INTRODUCCIÓN
Las elecciones presidenciales de 2006 en Nicaragua marcaron el retorno al poder de Daniel Ortega y el Sandinismo. Esto representó una ruptura con los gobiernos neoliberales que habían presidido al país centroamericano durante 16 años.
Esta victoria ocurrió en un contexto histórico marcado por el inicio del ciclo de gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe. La coyuntura nacional se caracterizó por un progresivo deterioro de la situación económica, social y política del país. En este sentido, Nicaragua sufría una crisis energética sin precedentes, la infraestructura pública se encontraba en un estado deplorable y la corrupción estatal aumentaba a niveles significativos. Los niveles de violencia social iban en ascenso debido al desempleo y la falta de oportunidades. La población se encontraba afectada por la privatización de la educación y las malas condiciones en los servicios de salud pública (Ortega Hegg, 2007).
De esta manera, el comandante Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) llegaron al poder encabezando una coalición heterogénea de partidos políticos denominada Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Cabe destacar que no todas las agrupaciones políticas que integran esta coalición son revolucionarias de izquierda, ni tienen fines netamente políticos.
Las bases populares del Sandinismo y del FSLN se asientan en los sectores históricamente desfavorecidos, cuyas reivindicaciones fueron por primera vez atendidas por la Revolución Sandinista y que, actualmente, vuelven a ver sus necesidades atendidas por el gobierno de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. El 40% de la población nicaragüense es campesina y vive en las tierras concedidas hace más de 40 años por la reforma agraria realizada luego del triunfo revolucionario en 1979. Por otro lado, un 30% de la población son campesinos que se urbanizaron en pequeñas cabeceras municipales, en ciudades medianas, capitales de departamento y en algunos barrios de Managua. Esta gran masa demográfica constituye el núcleo sandinista y apoya mayoritariamente al presidente Ortega (Firmenich, 2021, p. 33).
- Fig 1: Frente Sandinista de Liberación Nacional, creado bajo los ideales del “General de Hombres Libres”. Internet.
El FSLN, desde su retorno al poder en 2007, emprendió numerosos programas encaminados a resolver necesidades primarias y urgentes de amplios sectores de la población nicaragüense. Entre los programas sociales desarrollados se destacan el Yo Sí Puedo, Todos con Voz, Operación Milagro, Plan techo, Bono Productivo Alimentario, Usura Cero y Bono Solidario. Por su parte, dentro de las políticas públicas implementadas sobresalen el financiamiento agropecuario; la entrega de títulos de propiedad, viviendas nuevas y paquetes alimentarios solidarios; la expansión y mejora de las infraestructuras de transporte, comunicación, electricidad y saneamiento de agua; y la rearticulación de la atención estatal a familias vulnerables, casas maternas y centros de desarrollo infantil. Además, la salud y la educación pública se han restituido como derechos y se ha mejorado su acceso y calidad. Asimismo, esta reformulación de las políticas sociales fomentó una reestructuración de los organismos estatales que las llevan a cabo.
Teniendo en cuenta indicadores de 2006 y de 2020 se puede plantear que Nicaragua es uno de los países del mundo que más ha reducido el analfabetismo en ese período de tiempo (del 35% al 3%) y con mayor reducción en la mortalidad infantil (de 29 a 11.4 por cada mil nacidos vivos) (Fonseca Terán, 2021).
El gobierno sandinista ha significado un cambio radical para Nicaragua en el plano internacional. El país se ha convertido en el principal obstáculo para el narcotráfico y el crimen organizado en Centroamérica, dando garantía de un alto nivel de seguridad para la sociedad nicaragüense. A su vez, Nicaragua es partícipe e impulsora de diferentes iniciativas en el plano de la integración latinoamericana, lo que le ha permitido efectuar programas de cooperación con otros gobiernos progresistas como Cuba y Venezuela (Franco, 2019).
La política de alianzas del FSLN es considerada como uno de sus aciertos más connotados. La Alianza Unida Nicaragua Triunfa se define como una expresión política plural, donde el diseño y funcionamiento de políticas públicas y estrategias estatales de crecimiento económico y desarrollo social recogen las demandas e intereses de la heterogeneidad de los partidos que la conforman (Midence, 2019). Además, la cooperación con los empresarios organizados en el COSEP y los gremios de trabajadores, le permitió al FSLN consensuar leyes y programas económicos que fueron elogiados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que permitieron que Nicaragua alcanzara estabilidad macroeconómica.
Con el ascenso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, en 2016, la política exterior estadounidense se volvió más hostil hacia Nicaragua. Este condicionamiento externo de hostigamiento político, sanciones económicas y financiamiento a la oposición interna, configuró una compleja situación en la sociedad nicaragüense marcada por una gran polarización, lo que desembocó en un intento de golpe de Estado en abril de 2018, dirigido por las élites empresariales y de la iglesia católica. Como consecuencia, el proceso progresista nicaragüense fue afectado tanto en la estabilidad política interna como en su proyección internacional siendo acusado de violar derechos humanos. A tres años de esos sucesos, al FSLN se le plantean numerosos retos y desafíos tanto en su política interna como exterior.
El presente artículo tiene como objetivo general evaluar el estado del proceso sandinista de cara al 2022. Como objetivos específicos: analizar la situación interna del país y la proyección internacional del sandinismo en el período 2018-2021. Igualmente, identificar los principales retos en el corto plazo.
DESARROLLO
Situación interna 2018-2021:
Una de las críticas realizadas al gobierno sandinista ha sido la insuficiencia de espacios para el disenso y la debilidad institucional en términos de representación política, reflejada en la desconfianza ciudadana hacia algunas instituciones estatales (Pérez Molina, 2019, p. 235). En este sentido, se plantea que ciertas protestas legítimas de diversos componentes sociales (como la de una parte del campesinado que se opone a la construcción de un canal interoceánico) se han tomado ocasionalmente como ataques contra la estabilidad gubernamental. Esta situación ha sido capitalizada y distorsionada por la derecha, lo que ha podido desembocar en enfrentamientos entre manifestantes y la policía y civiles simpatizantes o militantes del FSLN (Fernández Ampié, 2019, p. 186).
Esta dinámica de manipulación y exacerbación, por parte de elementos conservadores, de las discrepancias entre el Estado y determinados sectores en temas específicos podría explicar el apoyo de algunos sectores de la población al intento golpista de 2018.
La tentativa de golpe de Estado de abril-julio de 2018 fue perpetrado mediante un formato de guerra híbrida. El pretexto de las acciones desestabilizadoras fue la reforma gubernamental al seguro social. En este caso, el seguro social en Nicaragua fue saqueado y mal administrado por los gobiernos neoliberales. El gobierno del FSLN diseñó un reajuste para salvarlo de la quiebra, lo que en última instancia beneficiaba a los trabajadores. Las medidas propuestas fueron intencionalmente tergiversadas por la derecha, lo que ocasionó las protestas y, posteriormente, permitió que estas fueran utilizadas para el desorden político.
Los sucesos de abril-julio de 2018 significaron una guerra frontal, fratricida y en extremo violenta, que causó 198 víctimas mortales. Las fuerzas opositoras se valieron de grupos armados y de actos de sabotaje, intimidación y terrorismo. En medio de estas acciones, se viralizó una campaña mediática difamatoria contra el FSLN, propagada por medios de comunicación nacionales e internacionales y las redes sociales, jugando un papel fundamental fenómenos como las fake news y la postverdad (Midence, 2019, p. 43).
Entre los participantes de este intento de golpe se encontraron algunos sectores medios de la sociedad, un pequeño núcleo del estudiantado, grupos urbanos marginales activados por medio de un pago diario, otros procedentes del narcotráfico, antisandinistas tradicionales, políticos de la época neoliberal, medios de comunicación reaccionarios y ONGs financiadas por organizaciones gubernamentales norteamericanas (Ayerdis, 2019). No obstante, es necesario enfatizar que el levantamiento de 2018 fue liderado e impulsado abiertamente por los sectores más conservadores de la iglesia católica y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), lo que representó una ruptura de la alianza que el FSLN había forjado con la cúpula empresarial y eclesiástica.
Si bien la crisis golpista de abril-julio del 2018 desencadenó altos niveles de polarización y ruptura entre el aparato estatal y un amplio espectro de organizaciones privadas y de la sociedad civil, el proceso electoral de 2021 figuró como una vía para atenuar el conflicto social. Por otro lado, el gobierno sandinista impulsó un programa de justicia y reparación de las víctimas de los sucesos, así como planes para la reactivación de los circuitos comerciales, productivos y turísticos.
Durante la campaña preelectoral, los partidos contrarios a Ortega se debilitaron y se dividieron debido a la diversidad de intereses y a la falta de unidad en su accionar y sus programas políticos. En consecuencia, la oposición fue incapaz de entenderse para presentar un candidato único que pudiera hacer frente al FSLN.
Uno de los mayores puntos de controversia durante el proceso preelectoral fue la detención de varios líderes opositores por violar leyes de reciente aprobación (octubre y diciembre de 2020) sobre seguridad y soberanía nacional. Estas leyes, aprobadas por la Asamblea Nacional, son la 1040 o “Ley de regulación de agentes extranjeros” y la Ley 1055 o “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”. Al respecto, dichas legislaciones advierten en sus textos que quienes realicen determinados actos contra la soberanía y seguridad nacional nicaragüense derivarían en acciones penales establecidas en el Código Penal de Nicaragua por los “Actos de Traición”, los “Delitos que comprometen la Paz” y los “Delitos contra la Constitución Política de la República” (Necoechea, 2021).
La ley 1040 tiene como objetivo frenar el intervencionismo político, que agencias norteamericanas como la NED y la USAID promueven al financiar a sectores de la sociedad civil y sus redes de ONGs con fines de desestabilizar al país política y económicamente. Por su parte, la ley 1055 señala que los ciudadanos nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas o que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de Nicaragua no pueden optar a cargos de elección popular y deberán cumplir con el proceso penal correspondiente1. En virtud de esta última ley es que varios líderes opositores, algunos de los cuales tenían aspiraciones presidenciales, fueron privados de libertad.
La coyuntura interna actual nicaragüense gira en torno a la repercusión de los resultados de las elecciones generales y legislativas del pasado 7 de noviembre del 2021, en las cuales concurrieron seis partidos políticos que se enfrentaron para elegir al binomio de presidencia y vicepresidencia, 92 diputados para la Asamblea Nacional y otros 20 para el Parlamento Centroamericano.
Daniel Ortega fue reelecto presidente en los comicios con un 75% del voto electoral; lo cual se ajustó a los pronósticos que consideraban la solidez del proyecto revolucionario sandinista, así como la debilidad y fragmentación de la oposición. La participación ciudadana en el proceso electoral fue de 2 921 430 votantes, esto es el 66.40% de un padrón registrado de 4.4 millones de ciudadanos (CSE, 2021).
En diciembre de 2021, funcionarios gubernamentales nicaragüenses anunciaron diversos indicadores macroeconómicos, entre los que destaca un crecimiento del PIB entre el 8.5 y el 9.5%. Este dato revierte la dinámica negativa de contracción económica que duró tres años consecutivos (2018 con -3,4%; 2019 con -3,7%; y 2020 con -2,0%) debido a los efectos del entorno económico mundial pandémico y la situación sociopolítica interna (CEPAL, 2021).
Proyección internacional 2018-2021:
El regreso del FSLN al poder nicaragüense en 2006 significó la puesta en práctica de una política exterior pragmática, más proactiva y moderna, ajustada a las nuevas realidades del contexto internacional y orientada hacia objetivos económicos. Esta estrategia le ha permitido al país centroamericano dirigir su política exterior hacia la construcción de vínculos regionales y extra regionales. Ejemplo de lo anterior se expresa en el papel activo que desempeña Nicaragua en su efectiva alianza con el sistema internacional (SICA, CAFTA-DR, PETROCARIBE, ALBA-TCP, CELAC, Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea), así como el incremento de sus vínculos en materia de colaboración con otros países (Irán, Rusia, entre otros), en un contexto diferente al de la década de 1980 (Paneca, 2015).
En el periodo en cuestión la proyección internacional del gobierno sandinista se vio afectada por una campaña difamatoria que trascendió las fronteras del país, encabezada por Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La misma se desencadenó a raíz del intento de golpe de Estado y la acción del gobierno ante las protestas que sucedieron en el país durante 2018. La misma estaba centrada en la promoción de noticias falsas y “falsos positivos”, con el supuesto objetivo de generar un conflicto en el país y un estado de opinión adverso sobre la gestión del gobierno sandinista.
En este contexto también se intensificaron las acciones de organizaciones opositoras dentro y fuera del país para hacer creer que en Nicaragua se estaban violando los Derechos Humanos. Esto fue aprovechado por gobiernos y organizaciones como la Unión Europea, Estados Unidos y Colombia para replicar estas noticias y generar un clima de desinformación en la comunidad internacional sobre lo sucedido en el país centroamericano.
El gobierno sandinista y sus aliados denunciaron estas campañas tanto en declaraciones individuales, como en organismos multilaterales. Sin embargo, esto no evitó que la imagen del país y el gobierno se vieran afectadas ante la comunidad internacional, lo que se manifestó con fuerza en las elecciones del 2021 y la cantidad de países que desconocieron este proceso.
Otro de los puntos fundamentales de la proyección de la administración de Daniel Ortega en el período es su relación con Estados Unidos. Hasta el año 2016 su política estuvo está marcada por la creación de vínculos de no confrontación con los EE.UU., a pesar de las contradicciones existentes entre estos actores. Sin embargo, desde la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump en 2016 las diferencias fueron en aumento. Trump firmó en diciembre 2018 la ley Nicaraguan Investment Conditionality Act (la Nica Act) para bloquear los préstamos de instituciones financieras a este país centroamericano. Ello impuso una serie de extorsiones económicas, como la imposibilidad de solicitar préstamos para su desarrollo. Como consecuencia, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), redujeron los desembolsos y empréstitos al país, lo cual afectó los programas sociales financiados con la cooperación externa y debilitó, aún más, el apoyo de las élites empresariales al proyecto sandinista. La política exterior del nuevo presidente Joe Biden ha tendido, hasta el momento, hacia la continuidad de la ofensiva política, diplomática y comercial contra Nicaragua.
Como parte de la confrontación estadounidense hacia la Revolución Sandinista, el 10 de noviembre de 2021, el presidente Biden firmó la entrada en vigor de la ley “Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua” (también conocida como Ley Renacer por sus siglas en inglés). Esta legislación confiere al ejecutivo estadounidense amplios poderes para imponer sanciones a Nicaragua, incluida su posible exclusión del Tratado de Libre Comercio de EE.UU. con Centroamérica (DR-Cafta). También suma a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa por corrupción y ordena dar prioridad a los informes de inteligencia sobre este país (Mongoe, 2021).
Sin embargo, la administración Biden puede verse condicionada en la aplicación efectiva de sanciones al gobierno sandinista. Esto se debe a que EE.UU. tiene intereses comunes con Nicaragua en la región de Centroamérica, relativos fundamentalmente a puntos de cooperación como comercio, políticas migratorias y seguridad regional en materia de contención del tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos (Casari, 2021).
El proceso electoral de noviembre de 2021 fue objeto de una gran atención político-mediática a nivel internacional y de una campaña de descrédito que, a posteriori, se convirtió en desconocimiento, por parte de EE.UU. y sus aliados de la Unión Europea y gobiernos latinoamericanos de corte derechista.
En la resolución de la Asamblea General de la OEA del 12 de noviembre de 2021, veinticinco Estados2 declararon como ilegítimas las recientes elecciones de Nicaragua, señalando que “no fueron libres, justas, ni transparentes”. Según estos veinticinco Estados de la OEA, las elecciones fueron ilegítimas porque líderes opositores con posibilidades de victoria no pudieron participar por ser presos políticos (Necoechea, 2021). Posteriormente, el 18 de noviembre de 2021, Nicaragua decidió retirarse de la OEA en respuesta a las acciones injerencistas e irrespetuosas en los asuntos internos del Estado nicaragüense.
En cuanto a los vínculos con potencias extraregionales el 10 de diciembre de 2021 los gobiernos de Nicaragua y China anunciaron la reanudación de relaciones diplomáticas. El gobierno centroamericano reconoció a través de este anuncio la existencia de “una sola China” cuyo gobierno legítimo es el de la República Popular. Este acontecimiento en el marco de la creciente inserción del gigante asiático en la región pudiera ser muy beneficioso para el futuro económico de Nicaragua. Los programas de inversiones chinas podrían facilitar las transferencias tecnológicas y el mejoramiento de las infraestructuras del país. Igualmente, el restablecimiento de este tipo de relaciones funcionaría como una alternativa ante las sanciones impuestas por Estados Unidos.
En el caso de las relaciones con Rusia, el gobierno sandinista tiene aquí un fuerte aliado. El gigante euroasiático en el 2021 reforzó su ayuda al país, además de revisar su cooperación bilateral. Ejemplo de esto lo constituye la firma en diciembre del propio año de un acuerdo de cooperación “con el objetivo de promover el uso pacífico de las tecnologías nucleares aplicadas a la energía, agricultura y medicina (EFE, 2021). Rusia constituye un aliado estratégico fundamental para Nicaragua desde el triunfo de la Revolución Sandinista.
En el marco regional destaca el papel desempeñado por Nicaragua en las cumbres de la CELAC y el ALBA-TCP en 2021. En estos predios reiteró su condena a la actitud injerencista del gobierno de Estados Unidos y la OEA hacia países como Cuba, Venezuela y su propia nación. Igualmente, mostró la voluntad del Estado nicaragüense de cooperar hacia la edificación de un programa de recuperación regional de la crisis económica y sanitaria que vive esta parte del mundo. Por tanto, es evidente el interés del gobierno sandinista de fortalecer la cooperación de manera bilateral y multilateral en América Latina.
Principales retos:
Luego de analizar la situación interna y la proyección internacional del proyecto sandinista durante el período 2018-2021 se pueden definir determinados retos en el corto plazo.
En el escenario político interno, el FSLN debe replantearse su política de alianzas. Si bien esta brindó un resultado positivo durante el período 2007-2018, el intento de golpe de Estado alentado por el COSEP y la jerarquía católica conservadora demostró que la política de alianzas es circunstancial y susceptible a los intereses de estas cúpulas. En este sentido, Daniel Ortega debe elegir entre radicalizar el proceso o priorizar el rescate del consenso interno con los sectores elitistas privados y de la iglesia. Además, el gobierno sandinista debe potenciar el diálogo interno y nuevos mecanismos de debate, así como evaluar su postura ante los denominados “presos políticos”.
Desde el punto de vista social, el FSLN debe consolidar su base popular, a través del trabajo político-ideológico, los programas de beneficio social y la mejora de su nivel de ingresos y calidad de vida. Esto resulta fundamental para mantener el apoyo de los estratos sociales que constituyen el soporte del proyecto progresista; los que, en última instancia, lo han defendido y mantenido ante las amenazas externas y la desestabilización interna durante el período analizado.
El proceso progresista nicaragüense debe enfocarse en el desarrollo económico del país para garantizar las necesidades básicas de su población. Asimismo, recuperar y mantener esta dinámica positiva reforzaría la credibilidad y apoyo a su proyecto económico-social en un contexto de recuperación de la estabilidad interna.
En el plano de la política exterior, el FSLN debe potenciar sus relaciones con los Estados latinoamericanos (tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral) para contrarrestar la campaña conjunta del gobierno estadounidense y de la oligarquía nicaragüense que pretende aislar y desprestigiar a la Revolución Sandinista. Asimismo, el gobierno nicaragüense debe consolidar las relaciones económicas y políticas con la República Popular China, como respuesta a las sanciones económicas estadounidenses legisladas en la Ley Renacer.
CONCLUSIONES
La situación interna en Nicaragua durante el período 2018-2021 se vio condicionada por el fallido intento de golpe de Estado de abril de 2018. Este suceso provocó inestabilidad y polarización política en el país. Asimismo, interrumpió el crecimiento económico nicaragüense, lo que se agravó posteriormente debido a las sanciones económicas estadounidenses y los efectos de la pandemia de la Covid-19. El proceso electoral de 2021 ratificó al FSLN en el poder, lo cual constituyó una muestra de apoyo popular al proyecto sandinista.
En el período 2018-2021 la proyección internacional del gobierno nicaragüense estuvo marcada por la campaña de descrédito, de la que fueron víctimas, en el contexto de las protestas sociales y el intento de golpe de Estado en 2018. Esto ocasionó la pérdida de credibilidad internacional del proceso. Las relaciones con Estados Unidos transitaron hacia un clima de confrontación y la imposición de sanciones por parte de los norteamericanos. Otro aspecto de relevancia lo constituyó el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China y lo que significa esto para el futuro económico de la nación. También el gobierno sandinista manifestó su interés de fortalecer las relaciones políticas, económicas, comerciales y de cooperación, tanto a nivel bilateral como multilateral.
El escenario actual para el gobierno del FSLN plantea retos objetivos una vez que ya se cumplió el de ganar las elecciones para el mandato presidencial 2022-2027. En este sentido, Ortega debe elegir entre radicalizar el proceso o priorizar el rescate del consenso interno con los sectores privados. Asimismo, tendrá que hacer frente a la crisis económica producto de la pandemia de Covid-19 y de las sanciones económicas impuestas.
Igualmente, debe trabajar en sus relaciones con los Estados latinoamericanos (tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral) para contrarrestar la campaña conjunta del gobierno estadounidense y de la oligarquía nicaragüense que pretende aislar y desprestigiar a la Revolución Sandinista. Además, aumentar los vínculos con China y aprovechar las oportunidades que brindan sus programas de inversiones.
En síntesis, el actual gobierno del FSLN debe recuperar el estado de su prestigio internacional (tanto en derechos humanos como en materia de cooperación y seguridad para inversiones extranjeras), crecimiento económico y consenso local anteriores al intento golpista de 2018.
Todos estos elementos demuestran que el proceso sandinista está en constante cambio y transformación, adaptándose a las circunstancias actuales. La voluntad de llevar a cabo un proyecto de nación propio y sin injerencias es la base fundamental del proceso.
notas
1 La ley 1055 también inhabilita de cargos públicos a “quienes inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”; a quienes propongan y gestionen bloqueos económicos y comerciales en contra del país y sus instituciones y a quienes “demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”. (ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, 2021).
2 Los países que votaron a favor fueron El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela (ilegítima), Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina y Ecuador. Se abstuvieron Honduras, México, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Dominica, Belice, Bolivia. La delegación de Saint Kitts y Nevis estuvo ausente. Como punto reseñable, destacar que en esta votación Argentina y Guatemala dieron un giro al respaldar la resolución. Ambos países se habían abstenido anteriormente en su voto y habían respetado la no intromisión en asuntos internos de otros Estados.
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