International cooperation and poverty reduction in the protection of human rights
Lic. Richard Tur de la Concepción
Recibido: 15 enero de 2019 Aprobado: 20 de febrero de2019
des, países y regiones geográficas. Lograr extraer una persona de la precariedad no es necesaria-
La pobreza suele entenderse comúnmente como
la carencia de recursos materiales que afecta la satisfacción de determinadas necesidades. Este fenómeno no solo se manifiesta a nivel individual, sino que afecta también la solvencia de comunida-
mente un reto fácil, por lo que mejorar las condicio- nes de vida de un asentamiento humano a cualquier escala requiere esfuerzos mucho mayores.
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La gran mayoría de los seres humanos que viven en medio de la escasez provienen de países
atrasados e históricamente explotados por la divi- sión internacional del trabajo impuesta a ellos. Tras siglos de saqueos y de sometimiento a un régimen comercial injusto, los pueblos africanos, asiáticos y latinoamericanos, enfrentan dificultades que se han entronizado en el funcionamiento de sus países y limitan su avance hacia el desarrollo.
La pobreza tampoco excluye a los países ricos, aunque en menor medida. En ellos residen también importantes sectores populares tradicionalmente olvidados y marginados, los que por su proceden- cia social o simplemente por las implicaciones de un modo de producción excluyente, no tienen un acceso seguro a los más elementales servicios vitales.
En espacios de debate del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se ha abordado la pobreza como “un fenómeno masivo, estructural y permanente, ubicada tanto en los países del Tercer o Primer Mundo, en que las personas y las familias son sometidas a condiciones de miseria por fuerzas y decisiones externas” (Bengoa, 2006). En situacio- nes de esta índole, este autor califica que se produ- cen masivas, flagrantes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos.
Existen evidencias sobradas para constatar el nefasto impacto que provoca la pobreza sobre el disfrute de los derechos humanos. Según la FAO (2018), las personas de bajos ingresos están en mayor riesgo de sufrir inseguridad alimentaria y malnutrición. Producto de estas carencias, reciente- mente se han identificado los casos de 155 millo- nes de niños menores de cinco años que sufren un retraso de crecimiento debido al hambre y 52 millo- nes de niños que padecen una insuficiencia pon- deral respecto a su talla (Development Initiatives, 2017). De modo similar, más del 96 % de los niños con peso bajo al nacer vienen al mundo en países en desarrollo (WHO, 2017).
En cuanto a los derechos laborales, los pobres tienen escasas oportunidades de trabajo decente, ya que la mayoría viven en zonas de baja producti- vidad, donde las tasas de subempleo son elevadas y los empleos inseguros. Asimismo, los niños que viven en situaciones de pobreza son mucho más proclives a tener que trabajar, lo que pone en riesgo su salud, educación y sus oportunidades de vida (FAO, 2018).
Las mujeres sufren aún más los efectos de este flagelo. La tasa de mortalidad materna en los países menos adelantados se mantiene en 436 muertes
por cada 100 000 nacimientos, frente a 12 por cada 100 000 nacimientos en los países desarrollados. Del mismo modo, las mujeres pobres en numero- sos países en desarrollo, presentan muchas menos probabilidades de disfrutar de acceso a anticoncep- tivos o atención de salud durante el embarazo y el parto que las mujeres más ricas de las zonas urba- nas (UNFPA, 2017).
Las personas que viven en condiciones paupé- rrimas se ven forzadas constantemente a la emi- gración. Estos desplazamientos, tanto al interno del país como hacia otras naciones, suponen a las fami- lias angustias como la separación de sus miembros y la presión de adaptarse a otro lugar. A nivel demo- gráfico este fenómeno migratorio ha repercutido en la tendencia global de la concentración poblacional en las urbes principales y el despoblamiento de las áreas rurales.
Irrefutablemente, la pobreza constituye una de las principales amenazas para la humanidad, en tanto supone graves peligros para la vida y dificulta el goce de los derechos humanos para millones de personas, la erradicación de estas manifestacio- nes es responsabilidad de múltiples sujetos dada la complejidad de esta tarea. Los Estados concernidos tienen un rol fundamental en este sentido, pues son los que deben implementar estrategias que con- duzcan a la superación de la pobreza. No obstante, esta no es una aspiración a la que puedan llegar por sí solos los países, debido a las barreras que les han sido impuestas y los atan a la condición del subdesarrollo.
En la mayoría de los casos las naciones más empobrecidas presentan problemas estructurales que impiden la creación de mayor riqueza y su mejor distribución entre los miembros de la sociedad. Ante este panorama se impone la reestructuración del orden económico internacional vigente, de modo tal que los Estados del Tercer Mundo superen el rol de productores de materias primas y productos de bajo valor agregado que les ha sido impuesto.
La cooperación internacional posee igualmente una relevancia notable. Las comunidades que viven en la extrema pobreza necesitan ayuda con inme- diatez, lo que no es posible sin los recursos que puedan proveer en el corto plazo los países donan- tes. La asistencia en términos de capacitación de la fuerza de trabajo y la transferencia de tecnologías es también vital en este cometido.
Ante el desafío mayúsculo que representa dis- minuir considerablemente la cifra de pobres en el
planeta y, por consiguiente, extender el disfrute uni- versal de los derechos humanos, este estudio tiene como objetivo identificar las acciones a emprender por los Estados del Tercer Mundo en este sentido.
Para ello se abordará cómo la comunidad inter- nacional ha tratado en distintos foros la relación entre la pobreza y los derechos humanos. Segui- damente se planteará la necesidad de instaurar un nuevo orden económico global. Luego se expondrán los requerimientos que debe seguir la cooperación internacional para tener un impacto efectivo en la disminución de la pobreza.
Desde su origen, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha percibido la pobreza como un elemento de incidencia negativa en el conjunto de su producción normativa. La Declaración Univer- sal de los Derechos Humanos, documento donde se recogieron por primera vez los derechos fundamen- tales inherentes al hombre, esboza en su preámbulo el ideal de un mundo libre de miseria (ONU, 1948).
Según su artículo 25: “Toda persona tiene dere- cho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesa- rios […]” (ONU, 1948). Aun cuando no existe una referencia explícita a la pobreza, es innegable que en situaciones de carencias no es posible la realiza- ción de estos derechos.
El Pacto Internacional de Derechos Económi- cos, Sociales y Culturales amplía en su artículo 11 el derecho a un nivel de vida adecuado. En pos de la consecución de este objetivo, se resalta “[…] la importancia esencial de la cooperación internacio- nal fundada en el libre consentimiento” (ONU, 1966). Esta referencia resulta trascendental, pues a la vez que se reafirma la soberanía del Estado a la hora de aceptar ayuda del exterior, se destaca en uno los principales tratados sobre derechos humanos la relevancia de la colaboración entre países.
Estos precedentes constituyeron una importante base sobre la cual se construyó la idea de la coo- peración internacional como indispensable para la superación de la pobreza y, por ende, para el dis- frute de los derechos humanos. En lo adelante, el
tema se abordó con periodicidad, ejemplo de ello son las resoluciones 47/134 y 55/106 tituladas Dere- chos humanos y extrema pobreza, adoptadas por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1992 y el 4 de diciembre de 2000 respectivamente (Mestrum and Özden, 2012).
La Cumbre Social Mundial, efectuada en abril de 1995 en Copenhague, remarcó nuevamente la necesidad de actuar en torno a este asunto. Como resultado de esta reunión se emitió una declaración y se acordó el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, en el que se for- muló la siguiente definición:
“[…] la pobreza tiene diversas manifestaciones: falta de ingresos y de recursos productivos sufi- cientes para garantizar medios de vida sosteni- bles, hambre y malnutrición, mala salud, falta de acceso o acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, aumento de la morbilidad y la mortalidad a causa de enfermedades, carencia de vivienda o vivienda inadecuada, medios que no ofrecen condiciones de seguridad, y discrimi- nación y exclusión sociales. También se caracte- riza por la falta de participación en la adopción de decisiones en la vida civil, social y cultural” (ONU, 1995).
Esta formulación resulta claramente ilustrativa de cómo la pobreza vulnera una importante cantidad de derechos civiles, políticos, económicos, socia- les y culturales que son inherentes e inseparables a las personas. Desde el punto de vista teórico, esta conceptualización solidificó la interrelación entre la pobreza y los derechos humanos.
Pese al recurrente tratamiento de esta proble- mática, las declaraciones hechas no lograron trans- formarse en los resultados esperados. La situación de precariedad en que vivía una significativa parte de habitantes del planeta condujo, entre otras razo- nes, a que los líderes de la comunidad internacional adoptaran el 8 de septiembre del 2000 la Declara- ción del Milenio.
Este nuevo documento pretendía revertir varios de los más graves problemas que afectaban a la humanidad a inicios del siglo XXi. Para ello se traza- ron ocho objetivos a cumplir durante los próximos quince años, de los cuales el primero era reducir a la mitad la población que vivía en condiciones de pobreza extrema (Bengoa, 2006). Cabe acotar que para este objetivo se tomó como referencia la canti- dad de personas bajo pobreza extrema en 1990, lo
cual disminuyó la ambición de la meta planteada, pues en el 2000 ese número era superior.
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos aprobó en 1912, durante su 21o período de sesiones, los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Este texto es particular- mente notable pues a diferencia de las políticas que se ocupan de los derechos humanos con un enfoque abarcador, “los Principios Rectores se centran princi- palmente en quienes experimentan la pobreza más profunda en un determinado contexto” (ONU, 2012). Los Principios Rectores reconocen la pobreza extrema como una violación en sí misma de los derechos humanos. Por lo que establecen un con- junto de enfoques que deben ser utilizados por los Estados respecto a los grupos más vulnerables de
la sociedad.
Igualmente notable es el espacio que se le dedica a las obligaciones de asistencia y cooperación inter- nacionales. Entre las principales ideas plasmadas en esta sección, se dispone en el párrafo 96 que:
“[…] los Estados deben adoptar medidas deli- beradas, concretas y orientadas para crear un entorno internacional propicio a la reducción de la pobreza, en particular en las cuestiones rela- cionadas con el comercio bilateral y multilateral, la inversión, la tributación, las finanzas, la protec- ción ambiental y la cooperación para el desarro- llo. Esto significa cooperar también con el fin de movilizar el máximo de recursos disponibles para la realización universal de los derechos huma- nos” (ONU, 2012).
La adopción de los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos constituyó un nuevo empuje de los países del Tercer Mundo a este tema. En particular se hizo un mayor énfasis en el deber de los Estados de prestar la colaboración necesaria, mediante diferentes medios, para com- batir todas las situaciones de pobreza que sitúan a muchas personas en un estado de vulnerabilidad.
Llegado el 2015, momento que delimitaba la vigencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se imponía un balance de los resultados alcanza- dos. La meta del primer objetivo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue cumplida. El propósito de disminuir a la mitad la tasa de pobreza extrema registrada en 1990, se logró en 2010, cinco años antes del plazo previsto (United Nations, 2015).
Sin embargo, los esfuerzos fueron desiguales. Unos pocos países asiáticos, principalmente China
e India, representan la mayor parte de la disminu- ción. Como resultado del progreso en China y la voluntad política de su gobierno, la tasa de pobreza extrema en Asia oriental bajó de 61 % en 1990 a solo 4 % en 2015 (United Nations, 2015).
El número absoluto de personas que vive en pobreza extrema cayó de 1 900 millones en 1990, a 1 000 millones en 2011. Las estimaciones sugieren que otros 175 millones de personas se liberaron de la pobreza extrema en 2015, para un aproximado de alrededor de 1 100 millones de personas que habían superado la pobreza extrema en ese espa- cio de tiempo (World Bank Group, 2016).
Un dato que grafica cuán importante fue la labor de China e India es que entre 1990 y 2005 se con- tabilizó una disminución de 455 millones de pobres en esos países, a lo que se sumó una reducción adicional de 320 millones adicionales en 2015. Esto supone un aproximado de 775 millones de perso- nas que lograron escapar de la miseria desde 1990 hasta 2015 (La vanguardia, 2011).
En cambio, la tasa de reducción de la pobreza ha sido mucho más lenta en los países de bajos ingresos, especialmente en el África Subsahariana donde, en realidad, el número absoluto de pobres ha seguido creciendo (United Nations, 2015). En estos casos se ha notado la imposibilidad de los Estados de romper con los patrones socioeconómicos que los atan al subdesarrollo, a la vez que no se percibe una intención real de los países desarrollados por contribuir a revertir esta situación.
Pese a los avances en la reducción de la pobreza motivados por los Objetivos de Desarrollo del Mile- nio, la cantidad de personas que viven en condicio- nes de extrema dureza en el mundo sigue siendo inaceptablemente alta. Esto motivó aumentar las exigencias sobre la comunidad internacional con la adopción de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la aspiración por continuar el sendero establecido por la Declaración del Mile- nio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Esta es la razón por la cual el primer Objetivos de Desarrollo Sostenible se refiere a erradicar com- pletamente la pobreza extrema antes de 2030. La meta es consecuente con la situación en que aún se encuentran millones de personas en el mundo, teniendo en cuenta, además, que no será posible el goce pleno y universal de los derechos humanos mientras una gran parte de la población global viva en estas condiciones.
Los esfuerzos tendrán que ser mayores. Si se tie- nen en cuenta los pronósticos del crecimiento mun- dial, el ritmo de reducción de la pobreza, tal vez no sea suficientemente rápido para alcanzar la meta del Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 (World Bank Group, 2016). A lo que se suman las amenazas que se agravan y conciernen a toda la humanidad, como es el caso del cambio climático, las guerras y los desastres naturales.
Ante este panorama, los reclamos de la comuni- dad internacional, en particular de las naciones del Tercer Mundo, deberán aumentar. Esto supondrá incrementar las exigencias por el cumplimiento de los convenios y declaraciones relativos a la erradi- cación de la pobreza, dado su considerable impacto sobre el disfrute de los derechos
Ante este panorama, los reclamos de la comuni- dad internacional, en particular de las naciones del Tercer Mundo, deberán aumentar. Esto supondrá incrementar las exigencias por el cumplimiento de los convenios y declaraciones relativos a la erradi- cación de la pobreza, dado su considerable impacto sobre el disfrute de los derechos humanos. Los Estados deben estar más cohesionados en torno a esta causa, de modo que se abogue más efecti- vamente por una mayor cooperación internacional, en el contexto de un diseño económico global más favorable para las naciones subdesarrolladas.
El desarrollo industrial y tecnológico alcanzado por el hombre ha sido vertiginoso en las últimas décadas. La humanidad dispone hoy de los medios para cubrir las necesidades de los millones de indi- viduos que viven precariamente. Sin embargo, esto no se materializa en la realidad, no por cuestiones económicas, sino éticas, como asevera el intelec- tual brasileño Frei Betto.
Betto, tres años antes de la adopción de los Obje- tivos de Desarrollo Sostenible, algunos datos que ilustran claramente esta situación. De acuerdo a sus investigaciones, para facilitar la educación básica a todos los niños del mundo sería preciso invertir 6 000 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos se gastan cada año en cosméticos aproxi- madamente 8 000 millones de dólares (Betto, 2012). Por otra parte, habría salud elemental y buena nutrición de los niños de los países en desarrollo si se invirtieran 13 000 millones de dólares. Pero en Estados Unidos y Europa se gastan cada año en
alimentos para perros y gatos alrededor de 17 000 millones; 50 000 millones en tabaco en Europa y 105 000 millones en bebidas alcohólicas (Betto, 2012).
Estas tendencias no parecen modificarse. Pese a la aprobación del Objetivos de Desarrollo Sosteni- ble 1 y 10, este último relativo a la reducción de las desigualdades al interior y entre los países, las prin- cipales economías del mundo no son consecuentes con la realidad del planeta. Según un informe ela- borado por el Departamento de Asuntos Económi- cos y Sociales de la ONU, el número de personas que sufren hambre aumentó en 38 millones de 2015 a 2016, para sumar un total de 815 millones (UN News, 2018).
En lugar de destinarse recursos para aminorar las penurias de tantas personas, año tras año los presupuestos militares son cada vez más importan- tes. A escala global este monto se situó en 1 739 billones de dólares en 2017, lo que representó un incremento del 1,1 % en términos reales en relación con 2016 (SIPRI, 2018).
Estos hechos no son irracionales, constituyen manifestaciones del injusto esquema global en que se desarrollan las relaciones internacionales. Desde el siglo XiX, Carlos Marx había vislumbrado los reza- gos que imponía consigo el modo de producción capitalista.
En el primer tomo de su obra El Capital, en el capítulo XXIII, este pensador identificó la pobreza como una condición necesaria para la producción capitalista. Marx en 1867 explica que las relacio- nes sociales de producción derivadas de este sis- tema socioeconómico requieren la existencia de una sobrepoblación relativa en desempleo, lo que permite al capitalista ajustar los salarios al mínimo vital estricto para así maximizar su acumulación de capital.
La masa de personas desocupadas, al pade- cer las vicisitudes del desempleo, está dispuesta a aceptar los más mínimos beneficios con tal de mejorar su suerte. Este contexto es aprovechado perfectamente por el capitalista, quien se vale de esta presión para mantener en vilo a los que poseen empleo. En peor situación se encuentran los indi- viduos considerados como no funcionales para el capitalismo, como los denominados grupos vulne- rables, quienes son ignorados con frecuencia.
Esta lógica de exclusión característica del capita- lismo se manifiesta a escala global. Los saldos del comercio en el mundo favorecen ampliamente a las naciones desarrolladas. El Informe Anual 2017 de
la Organización Mundial del Comercio señala que la participación de los países menos adelantados1 en las exportaciones mundiales de mercancías se redujo a menos del 1 % en 2015, y el déficit del comercio de mercancías del conjunto de los países menos adelantados se incrementó a 87 000 millo- nes de dólares (WTO, 2017).
Estos desbalances entre los ingresos de los países se han agudizado por la generalización del neoliberalismo en el mundo. Sus políticas de limitar el papel del Estado en materia económica, social y jurídica, así como su defensa de la libre acción del mercado, han polarizado la distribución de la riqueza en los países.
Esto ha conllevado a una tendencia donde los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos.
Particularmente nefasto ha sido el neoliberalismo con la aplicación de los Programas de Ajuste Estruc- tural. Estos planes, ligados íntimamente al tema de la deuda, fueron concebidos e impuestos por el dúo Fondo Monetario Internacional/Banco Mundial a los países del Tercer Mundo, con el supuesto fin de res- ponder a los desequilibrios en las economías nacio- nales y a los déficits en la balanza de pagos. En su esencia, los Programas de Ajuste Estructural no son más que mecanismos para asegurar el pago de adeudos e incrementar la dependencia económica de los Estados subdesarrollados.
Esta es la filosofía que ha introducido el Banco Mundial para llevar a cabo su “lucha contra la pobreza”. Con el pretendido fin de hacer salir a los pobres de la miseria, prohíbe cualquier forma de subsidios, apoyos a la agricultura, ayudas a la vivienda, salarios mínimos, entre otras medidas de corte social. Asimismo se presiona a los gobiernos para privatizar las empresas públicas y eliminar sus barreras arancelarias (Mestrum and Özden, 2012).
1 La Organización Mundial del Comercio reconoce como paí- ses menos adelantados a los países que han sido designa- dos de esa manera por las Naciones Unidas. Actualmente hay 47 países menos adelantados en la lista de las Nacio- nes Unidas, 36 de los cuales han pasado a ser Miembros de la Organización Mundial del Comercio. Estos son: Afga- nistán, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Chad, República Democrática del Congo, Djibou- ti, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Islas Salomón, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, República Centroa- fricana, República Democrática Popular de Laos, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Tanzania, Togo, Uganda, Vanuatu, Yemen y Zambia.
Estas medidas neoliberales dejan completamente vulnerables a los países subdesarrollados ante una competencia desigual y desventajosa.
No es posible pensar en un futuro sostenible si se mantienen estos patrones de desarrollo. La opulen- cia de una minoría de personas se obtiene al precio del hambre y la insalubridad que sufren millones de seres humanos. Se vulnera la estabilidad climática a expensas de las cuantiosas ganancias que extraen las compañías petroleras, sin importar los costos que esto implica para el medio ambiente. Prima aún hoy el espíritu de saqueo y el sometimiento a las naciones subdesarrolladas, en lugar de prevalecer la cooperación y el desarrollo a nivel global.
El establecimiento de un nuevo orden económico internacional ha sido un reclamo constante de los países del Tercer Mundo. Aunque ignorada por las potencias del orbe, en 1974 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la “Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico inter- nacional”. Este documento expresa la determinación de los Estados de “corregir las desigualdades y reparar las injusticias actuales, eliminar las dispa- ridades crecientes entre los países desarrollados y los países en desarrollo” (ONU, 1974).
Además de las recurrentes demandas que sobre este tema se realizan en foros internacionales, los países del Tercer Mundo deben trabajar por rom- per la dependencia económica que los subordina a intereses foráneos. Para esto deben diversificar sus socios comerciales, establecer alianzas entre sí y con las economías emergentes. Se deben potenciar estructuras de financiamiento alternativas al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además, deben implementarse políticas nacionales inclusi- vas, promoviendo una distribución más equitativa de la riqueza en aras de tributar al desarrollo social y la formación de fuerza de trabajo más calificada.
En las circunstancias actuales muy poco mar- gen existe para la superación de la pobreza. La aplastante presión que se ejerce sobre los Estados subdesarrollados no permite un desenvolvimiento adecuado de estos. Ante este panorama, millones de personas no tendrán ni siquiera los medios para acceder a sus derechos humanos.
La cooperación internacional está llamada a tener un peso fundamental en la erradicación de la
pobreza. Dado que los países más pobres no están en condiciones de superar por sí solos el subdesa- rrollo que los asfixia, la colaboración de las naciones industrializadas se hace precisa. Esto constituye además un reclamo moral, pues en gran medida la riqueza de las potencias globales se expandió sobre la base de la explotación y la colonización de los Estados del Tercer Mundo.
Estas demandas han sido ampliamente plasma- das en los foros internacionales y en importantes documentos que han emanado del debate en torno a este tema. Algunos ejemplos recientes como la Declaración del Milenio, los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, y la Agenda 2030, hacen mención explícita de la necesidad de la cooperación para la eliminación de la pobreza.
Sin embargo, no se percibe una movilización de los países desarrollados en este sentido. Las Nacio- nes Unidas registran un retroceso en lo relativo a la erradicación del hambre, lo que atenta contra el cum- plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (UN News, 2018). Según indica este reporte, esto ha estado motivado fundamentalmente por la inacción frente al cambio climático, el aumento de los conflic- tos, las desigualdades y la urbanización acelerada.
En cuanto al cambio climático es abismal la dis- tancia entre las acciones realizadas por las princi- pales potencias y lo que se espera de ellas para reducir este fenómeno. Desde su publicación en 2006, el informe Stern apuntó que para que “para mitigar los efectos del cambio climático se necesita una inversión equivalente al 1 % del PIB mundial y, de no hacerse, el mundo quedaría expuesto a una recesión económica que podría alcanzar al 20 % del PIB global” (Stern, 2012). Aun así, la decisión que acompañó a la COP 21 manifestó la intención de disponer de 100 000 millones de dólares anuales antes de 2025, compromiso muy inferior a lo indi- cado en el Informe Stern. Incluso habiendo rebajado los niveles de ambición a tal punto, los países indus- trializados no cumplen con sus compromisos, en total indiferencia ante los efectos que esto acarrea sobre el aumento de la pobreza. Los tímidos com- promisos acordados en la COP 22, un año después del Acuerdo de París, ni siquiera alcanzaron los 100 millones de dólares (UNFCCC, 2016), lo que unido al abandono de Estados Unidos de este convenio en 2017, evidencian la falta de voluntad política para enfrentar el calentamiento global y sus nefastas repercusiones.
Estrechamente vinculado al cambio climático, se encuentra el déficit de alimentos en las regiones más pobres. De acuerdo a la FAO (2018), el creci- miento de la producción agrícola tiende a tener un impacto en la reducción de la pobreza cinco veces mayor en comparación con el crecimiento medio del PIB en los países en desarrollo de bajos ingresos.
Para garantizar que no más personas sufran del hambre ni se nieguen sus derechos humanos uni- versales, la cooperación internacional en las zonas más vulnerables debe estar dirigida a mejorar la productividad agrícola a través de un mejor acceso a los recursos, tecnologías, mercados y organiza- ciones. Esto tendría un efecto muy positivo tanto para la erradicación de la pobreza como para la seguridad alimentaria.
Otro compromiso de más larga data es aquel referido a la Ayuda Oficial al Desarrollo. A raíz del informe emitido por la Comisión Pearson, en 1969, la Asamblea General adoptó en octubre de 1970 el compromiso de que los países desarrollados desti- nasen el 0,7 % de su PIB a ayuda al desarrollo. Sin embargo, al realizar el balance de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015 se constató que únicamente Suecia (1975), Holanda (1975), Noruega (1976), Dinamarca (1978), Luxem- burgo (2000) y, por último, Reino Unido (2013) cum- plieron esta meta (Europa Press, 2016).
Unido a los bajos flujos de Ayuda Oficial al Desa- rrollo que se destinan a los países subdesarrolla- dos, las principales instituciones financieras del mundo establecen duros condicionamientos para la entrega de créditos a esas naciones. Los préstamos concedidos por el Fondo Monetario Internacional no suelen concederse en condiciones beneficiosas para los Estados del Tercer Mundo, los que frecuen- temente ven aumentar su deuda externa, teniendo que ceder también en la disminución de sus políti- cas sociales.
La postura asumida por los países desarrollados ante la cooperación internacional, ha sido histórica- mente insuficiente e inadecuada a las necesidades de las naciones subdesarrolladas. Esto demuestra la creciente necesidad de privilegiar la Cooperación Sur-Sur, modalidad fundada sobre un trato más flexi- ble y ventajoso para los Estados del Tercer Mundo.
En este esfuerzo, las economías emergentes, así como los mecanismos de asociación surgidos al margen del tradicional esquema de dominación global, deben desempeñar un rol cada vez más importante. A partir del interés común de superar
el vigente orden económico internacional que solo beneficia a unas pocas sociedades, estos actores deben impulsar la cooperación internacional en una lógica de beneficio mutuo.
Mientras la exclusión y la explotación continúen siendo variables constantes del presente sistema internacional no se avizoran soluciones para elimi- nar definitivamente la pobreza. A su vez, no será posible la realización plena y universal de los dere- chos humanos mientras millones de personas no dispongan de los medios indispensables para vivir dignamente.
La pobreza constituye una de las barreras más importantes para el disfrute de los derechos huma- nos. Las condiciones de vida asociadas a la caren- cia de recursos materiales privan a las personas de los más elementales derechos de alimentación, salud, educación, vivienda, además de la limita- ción de ejercer efectivamente los derechos civiles y políticos.
Esta realidad supone la necesidad de erradicar cuanto antes este flagelo. Dada la complejidad de sobrepasar esta manifestación del subdesarrollo, los países del Tercer Mundo deben proseguir sus reclamos en los foros internacionales para lograr una acción realmente efectiva de las naciones industrializadas en la erradicación de la pobreza.
Aun cuando en numerosas declaraciones y con- venios se ha destacado la necesidad de fomentar la cooperación internacional como un medio efectivo para erradicar la pobreza, estas aspira ciones no se materializan en la práctica. Los escasos esfuerzos realizados por los Estados del Primer Mundo en este sentido, revelan su falta de voluntad por mejo- rar la suerte de millones de personas y revertir el subdesarrollo.
En esta coyuntura se torna cada vez más evi- dente la urgencia de avanzar hacia un orden eco- nómico internacional más justo. Las relaciones de explotación existentes en la actualidad, así como las estructuras financieras al servicio de la hegemo- nía mundial, impedirán cualquier progreso hacia un mundo más balanceado.
Tales disyuntivas requieren de una mayor cohe- sión entre los Estados del Tercer Mundo. Debe optarse por lograr asociaciones que potencien inter- cambios de beneficio mutuo y en condiciones venta- josas para los países más pobres. La generalización
de relaciones de este tipo aumentará el potencial de la cooperación internacional en la reducción de la pobreza y su consecuente impacto sobre el disfrute de los derechos humanos.
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