mandato.

Estos aspectos demandaron de una diplomacia más activa y ajustada a los cambios que se suscitaron en el sistema internacional. Frente a esa realidad y ante la desventaja evidente en la CDH, Cuba mantuvo como estrategia permanente no perder el espacio en la Comisión, logrando ser electa en todas las elecciones que tuvieron lugar en el ECOSOC. Asimismo, mantuvo una postura de no aceptación frente a los postulados de la resolución estadounidense y se negó a permitir la entrada al país de un Relator Especial, que solo tenía un propósito selectivo y politizado.

El Ejercicio anticubano en la CDH: otra dimensión del conflicto Cuba-EE.UU.

En el análisis del destacado intelectual cubano, Esteban Morales, sobre los focos de la política estadounidense hacia Cuba, podemos apreciar que, como tendencia, el periodo que abarca la presente investigación se ubica en una etapa de la confrontación, iniciada precisamente en 1987, en la que, desde Washington, se consideraba que en Cuba había dos crisis internas fuertemente interrelacionadas: la crisis económica (considerada irreversible) y la crisis en la esfera política.

Es por ello que el escenario marcado por el proceso de derrumbe del campo socialista y la postguerra fría fue considerado en los círculos de poder de EE.UU. como idóneo para derrocar al proceso revolucionario, exacerbando las “negativas dinámicas domésticas”, propias del llamado período especial en tiempos de paz (Morales, 2009). No obstante, la agresividad estadounidense también estuvo dirigida a contrarrestar el activismo internacional de La Habana.

Atendiendo a lo anterior, es evidente que la utilización del tema de los derechos humanos en la política de Washington hacia Cuba estuvo encaminada en dos vertientes: atacar a la Revolución en el ámbito externo e incidir negativamente en el contexto interno. En este sentido, el ejercicio anticubano en la CDH devino espacio de confrontación por excelencia y fue funcional al permanente objetivo de la política de Washington hacia la Revolución Cubana: “el cambio de régimen, el derrocamiento de un sistema que en sus propias narices ha practicado y aun hoy practica una política interna y externa absolutamente soberanas” (Ramírez Cañedo & Morales Domínguez, 2014).

La utilización del tema de los derechos humanos se ha enmarcado dentro de uno de los carriles utilizados por EE.UU contra La Habana, fundamentalmente el relacionado con el ámbito ideológico. En ello han contado con el apoyo de varias ONGs, las cuales no solo han servido como fuentes de información sobre supuestas violaciones de derechos humanos en varios países, también han establecido estrategias de acción y han formulado propuestas de legislación ante el Congreso estadounidense. Asimismo, han canalizado recursos hacia grupos autodenominados como defensores de derechos humanos y han establecido redes de comunicación entre estos (Muñoz, 1993).

Sobre el caso de Cuba, una búsqueda en el Archivo Central del MINREX ha permitido apreciar el accionar sistemático de Amnistía Internacional, de Washington Office for Latin America (WOLA), entre otras, en la búsqueda y propagación de información sobre supuestos casos de violaciones de los derechos humanos en el país, lo cual sirvió a los intereses estadounidenses contra Cuba en la CDH.

Esto complementó en un primer momento la política agresiva de Ronald Reagan, quien amenazó, desde su campaña electoral, con agredir a la Revolución Cubana, incluso con las armas. Resultan muy ilustrativos y claros los postulados planteados en los Documentos de Santa Fe7, y en el texto Dictatorships & Double Standards, de Jeane Kirkpatrick8 para apreciar el enfoque de las élites estadounidenses sobre el tratamiento del tema de los Derechos Humanos en la política exterior de ese país y sus implicaciones para América Latina y para Cuba. Estos materiales permiten dilucidar el componente ideológico con respecto a este tema, que se mantuvo presente en la narrativa y en el discurso político de las administraciones estadounidenses del periodo que hemos señalado, y que aún hasta hoy siguen estando presentes. Además, refrendaban elementos propios del realismo político y el equilibrio de poder, y destacan por su rescate de la doctrina Monroe.

En la década del noventa EE.UU. instrumentalizó el tema de los derechos humanos como su “hoja de parra” con la cual pretende legitimar el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba (Alzugaray, 2003). Igualmente, ha sido un argumento que busca justificar eventuales acciones, incluso armadas, amparadas por conceptos sin consenso multilateral como las “intervenciones humanitarias”, ante la existencia de Estados considerados fallidos y donde supuestamente se violan de manera masiva, flagrante y sistemática los derechos humanos. Ante esta situación, no cabe duda que para Cuba el enfrentamiento en la CDH tenía un impacto en términos de su soberanía e independencia nacional.

Sin dudas, la estrategia estadounidense contra Cuba en la CDH, en esa etapa, persiguió el objetivo de darle el supuesto tiro de gracia al modelo socialista tras el desmoronamiento del bloque socialista. En tal sentido, esa maniobra en Ginebra complementó los postulados de las denominadas Ley para la Democracia Cubana (conocida como Ley Torricelli) y la Ley para la Solidaridad Democrática y la Libertad Cubana (conocida como Ley Helms Burton). Esos cuerpos jurídicos, además de perfeccionar todo el andamiaje legal del bloqueo, añadían nuevos derroteros a la crítica a Cuba por supuesta violación de derechos humanos, por lo que la condena en la CDH resultaba muy favorable para la campaña internacional contra la nación cubana.

Es importante recordar que en el propio proyecto de la Ley Torricelli, en el apartado 6 de la sección 2, se señala lo siguiente: “El derrumbe del comunismo en la anterior URSS y en Europa Oriental, el ahora universal reconocimiento en América Latina y el Caribe de que Cuba constituye un modelo fracasado de gobierno y desarrollo, y la evidente incapacidad de la economía cubana para sobrevivir a las tendencias actuales, proporcionan a EE.UU. y a la comunidad democrática la oportunidad sin precedentes para promover una transición pacífica hacia la democracia en Cuba” (Citado por (Caymaris, 1996)).

En 1998 fue derrotado el proyecto de resolución estadounidense en la CDH y aunque no se logró revertir luego nuevamente la iniciativa de EE.UU., sí marcó cambios en el desarrollo del ejercicio anticubano. En tal sentido, entre 1999 y 2005 se continuaron aprobando las resoluciones, aunque con variaciones en su contenido, llegando a ser incluso textos de carácter meramente procesal.

Igualmente, en el periodo hubo cambios en los proponentes y los copatrocinadores de las resoluciones, con el fin de aparentar una mayor pluralidad, si bien la autoría seguía siendo netamente estadounidense. Entre 1999 y 2001, la República Checa, durante el gobierno de Václav Havel, presentó el texto anticubano. Esa fue una postura que llegó a resultar incómoda para la Unión Europea, que no patrocinaba en bloque la resolución (Fernandez Palacios, 2023).

Posteriormente, siguiendo una estrategia dirigida a romper con procesos unitarios y de integración latinoamericana, Washington presionó a numerosos gobiernos de la región para que presentaran los proyectos de resolución ante la CDH. De esa manera, los gobiernos de la época de Uruguay, Perú y Honduras desempeñaron tales roles. Con esa táctica también se perseguía legitimar el ejercicio anticubano, cuyo descrédito era creciente.

Estas maniobras demuestran que EE.UU. tuvo que ejercer mayores presiones para lograr sus objetivos contra La Habana. La no elección de Washington para la CDH en 2001 fue, entre otras causas, un ejemplo del costo político que tuvo para la nación norteña su evidente estrategia de politización del tema de los derechos humanos y de doble rasero. La resolución anticubana que impulsaban era un claro ejemplo de ello.

Aunque con menos fuerza, el ejercicio anticubano se mantuvo hasta el 2006, durante el Gobierno de George W. Bush y respondió a las líneas trazadas en el documento conocido como “Plan Bush de Asistencia a una Cuba Libre”, el cual, en su esencia, planteaba la anexión de Cuba a EE.UU. Para ello, desde su primer capítulo se proyectaba utilizar el tema de los derechos humanos como elemento subversivo para la formación de líderes políticos contrarrevolucionarios con capacidad de movilización popular; así como promover en los organismos e instituciones internacionales campañas de descrédito hacia el gobierno de Cuba y movilizaciones internacionales de apoyo a la contrarrevolución interna y el cambio de régimen (Archivo Central del MINREX, 2004).

En este contexto, La Habana se propuso impulsar en la CDH las resoluciones temáticas, las cuales, además de contribuir al acervo teórico y práctico del sistema de protección de los derechos humanos, también ayudaron a reconfirmar la politización de que era objeto ese tópico por parte de EE.UU. Igualmente numerosos Relatores para la atención de temas como Derechos de la niñez y la adolescencia, entre otros, fueron invitados a visitar Cuba, así como en la década del noventa fue relevante la invitación al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos9.

La Habana demostraba que, aunque no reconocía los espurios procedimientos especiales planteados por la resolución anticubana, sí existía una voluntad de cooperar con las instancias de la ONU dedicadas a la atención del tema de los derechos humanos, sobre la base del respeto a la soberanía y autodeterminación del país.

Sobre la actuación diplomática de Cuba en la Comisión, debemos añadir que, junto con la defensa de las posiciones cubanas y de las causas de los países del Tercer Mundo, la estrategia de las delegaciones de Cuba también contribuyó a evidenciar el descrédito y la falta de legitimidad de la CDH. Diplomáticos cubanos participaron de manera muy activa, constructiva y efectiva en las negociaciones que propiciaron el surgimiento del Consejo de Derechos Humanos (CODEHU), en sustitución de la CDH, que dejó de existir en 2006, y con ella, también desapareció el ejercicio anticubano.

CONCLUSIONES

Los resultados de la investigación permiten aseverar que el desarrollo del ejercicio anticubano y las transformaciones estructurales del sistema internacional fueron factores condicionantes de los ajustes de la estrategia diplomática seguida por Cuba en la CDH.

Los cambios en la correlación de fuerzas y los consecuentes cambios en la estructura del sistema internacional impactaron en ese órgano multilateral que, a partir de la década del noventa, le otorgó ventajas a EE.UU. para la aplicación de su táctica de singularizar a países del llamado Tercer Mundo que no respondieran a sus intereses, como supuestos violadores de los derechos humanos.

La CDH fungió en numerosas ocasiones como mecanismo legitimador de la política exterior estadounidense y de la aplicación de sus medidas coercitivas unilaterales, teniendo al agravamiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba como un claro ejemplo al respecto.

El análisis del ejercicio anticubano impulsado en la CDH reconfirma que fue un componente del conflicto Cuba-EE.UU., instigado por este último, y se integró dentro del carril de la subversión ideológica, aplicado por Washington contra La Habana. La estrategia de EE.UU. evolucionó en tres etapas, marcando en cada periodo objetivos comunes, pero con distinto alcance. Igualmente, hubo diferencias desde el punto de vista programático.

En todo momento, esas maniobras resultaron funcionales al objetivo de Washington de “cambio de régimen” en Cuba, así como a la política encaminada a aislar diplomáticamente a la Revolución Cubana. En su esencia, demostraron la marcada politización del tema de los derechos humanos, fenómeno que persiste actualmente en la narrativa estadounidense.

Para Cuba fue esencial la defensa de sus principios e intereses en ese mecanismo multilateral frente a las maniobras de EE.UU., toda vez que ello tenía carácter de seguridad nacional. En un escenario marcado por una fuerte crisis multidimensional en lo internacional y lo doméstico, y en el que EE.UU. emergió como principal actor del sistema internacional, constituía una amenaza la posibilidad de que se singularizara a Cuba como país violador de los derechos humanos, teniendo en cuenta la marcada estrategia occidental de codificar en el Derecho Internacional doctrinas como “injerencia humanitaria”, “legítima defensa preventiva” o la “intervención humanitaria”, con el fin de poder usarlas luego a su conveniencia.

Estos elementos generaron inevitablemente ajustes en la estrategia diplomática de Cuba, sin que se hicieran concesiones a los principios de la política exterior revolucionaria. Las dinámicas de la CDH requirieron de mayor activismo en las negociaciones y de una actuación proactiva, que fue efectiva y exitosa, y a la postre, demostró la selectividad, politización y manipulación de este ejercicio, las labores de la Comisión y la actuación en ella de EE.UU. y sus aliados.

La política estadounidense hacia Cuba en ese ente fue uno de los más claros ejemplos de la falta de objetividad y de la aplicación de políticas de doble rasero en la Comisión, lo cual fue una las causas para su desaparición en 2006.

notas

1 En un principio, de acuerdo con las características del sistema internacional, marcado por un reducido número de países independientes, solo integraban este órgano 18 Estados.

2 Aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de la ONU, en París. Eleonor Roosevelt presidió la Comisión encargada de su redacción.

3 Ambos pactos entraron en vigor en 1976.

4 Entre los ejemplos que demuestran la convergencia de posiciones se encuentran las fuertes críticas al Apartheid, los llamados a la codificación del Derecho al Desarrollo, la oposición a la creación del cargo de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre otros.

5 Estos materiales fueron enviados a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de que fuera distribuido como documento oficial del 61 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, bajo el tema 9 de su agenda.

6 En septiembre de 1959 se aprobó la Ley No. 563 que derogó el Decreto-Ley 1619 de 1954 y lo calificaba como cuerpo legal desorganizado que estructuraba de manera caótica e inoperante al entonces Ministerio de Estado. El 23 de diciembre de ese año se dicta la Ley 663, con la cual queda establecido el actual Ministerio de Relaciones Exteriores. (Citado en (Céspedes Carrillo, 2008).

7 Entre las personas que intervinieron en la redacción de estos documentos se encuentran importantes representantes del Partido Republicano, diplomáticos, militares, entre otros.

8 Kirkpatrick en sus concepciones planteó, como parte de sus críticas a la política exterior seguida por el Gobierno de Carter, la necesidad de distinguir en la proyección exterior estadounidense entre países totalitarios y autoritarios, a fin de garantizar el apoyo a dictaduras afines a los EE.UU., en tanto aplicaban una política hostil hacia supuestos regímenes autoritarios cercanos a la URSS.

9 El cargo lo ocupó en ese momento el diplomático ecuatoriano José Ayala Lasso.

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CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.

AGRADECIMIENTOS

No aplica.

FINANCIACIÓN

No aplica.

PREPRINT

No publicado.

DERECHOS DE AUTOR

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