INTRODUCCIÓN
El presente trabajo analiza el escenario político que ha caracterizado a la América Latina y el Caribe y los cambios que se han producido en la correlación de fuerza regional. Con ese propósito, se explica el papel que ha desempeñado Estados Unidos en el enfrentamiento a las fuerzas y movimientos de izquierda en el continente en la última década, así como el impacto que para la política exterior de Cuba representa el contexto regional. Al mismo tiempo, se mencionan ajustes que la política exterior cubana ha debido realizar para defender sus posiciones e intereses nacionales, sin renunciar a sus esencias.
Para analizar este escenario, es prudente primeramente acercarse a conceptos que nos permitan una mejor comprensión de los enfoques políticos que se abordan, por lo que sería importante definir qué se entiende por política exterior.
Existe un grupo de factores condicionantes de la política exterior. Cada estado tiene la suya propia y esta se diferencia de la de otros estados y puede llegar a ser divergente. Si bien desde una perspectiva de izquierda, o para el marxismo, el factor determinante en última instancia, de que un Estado tenga una u otra política exterior es el modo de producción, la naturaleza de la clase dominante y sus intereses, podemos apreciar en el contexto internacional Estados del mismo sistema económico-social con políticas exteriores muy diferentes. Esto se explica porque hay un grupo de factores que desempeñan un papel fundamental en la determinación de esta al interactuar dialécticamente con el modo de producción y los intereses de la clase dominante.
Resulta importante resaltar para nuestro análisis, entre otros factores, la posición geográfica, el sistema político internacional, la interacción entre los estados, la dinámica y la estructura del sistema internacional y el poderío del estado y la correlación internacional de fuerzas (Rodríguez, 2017).
Acerquémonos entonces al concepto de política exterior brindado por el Dr. Leyde E. Rodríguez Hernández, en su libro “Un siglo de teorías de las Relaciones Internacionales” en el que se entiende que esta es la “estrategia o programa planeado de la actividad desarrollada por quienes toman las decisiones de un Estado frente a otros Estados o entidades internacionales, encaminado a alcanzar metas específicas definidas en términos de intereses nacionales” o podría decirse también que es “la actividad de un Estado en sus relaciones con otros Estados en el plano internacional, buscando la realización de los objetivos exteriores que determinan los intereses de la clase dominante en su momento histórico concreto” (Rodríguez, 2017).
Otra categoría que debemos manejar para la mejor comprensión de este texto es el de correlación de fuerzas, que se entiende como la “relación recíproca en que se encuentran las fuerzas de los Estados, y que permite establecer la jerarquía internacional de los Estados de mayor poderío, las potencias medianas y los Estados de menor significación” (Rodríguez, 2017).
Al aplicar estas categorías al análisis de la problemática que nos ocupa, debe resaltarse que América Latina y el Caribe ha sido una región que, a excepción de Cuba después de 1959 y con muy pocas excepciones posteriores al año 2000, desde hace más de un siglo ha estado bajo la dominación y el control de Estados Unidos, que ha empleado diversos mecanismos en función de garantizar sus intereses hegemónicos, entre los que ha estado, en primer lugar, su poderío económico, generando una profunda dependencia económica y comercial y tecnológica.
Esta dominación se acentuó políticamente con el surgimiento del denominado Sistema Interamericano, que ha tenido en la Organización de Estados Americanos (OEA) a su principal instrumento para procurar el respaldo político de sus miembros a sus intereses y maniobras políticas contra el ejercicio de la plena soberanía o libre determinación de los pueblos del continente. Esto le ha permitido contar con el respaldo a sus agresiones militares o sirvió para la expulsión de un estado miembro como Cuba en 1961, por dotarse de un sistema político diferente al resto de la región.
Este sistema de dominación se ha hecho más integral y fuerte tras la Segunda Guerra Mundial y ha llegado reformado hasta nuestros días, en que se afianza el poder del empleo de los medios de comunicación y las redes sociales para provocar cambios de régimen en las naciones del área, y, además torcer el camino y resultado de procesos electorales a su favor, así como la aplicación de herramientas jurídicas contra dirigentes políticos y sociales progresistas como parte de la estrategia de judicialización de la política y la criminalización de la protesta social.
- Fig. 1. América Latina y el Caribe
Escenario político que caracteriza a la América Latina y el Caribe
En la última década y de manera progresiva se fue imponiendo un relativo aislamiento hacia los países donde se desarrollaron proyectos progresistas y de izquierda, sometidos a múltiples instrumentos económicos-comerciales, político-diplomáticos, mediáticos y comunicacionales, en correspondencia con la aplicación de lo que se ha denominado como Guerra no Convencional o Guerra de Cuarta Generación.
Se aplicaron herramientas jurídicas contra dirigentes políticos y sociales progresistas y de izquierda en la región, como parte de la estrategia de judicialización de la política y criminalización de la protesta social.
Tuvo lugar un avance y consolidación de las fuerzas de derecha en los gobiernos y en distintos espacios del continente, con un creciente alineamiento con la política exterior de los EE. UU. La movilización social como reacción al avance de la derecha en la región, pese a acumular progresivamente mayor fuerza, no logró modificar el signo político de los gobiernos.
Esta situación halló reflejo en la actuación en los organismos regionales y multilaterales, facilitó el acoso diplomático y el establecimiento de iniciativas de carácter injerencista e intervencionista contra gobiernos progresistas como son el caso de Venezuela y Nicaragua) y mermó el apoyo hacia Cuba, al extremo de que países como Brasil y Colombia se separaron del apoyo unánime de la región contra el bloqueo de EE.UU.
La Revolución Bolivariana de Venezuela ha estado seriamente amenazada. La persistencia de acciones desestabilizadoras de actores internos y externos, las acciones de intervención desde el exterior, el asedio de todo tipo, las sanciones internacionales, la actividad de subversión y de guerra no convencional, así como los errores propios de la gestión de las políticas públicas han impedido implementar las estrategias de transformación productiva necesarias para revertir la crisis. El proceso político estuvo impactado por un escenario de implosión económica del país.
Se mantuvo una elevada fragmentación en las fuerzas de izquierda en la región, con expresión en los partidos, movimientos políticos y sociales, que se reconocen como progresistas y de izquierda. Ello se manifestó en su pobre capacidad movilizadora y para fijar objetivos y estrategias comunes frente a la ofensiva de la derecha y las oligarquías nacionales.
Continuaron existiendo debilidades en la articulación y unidad de los movimientos sociales y ciudadanos frente a la ofensiva conservadora. Las demandas sectoriales no trascendieron la condición de resistencia y no se convirtieron en estrategia real de lucha política. Sus movilizaciones estuvieron asociadas a reclamos reivindicativos y redistributivos. Aunque se incrementó la utilización de las redes sociales y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en el activismo de estos movimientos progresistas y de izquierda, resultó insuficiente.
El Foro de Sao Paulo continuó siendo un espacio de convergencia de las fuerzas progresistas y de izquierda y su papel, un reflejo de la crítica situación de estas en el continente. Se articularon esfuerzos por convertirlo en una plataforma de unidad en el accionar político y movilizador popular. Otros espacios como el Foro Social Mundial y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) actuaron con serias limitaciones para trascender e influir en las necesidades de transformación política de los países de la región y han tenido una débil incidencia en los acontecimientos políticos.
Se hicieron esfuerzos por revitalizar el Sistema Interamericano, en particular la Organización de Estados Americanos (OEA). Se intentó probar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana dentro del sistema y las prioridades se concentraron en la defensa, bajo un doble rasero, de los pilares de la democracia, del respeto a los derechos humanos, el desarrollo integral y la seguridad multidimensional. La correlación de fuerzas dentro de la OEA favoreció los intereses estadounidenses y de los gobiernos conservadores de la región. En su seno, no existió un contrapeso capaz de frenar las acciones y declaraciones dirigidas a aislar y deslegitimar gobiernos con propuestas políticas diferentes.
La condena a Venezuela y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales devino un articulador político de la derecha regional. Cuando no fue posible lograr consensos dentro de la OEA, se utilizaron espacios ad-hoc como el llamado Grupo de Lima para lograr sus propósitos. Este grupo, que consiguió menor reconocimiento internacional que el pretendido, es el único que ha surgido en la historia política del continente enfocado para atentar contra una de sus naciones (Venezuela). Bajo su accionar se llegó a conformar un ente de construcción de consensos contra todas aquellas manifestaciones que se consideraban de corte progresista. Representó a los sectores más extremos de la derecha y siguió el libreto dictado desde EE.UU. hasta desaparecer recientemente, consecuencia del cambio de las motivaciones políticas de los gobiernos que lo integraran en un nuevo contexto regional.
Se continuaron estrechando los márgenes de concertación política de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y persistieron importantes contradicciones alrededor del Mercado y Economía Únicos (CSME), expresión del debilitamiento del proyecto integracionista caribeño. Sus iniciativas en el entorno latinoamericano no fueron apreciadas suficientemente por el grupo latino y en su mayoría, no han prosperado.
La Asociación de Estados del Caribe (AEC) mantuvo un bajo perfil como espacio de cooperación y concertación, y en ella hallaron reflejo los cambios políticos del continente. México y Colombia desempeñaron un mayor activismo político dentro de la Asociación.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) estuvo muy ligada a tres factores: la evolución de la crisis política y económica de Venezuela; el escenario político resultante de los procesos electorales en los países miembros; y la eficacia de las iniciativas subregionales-sectoriales desarrolladas por Estados Unidos en torno a temas acuciantes para el Caribe.
La Alianza del Pacífico se consolidó como un proyecto de derecha en torno al cual gravitan países y grupos asociativos como el MERCOSUR. Más que favorecer la integración regional, impulsó sus vínculos con los países del Pacífico asiático con los que los unen fuertes lazos económicos.
Por otra parte, sobresale también un escenario de concentración oligopólica de los medios de comunicación en la región; en las grandes trasnacionales mediáticas se reforzaron los lazos económicos entre el capital financiero, mediático y los políticos, gestándose un tejido casi indisoluble entre los intereses económicos y políticos de las oligarquías nacionales y trasnacionales, fomentando un proceso cada vez más acucioso de corporativización de la política, en la que “los procedimientos democráticos de diálogo y toma de decisiones dejan de tener relevancia, pues son sustituidos por la voluntad de los grupos de interés con más poder y fuerza” (Trejos, 2015).
En una sociedad donde estas corporaciones se imponen por encima de la ciudadanía, los intereses de poder de los grupos económico-empresariales, mediáticos, trasnacionales y políticos dan al traste con la legalidad constitucional que sustenta el Estado e imponen como norma social la fuerza corporativa. Todo ello deviene en grupos de poder que se apropian del aparato público para servirse y no para servir, con lo que el espacio para el autoritarismo crece. Este es el reflejo de lo que ocurre entre los oligopolios trasnacionales, regionales y nacionales de las oligarquías latinoamericanas.
La influencia de la llamada “pos verdad”, que no es exclusivamente un problema de percepción sino una estrategia política autoritaria basada en promover la ignorancia a través de la mentira, se extendió en toda América Latina. Las mentiras sistemáticas, difundidas por las redes de neoconservadores y ultraliberales han venido operando con gran capacidad en las emociones y mentes de la clase media; en particular, tuvo especial influencia en las elecciones en Chile (2014), Argentina (2015), los referendos en Bolivia (2016), Ecuador (2018), en la permanencia de Michel Temer en la presidencia de Brasil después del golpe de estado a Dilma Rousseff y en la victoria posterior de Jair Bolsonaro.
Si esta política siniestra se combina con lo que según el asesor de marketing ecuatoriano Durán Barba (2017) expresa: “El electorado informado (...) no es más que 10% en América Latina”, podemos entender que en un mundo hipertecnologizado, los gobiernos de derecha de la región se auxilian cada vez más de equipos de comunicación digital vinculados a ellos y especializados en “construir realidad en las redes”. (…)
A partir de 2018 comienzan a darse nuevos cambios políticos en América Latina, con la llegada al poder de líderes progresistas y nacionalistas, que sugieren una modificación en la correlación de fuerzas. La movilización social como reacción al avance de la derecha, durante poco más de una década, fue creciendo y modificó el tejido social y el sesgo político de varios gobiernos. Los casos más expresivos de estas transformaciones recientes son los de México, Argentina, Bolivia y Perú.
Estos cambios determinaron acabar con la tesis del llamado fin del ciclo progresista y han dado lugar al comienzo de uno nuevo, en el que la correlación de fuerzas cambia favorablemente hacia gobiernos progresistas, los que aun con dificultades, como las derivadas de los magros resultados económicos y del impacto de la Covid-19, se muestran más exitosos que otros de corte esencialmente de derecha, como los de Chile, Colombia, Ecuador, el de Lacalle en Uruguay y el de Mario Abdo en Paraguay.
Si bien no se puede afirmar rotundamente una vuelta al ciclo de izquierda, no cabe duda que la orientación regional tiende en esa dirección. El fin del Grupo de Lima con la salida de México, Argentina y Perú, la solidificación del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, los esfuerzos mexicanos por descongelar el accionar de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), son indicadores que favorecen a los gobiernos de izquierda.
El ambiente impuesto hacia los países donde se sostienen proyectos progresistas y de izquierda, sometidos a múltiples instrumentos económicos y comerciales, políticos e ideológicos, diplomáticos y mediáticos, que caracterizan a la Guerra de Cuarta Generación o Guerra no Convencional, va cediendo gradualmente espacio en favor de un entorno más favorable para las fuerzas de izquierda.
La salida del poder del presidente Donald Trump, la llegada de un periodo demócrata con el presidente Joseph Biden, que pretende una agenda más positiva hacia la región de América Latina y el Caribe en temas como la inmigración, las remesas familiares, el comercio y el apoyo contra la COVID-19, -si bien refleja una inercia política respecto a su predecesor-, se constituye en una premisa favorable para los gobiernos latinoamericanos y caribeños que, aun cuando prefieren mantener una relación saludable con EE.UU., enarbolan posiciones más progresistas en política internacional, favorecen los esfuerzos integradores en la región y apoyan llevar adelante una agenda positiva con Estados Unidos, que coloca en desventaja a los gobiernos más conservadores como los de Sebastián Piñera en Chile, el de Iván Duque en Colombia, o el de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, ahora en el Ecuador.
El acoso diplomático de las fuerzas de derecha que se impuso en los últimos años en los organismos multilaterales y regionales y que favoreció la agresividad contra la Revolución Bolivariana, o el cerco al gobierno sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua, por solo citar dos de los ejemplos más notables, va cediendo gradualmente, o esfuerzos similares se diluyen o enfrentan una resistencia u oposición que resulta suficiente para que no prosperen en espacios regionales como la OEA, aún con el apoyo que le brinda el innombrable Luis Almagro y la presencia de representantes de Estados Unidos.
Los intentos por revitalizar el Sistema Interamericano y la OEA encuentran un serio obstáculo en los procesos que se le oponen y en los reclamos para contar con una organización diferente que proteja los intereses regionales y las posiciones de México, Argentina o la de varios países del Caribe.
Surge el activismo del Grupo de Puebla, ente que favorece políticas públicas que respaldan a los sectores más populares, defiende las causas de gobiernos progresistas como los de Venezuela y Cuba, a líderes de izquierda perseguidos injustamente a través de maniobras judiciales como Luiz Inacio Lula da Silva, Rafael Correa, Dilma Rousseff y se opuso a las políticas del expresidente Donald Trump.
No obstante, se mantiene una elevada debilidad y fragmentación en la izquierda regional, expresada, entre otros factores, en la mayor radicalidad y concesiones de los partidos políticos de esta tendencia y las diferencias entre movimientos políticos y sociales. Esto merma considerablemente su alcance político, su capacidad movilizadora para hacer frente a la todavía sólida presencia y el poder de las tendencias más reaccionarias, que mantienen aún una importante vitalidad.
Resulta muy arriesgado intentar revelar si el escenario político será más o menos favorable para la izquierda en la región. Hacer este ejercicio se hace impracticable por la heterogeneidad y pluralidad de las tendencias políticas que lo conforman, así como por el hecho de que cada país tiene su propia particularidad y en ellas inciden múltiples y disímiles factores.
No obstante, si se pretende hacer una predicción sobre las perspectivas de cambios políticos en la región de América Latina y el Caribe, habría que expresar que luego de la victoria de Pedro Castillo en Perú, los movimientos favorables a la izquierda que se desprenden de los resultados electorales en Chile y en Honduras, en el año 2022, las elecciones presidenciales representan una incógnita mayor, pero los negativos resultados mostrados hasta la fecha en la gestión por el presidente Iván Duque en Colombia, o de Jair Bolsonaro en Brasil, apuntan también a un cambio político en estos países.
La llegada de gobiernos de nuevas fuerzas de izquierda o progresistas que alteran hacia la izquierda el mapa político de la región, no debe verse directamente relacionada con la posibilidad segura de un retorno a los caminos de la integración y la cooperación que se anduvieron en el 2000.
La capacidad de esta “nueva izquierda” para retomar y avanzar en estos propósitos se ve amenazada por múltiples elementos. Son gobiernos que han enfrentado en los últimos dos años fuertes crisis sanitarias como prioridad de su gestión ante el avance de la epidemia de la Covid-19, cuyo impacto ha sido negativo en casi todos los casos porque ha generado desestabilización y malestar con un eventual efecto en futuras elecciones. Estos podrían ser los casos de México y Argentina.
Se ha producido una recesión económica profunda, contracción del PIB en el 2020 y aun cuando se crezca en el 2021, no se recuperarán los niveles de la pre pandemia. Sus agendas domésticas constituyen desafíos apremiantes.
A diferencia del inicio del siglo, el mapa político regional se caracteriza por una heterogeneidad entre gobiernos que oscilan entre la izquierda y la derecha, lo cual reduce las posibilidades de concertación de agendas y el consenso, así como el alcance de las metas comunes.
Los nuevos gobiernos de izquierda enfrentarían un escenario de fragmentación institucional, profundizado por el anterior ascenso de la derecha, que ha desarticulado algunas de las experiencias exitosas de integración y concentración como la UNASUR, la CELAC y en cierta medida el ALBA-TCP.
- Fig. 2. ONG´s y think tanks neoliberal y neoconservador (Internet)
En el caso del Caribe, se siguen estrechando los márgenes de concertación política de la CARICOM. El impacto causado por la Covid-19 y los efectos desastrosos de los huracanes a los que han estado expuestos, los ha llevado a aplazar las diferencias y a privilegiar los esfuerzos para superar desafíos comunes. Un activo papel de algunas naciones caribeñas en el marco de la OEA expresa una posición más clara de apoyo a las causas de Venezuela y Nicaragua, mientras se ratifica su respaldo unánime a la lucha de Cuba contra el bloqueo y un alto aprecio y solidaridad con la isla.
Estados Unidos en el enfrentamiento a las fuerzas, movimientos y gobiernos de izquierda en América Latina y el Caribe
Se pudiera afirmar que Estados Unidos ha sido el principal y más influyente actor en la configuración de la correlación de fuerzas en América Latina, misión en la que ha contado como pilares del hegemonismo a las trasnacionales y think tanks.
En los EE.UU. tomó fuerza el libertarianismo (Boaz, 2015) con el gobierno de Trump. Este movimiento supuestamente libertario de extrema derecha es financiado por las trasnacionales estadounidenses y desarrolla su labor a través de fundaciones, institutos, ONG´s, entre los que se destaca Atlas Economic Research Foundation, o Red Atlas, la cual basa su estrategia en una deliberada manipulación de la desinformación a las mayorías.
A través de ONG´s y think tanks ultraneoliberales y neoconservadores, financiados por la Fundación Nacional para la Democracia (NED), la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de América (USAID); George Soros, los hermanos Koch y otros, “construyen” líderes juveniles y estudiantiles mediante talleres, cursos y becas para encabezar nuevos “movimientos ciudadanos” que exijan “Gobernabilidad Democrática”, “Libertad de Expresión”, “Respeto a los Derechos Humanos” y otros supuestos reclamos utilizados para manipular la opinión pública.
En cumplimiento de esta estrategia la red ATLAS y sus think tanks, asociados en la región latinoamericana y en el mundo, constituyen una extensión de la política exterior de EE.UU.
Son diversas las entidades públicas que se comportan como operadores de la política exterior de los EE.UU.; entre ellas se destacan además de la red ATLAS, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), Freedom House, la USAID, la NED, entre diferentes actores que distribuyen recursos, financiamientos y participan en la defensa de los intereses imperiales estadounidenses en el mundo. El abanico de influencias abarca desde fundaciones, ONG´s y think thans relacionados con la supuesta defensa de la gobernabilidad democrática, el empoderamiento de la sociedad civil y los cambios en el poder judicial.
Para que se tenga una idea más aproximada de esta realidad, ATLAS está expandida por toda la región latinoamericana y cuenta con 450 fundaciones, ONG´s y grupos de reflexión y presión, con un presupuesto operativo de cinco millones de dólares aportados en el año 2016 por sus fundaciones “benéficas, sin fines de lucro” asociadas. Entre sus miembros más connotados se encuentran el expresidente de la República Argentina, Mauricio Macri, quien desde su fundación PENSAR vinculó a su partido PRO; en Venezuela ha estado muy vinculada a la oposición al gobierno, así como en las elecciones presidenciales en Chile a través de Sebastián Piñera. A su vez los líderes del Movimiento Brasil Libre (MBL) y los de la Fundación Eléutera “un grupo de “expertos” neoliberales extremadamente influyente en el escenario postgolpe hondureño, recibieron financiamiento y capacitación en los EE.UU. Las principales filiales en la región son: 12 entidades en Argentina; 11 en Chile; 8 en Perú; 5 en México y Costa Rica; 4 en Uruguay, Venezuela, Bolivia y Guatemala; 3 en Brasil; 2 en República Dominicana, Ecuador y El Salvador y 1 en Colombia, Panamá, Bahamas, Jamaica y Honduras.
Otra fundación con presencia en la región es la Open Society, institución “filantrópica” que se ocupa de formar académicos, pero sobre todo financiar ONG´s que sirvan a los intereses de su fundador, el especulador George Soros (Misión, 2016). Una vasta red de ONG´s, financiadas por Open Society, ha sido desplegada en las últimas décadas en el continente, no solo para imponer narrativas que sirvan a las oligarquías locales y a los intereses de las trasnacionales en las que Soros es también inversor, sino incluso para influir en las leyes que operan en las estructuras judiciales de las democracias representativas. La Open Society consigna el llamado turbocapitalismo financiero, término acuñado por el asesor del Pentágono, Edward Luttwak, en 1996, como dogma de fe.
La meta ha sido la de “fortalecer una sociedad global abierta”, y para eso cuenta con su organización estrella International Crisis Group, un think tanks reconocido por sus informes sobre situaciones límites y de caos en zonas de guerra, y Human Rights Watch.
Las ONG´s que financian a través de su fundación serían los pilares políticos y jurídicos para aplicar cierto “fundamentalismo de mercado”, como el mismo Soros lo llama. La democracia sin Estado proteccionista sería una imagen para crear “las leyes e instituciones que fueran necesarias para la coexistencia de la plétora de individuos y la multiplicidad de comunidades y podría arribarse a una sociedad global”, defendiendo la propuesta de organizaciones supranacionales encargadas de legislar y aplicar la justicia.
Con su retórica pretenden contraponer la “ética” del “mal Estado” contra el “buen civismo”, en la supuesta defensa de la democracia representativa, cuyos principales objetivos aparentan ser la promoción de la democracia, de los derechos humanos y la colaboración con iniciativas que desarrollen nuevas formas de participación; aunque en realidad propugnan una sociedad que incluye individuos sin escrúpulos, defensores a ultranza de más mercado, manipulando a miles de ONG´s en el mundo.
Open Society tiene un proyecto común para Latinoamérica y el Caribe, con una oficina única en Brasil a cargo de coordinar el despliegue de sus ONG´s en toda la región. El objetivo se orienta a la neoliberalización de esta zona con la participación significativa de Soros: una sociedad abierta a los bolsillos del capital financiero mundial. No en balde el “venezolano” Moisés Naím, un fascista globalizado, quien pregona el “fin del poder” como eufemismo para nombrar la inserción globalista en todo el planeta, forma parte de la directiva internacional. En Venezuela, la organización no gubernamental más mediatizada es el Programa Venezolano de Educación-Acción, mejor conocida por sus siglas Provea. Solo en 2016, la fundación destinó cerca de US $ 34 millones de dólares para proyectos asociados en América Latina.
En Brasil, desde 2013, Soros ha ampliado aún más su ya antigua presencia financiera y empresarial en el país. En diciembre de 2014, por ejemplo, con la devaluación de las acciones de Petrobras en el mercado financiero, Soros invirtió en una gran compra de acciones de la petrolera (Altamiro, 2014), mientras que uno de sus financiamientos “filantrópicos” en Brasil se dirige a entidades de mercado, para ¡luchar contra la corrupción! El mismo conflicto de intereses ocurre con el apoyo de Soros al conglomerado de medios de comunicación, ya que tiene inversiones también en esa área en Brasil, a través de los grupos Sunrise y On Telecom (De Sa, 2017).
Con el golpe ocurrido en Brasil, surgieron algunos artículos en los medios sobre financiadores extranjeros de movimientos de derecha, como el Movimiento Brasil Libre y Ven a la calle, entre otros, que lideraron las protestas callejeras contra el gobierno de Dilma Rousseff. Ocurre que, en los últimos años, esa financiación extranjera no se restringe a movimientos de derecha, tampoco a entidades sin fines políticos explícitos. Una parte significativa de ONG´s, medios de comunicación, entidades e investigadores identificados con la izquierda en Brasil han venido recibiendo voluminosas sumas de aportes financieros de esa naturaleza y, en particular, de la Open Society.
El Movimiento Brasil Libre, así como “Ven a las calles” financiados por ATLAS y la Open Society asumieron con las protestas callejeras durante el gobierno de Dilma Rousseff la bandera del impeachment; participaron también ONG´s financiadas como Estudiantes por la Libertad, la Universidad Francisco Marroquín y el Instituto Millenium.
Este entramado o tejido de intereses entre las trasnacionales, el Departamento de Estado, NED, USAID, los think tanks, las fundaciones, oligopolios de la comunicación y el Internet y los partidos políticos de derecha toma cada vez más fuerza en la región y participa en los llamados “cambios de régimen” y procesos electorales, mediante la difusión de ideas, entrenamientos a operadores políticos, movilización de jóvenes, congresos, becas, seminarios y otras modalidades, como parte del poder blando que ejerce el gobierno de EE.UU., propugnado exitosamente desde la administración de Barack Obama y continuado por la administración Trump, con la impronta de la combinación del poder duro y blando, según el país y las circunstancias lo requieran.
Estos datos no hacen más que confirmar la atención que ha venido prestando y presta Estados Unidos al desarrollo de los acontecimientos en América Latina y el Caribe y cómo actúa eficazmente a través de métodos no convencionales contra los gobiernos de izquierda. Se podría señalar como una victoria de su política exterior que, al concluir el mandato de Barack Obama, cayeran gobiernos de izquierda o progresistas como Honduras, Paraguay, Argentina, Brasil y que EE.UU. recuperará una posición importante de la influencia que ejercía en el pasado en la región.
Concluido el gobierno de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, quien retomó la política del gran garrote, el accionar exterior de EE.UU. se desempeñó bajo métodos o bases diferentes sin renunciar a los antes mencionados: mano dura y sanciones contra Venezuela, retroceso y férreo reforzamiento del bloqueo en sus relaciones con Cuba, rigidez con México y América Central, hostigamiento y presión contra Nicaragua y hasta se podría concluir que en su ofensiva hacia los países de la región se ha hecho un uso muy limitado de las políticas del llamado “soft power”. A pesar de la prioridad que han mantenido para Estados Unidos otros conflictos e intereses internaciones, ha continuado desarrollando sus políticas, mecanismos e instrumentos para mantener su pretensión de preservar a América Latina y el Caribe como su patio trasero.
Impacto en la política exterior de Cuba
El contexto regional descrito redujo considerablemente el margen de acción que la política exterior de Cuba había disfrutado hasta hace pocos años en el área. La isla ha debido hacer ajustes en su relación con varios países sin sacrificar su esencia, sin renunciar a sus principios tradicionales ni a la defensa de la Revolución Bolivariana de Venezuela, que equivale a defender la dignidad y soberanía de los pueblos.
La llegada al gobierno en EE.UU. de Donald Trump y su política agresiva hacia los países progresistas y de izquierda, básicamente contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, ofreció un escenario adverso para el mejor desempeño de la política exterior cubana.
Desde la ascensión de Trump, la región solo mostró, con muy pocas excepciones, reacciones defensivas en temas vinculados a la política migratoria, el comercio y la amenaza de intervención en Venezuela. Mientras tanto, aumentó considerablemente la disposición a establecer una colaboración más estrecha con EE.UU. en todas las áreas de seguridad pública.
Esta predisposición, alejó a un numeroso concierto de países del continente del intercambio y la relación con Cuba. Siempre que esta podía evitarse, se optó por posiciones que no contravinieran ni molestaran a un socio tan poderoso y se postergó o se renunció al mayor acercamiento con la isla.
El mencionado contexto no solo repercutió en la esfera político-diplomática. También tuvo un fuerte impacto en otras áreas o sectores de intercambio como las relaciones económicas y comerciales y los intereses de inversión extranjera.
La aplicación feroz del bloqueo económico, comercial y financiero; el abandono de las prácticas más flexibles aplicadas en el último tramo del gobierno de Obama y el endurecimiento del discurso político y de su efecto extraterritorial, ejercieron un efecto desestimulante en los socios tradicionales e inhibió que nuevos inversionistas se interesasen por negocios en nuestro país, todo ello, unido a un contexto internacional complejo, caracterizado por crisis como la energética, ambiental y alimentaria, entre otras, y por el predominio de un orden económico-internacional injusto con su enorme impacto sobre el desempeño de la economía nacional y los planes de desarrollo del país.
No puede obviarse que el bloqueo de EE.UU. ha incrementado las restricciones y atentado contra la actividad económica externa de Cuba, ni como el efecto de las sanciones ha limitado las posibilidades de esta economía para cumplir sus compromisos financieros internacionales, mientras se incrementa la presión de los acreedores para demandar el cumplimiento de tales o se reduce dramáticamente la disposición para otorgar facilidades.
La situación del principal aliado de Cuba, Venezuela, sometida a un feroz acoso político-diplomático y económico y a una gran hostilidad, que la colocó en el peligro de sufrir una agresión desde el punto de vista militar ante la declaración por parte del gobierno de EE.UU como amenaza para su Seguridad Nacional; así como el enorme esfuerzo que realiza el gobierno bolivariano para enfrentar ese escenario, condiciona y limita su accionar internacional y, aun sin abandonar su probada solidaridad hacia Cuba, también limitó su apoyo hacia la isla. Una de las expresiones más nítidas en tal sentido la constituye la inestabilidad en los suministros de combustible, todo lo cual conduce a trastornos en el funcionamiento de la limitada economía cubana.
Esta situación representó un serio desafío para Cuba, que tuvo que procurar otras fuentes de suministro estable de combustible, ajuste que no es posible realizar fácilmente en el mercado internacional. Más allá de las reservas de combustible disponibles en la economía nacional, constituyó una enorme tensión para el funcionamiento del país.
Al mismo tiempo, la defensa del proceso bolivariano constituye una prioridad para la política exterior cubana, pues no solo se trata de defender a esa nación hermana, si no que fiel y coherentemente, a la vez se defienden principios consagrados por el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, que son pilares de la política exterior cubana, mismos que se han preservado hasta hoy y que constituyen un instrumento de defensa para nuestra nación y otros pueblos del Tercer Mundo y que han servido para detener el avance imperialista y la intervención en la región.
En el orden político, el enfoque radical usado por el presidente Trump y su retórica racista condujo a una reconfiguración de la vecindad con México. Esta política impidió que la llegada de un presidente progresista a México, como lo constituye Andrés Manuel López Obrador, pudiera ser aprovechada desde un inicio en toda su dimensión por Cuba en su relación bilateral y en los esfuerzos de integración y de unidad regional.
La servil inclinación del presidente de Colombia, Iván Duque, al gobierno de EE.UU. y su postura ultra reaccionaria, no solo ha servido como punta de lanza contra Venezuela, sino que también ha funcionado para interrumpir los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y para dar una estocada final a la implementación de los acuerdos entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, derivadas de las negociaciones de La Habana. Ante este escenario, el papel desempeñado por Cuba como garante y sede de ambos procesos merma en efectividad y, con ello, su capacidad de influencia sobre el gobierno colombiano. Más allá de eso, la forma confrontacional con la que terminó el proceso con el ELN y la presencia de los miembros de la delegación negociadora de este grupo guerrillero en La Habana, ha afectado seriamente los vínculos bilaterales con esta nación, los que aún bajo gobiernos precedentes de signo de derecha se mantuvieran de manera positiva por varias décadas.
La gestión de Jair Bolsonaro en Brasil y su ideología reaccionaria y conservadora, su xenofobia, homofobia y racismo, pero sobre todas las cosas, su cercanía a los EE.UU., alejó las posibilidades del retorno del Partido de los Trabajadores al poder y con ello, confirmó el desgarramiento de la mayor economía latinoamericana de los esfuerzos integradores y de concertación en la región, cuya expresión más acabada ha sido su salida de la CELAC.
La llegada de Bolsonaro incorporó mayor peso a la balanza en favor de la derecha, confirmó a Brasil como un enemigo y opositor de las fuerzas y gobiernos progresistas, en especial contra su vecina Venezuela y también contra Cuba, cuyas relaciones se vieron afectadas seriamente por sus ataques a esa nación por su discrepancia con su sistema político y por su crítica y hostil posición en torno a la presencia de personal médico cubano en Brasil a través del Programa Más Médicos.
Con Bolsonaro se eliminó la posibilidad de recuperar una relación económica provechosa como la que disfrutaron Cuba y Brasil durante los gobiernos de los presidentes Lula y Dilma, de quienes se recibieron financiamientos para créditos importantes para alimentos, para la adquisición de maquinaria agrícola o para obras de infraestructura como la Terminal Portuaria de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. También esta situación impide contar con un actor de peso y tradición en los esfuerzos de integración regional que se impulsaron en la región en los últimos 20 años.
El áspero rechazo del multilateralismo por parte del gobierno de Trump causó un efecto muy negativo y no es descartable deje una marca duradera en la posición de algunos gobiernos latinoamericanos y con ello se debiliten los esfuerzos regionales de integración y cooperación.
Deben esperarse presiones de parte de Estados Unidos tanto desde el punto de vista económico, como político y diplomático sobre los países amigos de Cuba que le brindan su apoyo. Ya se ha mencionado el acoso permanente y la guerra no convencional desatada contra Venezuela, que es el principal socio y aliado de la Isla en la región; también se promueve la subversión y la desestabilización del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua.
Los cambios explicados en la correlación de fuerzas hallan fiel reflejo en el comportamiento internacional de los gobiernos de la región en los organismos regionales y multilaterales.
Uno de los reflejos ha sido lo ocurrido en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), organización autónoma regional, cuyo surgimiento fue expresión del avance del proceso de integración y sobre todo de la concertación política en América Latina y el Caribe y mostró que era posible la unidad regional en medio de la diversidad política y económica que caracteriza al continente.
La enorme polarización que generan los diversos enfoques que en torno a la situación en Venezuela se han manejado, se trasladó al marco de los debates y el accionar de la CELAC, haciendo imposible alcanzar consensos sobre los temas más irrelevantes a partir de la rivalidad, ficticiamente creada por los países miembros más reaccionarios. Esta situación colocó a la CELAC en un momento de inmovilismo y la privó de su capacidad para pronunciarse y actuar autónomamente, en un contexto en que se hacía imprescindible para detener los apetitos imperialistas y las posturas más reaccionarias que enarbolaron Estados Unidos y un grupo de países en la región.
Otra organización que vio mermado su accionar en el momento más crucial fue la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). La ola reaccionaria llegó a algunos de sus miembros, los que se desgajaron de la Alianza, como lo hizo primero Honduras, tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, o el de Ecuador con la llegada a la presidencia de Lenin Moreno; o la ausencia o no participación de una nación caribeña como lo es Santa Lucía.
Las limitaciones sufridas en los trabajos y programas del ALBA, que permitieron antes desarrollar importantes proyectos nacionales, programas de cooperación solidarios o garantizar la seguridad y vitalidad energética de sus miembros en momentos en que los precios de los combustibles crecieron enormemente, unido a la situación de debilidad económica y fragilidad política de su principal promotor, Venezuela, restaron protagonismo y fuerza a esta Alianza, la que no obstante hizo posible pronunciamientos o declaraciones colectivas en favor del derecho a la autodeterminación de los pueblos y contra la injerencia en los actos internos de otros estados, aunque no siempre con la inmediatez ni con la fuerza que merecía. No obstante, actuó como un eficaz contrapeso a otros grupos como el de Lima y evidenció que la visión reaccionaria sobre Venezuela no constituía una postura compartida por todos, sino que un número importante de naciones del área tenían otro enfoque sobre este problema.
Si bien la relación de Cuba con las naciones caribeñas se caracteriza por su respeto mutuo y solidez, no dejó de tener implicaciones para su desempeño exterior que se haya producido una fractura en el consenso de política exterior predominante dentro de la CARICOM, lo que exigió de un tratamiento diferenciado y meticuloso, que en ocasiones limitó el alcance de los propósitos e intereres nacionales de la isla.
La caída de gobiernos amigos o la debilidad y fragilidad de otros que se encontraban en el poder, ha sido otra variable que aportó el contexto regional a la política exterior de Cuba. Ya fue mencionada la pérdida de gobiernos progresistas como Brasil y posteriormente el del Frente Farabundo Martí en El Salvador. Habría que mencionar antes, la derrota electoral del Frente para la Victoria de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina o la transición política y posterior derrota que se produjo del Frente Amplio de Uruguay de Tabaré Vázquez.
Con esas condiciones, el bloque de izquierda regional se debilitó y Cuba perdió aliados con los cuales contar para concertar sobre temas importantes u otros, ante organismos internacionales o regionales. Aun cuando esta posibilidad mermó, no impidió que alcanzara sus objetivos priorizados de política exterior.
Este escenario tornó más compleja la toma de decisiones y la ejecución de la política exterior cubana, la que ha debido mantener la coherencia y los principios que han caracterizado su actuación internacional desde el mismo triunfo de la Revolución, pero que exigió adecuaciones puntuales para preservar un nivel de relación favorable con la región, así como consensos significativos como el rechazo continental al bloqueo de Estados Unidos o su aceptación dentro de la comunidad de naciones del área, aun cuando su sistema político es único y diferente en su entorno.
Hoy, el contexto es diferente. Si bien no se puede asegurar, como se expresaba antes, un retorno a un nuevo ciclo progresista en la región de América Latina y el Caribe, el presente escenario, aún con sus inciertas perspectivas, y sin considerar variables de índole doméstico en la Isla, se torna más favorable para el despliegue de la política exterior cubana que el que existía 5 años atrás.
CONCLUSIONES
Aunque la política exterior de Cuba se basa en principios sólidos que han sido históricamente respetados, incluso en momentos determinantes en la historia de la Revolución Cubana, el comportamiento de la correlación de fuerzas políticas en América Latina y el Caribe que implica amplias relaciones y vínculos profundos con los países de la región en múltiples esferas de acción, tiene un impacto considerable en su desempeño. Por tanto, el balance existente en tal sentido constituye una variable a considerar, siempre que se trate de explicar un curso de acción política.
Otra variable que por su importancia y alcance siempre está presente, es el papel desplegado por EE.UU., que, por su significado hegemónico, tiene una fuerte influencia en la configuración de la correlación de fuerzas, ya sea de manera directa o a través de agencias, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, con posiciones ultra neoliberales y neoconservadoras. La influencia ejercida por EE.UU. continuará desempeñando un papel relevante en los próximos años en el balance de fuerzas regional y por tanto será un factor que genere fluctuaciones e impacte en las relaciones de Cuba, con independencia de la ya muy marcada incidencia que tiene el accionar de Estados Unidos hacia la Isla.
La diferencia de enfoques y juicios sobre la situación en Venezuela que prevaleció en estos años, y que generó un nivel de concertación inédito en contra de este país, al margen de los organismos y mecanismos de concertación e integración que predominaron anteriormente, fracasó ante el empuje y consolidación del proceso revolucionario venezolano. El llamado Grupo de Lima, lejos de alcanzar su propósito de asfixiar el proceso bolivariano, se ha disuelto dando paso a una etapa de aceptación a las instituciones venezolanas y a su libre determinación. No obstante, su accionar significó un gran servicio a los intereses de EE.UU. y debilitó la capacidad de respuesta regional para concertadamente responder a los desafíos globales y defender una agenda común ante EE.UU.
La orientación política en América Latina y el Caribe expresa una vuelta a un ciclo de gobiernos de corte nacionalista, más progresistas e interesados en la atención y aplicación de políticas de mayor beneficio social que los precedentes. La llegada de de nuevas fuerzas progresistas, que alteran hacia la izquierda el mapa político de la región, no obstante, no debe verse directamente relacionada con la posibilidad segura de un retorno a los caminos de integración y cooperación que prevalecieron a partir del año 2000.
La debilidad prevaleciente en las fuerzas de izquierda regionales y la vulnerabilidad de algunos gobiernos progresistas, aun cuando se encuentran en el poder, hace más difícil enfrentar el empuje de las tendencias reaccionarias, lo cual podría implicar un escenario menos favorable para Cuba. A partir de esta realidad, la concertación política se encauza por el retorno gradual y la recuperación de agrupaciones preexistentes como único camino viable para compartir y defender posiciones comunes ante las crisis y enormes desafíos que enfrenta la región.
El nuevo escenario que se abre, del cual es posible que emerjan nuevos gobiernos de corte progresista, aún con las limitaciones propias del contexto internacional o continental y las derivadas de la propia situación doméstica de las naciones del área, avizora un contexto menos negativo que el que disfrutó la política externa cubana en el último quinquenio, lo que permitirá sostener los éxitos de la actuación internacional de Cuba y aportará favorablemente a la imagen de la Isla, como contrapeso a otras situaciones que ha de padecer esta, a partir de las limitaciones económicas que tiene impuesta, derivadas del bloqueo estadounidense o las que se desprendan de su propio funcionamiento interno.
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