Bolivia y la trágica mutación del coronavirus
MSc. Orietta Esperanza Hernández Bermúdez
Máster en Relaciones Internacionales. Investigadora Agregada. Profesora Asistente. Centro de Investigaciones de Política Internacional, e-mail: orietta82@yahoo.es. ORCID iD: 0000-0001-5225-3067
Recibido: 29 de abril de 2020 Aprobado: 15 de junio de 2020
Muchas son las teorías que han inundado las redes sociales sobre el origen de la pandemia, oca- sionada por el SARS-CoV-2, desde que apareciera el primer caso en la provincia china de Wuhan, en diciembre de 2019. Algunos culpan a China por la propagación del virus, otros aseguran tener pruebas de la participación de Estados Unidos y no faltan los supersticiosos que lo han considerado un castigo divino, que se repite cada 100 años. En cualquiera de los casos, la inexorable verdad es que la humani- dad se ha visto afectada multidimensionalmente por la enfermedad y las nuevas generaciones contarán la historia de sus antecesores, utilizando la periodi- zación antes y después del coronavirus.
En América Latina, el continente más desigual del planeta, la crisis en poco tiempo se ha tornado integral con graves repercusiones para la economía, la sociedad y la política. “La crisis que ocasiona el coronavirus pone en el centro de la vida política a la persona como principio y fin de la misma, revi- talizando la importancia estratégica del Estado como regulador de la vida social de la comunidad. La pandemia reclama ubicar a la centralidad de la vida humana como núcleo existencial de la política” (Barrios y Gónzalez, 2020).
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Es por eso que en los países donde predomina la inequidad, la fragilidad e ineficiencia de los siste- mas de salud la pandemia ha encontrado un caldo de cultivo favorable para su propagación. Algunos mandatarios han dado muy poca importancia a la
enfermedad y esta actitud soberbia e ignorante ha causado estragos en las poblaciones; otros han sacado provecho económico y político de la situa- ción. En este último caso se encuentra Bolivia, cuyo gobierno actual ha demostrado que la vida de sus nacionales no está precisamente entre sus priorida- des; allí el virus no solo se ha extendido aumentando el número de contagiados de forma preocupante, sino que ha sufrido varias “mutaciones”, los golpistas lo han convertido en una herramienta con fines elec- torales y políticos y al mismo tiempo, el gobierno de facto, imitando el comportamiento de un virus, se ha transformado de gobierno transitorio, que supuesta- mente tendría solo la misión de convocar a eleccio- nes, a una dictadura con una presidenta-candidata que pretende extender su mandato por cinco años al menos.
En este artículo, analizaremos las “mutaciones del virus” entendidas como las dimensiones en las que ha sido utilizada la COVID-19 como pretexto por parte del gobierno de Jeanine Añez para obtener beneficios económicos y políticos en detrimento del bienestar de la población, de esta forma, nos con- centraremos en el alcance de esas mutaciones en el área electoral y comunicacional.
La declaración de Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, el 21 de marzo, sobre la postergación de las elecciones, debido a la situación sanitaria, fue una jugada estratégica. Las encuestas realizadas en los primeros dos meses de 2020, ya eran motivo de preocupación para la derecha boliviana, en tanto situaban al Movimiento al Socialismo (MAS) en el primer lugar y cercano a la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta.1 Hacía falta tiempo y una estrategia para revertir la intención de voto y el coronavirus propició ambas cosas.
La cuarentena decretada, aunque necesaria para contener los contagios, se convirtió en una oportuni- dad para Añez. En este sentido llama la atención que un poco más de un mes antes de decretarse el con- finamiento, el Ministerio de Economía y Finanzas,
1 De acuerdo con la Constitución, la mayoría necesaria para ganar elecciones en primera vuelta es el 50 %, o el 40 % de los votos válidos y una distancia porcentual de 10 puntos con respecto a los contendientes.
sacó a la luz la Resolución Ministerial No. 043/2020, la cual amplía la excepcionalidad de registro de las contrataciones, relacionadas con cuestiones de seguridad nacional y defensa de los intereses del Estado.2 Esta nueva disposición, muy similar a “los gastos reservados” de la época de los gobiernos neoliberales, permitió al régimen disponer de los recursos del Estado para continuar haciendo cam- paña en el marco de la crisis sanitaria, eludiendo cualquier cuestionamiento.
Como parte del plan de enfrentamiento al coro- navirus, el 17 de marzo Jeanine Añez anunció la creación del Bono Familia, consistente en 500 bolivianos, equivalentes a aproximadamente 72 dólares, por cada hijo que asista a escuelas pri- marias fiscales. Implementó, además, la ayuda para las familias y pequeñas empresas que esta- ban pagando créditos, cuyos pagos se posterga- rán hasta el final del periodo de la deuda. Pospuso el pago del impuesto a las utilidades para el mes de mayo, permitiendo además que se realicen en plazos. Finalmente prohibió cortar los servicios de agua y gas a los hogares mientras dure la cuaren- tena y la crisis de salud.
A estas ayudas se sumó la entrega de la Canasta Familiar, un nuevo bono por unos valores de 400 bolivianos, aproximadamente 58 dólares, para mujeres embarazadas, jubilados y discapacitados, así como la ampliación del Bono Familia a todos los estudiantes de escuelas fiscales. Paralelo a ello se implementó un Bono Universal con un monto de 500 bolivianos (72 dólares), para los ciudadanos mayo- res de 18 años que no tienen ningún ingreso econó- mico, que no perciben ninguna renta del Estado, ni salario público o privado.
Estas medidas no solucionaron el problema y la extensión del confinamiento complicó el escenario. Los bonos fueron una solución de corto plazo y con marcado carácter electoralista que se entregó por única vez con la posibilidad de ser cobrados en un plazo de hasta 90 días. Su carácter excluyente limitó su alcance, es decir, cada familia recibió solo un beneficio monetario, insuficiente para suplir las necesidades fundamentalmente de los sectores más populares.
2 Esta nueva directiva difiere de lo establecido en el manual del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) donde existe la obligatoriedad de publicar las contrataciones y ad- quisiciones por montos mayores a 20 000 bs (aproximada- mente 3 000 dólares).
Esta situación propició que el pueblo saliera a las calles a protestar por la falta de alimentos, exigiendo la flexibilización de la cuarentena y la convocatoria a elecciones generales. La respuesta del ejecutivo fue la represión policial, la ocasión fue aprovechada también para culpar al Movimiento al Socialismo y a su líder Evo Morales, responsabilizándolo de incitar a la desobediencia desestabilizando políticamente el país.
En resumen, la cuarentena resultó ser una gran estafa al pueblo boliviano, se convirtió en el escena- rio perfecto para la corrupción. Se les pidió mante- nerse en sus casas, prometiendo que en ese tiempo el gobierno terminaría de equipar hospitales, com- praría respiradores, instalaría salas de terapia inten- siva, haría llegar pruebas y reactivos para detectar el coronavirus, dotaría de laboratorios a los nueve departamentos del país, proporcionaría equipos de bioseguridad para los médicos y enfermeras.
Sin embargo, la realidad fue muy distinta, el afán electoralista de Jeanine Añez desencadenó uno de los escándalos de corrupción más burdos de su gestión. El pasado mes de mayo, la autoprocla- mada viajó a varios departamentos e hizo entrega personalmente de respiradores para la terapia inten- siva. Preocupada solo por el efecto positivo para su candidatura, la mandataria entregó equipos que no han podido ser utilizados de inmediato por la ausen-
cia de accesorios imprescindibles. Unido a ello en pocas horas se comprobó que se trataba de respi- radores muy básicos diseñados para ser usados en ambulancias y para terapia intermedia.
Las quejas de los galenos y la repercusión en las redes sociales, no le dejó otra opción al gobierno que abrir una investigación que devino en un caso de corrupción. Este fraude monumental, aún no esclarecido, de sobreprecio en la compra de los respiradores, implicó a altas personalidades del gobierno y significó un daño material al estado de alrededor de 3 millones de dólares.
En medio de este escenario, las autoridades pre- tendían continuar aplazando las elecciones bajo el pretexto de “la protección del pueblo”. De acuerdo con la opinión de Dolores Arce, ex Directora Ejecu- tiva del Centro de Educación y Producción radiofó- nica de Bolivia (CEPRA) y ex Jefa de las Radios de los Pueblos Originarios: “En realidad se trata de un falso debate, cuando el Gobierno Transitorio de Añez juntamente a actores políticos de la derecha, intentan confundir a la opinión pública ‘que no es tiempo de pensar en política, en elecciones sino en preservar la vida y la salud.’ Lo cual es absoluta- mente cínico viniendo de un gobierno que precisa- mente se ha aprovechado de la pandemia para su propio beneficio, por lo tanto, ha hecho política con la COVID- 19” (Arce, 2020).
La Ley de Convocatoria Electoral que fija los comicios generales para el próximo 6 de septiem- bre, fue aprobada con más de dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional y ya comenzaron las presiones del ejecutivo. La auto- proclamada Añez publicó en su cuenta de Twitter el 12 de junio una carta a Eva Copa la presidenta del Senado, donde cuestiona la decisión y le exige enviarle “el documento médico y científico” sobre el cual la Asamblea basó su decisión. Siguiendo su comportamiento habitual de atacar al Movimiento al Socialismo ante la carencia de respuestas, estrate- gias y soluciones para el pueblo, escribió:
Sin embargo, quiero dejarle muy claro-si usted me permite-que esta reflexión que le hago sobre la salud y la vida, no es un afán para prorrogar mi gestión. Usted sabe que ese afán de prorro- garse es cosa del pasado y del líder de su partido el ex presidente Evo Morales. Finalmente quiero pedirle con respeto y firmeza, que usted y las per- sonas que han hecho esta ley, tengan la hones- tidad de asumir públicamente la responsabilidad de esa decisión y de sus posibles consecuencias en la salud de los ciudadanos.
Ese último párrafo de la citada misiva evidencia su naturaleza manipuladora, liberándose de toda responsabilidad siendo ella y su gabinete los únicos responsables de la comprometida situación sanita- ria que vive el país. Una vez más la presidenta de facto puso por delante sus intereses y se lava las manos.
El coronavirus en Bolivia también ha tenido nota- ble influencia en la esfera comunicacional, siendo el periodo de la cuarentena, el contexto ideal para afianzar ideas en la población utilizando una estra- tegia que podría definirse como una suerte de com- binación de autoritarismo y desinformación. No solo se confinó al pueblo en sus viviendas, sino que se manipuló y dosificó cuidadosamente la información que debía llegarle.
Los últimos años, desde 2015 en adelante, los medios de comunicación en América Latina se enfocaron en la construcción de un tipo de sentido común en nuestras sociedades. Según el investiga- dor Paolo Cossarini: “Si bien siempre habían ejer- cido ese rol de constructores de sentido, esta vez la diferencia–y complejidad– estribó en que se hizo de
manera coordinada en toda la región contra un ene- migo común: todo lo que represente izquierda o esté vinculado a gobiernos progresistas de la década anterior” (Cossarini, 2019).
En Bolivia la mayor parte de los medios de comunicación y las redes sociales fueron actores protagónicos del golpe de Estado al Movimiento al Socialismo en 2019. Instalaron una lógica discursiva repetida día y noche estimulando la idea de la nece- sidad de expulsar al “dictador Evo Morales” y “sus prácticas corruptas y antidemocráticas”.
Ya en plena pandemia muchos mensajes en las redes, siguieron esa línea, estimulando sen- timientos de racismo, atacando a todas las perso- nas humildes que inmediatamente vinculaban con el Movimiento al Socialismo, justificando con ello el deficiente manejo de la crisis por parte del gobierno. Al respecto la columnista del periódico La Razón, Verónica Córdoba opinó: “la narrativa que se ha impuesto para explicar esta aparente ausencia de resultados es la indisciplina, que para muchos viene teñida de racismo y de política partidista. Por culpa de los ‘salvajes’ e ‘ignorantes’ que no cumplen la cuarentena, el virus sigue propagándose. Por culpa del Movimiento al Socialismo y de sus catorce años de gobierno la salud pública no tiene la capacidad de manejar la pandemia. Por culpa de un grupo de desadaptados masistas que quieren romper la cuarentena el ejército se ve forzado a aplicar mano dura para protegernos del contagio que llega atrave- sando las fronteras” (Córdoba, 2020).
De acuerdo con Pardo: “La comunicación política sabe desde siempre que entre racionalidad y emo- ción, predomina la emoción y que la manipulación y las medias verdades o directamente las menti- ras estratégicas hacen su juego para construir una base electoral o peor aún para consolidar una idea política. Siguiendo estas reglas los asesores del gobierno, entre los que se destaca Erick Foronda
–secretario personal de la presidenta, con un largo historial ligado a la Embajada de Estados Unidos en el marco de la pandemia– colocaron en redes y medios de comunicación, principalmente cadenas televisivas mensajes dirigidos a resaltar la buena gestión del gobierno, culpando al Movimiento al Socialismo en sus años de gestión por todas las irregularidades y carencias del sistema de salud” (Pardo, 2020).
Aprovecharon muy bien las emociones, utili- zando el miedo ante la incertidumbre para estimu- lar la confianza del pueblo en un gobierno que a su vez se encomendaba a Dios, simulando así un clima de tranquilidad en medio de una situación que empeoraba. En una de sus comparecencias, en los medios, Jeanine Añez expresó: “Queridos boli- vianos: pido a ustedes unirnos en una oración per- manente. Este domingo inicia una cuarentena total y pido que podamos realizar un ayuno en oración, arrepentimiento y fe, para que sea nuestra mayor arma de lucha contra esta enfermedad. Que Dios bendiga a Bolivia” (Anduro, 2020).
El 10 de mayo, desde distintas ciudades del país, se escucharon por alrededor de 25 minutos, petar- dazos y cacerolazos desde el interior de las vivien- das, como modo de protesta, por la pésima gestión gubernamental de la crisis sanitaria y el aplaza- miento de las elecciones. Entre las principales con- signas que circularon en las redes se encontraban: “¡Exigimos elecciones ya!”, “¡Añez no me enga- ñes!”, “¡Manifestemos todo el descontento contra el gobierno por la serie de injusticias y la irresponsa- bilidad con la que se está manejando la pandemia!”.
Sin embargo, la Red Unitel, transmitió en vivo el acontecimiento, acompañando las imágenes con un pie de pantalla totalmente contrario a la realidad: “exigen anular personería del Movimiento al Socia- lismo” y en letras más pequeñas: “otros critican al gobierno”. Al mismo tiempo el presentador comentó: “en redes sociales circularon varias convocatorias para ese acto unos en contra del gobierno e incum- plir la cuarentena y otros exigiendo el cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional y eliminar la personería del Movimiento al Socialismo” (Anduro, 2020).
El anterior es un ejemplo de la burda mani- pulación de la información, en tiempo real, mez- clando la verdad con el mensaje que le interesaba al gobierno introducir, aprovechando las imáge- nes y el impacto de un evento, en otras palabras, difundiendo una fake news. La cadena televisiva implicada ha violado todos los principios éticos del periodismo y la Constitución en particular el artículo 108, que establece: “II. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de la veracidad y responsabilidad”.
Ante los actos de corrupción y de abuso de poder, varias voces se alzaron y el gobierno de facto las silenció de manera autoritaria, vulnerando el dere- cho a la libertad de expresión. El 7 de mayo, fue aprobado el Decreto Supremo 4231 que advierte que “las personas que inciten el incumplimiento de la cuarentena o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística o por cualquier otro procedimiento, que ponga en riesgo o afecte la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
Este decreto sirvió de justificación para perseguir y procesar a todos los que hicieran la más mínima crítica al gobierno. Esta disposición y su naturaleza autoritaria se contrapone claramente a lo estable- cido en la Constitución boliviana en su artículo 107: “I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la liber- tad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libre- mente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.
Ante esta situación numerosas organizaciones nacionales e internacionales como Human Rights Watch (HRW) cuestionaron el carácter ambiguo de algunas medidas adoptadas por el gobierno de facto frente a la pandemia, en tanto dejan a las autorida- des un margen considerable para coartar la libertad de expresión. De acuerdo con José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch: “el gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren incorrecta y esto viola el derecho a la libertad de expresión” (Molina, 2020).
Por su parte, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Intera- mericana de los Derechos Humanos, expresó sobre el Decreto: “a nuestro juicio, establece una fórmula desproporcionada y no acorde al derecho interna- cional para perseguir a quienes eventualmente el gobierno entienda que desinforman con todos los problemas que tiene la definición de desinformación”. A raíz de todos estos señalamientos el gobierno se vio forzado a retirar el Decreto, sin embargo, las per- sonas afectadas con anterioridad continúan enfren- tando los procesos. En la actualidad, si bien no hay
una ley que ampare las arbitrariedades y abusos en materia de libertad de expresión, las autoridades están utilizando métodos propios de una dictadura. Tal es el caso del periodista de la cadena Giga- visión, Junior Arias, quien se ha retirado tem- poralmente de los medios. De acuerdo con las declaraciones de Jorge Arias gerente de la cadena televisiva, se instruyó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, realizar un seguimiento, perseguir a los trabajado- res de Gigavisión, para “componer algo” y poder incriminarlos. Ante el peligro inminente para su inte- gridad y la de su familia le fue otorgada a Junior una
licencia.
Sin dudas, Arias se convirtió en un gran problema para el gobierno de facto al divulgar escandalosos casos de corrupción ocurridos en los seis meses del mandato de Añez. Fue el caso del sobreprecio de la compra de gases lacrimógenos para las fuerzas policiales en tiempos de pandemia, lo que provocó la ira de Arturo Murillo, Ministro de Gobierno, quien lanzó amenazas al periodista acusándolo de actuar con malicia y asegurándole que no descansará hasta que rectifique sus palabras sobre el caso.
Las redes sociales han sido también escenario de persecución y detenciones arbitrarias. En este sentido, uno de los casos más conocidos es la encarcelación de Mauricio Jara, considerado “Gue- rrero Digital” del Movimiento al Socialismo, bajo los cargos de “sedición y atentado a la salud pública” y de “instigación pública a delinquir”. A propósito de esta injusta detención se ha producido un pronun- ciamiento firmado por más de 50 periodistas de varias ciudades del país enfatizando que los fisca- les consideraron que Jara cometió el delito de “des- informar a la gente y generar odio”, añadiendo como agravante –como si eso calificara como delito– iden- tificarse con la causa del Movimiento al Socialismo y calificar al gobierno de dictatorial.
Refiriéndose al pronunciamiento de medio cen- tenar de periodistas el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró que los malos políticos y los malos periodistas ya no saben que hacer para despres- tigiar el gobierno de la presidenta Jeanine Añez. Agregó además que “los guerreros digitales llenan de basura las redes sociales y lo único que hacen es “inventar, bombardear y envenenar” […] los gue- rreros digitales han ganado sueldos de hasta 20 000 bolivianos sin tener ni siquiera un título y el anterior gobierno ha pagado miles de bolivianos para atacar al pueblo y ese tipo de gente todavía está infiltrada
en varios ministerios. Estamos luchando contra los terroristas cibernéticos, estamos luchando contra los delincuentes que tratan de desestabilizar un gobierno” (El Deber, 2020).
La crisis sanitaria ocasionada por la llegada del coronavirus a Bolivia se ha convertido en una opor- tunidad para el gobierno de facto para prorrogarse en el poder. Ellos han hecho de esta enfermedad una herramienta funcional a sus ambiciones, influ- yendo en todas las dimensiones de la sociedad, en detrimento del bienestar del pueblo con la misma efectividad y agresividad de un virus que ha mutado. El confinamiento estricto del pueblo, por más de 70 días, no solo sirvió para que el gobierno desple- gara las ayudas con marcado sentido electoralista, contribuyó, además, a la satanización del adversario político, en este caso el Movimiento al Socialismo, aun cuando ha fracasado en su empeño de anularlo
políticamente.
La suma de los hechos nos permite cuestionar seriamente las intenciones del gobierno de Jeanine Añez. Hasta la fecha solo ha demostrado su inca- pacidad y su falta de voluntad para encarar la difícil situación sanitaria que vive Bolivia. No existe una estrategia para contener el virus en los departamen- tos tras más de 70 días de cuarentena, no se han equipado los hospitales y laboratorio prometidos y los médicos crecen de material de bioseguridad.
El sistema de salud pública está en pésimas con- diciones y muy cerca del colapso en tanto los con- tagios aumentan alarmantemente y a la altura del mes de junio ya superan los 17 800 casos, mientras que las proyecciones epidemiológicas estiman en 100 000 el número de infectados hasta fines de julio, con una probable mortalidad de entre 4 000 y 7 000 personas (El Deber, 2020).
Bolivia sufre el embate de dos peligrosas fuer- zas: por un lado, la pandemia que azota al resto del mundo. Por el otro lado y con la misma letalidad del virus un gobierno, enfrascado en sus pretensiones electorales y enriquecimiento propio. La salud, los derechos humanos, la democracia y el futuro de los bolivianos están indudablemente en peligro.
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Arce,D. (2020). Internarse con COVID -19 y Añez en Bolivia es equivalente a pena de muerte. Disponible en: https://www. alainet.org/es/articulo
Cossarini, P. (2019). La pasión del populismo. Derecha populis- ta, izquierda pasional ¿Debe la izquierda hacer una política de emociones? Disponible en: https://www.opendemocracy. net/es/democraciaabierta-es/passions-populist-politics-es/
Córdoba,V. (2020). Atentado contra la Salud Pública. Disponi- ble en: https://www.google.com/amp/s/m.la-razón.com/vo- ces/2020/04/12/atentado-contra-la-salud-pública
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