INTRODUCCIÓN

Aunque las reformas en China se han convertido en un fenómeno significativo e histórico que exige explicación por la ciencia y la economía política contemporánea y ha motivado por ello que se hayan escrito centenares de trabajos científicos y académicos, estos fundamentalmente han sido dedicados a las transformaciones económicas y sociales ocurridas en el país, mientras que las implicaciones político-institucionales del proceso no son apreciadas de igual manera por algunos autores que señalan no han estado acompañados de cambios políticos, institucionales y democráticos, lo que se convierte en potencial e importante limitante para la proyección futura del país asiático.

En las últimas cuatro décadas, el socialismo chino ha dado un giro trascendental, al igual que la percepción que sobre él se tiene en los diversos círculos políticos y académicos occidentales. Si en las etapas iniciales era común encontrar análisis y artículos de expertos y teóricos embriagados con el acontecer chino (que terminaron reflejados en numerosas teorías y elucubraciones académicas), en la actualidad han derivado en una proliferación de expectativas cruzadas tanto desde dentro como a nivel internacional, plagadas de desaciertos, manipulaciones ideológicas, confusiones y concepciones apologéticas.

La historia del renacimiento institucional chino está mucho menos documentada que la de su desarrollo económico. En ocasiones, las indagaciones parten, de forma intencionada, de esas visiones extremas antes mencionadas que hacen más compleja y difícil la evaluación de sus resultados. Por otra parte, la mirada homogeneizadora que Occidente ha tratado de imponer de la mano del eurocentrismo y de la práctica política estadounidense, por su amplia diseminación, continúan generando prejuicios y forman parte de una inexorable guerra ideológica y mediática contra los avances de China, con sus logros y problemas por resolver (Álvarez Acosta, 2021).

Son amplias las evidencias del empeño chino por redefinir su modernidad según sus propias necesidades y especificidades, lo que ha llevado al gigante asiático a romper con lo que algunos denominan el último eslabón colonial que le ataba a Occidente, es decir, la aceptación de la hegemonía occidental en la definición de los paradigmas culturales del desarrollo de la humanidad.

Esa suerte de dogmatismo pro capitalista afecta una valoración creadora de los caminos posibles hacia el socialismo sin renunciar a los avances acumulados por sociedades precedentes. Primero se elabora un tipo de discurso para desmontar o reducir a cero cualquier atisbo de avance y luego, sobre la base de esa lógica reduccionista, se construyen libros, artículos y se guía el papel de la academia y de los grandes medios de comunicación, para ensalzar la propaganda capitalista y neoliberal a nivel global. De ese modus operandi no podría excluirse a China.

Por otra parte, resultan harto conocido los intentos de políticos, gobiernos y académicos occidentales de imponer su filosofía política liberal como pensamiento único y su deseo implícito de que todas las naciones del mundo, en especial los países en vías de desarrollo, asuman un mismo sistema político, independientemente de sus contextos históricos y sociales.

En la visión china, se parte de defender conceptos como la institucionalidad, la legitimidad, la legalidad, el Estado de derecho y la democracia como valores comunes, derecho de todos y no una prerrogativa de pocos, de ahí la necesidad de asumir los mismos bajo prismas, formas y contenidos diferentes, que tomen en cuenta las características y condiciones de cada nación.

El trabajo se propone abordar el tema desde una breve historia crítica del pensamiento político occidental y de sus herramientas conceptuales e ideológicas, que permita confrontar las diversas circunstancias y realidades asociadas a China, en las cuales, como ya se ha expresado, una buena parte de las teorías socio-políticas contemporáneas ven cuestionado su universalismo exclusivo.

Asimismo, también nos proponemos valorar el importante papel de las reformas en el ámbito político-institucional, como vía para el “auto perfeccionamiento” y desarrollo de la concepción china de democracia socialista de partido único y su visión del Estado de derecho socialista, como posibles aportes en la búsqueda de una teoría democrática más amplia que englobe los conceptos de democracia participativa, legislativa y democracia Partido-Estado.

DESARROLLO

Una simple mirada al proceso de reformas permite constatar que estas han estado acompañadas, desde sus orígenes, de la búsqueda de una institucionalidad propia basada en un cuerpo normativo que ha servido de soporte para un tipo de gobernanza más trasparente y rigurosa del Partido Comunista de China (PCCh), encaminada a fortalecer su propia capacidad de liderazgo en medio de condiciones muy cambiantes.1

Sin embargo, lo publicado hasta el momento da fe del persistente intento por reducir la interrelación armónica existente entre los diferentes componentes de la reforma, a una simple relación de causa-efecto, que ha llevado a considerar las reformas político-institucionales como meras derivaciones y complemento de las económicas.2 No obstante, más allá de vincular las primeras acciones en los años ochenta del siglo pasado a la necesidad de facilitar y consolidar las reformas económicas en curso, es posible corroborar que son cada vez más los que las consideran como un fin en sí mismas.3

Fue Deng Xiaoping el primero en señalar un vínculo intrínseco entre los componentes económico y político-institucional de las reformas, cuando a inicios de los años ochenta afirmó que “sin reforma política, la reforma económica no podía tener éxito”, en un claro intento por señalar la necesidad de modernizar el aparato político del país, que en su visión implicaba lograr “una separación efectiva de funciones, una mayor eficiencia, profesionalización y un mayor grado de participación política” (Deng, 1984).

Las fuentes chinas suelen enmarcar el “clímax” de esos primeros esfuerzos en octubre de 1987, con la celebración del XIII Congreso del PCCh, en medio de una compleja coyuntura marcada por la crisis interna del liderazgo central y una lucha entre diferentes tendencias en el poder. Bajo los auspicios del entonces Secretario General Zhao Ziyang, quedó delineado una suerte de programa estratégico que incluía, entre otros objetivos, la separación de funciones PCCh-Gobierno y Gobierno-Empresas, el otorgamiento al sistema de asambleas populares de mayores poderes de supervisión y control sobre la gestión del gobierno, así como un mayor espacio y autonomía para el funcionamiento de los medios de comunicación y la opinión pública nacional.

El propósito no era otro que el de construir un sistema de pesos y contrapesos en los marcos del socialismo, que en la práctica condujo a importantes excesos como la supresión de muchas organizaciones de base del PCCh a nivel de ministerios, universidades y empresas estatales chinas, y la aparición de nuevas distorsiones políticas e ideológicas que no tardaron en expresarse en los sucesos de Tiananmen en el verano de 1989.

Sin embargo, a pesar de diversos intentos posteriores, algunos incluso en direcciones opuestas, fue a partir del 2012 (después del XVIII Congreso del PCCh) que las reformas político-institucionales comenzaron a cobrar decisivo impulso a través de medidas de corrección gradual de algunas de las políticas implementadas durante las primeras etapas, que implicaron nuevos reajustes y una redefinición estratégica del modelo vigente.

Durante el XVIII Congreso, como parte del inicio de una nueva etapa de profundización integral de las reformas, fueron formulados los llamados “cinco elementos y cuatro integralidades”4, que unidos al concepto de “Estado de derecho socialista con características chinas” y la promoción de un sistema de gobernanza integral del PCCh y del país, fueron endosados como principales metas estratégicas de la nueva etapa. Con un enfoque holístico, sistémico y sinérgico, comenzaron a adoptarse una serie de decisiones combinadas con importantes despliegues para reforzar la gobernanza del PCCh y del país de acuerdo con la ley.

La decisión de dedicar el IV Pleno del XVIII CC PCCh en octubre del 2014 al complejo tema de la gobernanza según la ley, y su ratificación posterior como componente central del socialismo con características chinas en la nueva era, durante el XIX Congreso celebrado en el 2017, marcó un importante punto de inflexión que hizo que, en lo adelante, aspectos como la promoción del Estado de derecho, el perfeccionamiento de la legalidad y el reforzamiento de la legitimidad, devinieran hitos a alcanzar en la nueva etapa, y más importante aún, en mecanismos para perfeccionar la gobernabilidad del PCCh y del Estado chino.

Principales antecedentes:

El abordaje de conceptos como institucionalidad, legalidad, legitimidad, Estado de derecho y democracia, en el caso chino plantea a su vez la necesidad de un enfoque transdisciplinario (es decir, problémico), para corroborar si se trata de un mero uso instrumental de mecanismos y conceptos tradicionalmente asociados a las economías capitalistas y a los sistemas democráticos basados en la concepción liberal burguesa, o si se trata, por el contrario, de reinterpretarlos y asumirlos como valores comunes, derechos de todos y no prerrogativa de pocos, bajo prismas, formas y contenidos diferentes, según las características y condiciones de cada país, es decir, como aportes reales a la concepción de una nueva teoría sobre la democracia más amplia, que englobe los conceptos de democracia participativa, legislativa y democracia Partido-Estado.

Una mirada rápida al estado del arte confirma que no resulta científicamente posible ni políticamente viable medir con criterio único los diversos sistemas políticos ni examinar las diferentes civilizaciones políticas desde una única perspectiva.5 Desde la visión china, por ejemplo, conceptos como la democracia y el Estado de derecho son asumidos holísticamente, es decir, como procesos transversales con impacto permanente y no con fines electorales o formales como sucede en buena parte de las sociedades occidentales.6

Se señala que la democracia debe ser consustancial a procedimientos y reglas políticas que conforman los respectivos sistemas políticos y su ordenamiento legal, los cuales existen para ser cumplidos, así como el ejercicio del poder político que debe ser sometido a la supervisión y el control popular.

Cualquiera de estas suposiciones rompe con conceptos enraizados en las ciencias políticas contemporáneas como el eurocentrismo, el universalismo y el antropocentrismo, resultados todos del proceso histórico del desarrollo europeo, de sus múltiples conflictos bélicos internos y de su expansión colonial a nivel mundial, imponiendo su ideología portadora de una particular cosmovisión que sitúa a Europa y posteriormente a Estados Unidos, como centros del mundo e incluso del universo.

Ese criterio generalizador y pretencioso de lo tenido por “universal”, ha sido ampliamente sometido a crítica por su abarcadora polisemia y su contradictoria inconsistencia, que llega hasta su reducción al absurdo, como señala Jesús Guanche, quien en su importante análisis sobre el tema deja claro que cualquier concepción filosófica o formas de etnocentrismo en su sentido excluyente es prejuiciada desde el punto de vista cognitivo y cultural, al pretender asumir como “universales”, experiencias históricas lineales movidas por esquemas culturales fijos, es decir, a partir de la experiencia europea occidental, que bien se conoce ha sido resultado a su vez de ventajas o beneficios conseguidos a expensas de otras culturas, mediante conquistas, saqueos, genocidios y otras acciones de dominación con sus normas éticas (Guanche, 2019).

Es por ello que resulta imprescindible, como ineludible punto de partida, contrastar las miradas desde la otredad sobre China respecto de las miradas internas; o sea, desde sí misma.

De lo anterior se infiere la importancia de tomar en cuenta la peculiar realidad histórica y social del país asiático. La particular incidencia del legismo como filosofía contrapuesta al confucianismo7, e incluso del taoísmo en su doble acepción filosófico-religiosa (este último a nivel de la sabiduría y percepción popular y su relación con las energías, el equilibrio, la medicina tradicional china, las artes marciales, la salud, la percepción y práctica de la virtud y la noción de camino a seguir), ha sido ya suficientemente documentada.8 También la del arte político tradicional chino, de su trayectoria histórico-cultural y del sostenido empeño del liderazgo chino en recorrer un camino propio y construir una modernidad alternativa.

De cara al presente empeño, sería importante repasar algunas cuestiones básicas:

Primero, que los desarrollos de un Estado de derecho (rule of law), no son exclusivos de la tradición europea posteriores al siglo XVIII. Basta una revisión de las fuentes especializadas sobre el derecho chino del 206 a.n.e. hasta 1912, para corroborar la existencia de antecedentes importantes sobre el Estado de derecho chino moderno. Es conocido que el derecho imperial contó con los códigos Tang y Qing, que permitieron promover el desarrollo social y económico del Imperio chino, brindándole estabilidad política a través de la implementación de derechos e intereses protegidos por el imperio.

Segundo, que la consolidación de un sistema legal chino y sus continuas críticas como Estado de derecho, provienen de la propia visión sesgada occidental que lo entiende como algo exclusivo de la cultura occidental en los siglos XVIII y XIX. Para Wang Limin (2002), el problema de la “falta de libertades individuales o derechos de primera generación democrático-liberales”, capitalizó de manera temprana el prejuicio occidental sobre la China del siglo XX, hasta convertirla en el principal argumento para considerar a la nación asiática como un país “bárbaro y atrasado”.9

Tercero, que la persistente exclusión en los análisis occidentales sobre el tema, de los estudios y reflexiones de autores y fuentes chinas, constituye una de las debilidades fundamentales de la bibliografía propositiva existente. De ahí la selección intencionada de algunos de estos autores que ofrecen análisis sustanciosos sobre diversos aspectos del proceso político institucional que se ha venido desarrollando en el país, que a su vez añaden nuevas perspectivas y permiten profundizar en el tema objeto de estudio.

Sobre la legalidad y la legitimidad en el contexto chino:

Con el surgimiento del gobierno, la gobernabilidad –definida por D. Easton como distribución autoritaria de valores societarios escasos- devino categoría central del sistema político que, en conexión con la legitimidad política10, adquiere contenidos históricos concretos (Easton, 1996). Bajo esa lógica, las tesis socio-políticas en boga establecen que el poder político requiere ser legitimado por medio de procedimientos de naturaleza especial, en particular, de tipo electoral, legislativo, administrativo y judicial.

Para el mexicano Romer Cornejo, gran parte de los estudios publicados sobre el sistema político chino se han centrado en “la falta de democracia o en su búsqueda”, asumiendo como mantra la carencia de alternativas a los sistemas políticos y económicos regidos por la democracia liberal burguesa, y como absoluto e inevitable, el vínculo entre democracia y liberalismo de mercado (Cornejo, 2008). La combinación de ambos factores, unido a la conclusión que muchos sacaron de lo sucedido en la Unión Soviética y Europa del Este respecto a una eventual “inevitabilidad” de la transición pacífica al capitalismo en los países gobernados por partidos comunistas, explica en parte la creciente ansiedad de algunos o la desilusión de otros, respecto a la “democratización” del sistema político chino bajo estándares liberales.

Aunque el tema no es nuevo y replica en parte la universalización de las políticas públicas del capitalismo y de su pensamiento único dogmático y fundamentalista, al imponer una respuesta única previamente elaborada para condiciones y situaciones diversas; debe reconocerse que se ha convertido en un problema global que ha influido en la construcción y deconstrucción del socialismo (Fung, 2013). Marx Leonard, lo pone muy bien en contexto: “Occidente concentró más su atención en lo que quería de China y en cómo convertir a los chinos al modo de vida occidental (…) La gente asumió equivocadamente que, a medida que China se hiciera más rica, también se parecería más a nosotros”, es decir, ha tomado la ruta equivocada al ignorar 5000 años de historia precedente (Leonard, 2007).

A pesar del tiempo transcurrido, se podría concluir, por tanto, que el sistema político chino ha sido estructuralmente capaz de llevar a cabo cambios sociales congruentes con su propio régimen de poder, creando las condiciones adecuadas para ello, es decir, desarrollando el consenso político y social necesario que ha permitido conducir el desarrollo político a planos más elevados. En su caso, resulta verificable que los procesos de modernización e institucionalización, más allá de sus especificidades propias, no solo son compatibles en su significación, sino que han llegado a conformar de conjunto un concepto relevante y coextensivo de desarrollo político.

Autores como Eugenio Bregolat, Eugenio Anguiano, Flora Botton y el propio Romer Cornejo, han aportado análisis valiosos sobre las transformaciones experimentadas por el sistema político chino en el contexto de las reformas, su impacto institucional, las bases sobre las que descansa el poder actual en China y sus perspectivas, el cambio social y cultural que ha vivido el país como resultado de las reformas, el surgimiento de nuevas clases sociales y sus características, sin dejar de lado lo que consideran son rezagos y límites del sistema político y económico vigente. Otros como Guillermo O´Donnell consideran que lo sucedido en China debería interpretarse mejor en torno al principio de legalidad de un sistema de gobierno que en lo relacionado con la democracia electoral, es decir, en fuerte conexión con el Estado de derecho (O´Donnell, 2007).

El sistema de cooperación multipartidista bajo la dirección del PCCh, basado en el rechazo a la democracia liberal burguesa y a la tripartición de poderes, ha sido fuente de cuestionamiento permanente por parte de quienes consideran que su práctica ha convertido a China en un Estado “totalitario”. Otros, sin embargo, prefieren pensar que las reformas han propiciado su transición hacia un régimen de tipo “autoritario”, en el que tampoco podría obviarse la creciente institucionalización del poder político, el establecimiento de un modelo reglado de transición del poder en la cúspide del sistema, el desarrollo de un sistema jurídico y cambios en la política de reclutamiento del PCCh” (Esteban Rodríguez, 2007).11

En su mirada sobre el tema, los académicos chinos aportan criterios interesantes. Wang Shaoguang, en su análisis retrospectivo del desarrollo de las ciencias políticas en China, especialmente en los últimos 40 años, concluye que la especialidad ha transitado por varias etapas que define como “aprendizaje acrítico desde Occidente”, “emulación ingenua” e “indigenización o contextualización consciente”, lo que desde luego confirma un proceso de introspección crítica de las teorías y conceptualizaciones para su aplicación o interpretación en el contexto político chino (Wang, 2011).

Otro reconocido autor chino, Pan Wei, basándose en conceptos propios de la tradición política anglosajona y en particular en los casos de Hong Kong y Singapur (considerados con altos niveles reconocidos de accountability12 o rendición de cuentas del poder, sin tratarse de democracias electorales), concluye que un país como China puede gozar de legitimidad política efectiva y sustentable basada en el concepto de institucionalidad y legalidad. Defiende con fuerza la idea de que el Estado de derecho no necesariamente tiene que ir de la mano de la democracia, en tanto se tratan de conceptos independientes, de los que se obtienen resultados diferentes. Este autor advierte (no sin razón) que, aunque la democracia liberal burguesa considere de manera rígida la conjunción de ambos elementos, no sería esa la única forma de concebir la democracia, ni un sistema político basado en la legalidad (Pan Wei, 2006).

Por su parte, Ezra Vogel, aun compartiendo las posibles limitaciones del proceso político chino desde las perspectivas antes mencionadas, afirma que “el rediseño del sistema político chino en los marcos de las reformas, ha incorporado los rudimentos de una separación de poderes a nivel del PCCh”, según la cual los congresos partidistas adquieren funciones legislativas; el Secretario General del PCCh, funciones ejecutivas y la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCID), una función casi judicial al someter a examen permanente el comportamiento de los cuadros del PCCh y del gobierno a todos los niveles (Vogel, 2011).

La propia urgencia con que la dirigencia china ha venido asumiendo la necesidad de introducir cambios en el sistema político, en aras de resolver problemas o gestionar desafíos surgidos con las reformas, debería verse a su vez como reflejo de su convencimiento de que la verdadera viabilidad del modelo no podría ser vista únicamente como expresión de los éxitos económicos alcanzados. Lo anterior explica que, desde el propio liderazgo chino, la necesidad de contar con un sistema político sólido y efectivo, capaz de soportar elevados niveles de participación política, integración masa-élite y legitimidad del sistema, se haya convertido en un imperativo, al igual que el perfeccionamiento y la puesta a punto de los medios jurídicos y políticos necesarios para coordinar las decisiones y ejecutar y controlar los aseguramientos necesarios para tales fines.

En rigor, se asume que las reformas han generado suficientes cambios estructurales en los diferentes subsistemas sociales, creando no solo las condiciones propicias para su instrumentación, sino también para generar el necesario consenso que le ha permitido al PCCh conducir el desarrollo político del país a planos más elevados.

Lo anterior no desconoce, sin embargo, que al transformar radicalmente a la sociedad entonces vigente, las reformas también han generado circunstancias negativas en el ámbito socio-político e institucional tales como la estratificación social y la emergencia de una nueva burguesía monopolista y una clase media cuyas identidades están aún por definirse; el incremento sin precedentes de la polarización socio-económica y regional; el avance de fenómenos como la criminalidad y el delito organizado; la rápida urbanización que ha dejado a muchos campesinos sin tierra y los ha obligado a marchar hacia las ciudades en busca de trabajo, creando así una clase deprimida que vive en condiciones más precarias y generando importantes disparidades sociales; así como el incremento de los costos de educación y de salud, factores que subrayan además otros fenómenos negativos como la desigualdad de oportunidades, el culto al dinero, el individualismo exacerbado y la marginalización social.

De ahí la insistencia del liderazgo chino en reajustar los mecanismos de planificación del desarrollo económico, rectificar o readecuar los debidos controles y las políticas macroeconómicas, haciéndolas más asertivas desde el punto de vista social, a fin de lograr un balance más adecuado y la materialización de las metas estratégicas propuestas, incluyendo el avance hacia la “prosperidad común”.

Resulta importante señalar que el concepto de gobernanza dentro del pensamiento de Xi Jinping hace una distinción importante entre “sistema de gobierno” y “capacidad de gobierno”, que podría entenderse como gobernanza en un sentido amplio. De acuerdo con el propio mandatario chino: “Dicho sistema y capacidad son una expresión concentrada del sistema estatal y la capacidad ejecutora de este sistema en un país. Los dos son complementarios entre sí. El sistema y la capacidad de gobierno de nuestro país son buenos en lo global, cuentan con ventajas peculiares y están adaptados a las condiciones nacionales del país y a las exigencias de su desarrollo” (Xi, 2014).

“Muchos aspectos de este sistema y capacidad de nuestro país esperan una mejora urgente, por lo que debemos hacer mayor esfuerzo para elevar nuestra capacidad de administrar el país. Solo cuando, priorizando el reforzamiento de la capacidad de gobierno del Partido, elevemos cuanto antes la cualidad ideológica, política, científica y cultural y las habilidades laborales de los cuadros a los diversos niveles y los administradores de todos los dominios, elevemos cuanto antes la capacidad laboral de los órganos del Partido y el Estado, las entidades empresariales e institucionales, los grupos populares y las organizaciones sociales, podrá el sistema de gobierno del Estado funcionar con mayor eficacia”, señala (Xi, 2014).

A diferencia de otros conceptos de gobernanza de corriente liberal que hacen énfasis en los derechos individuales abstractos, la concepción china pone un énfasis en los destinatarios del modelo, es decir, la gente. “El pueblo chino ha llegado a la conclusión, basada en la experiencia, de que solo hay un criterio para la gobernanza democrática: que la gente corriente disfrute de los dividendos de la paz y el desarrollo y viva una vida pacífica y feliz. La esencia de la gobernanza estatal moderna es la gobernanza democrática. Una democracia que funcione bien puede garantizar y desarrollar la libertad y los derechos humanos (Xinhua, 2021)”.

A la relación “legalidad-legitimidad” debemos añadir por tanto una nueva dimensión, la de las implicaciones de la “credibilidad”, en tanto además de generar legitimidad, el sistema económico-político-institucional requiere procurar también “confianza” en todos los sujetos del proceso de reformas, es decir, tanto en los favorecidos, como los desfavorecidos y los vulnerables.

La propia evolución de China hacia la estabilidad y un desarrollo cada vez más óptimo, su integración a la economía internacional y a la cadena global de suministros, sin ser lo que se considera una democracia electoral al estilo occidental, no solo ha puesto en entredicho las tesis socio-políticas en boga, sino también los criterios o factores en los que se sustenta la legitimidad de un régimen político. Por ello, para avanzar, sería útil hacer dos precisiones:

En primer lugar, que la habitual discusión académica occidental sobre la legitimidad, al considerar como principal fundamento de análisis que el poder acumulado por el PCCh ha sido mediante coerción o cooptación, aparece viciada de origen, al tratarse de un fundamento de tipo negativo basado en el supuesto ejercicio de la violencia estatal. Esta apreciación contradice, además, las conocidas aseveraciones occidentales sobre los llamados países no competitivos.

En segundo lugar, que el uso de otros criterios como pudieran ser los resultados económicos derivados de las reformas, el fortalecimiento de la legalidad, o la previsibilidad lograda a través de nuevos mecanismos de transparencia, control político y reglamentación legislativa, se basan también en la llamada “paradoja china”, es decir, la consideración de que el país asiático es ya una nación con una economía capitalista, abierta intencionalmente, cuyo régimen político no se basa en elecciones democráticas sino que se podría considerar autoritario, y al que se le reconoce además estabilidad y efectividad, siendo muy improbable se desmorone a corto o mediano plazo. De nuevo, supuestos profundamente contradictorios o sesgados que no ayudan a comprender lo que en realidad sucede.

El debate precedente sobre la legitimidad se ha centrado en tres factores generalmente mencionados que se toman de manera operacional como puntos de partida a los efectos de la presente reflexión, es decir, las ya mencionadas “represión política y militar” del PCCh y el Estado chino, los resultados económicos de las reformas y la implementación de importantes pesos y contrapesos dentro del sistema político mediante el reforzamiento de la gobernanza y la participación directa no electoral en la vida política nacional.

Una conclusión preliminar del tema indica que el eje de la legitimidad en la literatura contemporánea ha sido movido desde la justificación ética a la efectividad de las acciones. Es decir, si antes el poder político tuvo que justificarse o legitimarse mediante criterios axiológicos, ahora puede ser legítimo si es efectivo, por lo que, serían las razones o principios de esa determinada eficacia las que construyen dicha legitimidad. El territorio de estudio, por tanto, ya no es la ética ni lo que los académicos occidentales consideran una legitimación suficiente, sino el fenómeno científico de la legitimidad y cómo esta se produce efectivamente (Bobbio, 1989).

Esta idea no es nueva en el país asiático. El concepto de legitimidad de los gobernantes en la china imperial es conocido como “Mandato del cielo” o tianming. De acuerdo con estos preceptos, las fuerzas de la naturaleza, los antepasados y las divinidades favorecen al gobernador cuando es justo, pero la retiran a aquellos que incurren en comportamientos déspotas, favoreciendo que otras fuerzas los destronen. Nótese aquí cuán lejos en el pasado va la tradición china de legitimidad y la diferencia con los sustentos de la monarquía europea.

Los que sugieren que la legitimidad del sistema político chino se sustenta en la represión, insisten en que la única forma en la que China pueda ser considerada como tal sin renunciar a su régimen de Partido único, sería mediante la presión y la represión, descartando toda posibilidad de que pueda sostenerse mediante otros principios institucionales, culturales o económicos. Es decir, la legitimidad de su sistema político estaría dada por la capacidad coercitiva del PCCh, la imposición de políticas y la reducción de las opiniones contrastantes, a través de variadas formas de represión y censura, entre las que mencionan, por ejemplo, la proscripción de partidos políticos o de movimientos religiosos como Falungong, la censura en internet, la cooptación de sectores medios y empresarios mediante las fórmulas de economía mixta público-privada (Xiao, 2003). En este sentido, según estos autores, la estabilidad es capitalizada también por el Estado chino como legitimidad ya que es al mismo tiempo el principal garante de la misma, lo que le permite a su vez reducir los desafíos sociales amenazadores de su status quo.

Siguiendo ese curso de análisis, los críticos del sistema unipartidista parten de considerar que un único partido político monopoliza el control sobre los recursos institucionales del Estado, por lo que corresponde al gobierno y al conjunto de la administración implementar las políticas de ese único Partido. En esa misma línea, definen al Ejército Popular de Liberación (EPL) más como un ejército del PCCh que uno del Estado, así como diversas manifestaciones de la consolidación de dicho sistema.

El estudio de esta problemática nos confronta con la definición, orígenes, estructuras, funciones, sistemas de partidos y la crisis de las fuerzas políticas, que aun cuando aporta compresión a este fenómeno en el mundo capitalista actual, no necesariamente facilita ni permite entender las características de los partidos comunistas en la construcción del socialismo y mucho menos, la singularidad de la experiencia china.

Pudiera establecerse que, en sus 100 años de existencia, el PCCh ha demostrado gran capacidad para articular las diversas tareas derivadas de su rol como fuerza política predominante a lo largo de más de siete décadas de ejercicio del poder político. En medio de circunstancias muy complejas, no solo ha sabido renovarse y fortalecerse a sí mismo, sino que ha llegado a convertirse también en factor cohesionador de la vida sociopolítica nacional, y a la vez, en guardián contra las fuerzas contestatarias que pretenden la destrucción del sistema social.13

En el caso de la legitimidad basada en los resultados económicos, las diferentes posturas se rehacen en torno a la conocida ecuación optimista de Lipset, según la cual a mayor riqueza y crecimiento económico mayor será la estabilidad y gobernabilidad del país. Los partidarios de este modelo consideran que los positivos resultados económicos traerán un grado suficiente de satisfacción como para tolerar el gobierno del Partido único. No obstante, a mediano y largo plazo, esos mismos factores que en un principio brindaron legitimidad, terminarán luego por restarle credibilidad al régimen político imperante, basado en supuestos tales como que el incremento de los niveles educacionales, conducirá tarde o temprano a transformar la legitimidad económica en deslegitimación política y la riqueza en factor de desagregación acumulada.

La decisión de convertir la “construcción económica” en tarea principal y centro del trabajo del PCCh a partir de 1978, si bien buscó afianzar en la práctica política china un criterio de racionalidad diferente del que predominó durante el convulso periodo de la Revolución Cultural, y pudiera decirse que hasta 1978 subordinado e inexistente, ha traído consigo un afianzamiento de “lo económico” como criterio principal de racionalidad de la práctica política china, pero también importantes sesgos de economicismo. Al respecto, son varios los autores que han alertado sobre el efecto contraproducente de que la búsqueda de la “prosperidad económica” sin suficiente formación ideológica puede terminar generando paradójicamente “adversarios políticos”.14

En el caso de la legitimidad mediante la legalidad, los diversos autores la asumen como un criterio efímero que tampoco podría sustentarse en el tiempo. De manera general, hay coincidencia en que las reformas en este ámbito han estado orientadas a la promoción de una mejor gobernanza basada en tres conceptos claves: el reforzamiento de la institucionalidad, la legalidad y el Estado de derecho, que en los marcos del socialismo con características chinas han devenido premisas básicas del modelo de país pretendido. Y como parte de ello, también, la institucionalización del sistema de liderazgo, el esfuerzo hacia una mayor transparencia, control político y reglamentación legislativa del gobierno y de la administración pública, unido al incremento y aplicación de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Es decir, se acepta como común denominador que su objetivo no ha sido otro que el de garantizar la vigencia del socialismo, fortalecer el liderazgo del PCCh y preservar la estabilidad socio-política del país (Zhao, 2006).

Los autores que plantean el modelo de legitimidad basado en la legalidad, suelen admitir que la transparencia y responsabilidad del gobierno y de la administración pública, el Estado de derecho y la legalidad, son aspectos inherentes a cualquier régimen político, con independencia de si este o no pueda ser catalogado como democrático desde el punto de vista occidental, lo que a su vez tampoco ven reñido con la democracia.

Autores como Randall Peerenboom (2005), han señalado que China ha cumplido o excedido expectativas en la mayoría de los casos. Al respecto, reconocen que el Estado chino ha desarrollado a través de su propia historia, un importante sistema legal basado en conceptos propios y tradiciones que le han otorgado indudable singularidad. A partir de las reformas en 1978, evaluados en contraste con su propia experiencia después de 1949, los cambios experimentados en el sistema legal no solo han sido notables, sino que han permitido delinear una tendencia sólida al establecimiento de un cuerpo normativo más eficiente, profesional y autónomo.15

Gobernabilidad y Estado de derecho

En el caso chino, como se ha señalado, las reformas en el ámbito político-institucional han estado asociadas a un mismo concepto que se ha convertido en el núcleo principal de la discusión, es decir el imperio de la Ley (rule of Law) (Zhao, 2009). Sin embargo, más allá de si su traducción es o no la más correcta, lo cierto es que no parece haber dudas de que en el caso de estudio que nos ocupa, ha sido enfocado a la búsqueda de transparencia, al fortalecimiento del control político y a la reglamentación legislativa del gobierno y de la administración pública en general (es decir, en fuerte conexión con el imperio de la ley).

El concepto de Estado de derecho socialista con características chinas, entendido como la institucionalización de las normas jurídicas que permiten obtener un marco legal respetado, no solo por los ciudadanos sino también por el Estado, asegurando de esa manera un cierto nivel de seguridad jurídica de los ciudadanos, ha sido construido de manera esencial alrededor del principio de legalidad de un sistema de gobierno, bajo el cual, la legalidad se convierte en el agente que produce el Estado de derecho, lo que a su vez se basa en las instituciones, las normas y las responsabilidades.

Como parte del proceso de “adaptación” y no de “adopción”, las reformas institucionales y la dinamización de la gestión de las instituciones públicas, como sujetos y objetos de la gobernabilidad, han propiciado el diseño e implementación de un modelo en red, que ha servido a su vez como catalizador de otros procesos como la modernización legislativa, la gestión de la calidad basada en resultados para simplificar los métodos de información financiera y no financiera, el mejoramiento de la capacidad de solución de problemas y una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.

La efectividad de las políticas adoptadas para mejorar la gobernabilidad y el Estado de derecho en el caso chino, han sido resultado a su vez de enfoques interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios, y sobre todo de la combinación y articulación de intereses nacionales y locales y una perspectiva temporal amplia, tal como se plantea en el trabajo de Miguel Díaz-Canel y Mercedes Delgado Fernández sobre la gestión del gobierno orientada a la innovación (Díaz-Canel y Delgado, 2021). Se asocian a ello también la construcción de infraestructura pública, las plataformas soportadas en las tecnologías de información y las comunicaciones (TIC), los parques de innovación, las zonas de desarrollo experimental, los clústeres industriales innovadores y los servicios públicos de cooperación e intercambio, que han devenido también en instrumentos del gobierno para impulsar la renovación institucional.

Tampoco parece haber dudas en cuanto al énfasis puesto por el liderazgo chino en la promoción de la legalidad y del Estado de derecho a partir de un intenso cronograma legislativo que ha incluido desde la aprobación de la Constitución vigente de 1982, hasta las 31 modificaciones y las 4 reformas constitucionales (1988, 1993, 1999 y 2004), resultado todas de las nuevas realidades sociales y económicas surgidas de las reformas. Más allá de su aplicación efectiva en determinados períodos, existe coincidencia en que todas estas acciones han sido marcos regulatorios que expresan la necesidad del régimen de proveerse de un documento que lo legitime dentro y fuera del país, y por tanto mecanismo imprescindible para la institucionalización del ejercicio del poder político. Sin dudas, pudiera hablarse de una cada vez mayor preocupación por proveer al país de instituciones legales, particularmente en el ámbito económico, lo que ha dado lugar en lo fundamental a un cumplimiento más eficaz de las leyes, más allá de insatisfacciones e hitos aún por alcanzar, lo que ha sido reconocido incluso en documentos oficiales.

Otra diferencia sustancial de los desarrollos legales en China respecto a la concepción angloamericana de “derechos” (usualmente asociada con individuos y frecuentemente ligada a desafiar la autoridad del Estado o de la comunidad), es apuntada por Romer Cornejo en su trabajo Las Constituciones chinas en contexto, cuando afirma que en el caso chino “los derechos están más asociados con colectividades y peticiones hechas a la membresía de la comunidad que a la negación de las libertades vis-á-vis el Estado”. Es decir, debe partirse de considerar la existencia de una tradición según la cual la legalidad no implica que las leyes coloquen al individuo por encima, ni siquiera a la par, con el Estado.16

Tampoco parece haber dudas acerca de la capacidad mostrada por el Estado como regulador de la economía de mercado socialista, proceso en el que, además de su enfoque sistémico y comparativo, ha propiciado la modernización de la gobernanza.

Los esfuerzos desplegados en pos de la gobernabilidad, en particular durante el mandato de Xi Jinping, no solo dan fe de un fortalecimiento de la capacidad del PCCh en materia de innovación, sino también y de manera particular, en su poder para aglutinar y su energía para luchar por el desarrollo centrado en el pueblo y en su prosperidad en general. Dentro de ello, cuestiones como la simplificación de la administración estatal, la delegación de poderes, el mejoramiento de la regulación y el fortalecimiento de los servicios, entre otras, han ido remodelando en su conjunto la relación entre el gobierno, el mercado y el entorno empresarial.

La propia entrada de las reformas en una nueva etapa basada en la promoción del desarrollo de alta calidad, con una economía más dinámica, innovadora y competitiva, ha hecho aún más necesario acelerar los ajustes. La vieja analogía de Deng Xiaoping sobre el socialismo y la pobreza, cobra nueva vida y contenido al insistirse además en un desarrollo de mayor calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad (Xi, 2017).

Si bien es cierto que ha habido resultados demorados en sectores como la educación, la salud, la cultura y la justicia social, la propia dinámica económica a todos los niveles, incluyendo el local, donde los beneficios de las reformas por su carácter gradual e incremental han tardado más en llegar, no hay dudas de que estas en su conjunto han ido creando las condiciones idóneas para avanzar de manera integral en todos los terrenos. Ello es reconocido tanto por autoridades como por autores diversos que desde la academia han comenzado a abordar con fuerza lo que denominan como gobernanza social, cuyo despliegue para el periodo 2020-2035, basada en la interacción y cooperación entre el gobierno y las empresas para la solución de problemas sociales, busca maximizar la eficiencia de los servicios, generar oportunidades de empleo, aliviar conflictos sociales y lograr mayores beneficios para la mayoría de la población (Song, 2019).

Se añade la insistencia oficial en construir un gobierno íntegro, así como desarrollar un enfoque holístico de administración pública y una preparación efectiva de los servidores públicos. En el ámbito administrativo y organizativo, se ha promovido una cultura de perfeccionamiento o renovación de los métodos de trabajo, de la gestión en general, una mayor aplicación de las tecnologías de la información, que en su conjunto propician una mejora de la calidad, la eficacia y la eficiencia de las operaciones.

Son vastas las señales que evidencian que el Estado de derecho se ha ido convirtiendo en el principal escenario en el que se validan hoy la eficacia de las reformas y el ritmo de las mismas. En su más reciente artículo publicado en la importante Revista Qiushi (Revista Teórica del PCCh), Xi Jinping advierte sobre importantes deficiencias en el ámbito del Estado de derecho que para nada reflejan una visión complaciente. Entre otros factores, se habla de insuficiencias en el sistema normativo legal, en el que persisten puntos débiles o vacíos legales en importantes ámbitos como la seguridad nacional, la innovación científica y tecnológica, la salud pública, la bioseguridad, la civilización ecológica y la prevención de riesgos, al tiempo que se llama a acelerar el ritmo de la legislación en los campos de la economía digital, el comercio y las finanzas electrónicas (sobre plataformas de internet), la inteligencia artificial, los macrodatos, la computación en la nube, y el mejoramiento en general del sistema legal necesario para la gobernanza nacional y la satisfacción de las necesidades crecientes de la gente para una vida mejor (Xi, 2022).

En el terreno de las insatisfacciones, Xi habla también de la ineficiente aplicación del Estado de derecho y la necesidad de reforzar su base científica, fundamentalmente en lo referido a los mecanismos de aplicación de la ley y el ejercicio de la autoridad judicial; la falta de firmeza y disciplina en la supervisión del Estado de derecho, en particular las garantías y la necesidad de disponer de “un contingente especial para hacer valer el Estado de derecho”. Importante destacar en sus reflexiones, “la necesidad de reforzar el trabajo legislativo en lo relacionado con el extranjero, mejorar la eficiencia judicial de la aplicación de la ley relacionada con el extranjero y salvaguardar resueltamente la soberanía nacional, la seguridad y los intereses del desarrollo nacional”, en un contexto internacional más complejo, turbulento y cambiante, en el que la competencia internacional se refleja cada vez más en la lucha de sistemas, reglas y leyes (Xi, Ob. Cit.).

Bajo Xi Jinping, la reactivación de la cultura ha sido convertida en parte indisoluble de la revitalización del país y de sus llamadas metas centenarias, e incorporada al discurso oficial como parte de la búsqueda de un reequilibrio que incorpore las ideas, valores y planteamientos chinos en el debate cultural global, relativizando así la dimensión universal y exclusiva de la cosmovisión occidental. En este sentido, no parece haber dudas en cuanto al empeño de la dirigencia política en tratar de fijar conceptos de utilidad global asociados a la cultura china, de reposicionar o rescatar aspectos de la cultura tradicional y elevar la autoestima del ciudadano común.

Durante los últimos años se ha desarrollado un fenómeno conocido como “guochao” o “China chic”, que consiste en el aumento de la popularidad de los productos de factura nacional china y aquellos que destacan la cultura nacional. La tendencia contrasta con la idea extendida de que los productos extranjeros eran de mejor calidad que los chinos y habla del creciente orgullo nacional en todos los aspectos, incluido el consumo y la cultura.

Con estos esfuerzos en diversas direcciones se va logrando que, como tendencia, las nuevas generaciones chinas se vayan alejando del estándar occidental, reaccionen ante el imperialismo cultural y prefieran construir y abrazar una singular y propia modernidad alternativa.

En resumen, el Estado de derecho en el caso que nos ocupa se considerará existente y suficiente en tanto y en cuanto haya una transparencia horizontal conformada por un marco legal que determine e institucionalice suficientes elementos que permitan a los ciudadanos y a las instituciones tener un control más o menos fuerte sobre las demás instituciones estatales.

Existen hasta aquí evidencias de que el liderazgo chino ha presionado fuerte en el contexto de las reformas a favor de la institucionalización de la vida y del proceso de toma de decisiones en general, estableciendo nuevas normas y reglas de juego políticas, favoreciendo la apertura de canales de participación política, el uso abierto de la crítica y la autocrítica, así como promoviendo el debate dentro y fuera del PCCh, que ha propiciado un patrón de consultas más intenso entre los miembros del grupo dirigente, una mayor interacción Estado-Sociedad Civil y un proceso de toma de decisiones cada vez más científico, colegiado, sobre todo a partir de la creación y posterior institucionalización del liderazgo colectivo17, el establecimiento de un modelo reglado de transición de poder al más alto nivel, y un reforzamiento gradual de la legalidad y la institucionalidad, que ha mejorado la capacidad del PCCh para ejercer su liderazgo, reduciendo a su vez la opacidad, en medio de circunstancias y desafíos sin precedentes.

Como proceso histórico que marca el tránsito entre el poder político arbitrario, sujeto enteramente al influjo personal de quienes lo ostentaban, sin límites conocidos, y el poder regulado por normas jurídicas y sometido a competencias, la institucionalización política se ha convertido en uno de los factores determinantes para medir el desarrollo político del país, que permite advertir cuánto han madurado y se han consolidado las instituciones políticas en el contexto de las reformas.

Las reformas político-institucionales marchan hoy justamente en la dirección de reforzar la legalidad y el Estado de derecho, por lo que la ley es vista como el nexo más importante en la construcción de un sistema cuya legitimidad sea sustentable y no esté basada en la democracia al estilo occidental.

Según Pan Wei: “la elección tomada por la civilización occidental fue la democracia, pero la democracia vino luego de la modernización (…) China ha elegido otro camino, y seguirá eligiendo otro camino en el futuro”. Basándose en la propia teoría política occidental y en el estudio de casos empíricos, Pan y otros autores contemporáneos chinos concluyen que los conceptos de Estado de derecho y de tradición democrática presentan profundas diferencias entre sí, demostrando la independencia de la legalidad respecto a la democracia y concluyendo que el primero no debería ser reducido a una parte inherente de esta última.

Los ejes estratégicos delineados en el XIV Plan Quinquenal son indicativos de que el gigante asiático transita hoy por nuevos derroteros. Para los próximos cinco años, la prioridad se ha desplazado hacia la solución de sus “tres grandes montañas”: la salud, la educación y la vivienda, lo que guarda relación directa con las implicaciones de la “credibilidad”. En materia de bienes raíces, la construcción de viviendas; en materia de salud, una mayor disponibilidad y accesibilidad de la atención médica, en lo que las experiencias atesoradas durante la Covid-19 son determinantes; en lo social, la protección y garantía de la jubilación.

Para lograr los objetivos de garantizar la estabilidad social y hacer que el crecimiento económico sea más sostenible e inclusivo, los responsables de la formulación de políticas han iniciado un ciclo de endurecimiento regulatorio de gran y amplio alcance, que dará forma a la evolución de la economía y los mercados de capitales de China en los próximos años.

Detrás de la insistencia en términos como “prosperidad común”, “país moderadamente próspero” o “doble circulación”18, lo que aparenta estar en juego es la necesidad estratégica de intentar reequilibrar la economía china hacia el consumo interno, hacer que el país deje de ser la fábrica del mundo, reducir su cuota de explotación capitalista, y ya lograda la meta de abolir la pobreza absoluta, abordar la sensible cuestión de la desigualdad.

Para Keith Hand, “El hecho de que el gobierno autoritario de China se sienta obligado a responder públicamente a esos argumentos legales y constitucionales de los ciudadanos, en vez de ignorarlos o suprimirlos, es notable. Tales respuestas constituyen una muestra palpable de que la retórica constitucional no solo ha ganado influencia en el campo de la opinión pública, sino que además ha condicionado la acción del Estado de formas sutiles”.

Si bien en una etapa inicial, los énfasis en la legalidad estaban vinculados a los cambios económicos, posteriormente, comenzaron a vincularse también a la gobernabilidad, es decir, como vías para la resolución de muchos de los conflictos surgidos, derivados de abusos de poderes locales, políticos y/o económicos, por separado o en contubernio. A partir de 1989, la promulgación de la Ley de Penas Administrativas, vigente desde el 1o. de octubre de 1990 brindó a los ciudadanos instrumentos para defenderse de los abusos de los funcionarios locales, si bien hay autores que le conceden una eficacia limitada.

Wang Zhenmin, vicedecano de la Escuela de Leyes de la Universidad Qinghua, afirma que el desarrollo del Estado de derecho en China a partir de 1978 puede dividirse en tres etapas fundamentales: una primera de reconocimiento de la importancia del Estado de derecho que concluye con la promulgación de la Constitución de 1982; una segunda de 1982 a 1991, que se considera de construcción legal, con la aceleración del proceso de formulación de leyes civiles y económicas, de promulgación de los Principios Generales del Código Civil en 1986, y en 1991, con la publicación sin precedentes por parte de la Asamblea Nacional del documento “La situación de los derechos humanos en China”, que marcó la aceptación oficial de dicho concepto, y una tercera, que se inició con el viaje al sur de Deng Xiaoping en 1992, a partir del cual se hizo el reconocimiento definitivo de la relación entre el socialismo y la economía de mercado.

Sin embargo, muchos autores chinos se muestran insatisfechos respecto a lo logrado. Por ejemplo, Wang Zhenmin afirma que aún son muchas las dificultades y obstáculos para el establecimiento de un Estado de derecho en China, entre las que menciona la insuficiente educación de la población en sus derechos, los deficientes salarios de los jueces que deben ser mejorados sustancialmente para prevenir la corrupción; la necesidad de disponer de abogados bien entrenados y con un fuerte sentido de responsabilidad profesional y ética; la necesidad de fijar estándares profesionales similares para jueces, fiscales y abogados.

Esta suerte de división por etapas refleja a su vez la propia concepción gradualista china sobre su desarrollo político y el Estado de derecho, que es coincidente a su vez con la que prevalece a la hora de concebir su propio desarrollo, tanto en el ámbito político o económico, lo que contradice ampliamente las tesis liberales sobre el derecho.

CONCLUSIONES

Todo lo hasta aquí expuesto confirma la necesidad de rever, con una óptica propia y realmente universal, a conceptos como institucionalidad, legitimidad, sistema político, Estado de derecho y democracia, y podría añadirse también credibilidad, no solo tomando en cuenta la singularidad de cada sociedad y de cada modelo político, sino también la propia crisis de credibilidad de los países “occidentales” que se consideran paradigmas a seguir cuando su modelo mismo pierda cada vez más credibilidad y se encuentren en crisis de disfuncionalidad.

Lo anterior presupone la reinterpretación de conceptos como valores comunes, derechos de todos y no prerrogativa de pocos, lo que supone asumirlos de modo flexible y dinámico, es decir, bajo formas y contenidos diferentes, según las características y condiciones de cada país.

No resulta científicamente posible -ni políticamente viable- medir con criterio único los diversos sistemas políticos ni examinar las diferentes civilizaciones políticas desde una única perspectiva. Las reflexiones expuestas hasta aquí inducen a cuestionar la visión occidental del Estado de derecho como concepto teórico y factor empírico que se auto fundamenta, por cuanto queda claro que no es un corolario de la democracia liberal burguesa.

A su vez, el liderazgo del PCCh y el Estado de derecho socialista con peculiaridades chinas se han convertido en componentes centrales del sistema político chino; también lo es el Partido y su capacidad para conducir el desarrollo económico y social, la proyección y conducción del desarrollo estratégico, la previsión y logro de los equilibrios entre los recursos y las necesidades y el restablecimiento de cuando ellos se hayan perdidos.

notas

1 El período anterior a las reformas o “maoísta” -como algunos prefieren llamarlo- describen una China “totalitaria”, con un régimen político caracterizado por una enorme concentración del poder político en las manos de una sola persona, que terminó imponiendo una determinada cosmovisión en sus gobernados. Para Linz (1975), fue precisamente el grado de politización total de la sociedad, la característica fundamental que muchos esgrimieron para describir el “totalitarismo” chino. Otros autores como Esteban Rodríguez (2007) consideran a la China maoísta un ejemplo clásico del régimen político totalitario, al compararla incluso con la Alemania nazi o la URSS de Stalin.

2 Pudieran consultarse entre otros a V. L. Villafañe (2012), Eugenio Bregolat (2008) y Ezra Vogel (2014), referenciados en la bibliografía.

3 Ver los trabajos referenciados de Rafael Poch (2007), Xulio Ríos (2010) y Romer Cornejo (2014).

4 Los cinco elementos se refieren a persistir por igual en la construcción económica, política, cultural, social y ecológica. Mientras que las cuatro integralidades a la culminación integral de la construcción de la sociedad modestamente acomodada, la profundización integral de las reformas, la gobernanza integral del país según la Ley y la promoción de la disciplina integral y rigurosa del PCCh.

5 Según el último Reporte del Estado de la Democracia Global 2021 (Global State of Democracy Report), del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), la democracia estadounidense va en retroceso, al igual que la de otros países occidentales usualmente presentados como paradigmas de la democracia liberal burguesa que retroceden casi el doble que los “no aliados”.

6 Tomado del libro blanco publicado a finales de 2021 por la Oficina de Información del Consejo de Estado, bajo el título “China: democracia que funciona”. Disponible en https://www.chinadaily.com.cn/a/202112/04/WS61ab0795a310cdd39bc7957e.html

7 El legismo como filosofía defendía la máxima del “gobierno mediante la Ley”, mientras que el confucianismo, “el gobierno mediante los ritos”.

8 Hay que recordar que las enseñanzas o reflexiones meditativas de Laozi se relacionan con el camino de la vida, el comportamiento y la actividad humana. Para mayor información véase https://prezi.com/25bzbwox2vex/practicantes-del-taoismo-en-el-mundo/

9 En contraposición a la creencia occidental, China registra importantes desarrollos de derecho y estados de derecho desde antes de la era Han (206 a.C.), que luego continuaron tras la fundación de la RPCh en 1949, los cuales se vieron ampliados y reforzados durante la posterior etapa reformista a partir de 1978. Véase Yan, Fu (1981). Fayi: The Spirit of the Laws, Beijing, The Commercial Press, p: 15.

10 La legitimidad política es vista aquí como el criterio, el fundamento, el principio efectivo según el cual un modelo político, y por tanto su ejercicio del poder, es considerado conforme a un mandato, y por el que los ciudadanos deben obediencia al poder y a sus leyes.

11 Según Esteban Rodríguez, la transición del “totalitarismo” al “autoritarismo” nace aparejada al surgimiento de las reformas, a partir de diciembre de 1978, asociado a tres decisiones fundamentales: el lanzamiento de las Cuatro Modernizaciones (priorizar la modernización por encima de cualquier principio ideológico; la aplicación de un programa de liberalización y apertura económica en favor de la descentralización económica, la introducción del mercado, los incentivos materiales, cierto grado de privatización e inversiones extranjeras) y la rehabilitación política de un gran número de cuadros del PCCh defenestrados durante la Revolución Cultural.

12 Un término que la literatura china ha asumido como propio en el sentido de la responsabilidad.

13 Incluso aún críticos de China y de su sistema político, no faltan tampoco quienes reconocen que la existencia de un sistema político basado en la fortaleza de un Partido-Estado, ha logrado imprimir mayor coherencia e integralidad a la implementación de las reformas, exigiendo a su vez del PCCh y de los líderes, gran capacidad para articular las diversas tareas derivadas de su rol como gestor, promotor y a la vez ejecutor del programa de transformaciones.

14 Yang Dali considera el incremento de la riqueza económica como un arma de doble filo, en tanto el mismo crecimiento económico provocaría eventualmente un desmoronamiento del “autoritarismo” a favor de una democracia, lo que este autor ve coincidente con el propio discurso oficial chino (Yang, 2007: 62)

15 Según este autor, el sistema legal ha tenido una función mayor en el crecimiento económico chino de la que con frecuencia se reconoce, lo que considera es consistente con las experiencias de otros países de Asia y otras regiones (Peerenboom, 2005: 185-234).

16 Según Cornejo, las confrontaciones legales con el Estado se dan cuando los ciudadanos consideran que este viola algunas normas éticas tácitamente aceptadas, como pudiera ser la protección de los soldados desmovilizados o trabajadores despedidos, en este sentido la base es confuciana o maoísta, lo que tiende a superponerse con los derechos ciudadanos.

17 La institucionalización del sistema de dirección colectiva tras la desaparición física de la generación histórica ha brindado al sistema político chino un importante sustento de cohesión política al más alto nivel, con la modificación de los estilos de dirección, la renuncia a gobernar sobre la base de la autoridad personal o el carisma de los dirigentes, y la introducción gradual de fórmulas más inclusivas y democráticas.

18 Para Alberto Cruz (2021), la estrategia de “doble circulación” es una señal clara de que en lo adelante se mirará más hacia dentro que hacia fuera en todos los sentidos, lo que permitirá a China impulsar su desarrollo socio económico libre de presiones o imposiciones externas.

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