RESUMEN El sistema de medidas coercitivas unilaterales impuesto por los Estados Unidos de América hacia la República Bolivariana de Venezuela forma parte de la estrategia de ataque híbrido liderada por este país contra la nación sudamericana. Desde el inicio de la Revolución Bolivariana, las distintas administraciones estadounidenses han aplicado medidas punitivas que han ido escalando a medida que fracasaban sus intentos de derrocar al Ejecutivo venezolano. El entramado legal de estas medidas está conformado por la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela y siete órdenes presidenciales. Además, se complementa con las regulaciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la aprobación de fondos federales a la subversión interna y la ejecución de acciones de política exterior dirigidas a coaccionar a socios económicos del país. El propósito del presente artículo consiste en realizar una descripción concisa del sistema de medidas impuestas y sus implicaciones en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

Palabras clave: Estados Unidos, Venezuela, Medidas coercitivas unilaterales, sanciones

Key words: United States of America, Venezuela, unilateral coercive measures, sanctions

INTRODUCCIÓN

La imposición de medidas coercitivas unilaterales1 (MCU) es una práctica tradicional de los Estados Unidos de América (EE.UU. o Estados Unidos) dirigida a derrocar o corregir a gobiernos que emprenden proyectos políticos divergentes a sus intereses. Estas acciones de presión van escalando a medida que fracasan sus operaciones de subversión del orden interno.

En cuanto a Venezuela, esta política se inscribe en la estrategia de guerra híbrida2 que EE.UU. lidera contra el gobierno bolivariano. Al sistema de MCU han contribuido el poder legislativo y el ejecutivo. Este último, a través de decretos presidenciales y del accionar de los departamentos del Tesoro, de Estado y Justicia, fundamentalmente.

Hoy existen medidas coercitivas unilaterales que comprenden a individuos, a los sectores financieros y empresarial, al Estado y al gobierno nacional. De acuerdo con el Observatorio Venezolano Antibloqueo3, EE.UU. ha designado a 142 venezolanos, 98 empresas, 55 aeronaves y 53 buques.

A la par, se destinan fondos federales a la subversión interna bajo el manto, por ejemplo, de la promoción de la democracia4, y realizan acciones de política exterior dirigidas a coaccionar a socios económicos de Venezuela.

El estudio de este sistema de medidas punitivas resulta de importancia mayor para Cuba dado el nivel de las relaciones bilaterales con Venezuela, tanto en el ámbito político como el económico-comercial, y por tener en común a Estados Unidos de principal actor desestabilizador de ambos procesos revolucionarios. El presente artículo se propone describir de manera sintética el sistema de medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos de América hacia la República Bolivariana de Venezuela.

DESARROLLO

El papel del poder ejecutivo

El sistema de medidas coercitivas unilaterales hacia Venezuela se basa en la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela (Public Law 113-278), del 18 de diciembre de 2014, y en la Orden Ejecutiva 13692 (Decreto Obama), del 8 de marzo de 2015. La primera, ordena al presidente estadounidense tomar acciones en contra de cualquier persona del gobierno venezolano, exfuncionario o representante de este, que esté involucrado directa o indirectamente en la supuesta violación de derechos humanos. A ellos se les impone el bloqueo de activos y deniega la entrada a EE.UU. Además, otorga facultades al mandatario nacional para adoptar cuantas licencias, órdenes y regulaciones sean necesarias para el cumplimiento de la norma.

Por su parte, el decreto presidencial se argumenta en la Ley de poderes económicos de emergencia internacional5 y en la Ley de Emergencias Nacionales6. Con base a estas, el presidente Barack Obama declaró la “emergencia nacional” para lidiar con la “inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.” que representa Venezuela. En este se ampliaron las causales para imponer medidas punitivas, previstas en la Public Law 113-278, a quien fuera “identificado como promotor de acciones o de políticas, que socaven los procesos o instituciones democráticas, el ejercicio de la libertad de expresión y promuevan la corrupción pública”. Esta norma no distingue entre funcionarios presentes o retirados del Ejecutivo nacional (Presidential Documents, 2015).

Al Decreto Obama le sucedieron otras 6 órdenes ejecutivas. Sus implicaciones serán abordadas en el transcurso del presente artículo.

Las medidas contra individuos fueron las primeras decisiones hostiles tomadas por EE.UU. hacia el chavismo. La administración de George W. Bush, de manera unilateral, se apoyó esencialmente en la manipulación de dos elementos, el tráfico de drogas y el terrorismo. Estos temas están comprendidos en el ordenamiento jurídico estadounidense, mediante la Sección 40A de la Ley de Control de la Exportación de Armas7, la Orden Ejecutiva 13224, la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores8 y la Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros9. De tal forma, el Ejecutivo bolivariano fue calificado de manera unilateral por no cumplir con sus obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales sobre estupefacientes, así como por no “cooperar plenamente” con los esfuerzos antiterroristas de EE.UU. desde el año 2005 y 2006, respectivamente. Como consecuencia, Estados Unidos prohibió las ventas comerciales y re-transferencias de armas a Venezuela en 2006, y designó a 24 individuos y 29 compañías. Estas acciones permitieron a Estados Unidos sentar las bases para su posterior designación a Venezuela como una “amenaza a su seguridad nacional” (Congressional Research Service, 2023).

A agosto de 2023, hay 142 venezolanos en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sujetos a medidas restrictivas, según reporte del Observatorio Venezolano Antibloqueo (Observatorio Venezolano Antibloqueo, 2023). Esta incluye al alto mando político y militar de la Revolución Bolivariana, funcionarios de poderes públicos, empresarios y políticos antichavistas diferentes al sector de la oposición que respalda EE.UU., entre otros. En tal sentido, la designación más injuriosa es la acusación al presidente Nicolás Maduro junto a otros 14 individuos10 por delitos de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros cargos penales, realizada por el Departamento de Justicia de EE.UU. el 26 de marzo de 2020. Como añadido, imponen una recompensa de 15 millones de USD por la captura de Maduro y de 10 millones por Diosdado Cabello (US Departament of Justice, 2020).

A partir de 2014, estas medidas punitivas contra individuos adquirieron mayor relevancia tras la publicación por el Departamento del Tesoro del documento Revised guidance on entities owned by persons whose property and interests in property are blocked11. Este recomienda a los estadounidenses actuar con precaución al realizar una transacción con una entidad no bloqueada, en la cual una o más personas identificada por las MCU “tienen un interés de propiedad importante que es inferior al 50 % o una entidad que una o más personas bloqueadas pueden controlar por otros medios que no sea mediante un interés mayoritario de propiedad.” Dichas entidades podrían eventualmente ser designadas por parte de la OFAC (Pienaar).

La inclusión de funcionarios gubernamentales en la lista de Nacionales Especialmente Designados tuvo también, según destaca el economista Francisco Rodríguez12, un efecto paralizante en las interacciones de agentes económicos internacionales con el Ejecutivo bolivariano. Por ejemplo, en noviembre de 2017, el diario Bloomberg en su artículo El narcotraficante que maneja las negociaciones de bonos de Venezuela13, reseñó que “para algunos, la reunión podría llevarlos tras las rejas”. Esto disuadió a los tenedores internacionales de bonos venezolanos a aceptar la convocatoria del gobierno de Venezuela a renegociar la deuda en Caracas (Rodríguez, Las consecuencias humanas de las sanciones económicas , 2023) .

En el transcurso de dos años, de agosto 2017 al igual mes de 2019, se emitieron las seis restantes órdenes ejecutivas14 que conforman el sistema de MCU estadounidenses contra Venezuela. En este periodo confluyeron la administración de Donald Trump y el desarrollo de un nuevo plan de derrocamiento del Ejecutivo bolivariano, que derivó en una confrontación sin precedentes entre ambos gobiernos a raíz del intento estadounidense por imponer el conocido “Gobierno paralelo” o interinato de Juan Guaidó. En este contexto de resistencia del chavismo al asedio, EE.UU. escaló su sistema de medidas coercitivas unilaterales a entidades del Estado venezolano.

Mediante la Orden Ejecutiva 13857 del 25 de enero de 2019, la administración Trump amplió la definición de “Gobierno de Venezuela” que contenían las disposiciones anteriores. Desde entonces, este implica al Estado y gobierno venezolanos, al Banco Central de Venezuela y a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y a “cualquier persona que sea propietaria o esté a cargo, directa o indirectamente, de los (sujetos) mencionados anteriormente, y cualquier persona que haya actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre de cualquiera de los (sujetos) mencionados anteriormente, incluso como miembro del régimen de Maduro” (Executive Order 13857, 2019).

En medio de la política de “máxima presión” de Trump, las MCU adquirieron asimismo un carácter extraterritorial, al implicar a 116 empresas y 30 buques, principalmente, del sector petrolero. Además, estas se replicaron por países aliados de EE.UU., integrantes de la Unión Europea y América Latina15 (Observatorio Venezolano Antibloqueo, 2023).

En paralelo, EE.UU. presionó y sancionó a empresas extranjeras no estadounidenses para que no comerciaran con PDVSA. Los autores Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs en su trabajo Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela16, reseñan que Reuters informó que “Estados Unidos ha instruido a las casas de comercio de petróleo y refinerías de todo el mundo a que reduzcan aún más sus tratos con Venezuela o de lo contrario se enfrenten a sanciones; incluso si esos tratos no estuvieran prohibidos por las sanciones que EEUU había anunciado”. Como resultado, en 2020 se aplicaron medidas coercitivas a dos subsidiarias de la compañía energética rusa Rosneft y a dos mexicanas, que habían firmado acuerdos de intercambio de petróleo por alimentos con Venezuela17.

De igual forma, a través de la Red de Control de Crímenes Financieros (FINCEN), Estados Unidos emitió dos alertas (septiembre 2017 y mayo 2019) imponiendo un sistema de vigilancia a las transacciones financieras de Venezuela. Esto provocó la exclusión de facto del país sudamericano del sistema de mensajería interbancaria mundial (SWIFT), según sostiene el Observatorio Venezolano Antibloqueo.

Adicionalmente, mediante la Orden Ejecutiva 13884 de agosto de 2019, se ordenó la imposición de MCU de naturaleza financiera y la cancelación de visas a ciudadanos no estadounidenses que se relacionaran con el gobierno venezolano.

Por ende, durante la administración Trump, se hizo más evidente el interés de EE.UU. por criminalizar al Ejecutivo bolivariano. Este propósito cumpliría dos objetivos fundamentales: multiplicar el alcance de las MCU antes impuestas, y presionar a las instituciones públicas venezolanas en busca del quiebre de la unidad del chavismo. Por tal motivo, estas acciones complementaron al conjunto de medidas coercitivas unilaterales ya aplicadas, integrándose y ampliando el sistema de MCU de EE.UU. hacia Venezuela.

La presidencia de Joseph Biden, por su parte, ha constituido, en esencia, una continuidad del sistema coercitivo de EE.UU. hacia Venezuela aplicado desde las anteriores administraciones, aun cuando no ha emitido nuevas órdenes ejecutivas. En su lugar, esta privilegia la herramienta de las licencias generales de la OFAC. Detalles sobre su aplicación se analizan con posterioridad, en el epígrafe sobre el papel de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en el sistema de MCU hacia Venezuela.

El papel del Congreso

El cuerpo legislativo estadounidense ha tenido también un papel clave en la implementación y diseño de este sistema de MCU. Esto se ha manifestado a través de la aprobación de normas y el desarrollo de acciones de presión sobre el Ejecutivo.

En tal sentido, aprobó la Ley Pública Further Consolidated Appropriations Act 2020 (FCAA) y la ya citada Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela del 2014. Como se mencionó, la norma del 2014 es pionera del sistema de MCU hacia el Ejecutivo bolivariano.

Por su parte, la FCAA, aprobada en 2019, extendió hasta el 31 de diciembre del 2023 la “obligación de imponer sanciones”18 a Venezuela. Asimismo, recopiló un conjunto de decisiones adoptadas previamente vía órdenes ejecutivas e impuso a la presidencia adoptar acciones diplomáticas para reforzar la presión internacional sobre el gobierno bolivariano.

Esta norma constituyó un espaldarazo al proyecto de ley denominado VERDAD19, que persigue codificar un conjunto de MCU hacia Venezuela. Entre estas se encuentran, las causales previstas por el Decreto Obama para la imposición de medidas punitivas; la prohibición de financiar la deuda; el comercio de oro y el uso de criptomonedas venezolanas; y la cancelación de visados a los ciudadanos implicados en la colaboración militar de Rusia con Venezuela20.

En el transcurso del presente año 2023, se han registrado tres proyectos legislativos que buscan reforzar el alcance de este sistema bajo un marco de "asistencia humanitaria" a Venezuela. Estos son la Ley Ajuste Venezolano21, la Ley "AFFECT" de Derechos Humanos en Venezuela22 y la Ley de la Democracia Venezolana23 (Misión Verdad, 2023). A estos se suma la iniciativa del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez, quien anunció una Ley de Expansión de VERDAD.

Estos proyectos son impulsados indistintamente por congresistas de los partidos Demócrata y Republicano, apreciándose también un respaldo bipartidista en las denominadas Ley de Ajuste y AFFECT.

La Ley de Expansión de Verdad prevé otorgar rango de ley a las recompensas establecidas por el Departamento de Estado sobre el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios, y obligaría al presidente a remitir a la Interpol esos casos para notificaciones rojas. Además, codificaría el contenido relacionado con transacciones sobre la deuda venezolana y el sector del oro de Venezuela, recogidas en las órdenes ejecutivas 13808, 13835 y 13850; y sobre las monedas digitales en Venezuela del decreto ejecutivo 13827.

Por otra parte, facilitaría la liquidación de activos venezolanos por parte de los Departamentos de Justicia y el Departamento del Tesoro al agregar a Venezuela a la jurisdicción de la Comisión de Arreglo de Reclamaciones Extranjeras. Asimismo, requiere que el Departamento de Estado emita públicamente una determinación sobre si el gobierno de Maduro ha perpetrado crímenes de lesa humanidad (United States Senate Committee on Foreign Relations, 2023).

Aun cuando el activismo actual del Congreso estadounidense hacia Venezuela no es exclusivo del actual periodo legislativo, existe el riesgo de una escalada en la aplicación de este tipo de medidas. En primer lugar, por el contenido de estos proyectos de ley que codificaría decisiones previas del poder ejecutivo e impondría una hoja de ruta más compleja para la eventual eliminación de estas. Y, en segundo término, al evaluar la continuidad del apoyo bipartidista a varios de estos proyectos en un contexto preelectoral en EE.UU. y ante el vencimiento de la vigencia de la “obligación de imponer sanciones”, el venidero 31 de diciembre.

Especial atención merecería la propuesta del senador Robert Menéndez, a partir de su ventajosa posición política al considerar su jerarquía dentro del Congreso y haber sido el proyecto de Ley VERDAD ya integrado a la Ley Pública Further Consolidated Appropriations Act 2020 (P.L. 116-94).

El papel de la Oficina de Control de Activos Extranjeros

La OFAC es parte del Departamento del Tesoro, entidad que integra el poder ejecutivo estadounidense. Esta administra y aplica las MCU de índole económicas y comerciales, base de la política exterior de EE.UU.

Las licencias generales (LG) de la OFAC constituyen otro elemento de este sistema de medidas, con un total de 29 en vigor24. Estas buscan condicionar la actividad económica nacional al autorizar a los sujetos de su interés político a realizar ciertas operaciones en condición privilegiada, respecto a los actores económicos bajo medidas punitivas. A la vez, son funcionales a su propósito de imponer su matriz narrativa del respeto y protección de la población del país sometido a MCU. En el caso de Venezuela, han respaldado la invención del “gobierno paralelo” en el ámbito político y de su financiamiento, a través del otorgamiento de permisos sobre la administración de activos.

En este contexto, la emisión de licencias respecto a MCU dictadas por EE.UU., crea la falsa impresión de flexibilización o “alivio” de las medidas coercitivas unilaterales, sin embargo, las licencias suponen tan solo una autorización limitada en el tiempo, bajo una autorización discrecional, sujetas a las condiciones que imponga EE.UU., a través de la OFAC (Observatorio Venezolano Antibloqueo, 2023).

Como muestra de los condicionamientos impuestos al país a través de las LG, se pueden citar la 8L25, 40B26 y 4127, que tienen el objetivo de preservar los activos estadounidenses en suelo venezolano, a la par de limitar los ingresos al gobierno bolivariano. La 8L, por ejemplo, concede permiso a cuatro empresas proveedoras de servicios al sector petrolero solo para realizar actividades esenciales relativas a su permanencia en Venezuela, sin posibilidades de operar en el sector petrolero venezolano; mientras, la 41 autoriza a Chevron a retomar sus operaciones a cambio de enviar su producción íntegra a EE.UU. y no abonar impuestos ni regalías al gobierno venezolano. Por su parte, la LG 40B permite la exportación de Gas Licuado de Petróleo a Venezuela bajo la prohibición de que este acuerde medios de compensación, como el pago en especie de petróleo o productos derivados de este.

Las licencias 31B28 y 4229 constituyen ejemplos del respaldo brindado al pseudo interinato. La primera, con fecha del 9 de enero de 2023, tiene el objetivo de mantener bajo control estadounidense los recursos retenidos en el sistema financiero internacional y los activos bloqueados, como la empresa Citgo Petroleum. Esto, a través de la autorización a estadounidenses a relacionarse con la Asamblea Nacional electa en 2015 -cuyo período venció el 5 de enero de 2021- y de comisiones o delegados designados por la misma, en transacciones prohibidas bajo las órdenes ejecutivas 13884, 13850 y 13857 (ARAQUEREYNA, 2023).

La LG 42 fechada el 1ro. de mayo de 2023 contempla que las autoridades ilegítimas del parlamento del 2015 negocien la deuda del Gobierno de Venezuela, PDVSA o cualquier otra entidad estatal. En respuesta, el presidente Nicolás Maduro la calificó de “aberrante”, mientras la Cancillería denunció que esta Licencia busca controlar y apropiarse de los activos del Estado venezolano en el extranjero (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 2023).

Debe destacarse que la administración Biden ha prorrogado las licencias generales dictadas por la presidencia de Trump, y ha emitido además las anteriormente citadas LG 41 y 42.

CONCLUSIONES

El sistema de medidas coercitivas unilaterales (MCU) de los Estados Unidos de América hacia la República Bolivariana de Venezuela constituye una escalada de su política de agresión dirigida al derrocamiento del Ejecutivo bolivariano.

Este sistema se sostiene fundamentalmente en decisiones presidenciales, donde las más severas fueron dictadas durante la estrategia de “máxima presión” de Donald Trump. Las MCU implican, en sentido general, el bloqueo de activos del Estado y de empresas y bancos venezolanos en jurisdicción estadounidense, la restricción al acceso a mercados financieros de Estados Unidos, la prohibición de operar con criptomoneda venezolana, y el impedimento a estadounidenses de realizar transacciones con PDVSA, Minerven30 o entidades del gobierno.

Las acciones de política exterior de coacción a terceros y de criminalización del Ejecutivo bolivariano, mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales a individuos, son una parte esencial de este sistema, otorgándole carácter extraterritorial.

El escenario político de los próximos años en EE.UU. pudiera resultar favorable a la aprobación de leyes que refuercen el sistema de MCU hacia Venezuela. La eventual promulgación de alguno de los actuales proyectos de ley por el Congreso estadounidense constituirá una escalada en la política de hostilidad hacia el gobierno bolivariano.

Por su parte, las licencias generales de la OFAC condicionan la actividad económica nacional, fortalecen la narrativa del desconocimiento a la institucionalidad venezolana mediante su respaldo al engendro denominado “gobierno paralelo”, y son funcionales a la imposición de su matriz de opinión acerca del respeto y protección de EE.UU. a la población del país sometido a MCU.

Las MCU persiguen desgastar al Ejecutivo nacional, una vez que fracasan en su derrocamiento en el corto plazo. El impacto de este sistema punitivo ha impuesto al gobierno bolivariano la necesidad de impulsar una reestructuración del ordenamiento económico del país. Este proceso entraña riesgos políticos adicionales al desarrollarse en un contexto de contracción significativa del ingreso del Estado, siendo la inversión social un pilar del proyecto político del chavismo.

El trabajo del Observatorio Venezolano Antibloqueo contribuye a la sistematización y actualización de las informaciones relacionadas con las MCU hacia Venezuela. Su sitio web resulta visualmente atractivo y facilita a interesados la comprensión del alcance e impacto de esta política. Por tales motivos, se recomienda el estudio sobre la factibilidad de su implementación en Cuba.

notas

1 “Son medidas que incluyen las económicas y políticas, aunque no se limitan a ellas, impuestas por Estados o grupos de Estados para coaccionar a otro Estado a fin de obtener de este la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos y provocar algún cambio concreto en su política.” (Consejo de Derechos Humanos, 2015)

2 (Morales, El empleo de los instrumentos del poderío nacional de los Estados Unidos en su política exterior contra Venezuela durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021, 2022)

3 El Observatorio Venezolano Antibloqueo es una instancia institucional del Estado venezolano, adscrita al Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), bajo el amparo de la Ley Constitucional Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, del 12 de octubre de 2020. Para más información sobre el Observatorio se puede consultar https://observatorio.gob.ve/wp-content/uploads/2022/11/Informe_Metodologia_y_Datos_MCU.pdf

4 La Consolidated Appropriations Act, 2023 otorga 50 millones de dólares para programas de democracia en Venezuela. (Congreso de EE.UU., 2022).

5 International Emergency Economic Powers Act

6 National Emergencies Act

7 Section 40A of the Arms Export Control Act

8 Foreign Relations Authorization Act

9 Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

10 El listado completo puede ser consultado en https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism#:~:text=Maduro%20Moros%2C%20Cabello%20Rond%C3%B3n%2C%20Carvajal,cocaine%20into%20the%20United%20States

11 Este documento puede ser revisado en https://ofac.treasury.gov/media/6186/download?inline

12 Francisco R. Rodríguez es Profesor de Práctica de Asuntos Internacionales y Públicos en la Escuela de Estudios Internacionales Josef Korbel de la Universidad de Denver. Es fundador de Oil for Venezuela, una organización sin fines de lucro enfocada en encontrar soluciones a la “crisis humanitaria” de Venezuela. https://franciscorodriguez.net/

13 (Laya & Rosati, 2017)

14 Órdenes Ejecutivas 13808, 13827, 13835, 13850, 13857 y 13884.

15 La Unión Europea ha impuesto medidas restrictivas a 55 personas y 55 empresas; Panamá, 55 personas y 15 empresas; Canadá, Suiza y Reino Unido a 108, 56 y 36 individuos, respectivamente.

16 (Weisbrot & Sachs, 2019)

17 (Rodríguez, Las consecuencias humanas de las sanciones económicas , 2023) https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-12/u-s-sanctions-rosneft-subsidiary-for-backing-venezuela-s-maduro#xj4y7vzkg y https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/end-of-venezuela-s-oil-fortune-looms-over-maduro-s-regime#xj4y7vzkg

18 (116th Congress , 2019)

19 Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance, and Development Act del 2019.

20 Enlace para conocer el proyecto de ley VERDAD S.1025 - 116th Congress (2019-2020): VERDAD Act of 2019 | Congress.gov | Library of Congress

21 Venezuelan Adjustment Act

22 AFFECT Human Rights in Venezuela Act

23 Venezuelan Democracy Act

24 Licencias generales 2A, 3H, 4C, 5L, 7C, 8L, 9G, 10A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30A, 31B, 32, 33, 34A, 35, 39B, 40B, 41 y 42. Pueden consultarse a detalle en https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions

25 “Autorización de transacciones que involucren a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones esenciales en Venezuela o para la liquidación de operaciones en Venezuela para determinadas entidades.”

26 “Autorización de ciertas transacciones que involucran la exportación o reexportación de Gas Licuado de Petróleo a Venezuela.”

27 “Autorización de ciertas transacciones relacionadas con las empresas mixtas de Chevron Corporation en Venezuela.”

28 “Ciertas transacciones que involucran a la IV Asamblea Nacional de Venezuela y otras personas autorizadas.”

29 “Autorización de ciertas operaciones relacionadas con negociación de acuerdos de transacción con la IV Asamblea Nacional de Venezuela y otras personas determinadas.”

30 Corporación Venezolana de Guayana Minerven C.A.

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CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo