Recibido: 11 de enero de 2024

 

 

INTRODUCCIÓN

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) fueron una guerrilla revolucionaria de ideología marxista-leninista y bolivariana con base en Colombia. La Conferencia Constitutiva de las FARC-EP se realizó en el año 1966. Sin embargo, el grupo armado tomó como fecha de creación el día en el que se inició la resistencia en el país, esto es, el 27 de mayo de 1964, ocasión en que tuvo lugar la agresión militar del Estado colombiano contra la zona pacífica campesina de Marquetalia (Matta, 1999, 19).

En el año 2016, siendo presidente de Colombia Juan Manuel Santos, se firmaron en La Habana, Cuba, los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Estos tuvieron lugar después de largas fases de negociación entre ambos bandos. Fueron Cuba y Noruega los Estados garantes de las negociaciones y, además, contaron con Chile y Venezuela como facilitadores. El 2 de noviembre de 2016, después de más de 50 años de lucha armada, las FARC-EP dejarían definitivamente las armas.

Tras la firma de los Acuerdos de La Habana, comenzó en Colombia el proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). Este fue llevado a cabo mediante un proceso de reincorporación colectivo, fundamental para sentar las bases, para salvaguardar y mantener las comunidades a las que regresan los excombatientes, y para crear capacidades para la paz, la seguridad y el desarrollo (Naciones Unidas: Mantenimiento de la paz, 2020).

Debido a lo mencionado anteriormente, el objeto de estudio del presente artículo se basa en analizar los modelos de DDR de las últimas décadas. En particular, se pondrá especial atención a las diferencias entre el modelo individual y el colectivo de reincorporación de los exguerrilleros. Para ello, se hará un análisis de los procesos de DDR individuales de Angola y Mozambique, para así, poderlo comparar con el modelo colectivo de reintegración de los excombatientes de las FARC-EP de Colombia. En resumidas cuentas, el objetivo principal de esta investigación es conocer y valorar el proceso colectivo de reincorporación de las FARC-EP en el Estado de Colombia.

Introducción a los procesos de desarme, desintegración y reintegración

Como se ha mencionado anteriormente, las siglas DDR identifican a los procesos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU)1, este proceso sienta las bases para preservar y proteger las sociedades donde retornan los exguerrilleros. Además, también crean climas para que, a un largo plazo, se dé la paz, la seguridad y el desarrollo en esas sociedades.

En términos generales, los procesos de DDR son una fase que tiene lugar luego del cese de los conflictos armados y la firma de un acuerdo de paz. Su propósito es permitir a los excombatientes entregar sus armas, lograr la desmilitarización, regresar a la vida civil y reintegrarse en la sociedad (Zirion, 2012, 25). Su objetivo es contribuir a la seguridad y la estabilidad en los entornos posteriores a los conflictos, de modo que pueda iniciarse la recuperación y el desarrollo. Los DDR de los exguerrilleros son un proceso complejo, los cuales incluyen dimensiones políticas, militares, de seguridad, humanitarias y socioeconómicas. Su fin es abordar el problema de seguridad post-conflicto que surge cuando los excombatientes se quedan sin medios de subsistencia ni redes de apoyo, aparte de sus antiguos camaradas, durante el periodo vital de transición del conflicto a la paz y el desarrollo. Mediante un proceso de retirar las armas de las manos de los combatientes, sacar a los combatientes de las estructuras militares y ayudándoles a integrarse social y económicamente en la sociedad, los procesos de DDR buscan apoyar a los exguerrilleros para que puedan participar activamente en el proceso de paz (Naciones Unidas, 2006, 2).

En este sentido, los DDR sientan las bases para salvaguardar y sostener las comunidades en las que estos excombatientes puedan vivir como ciudadanos respetuosos ante la ley, al tiempo que construyen la capacidad nacional para la paz, la seguridad y el desarrollo a largo plazo. Es importante señalar que los DDR por sí solos no pueden resolver los conflictos ni prevenir la violencia. Sin embargo, pueden ayudar a establecer un entorno seguro para que otros elementos de una estrategia de recuperación y consolidación de la paz puedan llevarse a cabo (Naciones Unidas, 2006, 2). Al fin y al cabo, estos procesos son trascendentales para los países que se encuentran en una etapa de postconflicto (Espinoza, Amador y Castilla, 2020, 321).

En relación con el término desarme, la Secretaría General de las Naciones Unidas lo definió de la siguiente manera:

Disarmament is the collection, documentation, control and disposal of small arms, ammunition, explosives and light and heavy weapons of combatants and often also of the civilian population. Disarmament also includes the development of responsible arms management programmes (Secretary-General, note to the General Assembly, A/C.5/59/31, May 2005; mencionado en: Naciones Unidas, 2006, 6).

El desarme, esto es, la recolección de armas de los excombatientes suele ser la primera etapa de la fase de implementación. Esta primera fase implica la concentración de excombatientes en áreas especiales. Asimismo, en esta etapa se crea una lista de elementos a considerar, que pueden ser implementados de forma flexible y según las necesidades de cada proceso (Herrera, 2013, 31). Sin embargo, en el caso del conflicto colombiano, las FARC-EP dejaron a un lado el concepto de desarme y optaron por el de “dejación de armas”, para así no mostrar una rendición ante el gobierno y el ejército colombiano, y, además, dejar ver que ellos dejaron las armas y que fue la ONU quien las recogió.

Continuando con el término de desmovilización, la definición que se planteó por la Secretaría General de las Naciones Unidas fue la siguiente:

Demobilization is the formal and controlled discharge of active combatants from armed forces or other armed groups. The first stage of desmobilization may extend from the processing of individual combatants in temporary centres to the massing of troops in camps designated for this purpose (cantonment sites, encampments, assembly areas or barracks). The second stage of demobilization encompasses the support package provided to the demobilized, which is called reinsertion (Secretary General, note to the General Assembly, A/C.5/59/31, May 2005; mencionado en: Naciones Unidas, 2006, 6)2.

De la misma manera, Pérez de Armiño y Areizaga en el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, definen el término de la siguiente manera: “Proceso de licenciamiento del personal de las fuerzas armadas regulares o irregulares (guerrillas, milicias, paramilitares), generalmente tras la conclusión del conflicto y en el marco de un proceso de paz, como paso previo a su reintegración socioeconómica”. Es decir, la desmovilización es la etapa en la cual los exguerrilleros se dan definitivamente de baja de la lucha armada. No obstante, las FARC-EP no utiliza el término de desmovilización, puesto que ellos sostienen que los exguerrilleros no se desmovilizan. Es decir, ellos desmontan sus propias estructuras armadas mientras se mantienen como colectivo.

En el caso de la reinserción y la reintegración, las Naciones Unidas hacen una distinción entre ambos términos. Por un lado, fijan el término reinserción de la siguiente manera:

Reinsertion is the assistance offered to ex-combatants during demobilization but prior to the longer-term process of reintegration. Reinsertion is a form of transitional assistance to help cover the basic needs of ex-combatants and their families and can include transitional safety allowances, food, clothes, shelter, medical services, short-term education, training, employment and tools. While reintegration is a long-term, continuous social and economic process of development, reinsertion is short-term material and/or financial assistance to meet immediate needs, and can last up to one year (Secretary-General, note to the General Assembly, A/C.5/59/31, May 2005; mencionado en: Naciones Unidas, 2006, p. 19).

Por lo tanto, la reinserción se define como la etapa que sucede entre la desmovilización y reintegración de los exguerrilleros. Es decir, es la ayuda inmediata que se les proporciona a los excombatientes para sobrevivir en el corto plazo. Estos subsidios (vales, bonos, dinero en efectivo, paquetes de ropa, alimentos…) están diseñados para adaptar a los exguerrilleros a una nueva etapa en su vida (Herrera, 2013, 41).

En cambio, la definición utilizada para el término de reintegración es la siguiente:

Reintegration is the process by which ex-combatants acquire civilian status and gain sustainable employment and income. Reintegration is essentially a social and economic process with an open time-frame, primarily taking place in communities at the local level. It is part of the general development of a country and a national responsibility, and often necessitates long-term exter-nal assistance (Secretary-General, note to the General Assembly, A/C.5/59/31, May 2005; mencionado en: Naciones Unidas, 2006, 19).

Por último, entendemos la reintegración como el proceso a través del cual las personas desmovilizadas adquieren la condición civil. Asimismo, en esta última fase, los excombatientes consiguen un trabajo y unos ingresos.

En cambio, las FACR-EP no utilizan los conceptos de reinserción y reintegración, esto es, los más utilizados en la literatura internacional. Los guerrilleros no creen que ellos se tengan que reinsertar o reintegrar al pueblo, sino que simplemente se reincorporan a la vida civil, pues ellos se sienten parte del pueblo. Ejemplo de ello es que en los acuerdos de La Habana el término utilizado fue “reincorporación”, y no los otros dos.

Como se ha comprobado, las FARC-EP han aportado matices al lenguaje tradicional de los procesos de DDR. El antiguo grupo armado quería dar a entender que la guerrilla no desaparecía, sino que se convertía en una organización política. De tal manera, los objetivos de la lucha seguían, aunque los medios para alcanzarlos habían cambiado (Zambrano, 2019, 47).

Análisis de dos casos internacionales de DDR individuales: Angola y Mozambique

Con el objetivo de una mejor comprensión del proceso colombiano, en este apartado se analizarán los procesos individuales de DDR de Angola y Mozambique. Veremos, paso por paso, como los ahora exguerrilleros en ambos casos de estudio fueron desarmándose, desmovilizándose y reintegrándose a la sociedad civil. De esta manera, asentaremos las bases de los modelos individuales de DDR, para así después poder ver las novedades y distinciones con el modelo colectivo utilizado en Colombia.

El proceso de DDR en las sociedades postconflicto puede darse en tres niveles diferentes: el individual (y más utilizado), el colectivo y el de élite (Söderström, 2015; en Ugarriza & Quishpe, 2019). Comenzando con el caso angoleño, se considera necesario poner en contexto la situación de entonces del país, puesto que solo así se entenderá el proceso realizado. Angola es un país rico en petróleo y diamantes, entre otros recursos naturales, en el cual después de su independencia de Portugal en el año 1975, la lucha armada siguió en modo de guerra civil, en la cual luchaban: el FNLA (Frente Nacional para la Liberación de Angola), el MPLA (Movimiento Popular de Liberación de Angola) en el Gobierno, y la UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola) como grupo armado de oposición. En 1976, el FNLA se diluyó y el control geográfico se repartió entre el MPLA (zonas urbanas) y la UNITA (zonas rurales). El conflicto finalizó en marzo de 2002. Sin embargo, se siguieron dando diferentes episodios de violencia en la zona de Cabinda, una de las regiones con mayor riqueza en el país (Polastro, 2007, 3-7).

El programa de DDR diseñado en Angola tomó el nombre de Programa General de Desmovilización y Reintegración (PGDR). El proceso exploró la desmovilización bilateral de las Fuerzas Armadas para buscar la reforma en el sector de seguridad debido al contexto posbélico, establecer una estructura institucional sostenible, el compromiso por parte del Gobierno de Angola en lo que se refería a las políticas de desmovilización e implementar medidas de seguridad efectivas (Gomes & Parsons, 2003; en: Herrera & Rodríguez, 2010, 26). De esta manera, el programa de DDR, facilitó la reintegración a la denominada vida civil a 105 000 exguerrilleros de la UNITA. Por otro lado, dentro de un largo proceso de reforma del sector de seguridad, redujeron los efectivos de las Fuerzas Armadas en 33 000 personas. Asimismo, reinsertó a la sociedad a alrededor de 350 000 familiares de los combatientes (Mateos, 2005, 3). El desarme por parte de la UNITA parecía bajo, puesto que el número de armas entregadas era muy escaso. Aun así, se calculó que en total la UNITA entregó al Estado el 90 % de su arsenal general de armamento. En total, se entregaron en torno a 33 000 armas ligeras y casi 300 000 cartuchos de munición (AECID, 2016).

La provisión inicial de la fase de desmovilización fue mediante 27 campos de acantonamiento, aunque más tarde se crearon ocho adicionales, en 18 provincias del país. El Gobierno de Angola y sus Fuerzas Armadas se hicieron cargo del registro y de la recolección y destrucción de armas, del registro e identificación de los guerrilleros, del pago de los sueldos, del cuidado de los nuevos centros de licenciamiento y de la organización del transporte para que los combatientes fueran capaces de regresar a sus pueblos o ciudades. Asimismo, se les estableció un pago equivalente a cinco meses de salario de las Fuerzas Armadas y 100 dólares para gastos de transporte y paquetes de reasentamiento (AECID, 2016). Todas estas acciones fueron realizadas individualmente y, además, cada guerrillero era libre para administrarse como quisiera. Por otro lado, en la desmovilización, se identificaron adicionalmente dos grupos con necesidades específicas: los soldados discapacitados y los menores de edad (Herrera & Rodríguez, 2010, 27).

En cuanto a la fase de reintegración, antes de reasentarse definitivamente en las comunidades elegidas por los exguerrilleros, los desmovilizados se instalaron en campos de tránsito. Desde ahí, se enviaba a su destino a los mencionados exguerrilleros. El coste medio de la asistencia que habían recibido, rondaba los 700 dólares por beneficiario. Por otro lado, los objetivos de la reintegración fueron los siguientes (AECID, 2016):

- Asesorar e informar a los excombatientes sobre las oportunidades económicas.

- Mejorar el nivel educativo y las habilidades de los exguerrilleros.

- Prestar ayuda en la elección de sus preferencias.

- Evadir acciones discriminatoriamente positivas.

- Participar en la sociedad civil y en el sector privado.

Para cumplir los objetivos mencionados, se realizaron 24 proyectos diferentes de reintegración. Estos estuvieron divididos en dos grupos: los económicos (micro, limitados en el tiempo) y los sociales (Herrera y Rodríguez, 2010, 27). Así, los exguerrilleros tuvieron la oportunidad de participar en distintos proyectos que tenían como fin ser parte de esa mencionada reintegración en la sociedad.

En conclusión, en el caso de Angola, el proceso de DDR fue totalmente individual, en el sentido que estaban enfocadas y dirigidas al individuo. Una vez dejadas las armas, cada exguerrillero tomó su propio camino y decidió completar el proceso a su manera. Algunos de los desmovilizados volvieron a sus comunidades de origen. Sin embargo, otros decidieron permanecer en las áreas urbanas. De esta manera, cada uno comenzó su nuevo camino de manera totalmente individual, algo que dista del ulterior proceso colombiano.

En cuanto a Mozambique, el país, al igual que Angola, logró la independencia de Portugal en 1975 (Beoutis, 1995, 27). Sin embargo, dos años después comenzó una guerra civil que no acabaría hasta 1992. La guerra enfrentó al partido socialista del gobierno, esto es, el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) y a las fuerzas anticomunistas agrupadas en la Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO).

El 4 de octubre de 1992, el presidente de Mozambique y el presidente de la RENAMO firmaron en Roma un Acuerdo General de Paz que dio fin a 16 años de guerra. En el acuerdo, se establecieron los principios y las modalidades para la paz en el Estado. En ese momento, la ONU estableció una operación en Mozambique (ONUMOZ), la cual tenía la función de monitorear y verificar el cese el fuego que acababa de suceder, el desarme por parte de todos los bandos y la desmovilización de los guerrilleros (Rueda, 2016, 76).

La ONU supervisó la aplicación del cese el fuego, la separación y la concentración de las fuerzas armadas, su desmovilización y la recogida y almacenaje de armas, la comprobación de la existencia de otros grupos armados y la autorización para la adopción de arreglos de seguridad para salvaguardar las estructuras tanto públicas como privadas que eran de vital importancia. En el proceso de DDR participaron alrededor de 70 000 exguerrilleros de la FRELIMO y unos 20 000 de la RENAMO (Beoutis, 1995: 29). Sin embargo, se estima que hubo cientos de hombres y unas 300 mujeres que no participaron en el proceso (Alusala & Dye, 2010, 3).

Entre los años 1992 y 1994, la ONU recogió más de 100 000 armas de soldados de ambas partes, y aproximadamente 50 000 de las fuerzas paramilitares (Beoutis, 1995, 29). En total, fueron alrededor de 200 000 armas las que ONUMOZ recuperó del conflicto. En cambio, al final de este proceso, el país seguía sufriendo crímenes violentos y una sensación generalizada de trauma. Millones de armas y alijos de munición, minas terrestres y explosivos seguían sembrando el miedo, y obstaculizando la agricultura y el desarrollo económico de Mozambique (ISSAT, 2021). La Operación Rachel, organizada en conjunto con Sudáfrica, recogió adicionalmente más de 50 000 armas, dejando en evidencia la gran cantidad de armamento que seguía oculto (Rivas, 2020).

El 31 de agosto de 1994, se procedió a la clausura de zonas tanto de concentración como de desmovilización. La Comisión de Reintegración de los Militares Desmovilizados (CORE) fue la encargada tanto de planificar como de organizar y supervisar la reintegración económica y social de los desmovilizados teniendo en cuenta los recursos aportados voluntariamente por la comunidad internacional. Este proceso se realizó de manera individual con todos los combatientes que participaron en el proceso de DDR (Beoutis, 1995, 29).

El programa de reintegración aplicado durante la misión de la ONUMUZ implicaba la concesión de un subsidio durante 18 meses para los excombatientes. Además, también incluía un kit agrícola, servicios de asesoramiento y un proceso de formación. Por otro lado, se fijó una cuantía de dinero para gestionar los subsidios de los excombatientes, fijados en 75 000 MT para los rangos más bajos y 1 270 080 MT para los oficiales de mayor rango (Alusala & Dye, 2010, 4-5).

Para el año siguiente, es decir, para 1995, se calculó que un 75 % del alrededor de cuatro millones de personas desplazadas en el país y más del 50 % del millón y medio de refugiados habían regresado a su zona de origen. Además, se creó un nuevo ejército, el cual fue integrado por 30 000 soldados. La mitad del ejército estaría formado por el FRELIMO y la otra mitad por excombatientes de la RENAMO (Beoutis, 1995: 30), y tenía como objetivo el trabajo colectivo de ambos bandos, para dificultar así la escalada hacia un nuevo conflicto.

Diferentes autores, así como Pérez de Armiño (2001, 295), afirmaron que la materialización efectiva de los Acuerdos de Paz fue exitosa gracias a la ONUMOZ, la cual realizó una efectiva supervisión de los Acuerdos. Como se ha mencionado anteriormente, los retos de la ONUMOZ fueron múltiples, y comprendieron desde el desarme y la movilización de los combatientes, la creación de unas nuevas fuerzas armadas, la reintegración de los desplazados y refugiados, hasta la celebración de elecciones legislativas y presidenciales en 1994. El FRELIMO y la RENAMO quedaron como los dos principales partidos políticos del sistema multipartidista mozambiqueño. Sin embargo, después de más de veinte años de paz, a mediados de 2013, la RENAMO retomó las armas, en un nuevo conflicto que duraría hasta 2018. La insurgencia de la RENAMO desmoronó la narrativa largamente reproducida de un proceso de DDR exitoso en Mozambique.

Como hemos visto en los casos de DDR de Angola y de Mozambique, los modelos tradicionales de DDR han sido procesos que se basan en una estructura esencialmente individualizada. En estos procedimientos se establecen medidas tanto legales como económicas y sociales para que los exguerrilleros se reintegren a la vida social (Zambrano, 2019, 46). Es decir, los que en su momento fueron combatientes de una planificada estructura militar, pasan a desarrollar una nueva vida, mediante un proceso totalmente individual, que dista con lo que después sucedería en Colombia.

4. Análisis del modelo de DDR de Colombia: una reincorporación colectiva a la sociedad

En el caso de Colombia, en 2016, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos se firmó el Acuerdo Final (AF) del conflicto en La Habana, Cuba, tras varios años de negociación, y también en reconocimiento al papel jugado por Cuba como garante del proceso de paz. Este Acuerdo estaba integrado por cinco puntos temáticos: Reforma Rural Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Drogas ilícitas y Víctimas. De la misma manera, contenía un punto procedimental en el cual se incluía la refrendación, verificación e implementación del AF. Asimismo, se acordó fijar las partes del modelo colaborativo de reincorporación social y económico de los exguerrilleros. Se hizo énfasis en una propuesta asociativa colectiva y comunitaria de economía solidaria. Esta estaría sustentada por cooperativas territoriales y locales, articuladas en una cooperativa a nivel nacional, denominada Economías Sociales del Común (Ecomun) (Valencia & Chaverra, 2019, 234).

El caso de Colombia dista de los anteriores modelos de DDR. Primero que todo, y como se ha especificado con antelación, no se emplean los mismos términos para definir el proceso: se utilizó “dejación de armas” y no desarme, “desmonte de estructuras armadas” y no desmovilización y “reincorporación” y no reintegración. Estos matices en los conceptos tenían como objetivo dejar claro que las FARC-EP no desaparecían como organización política, pero sí como militar (Zambrano, 2019, 46-47). Así, se analizará un proceso que poco tiene que ver con el modelo cásico de DDR que sí que se ejemplificó, como hemos visto, en países como Angola o Mozambique.

Este proceso colectivo tiene sentido cuando existe una conversión colectiva en el grupo armado rebelde a partido o movimiento político (Ugarriza y Quishpe, 2019). Esta es la lógica para el caso de Colombia, ya que el día 1ro. de septiembre de 2017 oficialmente las FARC-EP se constituyeron como partido político, bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC3), después de cuatro años y medio de negociaciones con el Gobierno colombiano, en La Habana, y acabando con un conflicto armado con 52 años de historia, las FARC-EP. Llegados a este punto, se considera preciso subrayar que necesitaron menos de un año desde el AF para desmontar todas sus estructuras armadas y entregar sus armas por completo, para así convertirse en partido (Zambrano, 2019, 46-51).

Las FARC-EP solamente concibieron el proceso de reincorporación como comunidad política, es decir, como familia integrada económica y socialmente. De esta manera, Colombia optó por un proceso de reincorporación donde combinó la creación de un nuevo partido político, las FARC, con la puesta en marcha de diferentes proyectos productivos colectivos en el marco de la cooperativa Ecomun.

Las FARC-EP tenían claro que el proceso de reincorporación colectiva no era el que el Gobierno y las fuerzas opositoras querían, ni tan siquiera el que esperaban. Individualizar el proceso de DDR de los excombatientes era técnica y logísticamente más fácil que mantenerlos como colectivo (Zambrano, 2019, 57). Sin embargo, las FARC-EP vieron conveniente seguir con ese modelo.

En total, 14 178 combatientes, entre los cuales estaban los guerrilleros rurales, milicianos y población carcelaria, decidieron tanto individual como colectivamente dejar las armas y empezar su tránsito hacia la vida civil (Valencia y Chaverra, 2019, 236). Para la dejación de armas, la ONU recibiría en los primeros 60 días el armamento hechizo y los explosivos. Asimismo, las FARC-EP contarían con 180 días para dar a la Organización todo su armamento restante. Así, las Naciones Unidas en 2017 obtuvo un total de 8 994 armas, se destruyeron aproximadamente 1 765 000 municiones de diferentes calibres, 38 toneladas de explosivos, 11 000 granadas, minas antipersonas, municiones de mortero, cohetes, cordón detonante y estopines. Además, las FARC-EP informaron de la existencia de 1 027 caletas (Sánchez, 2018, 7). Esto es, las FARC-EP cumplieron sus compromisos: desmontaron su despliegue militar estratégico, dejaron las armas, facilitando su extracción, y entregaron a la ONU un inventario de sus bienes y activos (EMC, 2017). De esta manera, el grupo armado desmontó por completo su aparato militar.

A la hora de desmontar las estructuras armadas, hubo retrasos en cuanto al cronograma, pero las FARC-EP cumplieron con su parte en términos de concentración de la tropa, desmovilización, entrega de armas e identificación de personal y bienes (Zambrano, 2019, 56). La ONU ofreció los siguientes datos mediante su Misión de Verificación: entre enero y febrero, 6 934 integrantes de las FARC-EP fueron agrupados en diferentes Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN). De las 6 934 personas, unas 1 179 eran mujeres (Naciones Unidas, 2017).

Para dar cobijo a las 14 178 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se realizaron una serie de compromisos de reincorporación socioeconómica de corto, medio y largo plazo: la asignación de 2 000 000 de pesos al acabar el concluir el proceso de desarme o las ZVRN; una renta básica mensual; y 8 000 de pesos para crear un proyecto productivo asociativo o individual (OACP, 2017).

En relación con la iniciativa Ecomun, mediante la que fuera establecida una cooperativa nacional en el AF, y creada formalmente en julio de 2017 (Valencia y Cheverra, 2019, 237), los exguerrilleros de las FARC pueden reintegrarse económica y socialmente de una manera colectiva. Ecomun se dirige democráticamente, y permite a sus socios acceder a la administración y vigilar la cooperativa. Además, trabaja en sectores como el ahorro y el crédito, la producción agrícola, los temas de industrialización desde una perspectiva de economía solidaria… (Castro, López & Díaz, 2002, 15). Su objetivo principal, tanto a corto como a mediano plazo, consiste en ofrecer asistencia técnica y logística para que se creen cooperativas en diferentes territorios (Valencia & Chaverra, 2019, 238). Asimismo, el AF estableció dos beneficios económicos relacionados con la reincorporación. Por un lado, ofrecía una renta básica que proporcionaría el 90 % de un Salario Mínimo Legal Vigente. Esta se otorgaría para 24 meses, a partir de la finalización de la ZVNT. Y, por otro lado, se les haría un pago de 2 000 000 de pesos, solamente por el hecho de formar parte del proceso.

En cuanto a su camino como partido político, las FARC participaron por primera vez en las elecciones legislativas del 11 de marzo de 2018. En estas elecciones, en cambio, no se obtuvieron los resultados esperados (Zambrano, 2019, 62). En el Senado obtuvieron el 0,34 % del electorado, esto es, 52.532 votos, y en la Cámara de Representantes el 0,21 % y 32.636 votos. Estos resultados los hubiese llevado a desaparecer como partido político si no fuese por las condiciones pactadas en el AF.

CONCLUSIONES

El proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) que llevaron a cabo los exguerrilleros de las FARC-EP es diferente al realizado con anterioridad en los casos de Angola y Mozambique, e incluso podría calificarse como inédito en el mundo. En este caso, se busca la reincorporación mediante un enfoque colectivo, donde también tiene una gran importancia lo territorial, lo comunitario y lo colectivo. Las FARC-EP promovieron un modelo de reincorporación alejado del tradicional. Por ello, en la literatura de los procesos de DDR, el caso de Colombia es una novedad, que puede ser tenido en cuenta para futuros procesos de este tipo.

No obstante, en el caso de Colombia, este sistema colectivo falla, principalmente por cuatro razones. La primera razón es que Ecomun tarda mucho en crearse y es una asociación poco ágil. Según el informe de seguimiento de Naciones Unidas de septiembre de 2017, los proyectos colectivos no se habían puesto aún en marcha, mientras que la inconformidad y desencanto de los antiguos guerrilleros iba creciendo. De esta manera, para cuando logra crearse, muchos exguerrilleros ya habían tomado su propio camino. Por lo tanto, aunque la iniciativa pueda parecer efectiva, su tardía puesta en marcha dificultó su proceso.

Por otro lado, es preciso mencionar que, las FARC, como partido político, estaba totalmente dividido. Existían discrepancias ideológicas entre los exguerrilleros y ya no existía una estructura militar para mantenerlos unidos. Asimismo, a esto se le sumó la falta de seguridad que sufrían los exguerrilleros, cuya integridad física estaba amenazada, y que, además, varios de sus integrantes comenzaron a ser asesinados en el país. Así, los exintegrantes de las FARC-EP temían por su seguridad física y jurídica. Debido a ello, muchos tomaron la decisión de abandonar el partido y tomar de vuelta las armas.

Es preciso mencionar que el gobierno conservadurista y de extrema derecha de Iván Duque se opuso desde un inicio a los resultados alcanzados en los acuerdos de paz en La Habana, planteando la necesidad de renegociarlos, siendo además reticente al esquema de reincorporación colectiva. Como se ha comentado anteriormente, tanto técnica como logísticamente, es más fácil individualizar los procesos, como se hizo en Angola o Mozambique, que mantenerlos como colectivo. Asimismo, desde el Gobierno eso era percibido como una amenaza en el plano político, incluido el electoral. Debido a ello, el Gobierno de Duque entorpeció y obstaculizó el proceso de paz y el enfoque colectivo de DDR.

La cuarta y última razón es el fracaso de las FARC en las elecciones locales del 27 de octubre 2019, en las primeras elecciones que participaron. Las FARC se implicaron en un marco posconflicto, donde su posible obtención de diferentes alcaldías generó una gran controversia en el país. Sin embargo, los resultados, como pasó anteriormente en las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes, no fue el esperado, y las FARC no ganaron más que un par de alcaldías y en alianzas con otros partidos políticos.

Aun teniendo en cuenta las razones por las que el proceso colectivo de reincorporación no ha sido tan satisfactorio como se esperaba, es preciso mencionar que el principal reto de las FARC-EP sigue siendo mantenerse como colectivo político, en un momento donde la estructura militar que sostenía esa colectividad ha desaparecido. Además, necesita crear los ajustes necesarios para generar garantías en el proceso de reincorporación colectivo a la sociedad civil. Resta aprender de las experiencias del proceso de reincorporación colectivo en el caso colombiano, sobre su eficacia y como posible modelo para futuros DDR.

notas

1 Las estrategias de DDR se comenzaron a desarrollar por las Naciones Unidas en el año 1989 a raíz del fin de la Guerra Fría. Actualmente, la oficina encargada de su gestión, dentro de la Organización, es la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres (Fuentenegro, 2006, 49).

2 Se mantendrá el idioma original en el que se haya encontrado la cita.

3 Se hará una distinción entre las FARC-EP y las FARC. Las primeras siglas se utilizarán para referirse al grupo armado. Sin embargo, las segundas para hablar sobre el partido político.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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CONFLICTO DE INTERESES

La autora declara que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.