La política del gobierno de Donald Trump hacia Cuba: del acercamiento a la confrontación
Donald Trump government’s policy towards Cuba: from rapprochement to confrontation
Dr. C. Abel Enrique González Santamaría
Doctor en Ciencias Políticas. Profesor e Investigador Titular. Máster en Relaciones Internacionales. Licenciado en Derecho. Asesor del Ministerio de Educación Superior, e-mail: asesorvmp@mes.gob.cu. ORCID: iD: 0000-0003-2242-0893
Recibido: 14 de agosto de 2020
Aprobado: 1 de septiembre de 2020
RESUMEN
Durante los cuatro años de gobierno de Donald Trump se produjo un retroceso en las relaciones de Estados Unidos con Cuba, al revertir importantes avances alcanzados en la última etapa de la administración de Barack Obama. Emplearon nuevos pretextos de supuestas amenazas a su seguridad nacional para justificar la escalada de agresiones y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla.
Palabras claves: convivencia civilizada, confrontación, seguridad nacional, geopolítica, socialismo.
ABSTRACT
During Donald Trump’s four-year government, there was a rollback in the relation-ship between the United States and Cuba, with a reversal of important improvements made in the last stage of the administration of Barack Obama. They used new pretexts of alleged threats to their national security to justify the escalation of aggression and the hardening of the economic, commercial and financial blockade against the island.
Keywords: civilized coexistence, confrontation, national security, geopolitics, socialism.
INTRODUCCIÓN
El 17 de diciembre del 2014 (17D), los presidentes de Cuba y Estados Unidos, Raúl Castro Ruz y Barack Obama, anunciaron de forma simultánea que se restablecerían las relaciones diplomáticas entre los dos países y se avanzaría hacia la normalización de los vínculos bilaterales. Ambos reconocieron que el proceso hacia la normalización sería largo, complejo y difícil, pero no imposible de lograr.
Los dos países asumieron el reto de la nueva etapa, luego de varias décadas de intensa confrontación. La posición de la Isla fue la misma proclamada desde 1959 por el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz: los principios no se discuten, mucho menos se negocian, pero se pueden encontrar soluciones a los problemas e identificar temas de interés común, en condiciones de igualdad y respeto mutuo.
Durante los dos últimos años del gobierno de Obama se experimentaron avances en las relaciones bilaterales. Se crearon espacios de diálogo y de cooperación, que demostraron que a pesar de las profundas diferencias en varios temas se podían encontrar soluciones y crear un clima de “convivencia civilizada”, como había reiterado en varias ocasiones el presidente cubano.
El proceso de acercamiento entre ambos países se vio interrumpido con la llegada a la Casa Blanca del multimillonario Donald Trump, el 20 de enero de 2017, luego de ganar las elecciones y derrotar a su rival demócrata Hillary Clinton. Sin embargo, el nuevo inquilino perdió el voto popular por casi tres millones de boletas. Fue la primera vez en la historia de la nación estadounidense que llega a la presidencia un candidato sin experiencia política, diplomática o militar.
DESARROLLO
Con la asunción de Trump a la presidencia se produjo una restauración ideológica conservadora de posiciones populistas, nacionalistas y militaristas, que priorizó la aplicación de políticas económicas proteccionistas, de recorte fiscal y el uso de la fuerza. Durante su mandato se delinearon algunos elementos que constituyeron las bases de la doctrina de política exterior y seguridad nacional. El hilo conductor se correspondió con la plataforma electoral nacionalista de “primero Estados Unidos”, que combinó el aislacionismo diplomático y el proteccionismo económico con el fortalecimiento militar y el rechazo a la amenaza del cambio climático. Una “novedosa” fórmula para intentar mantener la hegemonía global y otro “buen acuerdo” para el Complejo Militar-Industrial.
El enfoque de Trump hacia Cuba: retroceso, presión y retórica
El escenario favorable creado a partir del 17D, coincidió con el proceso electoral en Estados Unidos. De los 17 candidatos por el Partido Republicano que se presentaron a las elecciones presidenciales de 2016, solo dos reconocieron el restablecimiento de las relaciones de su país con la Isla. Uno de ellos fue Donald Trump, aunque precisó su intención de lograr un mejor acuerdo con el gobierno cubano. Además, llegó a expresar que consideraría abrir uno de sus hoteles en Cuba y que la nación caribeña tenía cierto potencial para los inversores.
Por conveniencia política esa posición la cambió al final de la contienda de 2016, cuando estableció una alianza con la extrema derecha anticubana, para beneficiarse de su maquinaria electoral al sur de la Florida. A partir de ese momento, el entonces candidato presidencial se movió hacia el otro extremo e incrementó el discurso ofensivo contra la Revolución Cubana y sus líderes históricos.
Durante un mitin en Miami prometió que si resultaba elegido revertiría la apertura de Estados Unidos hacia Cuba, a menos que se produjeran “libertades religiosas y políticas” en la Isla. Aseguró que se alinearía “con la gente cubana en su pelea contra la opresión comunista” y que “todas esas concesiones que Barack Obama ha dado al régimen de Castro fueron hechas a través de órdenes ejecutivas, lo que significa que el siguiente presidente puede revertirlas, y eso es lo que voy a hacer a menos que el régimen de los Castro escuche nuestras demandas” (Trump, 2016).
Una vez en la Casa Blanca, el presidente Trump y su equipo de gobierno se empeñaron en cumplir las promesas lanzadas al final de la campaña, a pesar del rechazo de sectores influyentes. Grupos de congresistas bipartidistas de ambas cámaras, medios de prensa, empresarios, agricultores y militares de alto rango retirados se pronunciaron por el estrechamiento de los vínculos bilaterales y reconocieron los resultados positivos alcanzados para ambos países en variados temas, desde los anuncios del 17D. También fue creciendo el apoyo de la sociedad estadounidense a favor de las políticas implementadas por Obama hacia Cuba.
De igual forma disímiles medios de prensa alertaron del previsible retroceso en la política hacia la Isla que se expresaría en la nueva directiva presidencial y que tendría la impronta de dos legisladores republicanos anticubanos de la Florida: el senador Marco Rubio, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental y miembro activo del Comité de Inteligencia de esa misma Cámara, el legislador Mario Díaz-Balart, miembro clave del Comité de Asignaciones del Congreso. Ambos fueron blancos de críticas porque pactaron en apoyar las políticas domésticas de Trump a cambio de que este revirtiera la política hacia Cuba.
Finalmente, el 16 de junio de 2017, Trump anunció la política de su gobierno hacia la Isla en un contexto caracterizado por conflictos y divisiones al interior de la clase política del país. Además, experimentaba la más baja popularidad de un presidente estadounidense en la historia de la nación. Según varias encuestas menos del 40 % de los estadounidenses aprobaban su gestión, motivados fundamentalmente por sus reiteradas declaraciones erráticas, abundantes acciones controversiales, rechazo a la reforma sanitaria, la salida del acuerdo contra el cambio climático y las acusaciones sobre la posible obstrucción de la justicia en las investigaciones que desarrollaba el FBI referente a los supuestos ataques cibernéticos de Rusia en las elecciones.
La política anunciada hacia Cuba revirtió parte de los avances alcanzados en los dos últimos años, después de la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas e iniciar un proceso hacia la normalización de los vínculos bilaterales. En lo que constituyó un retroceso en las relaciones entre los dos países, Trump pronunció un discurso anticubano al estilo de los tiempos de la confrontación abierta en la época de la Guerra Fría, en el cual demostró tener un profundo desconocimiento de la historia del pueblo cubano y de su dirección histórica.
El lugar y las personas escogidas para participar en el acto fueron una muestra del retroceso hacia un pasado hostil contra Cuba. En el Teatro Manuel Artime de La Pequeña Habana, que lleva el nombre del jefe de la brigada mercenaria 2506 derrotada en las arenas de Playa Girón en 1961, el presidente estadounidense, rodeado de un reducido grupo de mercenarios, esbirros de la dictadura batistiana, terroristas y politiqueros, cumplió con su promesa electoral de final de campaña, premió a los dos legisladores anticubanos y apostó por el retroceso, la presión y la retórica.
El “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de Estados Unidos hacia Cuba”
En el acto celebrado el 16 de junio de 2017 en Miami, el presidente estadounidense firmó el “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de Estados Unidos hacia Cuba”. Antes de concluir el evento, Trump obsequió a los dos legisladores anticubanos el bolígrafo que empleó en la rúbrica del documento y le entregó el ejemplar al senador Marco Rubio, como un gesto simbólico por el rol que desempeñó en su elaboración y en señal de agradecimiento, dejando entrever que al senador anticubano correspondería velar por la férrea implementación del texto del Memorando (Fig. 1).
Fig. 1. El presidente Donald Trump firma en Miami el “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de Estados Unidos hacia Cuba”, el 16 de junio del 2017.
Desde los dos primeros párrafos del memorando, en la Sección 1, que declara los propósitos, se evidenciaba el mismo lenguaje injerencista y ofensivo hacia la nación caribeña empleado por gobiernos anteriores. Al afirmar que la política de su administración “se guiará por los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”, estaba reafirmando la tesis bien estructurada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que sustenta las bases de su gran estrategia imperial: imponer la hegemonía global y hemisférica para preservar sus intereses geopolíticos de dominación.
Con la presentación del Memorando la administración intentó destruir uno de los principales legados de Obama en América Latina y el Caribe. En el documento se precisa que el presente memorando sustituye y reemplaza a la Directiva Presidencial de Política “Normalización entre Estados Unidos y Cuba”, del 14 de octubre de 2016, la cual reconocía al gobierno cubano como un interlocutor legítimo para trabajar de conjunto en el proceso hacia la normalización de las relaciones entre ambos países.
El reajuste de la política de la Casa Blanca hacia la Isla quedó definido en la Sección 2 del Memorando, que constituyó un retroceso de la dinámica positiva que experimentaban las relaciones bilaterales en los últimos dos años, principalmente en materia de los viajes y el comercio. Además, regresó a la política fallida del recrudecimiento del bloqueo que afecta directamente al pueblo cubano y mantuvo a Cuba como el único país en el mundo al que los ciudadanos estadounidenses se les limita su derecho constitucional a viajar libremente.
Las medidas anunciadas estuvieron dirigidas a impedir los negocios de compañías estadounidenses con empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, que son de propiedad pública, producen bienes y servicios de alto valor agregado, y sus ganancias se revierten en la mejoría de la calidad de vida del pueblo cubano. No obstante, incluyeron excepciones con las empresas estadounidenses que ya habían desarrollado vínculos comerciales con Cuba y para el funcionamiento de su Embajada en La Habana.
Una de las medidas de mayor impacto fue la de limitar aún más el derecho de los ciudadanos estadounidenses a viajar a la Isla, los que tienen prohibido hacerlo como turistas. Se eliminó la licencia general para los viajes individuales dentro de la categoría de actividades educacionales, también identificadas como “contactos pueblo a pueblo”, y solo se autorizarán viajes en grupo, con una agenda preestablecida, un guía responsable de hacer cumplir las regulaciones y mecanismos de auditoría, que obligan a justificar cada gasto y guardar la documentación durante cinco años.
Las proyecciones injerencistas fueron bien definidas en la “Hoja informativa de la política hacia Cuba”, que publicaron ese mismo día en el sitio web de la Casa Blanca, que señalaba que “el Presidente Donald Trump está cambiando la política de Estados Unidos hacia Cuba para alcanzar cuatro objetivos” (The White House, 2017):
• Mejorar el cumplimiento de la legislación de Estados Unidos, en particular las disposiciones que rigen el embargo de Cuba y la prohibición del turismo.
• Mantener al régimen cubano como responsable de la opresión y los abusos de los derechos humanos ignorados bajo la política de Obama.
• Mantener los intereses de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos y los del pueblo cubano.
• Establecer las bases para empoderar al pueblo cubano para desarrollar una mayor libertad económica y política.
Las medidas impusieron trabas adicionales a las muy restringidas posibilidades que el sector empresarial estadounidense tenía para comerciar e invertir en Cuba. También tendría un efecto disuasivo hacia las empresas que habían expresado su interés en promover inversiones directas en la Isla y aprovechar las oportunidades que ofrece la nueva ley cubana de inversión extranjera.
A pesar de que Trump frenó la dinámica constructiva que experimentaban ambos países durante el proceso de acercamiento, no revirtió por completo –hasta ese momento– los avances limitados en áreas y temas muy puntuales. Se mantuvieron las relaciones diplomáticas y la embajada norteamericana en La Habana y cubana en Washington; las categorías de licencias generales para viajes de norteamericanos en grupos; los vuelos comerciales, los cruceros y el correo postal; las visitas de los cubanoamericanos y el envío de remesas a sus familiares, y el fin de la política de “pies secos-pies mojados” que durante más de veinte años otorgó un trato preferencial a los migrantes cubanos. También se mantuvieron los 22 acuerdos firmados entre ambos países en temas de interés mutuo durante el gobierno de Obama.
El Gobierno de Cuba emitió una declaración de rechazo al discurso y al memorando de Trump, denunció las nuevas medidas de endurecimiento del bloqueo y dejó claro que cualquier estrategia dirigida a cambiar el sistema político, económico y social en Cuba, ya sea la que pretenda lograrlo a través de presiones e imposiciones o empleando métodos más sutiles, estará condenada al fracaso. No obstante, reiteró su voluntad de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo, así como la negociación de los asuntos bilaterales pendientes con el Gobierno de Estados Unidos (Declaración del Gobierno Revolucionario de Cuba, 2017).
Trascendió a la prensa que los primeros borradores presentados al Presidente con acciones contra Cuba incluían medidas mucho más severas, desde cortar por completo los lazos diplomáticos hasta volver a incluirla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El diario estadounidense The Hill publicó que, según una versión del Memorando obtenido exclusivamente, durante una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad Nacional en mayo de 2017, los funcionarios consideraron la posibilidad de emitir un ultimátum de “todo o nada” al gobierno cubano para mejorar su situación de derechos humanos.
Según el documento “si los cambios no fueran adoptados en un plazo establecido, Estados Unidos volverían a su política de la era de la Guerra Fría en Cuba, eliminando el histórico acercamiento de Obama”. Advirtió que “cortar las relaciones habría eliminado el apalancamiento económico y político sobre Cuba para extraer reformas, dañaría los objetivos estadounidenses en América Latina, perjudicaría a las empresas estadounidenses que invirtieron en Cuba y pondría en peligro la colaboración con las autoridades cubanas en materia de seguridad nacional”. Argumentaron que si los lazos con la Isla fueran cortados “los adversarios mundiales como Irán, Rusia y China, probablemente desarrollarán una base aún más fuerte en Cuba” (Fabian, 2017).
El gobierno estadounidense manejó el tema Cuba como un asunto de política interna y como pieza de negociación para recompensar al electorado en la Florida y a los dos congresistas anticubanos, aunque no pudo complacerlos en todos sus reclamos. Asumieron el riesgo político del efecto negativo que tendría regresar a la hostilidad contra la Isla, que se había convertido en un serio obs-
táculo para sus relaciones con América Latina y el Caribe y era rechazada casi unánimemente por la comunidad internacional.
Fue evidente que existieron fuertes contradicciones durante la revisión de la política entre los extremistas anticubanos y las propias agencias gubernamentales. Estas últimas apoyaron la continuidad de la política de acercamiento hacia Cuba iniciada por Obama, ya que desde el inicio de su implementación contribuyó a su desempeño como entidades del ejecutivo norteamericano. También influyó el creciente consenso en la sociedad estadounidense en mejorar las relaciones con Cuba, que abarcó diversos sectores influyentes: político, económico, prensa, artístico, religioso, emigración cubana, militar y de seguridad.
El misterioso incidente de los supuestos “ataques acústicos”
Cuando Trump no había concluido su primer mes en la Casa Blanca, el 17 de febrero de 2017, el gobierno estadounidense informó al gobierno cubano sobre la presunta ocurrencia de incidentes “acústicos” que causaron afecciones a algunos funcionarios y sus familiares de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Según los estadounidenses los supuestos afectados mostraron una serie de síntomas físicos, entre los que se incluyeron “pérdida auditiva, mareos, dolor de cabeza, fatiga, problemas cognitivos y dificultades para dormir”.
De inmediato las autoridades de la Isla, por indicación del más alto nivel del gobierno cubano, iniciaron una investigación especializada y exhaustiva: propusieron establecer cooperación entre las autoridades competentes de ambos países para esclarecer la situación, crearon un comité interinstitucional de expertos para el análisis de los hechos, reforzaron las medidas de protección y seguridad de la sede, su personal y las residencias diplomáticas. También les brindaron a las agencias estadounidenses todas las facilidades investigativas en sus visitas al territorio cubano.
A solo un mes de comenzar el proceso investigativo, Estados Unidos tomó la decisión de que dos diplomáticos cubanos abandonaran el territorio norteamericano, lo que motivó una protesta de la Isla que calificó la decisión como injustificada e infundada. Cuba reafirmó que cumple con rigor y seriedad sus obligaciones emanadas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en lo referido a la protección de la integridad de los agentes diplomáticos y los locales de la misión. Enfatizó que jamás ha permitido ni permitirá que el territorio cubano sea utilizado para cualquier acción en contra de funcionarios diplomáticos acreditados ni sus familiares, sin excepción, y reiteró la disposición de cooperar para lograr el esclarecimiento de esa situación.
La investigación por ambas partes se mantuvo en total discreción durante los primeros seis meses, hasta que en el mes de agosto las supuestas víctimas norteamericanas desde el anonimato filtraron a la prensa los supuestos incidentes. A pesar de la falta de evidencia y las opiniones contrarias de los especialistas en la materia, se implantó la matriz informativa de “ataques acústicos” contra diplomáticos estadounidenses en La Habana, que habría incluido el uso de sofisticadas “armas sónicas”.
Sin conocerse las causas y el origen de los incidentes ni haber concluido las investigaciones, el Secretario de Estado norteamericano ordenó la salida de todo el personal no esencial asignado a su Embajada en La Habana, así como a sus familiares. También el Departamento de Estado emitió una advertencia aconsejando a los ciudadanos estadounidenses para que no viajaran a la Isla. Además, decidió que 15 funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington abandonaran el territorio de Estados Unidos, sobre la base de que los estadounidenses redujeron su personal diplomático en La Habana y que el gobierno cubano no había dado los pasos necesarios para prevenir los “ataques acústicos”.
Cuba protestó enérgicamente y calificó la decisión de infundada e inaceptable. Enfatizó que las informaciones entregadas por la parte estadounidense llevó al comité de expertos cubanos a concluir que estas son insuficientes y que el principal obstáculo para el esclarecimiento de los incidentes fue la falta de acceso directo a los afectados y a los médicos que los examinaron, la entrega tardía de evidencias y su carencia de valor, así como la ausencia de una información primaria fiable y contrastable.
Desde el inicio de la investigación las autoridades cubanas asumieron con suma seriedad las informaciones trasladadas por los estadounidenses. Se desplegaron múltiples acciones de instrucción, periciales, técnicas y operativas, para esclarecer los presuntos hechos en un área novedosa, pues no existían precedentes de este tipo de agresiones en Cuba, ni en otras partes del mundo. También se constituyó un comité de expertos en temas acústicos integrado por especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el Ministerio de Salud Pública.
Las autoridades cubanas demostraron científicamente que los alegados “ataques sónicos” contra el personal diplomático estadounidense en territorio cubano fueron falsos. Lo cierto fue que el incidente sirvió como pretexto para politizar los acontecimientos y favorecer los reclamos de un reducido sector de la extrema derecha anticubana que presionó al ejecutivo para que adoptara medidas más radicales contra la Mayor de las Antillas, incluyendo la ruptura de las relaciones diplomáticas.
En ese contexto el gobierno de Estados Unidos emitió nuevas restricciones a los viajes y al comercio con Cuba, que implicaron el recrudecimiento del bloqueo y el retroceso en las relaciones bilaterales. En cumplimiento con el Memorando presidencial firmado por Trump en Miami, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió, en noviembre de 2017, regulaciones adicionales para limitar los viajes de los norteamericanos a la Isla y las transacciones financieras entre estadounidenses y 179 entidades cubanas, entre ellas hoteles, marinas y tiendas. Se precisó que la lista de las entidades no es definitiva y será revisada periódicamente por el Departamento de Estado.
La Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno de Trump y su escalada de agresiones contra Cuba
A menos de un año de asumir la Casa Blanca, Trump divulgó en diciembre de 2017, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Al presentar el documento, el mandatario estadounidense señaló que su país ha entrado en una “nueva era de rivalidad”, en la cual su liderazgo es amenazado por Rusia y China. Se identificaron cuatro intereses nacionales vitales o “cuatro pilares” que tendría Estados Unidos para los próximos años: “proteger al pueblo, la patria y al estilo de vida estadounidense; promover la prosperidad estadounidense; preservar la paz mediante el uso de la fuerza; e impulsar la influencia estadounidense” (National Security Strategy, 2017) (Fig 2).
Fig. 2. Portada del documento Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentado por Trump.
En estos dos últimos intereses nacionales se reafirmó que el uso de la fuerza mantendría la preeminencia, combinado con su estrategia de “diplomacia pública”. Resultó peligroso para la paz internacional el objetivo que se propusieron de modernizar las fuerzas nucleares y su infraestructura. La proyección hacia América Latina y el Caribe se evaluó en la sección dedicada al “Hemisferio Occidental”, concentrándose en las supuestas amenazas a la seguridad y atacar a Cuba y Venezuela.
Sobre estas dos naciones caribeñas señalaron que “los gobiernos se aferran a modelos autoritarios de izquierda anacrónicos que continúan fallando a sus pueblos”. Añadieron que Rusia continúa apoyando a sus “aliados cubanos radicales, mientras Cuba continúa reprimiendo a sus ciudadanos” y que China y Rusia apoyan a la “dictadura” en Venezuela, en franca manipulación a las relaciones respetuosas y de colaboración que existen entre estos países. Nuevamente acudieron a pretextos de amenazas a la seguridad para justificar la presencia de sus tropas en la región.
En la implementación de la estrategia hacia Nuestra América, y en particular hacia Cuba, tuvieron una activa participación tras sus nombramientos en el 2018, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien se desempeñó como subsecretario de Estado y luego Embajador ante la Organización de Naciones Unidas del gobierno de George W. Bush, y el director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone, ex jefe del influyente Comité de Acción Política Democracia Cuba-Estados Unidos. El trío Pompeo-Bolton-Carone reforzó la línea dura en el gobierno, teniendo en cuenta sus posturas ultraconservadoras y agresivas hacia el orbe, y en particular hacia Cuba y Venezuela.
En vísperas de las elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre de 2018, Bolton, durante un discurso en Miami sobre la política estadounidense hacia América Latina, criticó al socialismo y prometió una política exterior más dura contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, a cuyos gobiernos calificó de “troika de la tiranía” y “triángulo de terror”. En un tono amenazante señaló que “Estados Unidos ahora espera ver la caída de cada ángulo del triángulo: en La Habana, en Caracas, en Managua” (Bolton, 2018).
Las amenazas hacia la Revolución Cubana no se quedaron solo en el discurso político, sino que continuaron desplegando acciones concretas que afectaban directamente a la economía. En mayo de 2019 anunciaron otra medida hostil con efectos extraterritoriales, con la activación del título III de la Ley Helms-Burton, que permite a nacionales estadounidenses demandar a quienes “trafiquen” con “propiedades norteamericanas” en el país antillano. El mecanismo implementado brindaría la posibilidad de promover una acción en las cortes estadounidenses contra personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución.
Ese acápite junto al título IV, que preveía la rescisión de visados a los gestores de las empresas, fueron suspendidos desde su promulgación en 1996 por todas las administraciones estadounidense, teniendo en cuenta que causó un duro rechazo internacional y un conflicto con la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio, para proteger las inversiones europeas en la Isla. Aunque la Ley Helms-Burton no tiene efectos legales en Cuba, las nuevas medidas estuvieron dirigidas a desestimular a las empresas extranjeras a invertir en el país, lo que provocó nuevamente amplio repudio de la comunidad internacional, incluyendo a la Unión Europea y Canadá, aliados tradicionales de Estados Unidos y a su vez socios comerciales de Cuba.
Las agresiones contra la Mayor de las Antillas se incrementaron durante el 2019 y el 2020. Estados Unidos incorporó a Cuba en una lista de países que consideran no cooperan en la lucha contra el terrorismo, bajo el pretexto de no contribuir con la paz en Colombia, intentó paralizar la importación de productos estratégicos, en especial el petróleo desde Venezuela, impuso límites para el envío de remesas, interrumpió el arribo de cruceros y de vuelos a las provincias del país, entre otras medidas que tuvieron un fuerte impacto para la economía cubana.
En medio de las tensiones, un poderoso enemigo atacó a la gran mayoría de las naciones: el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la infección COVID-19. En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia global. En la actualidad afecta a 185 países, en los cuales 25 millones de personas han sido contagiadas y más de 837 000 han fallecidos. Estados Unidos es el país más afectado, con más de 180 000 decesos. Es la primera vez en la historia estadounidense que sus 50 Estados se encuentran bajo declaración de desastre federal de manera simultánea.
Ante el complejo escenario, el gobierno revolucionario cubano envió a varias naciones brigadas del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, para erradicar el nuevo coronavirus. Sin embargo, el gobierno estadounidense calumnió las acciones solidarias cubanas y amenazó a varios gobiernos por admitir la ayuda médica. En junio de 2020, tres senadores republicanos, entre ellos Marco Rubio, presentaron un proyecto de ley dirigida a castigar a los países que acepten esa cooperación y a frenar los ingresos recibidos por la Isla mediante las brigadas de profesionales de la salud.
En paralelo aumentaron las campañas difamatorias contra el sistema político cubano, al presentar al socialismo como un modelo fracasado. Estos argumentos los empleó Trump durante la campaña electoral para tratar de lograr su reelección en 2020, al acusar a sus contrincantes demócratas como comunistas, un término manipulado históricamente por los gobiernos estadounidenses.
Esa posición la ratificó Trumpen su discurso de aceptación como candidato presidencial republicano, el 27 de agosto de 2020. Alegó que las venideras elecciones serán las más importantes en la historia de Estados Unidos, porque “decidirá si salvamos el sueño americano o si permitimos a una agenda socialista destruir nuestro destino”. Varios de los oradores durante la Convención Nacional del Partido Republicano emplearon estos argumentos e incluso denigraron a Cuba por abrazar el ideario socialista.
CONCLUSIONES
De 1959 al 2020 han ocupado la Casa Blanca 12 presidentes estadounidenses: Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, H. Bush, Clinton, W. Bush, Obama y Trump. Todos sus gobiernos intentaron destruir la Revolución Cubana en su obsesión por reconquistar a Cuba, y emplearon las más diversas tácticas para conseguir sus propósitos. El gobierno de Trump apostó por retornar a la etapa de mayor confrontación en la historia de los vínculos bilaterales, y acentuó la esencia del conflicto: capitalismo vs. socialismo, dominación vs. soberanía.
Se debe tener en cuenta que las relaciones se desarrollan en medio de un escenario internacional que se torna complejo, agudizado por la crisis estructural del sistema capitalista mundial y por el agotamiento de su modelo socioeconómico neoliberal. Estados Unidos experimenta a nivel global un declive de su hegemonía y hacia lo interno atraviesa por una severa crisis.
La sociedad norteamericana es cada vez más heterogénea, polarizada políticamente, con una marcada desigualdad social y con altos niveles de violencia en todo el país. Esta combinación de factores en la actualidad se hace más visible por las movilizaciones antirracistas, los miles de fallecidos por la pandemia de la COVID-19 y el aumento acelerado del desempleo de millones de trabajadores.
Todos esos factores influirán en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, que decidirán si se mantiene el predominio ideológico del conservadurismo, con la reelección de Donald Trump, o el retorno al liberalismo, con la asunción de Joe Biden. Sus resultados tendrán también un impacto en los vínculos de Estados Unidos con Cuba. De mantenerse el actual mandatario es previsible que continúe la escalada de agresiones, mientras si sucede lo contrario es probable que se retorne a la política de acercamiento de Obama, manteniéndose la voluntad de Cuba de construir una convivencia civilizada con Estados Unidos sin la más mínima sombra a su soberanía.
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